Pasar al contenido principal
Lunes, 30 Julio 2018

Declaraciones antiguas de Álvaro Uribe generan cadena falsa en contra del exmagistrado Rubén Darío Pinilla

Por Carlos González

En los últimos días se ha estado moviendo por redes sociales una imagen relacionada, al parecer, con la investigación en curso contra del expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno y fraude procesal en un caso de manipulación de testigos.

En esta imagen se afirma no solo que el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo “ordenó iniciar la investigación contra Alvaro Uribe Vélez en época electoral”, sino además que fue guerrillero del M-19 y participó en la toma del Palacio de Justicia.

Publicación falsa sobre magistrado Pinilla

Colombiacheck encontró que estas dos afirmaciones son falsas.

Por una parte, no es claro a qué investigación se refiere la imagen. Rubén Darío Pinilla no pudo haber comenzado la investigación actual contra Uribe, pues fue magistrado del Tribunal Superior de Medellín (y no de la Corte Suprema, la entidad que tiene a cargo la investigación contra Uribe que se ha movido en estos días) hasta 2017. Ese año renunció a su cargo a través de una carta en la cual aclaró que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que venían tomando varios jueces.

Sin embargo, Pinilla sí inició una investigación en contra de Uribe en 2013 (año en la que no hubo elecciones ni presidenciales, ni legislativas, ni locales en Colombia) por supuestos vínculos con el paramilitarismo y su relación con las masacres de El Aro y La Granja.

(Lea aquí la providencia de Pinilla contra Uribe)

A causa de esa investigación, Uribe mismo ya había afirmado, por lo menos desde 2015, que Pinilla había sido integrante de la guerrilla del M-19, pero sin dar pruebas de su afirmación.

Desde principios de este año, Uribe ha aumentado los ataques contra Pinilla. En febrero, por ejemplo, dijo: “Pido a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar la investigación al exmagistrado Rubén Dario Pinilla Cogollo, exmilitante del M19, que de acuerdo con testigo, que comuniqué a la Fiscalía y a la Procuraduría, puede estar involucrado en el holocausto del Palacio de Justicia”. Sin embargo, nunca reveló el nombre del testigo, ni las pruebas de esas declaraciones.

Pinilla nunca ha dicho haber sido parte del M-19, a pesar de que es de conocimiento público la militancia de buena parte de los desmovilizados de esa guerrilla (que entregó las armas en 1990) que ahora ocupan cargos públicos. Por ejemplo, Everth Bustamante, exsenador del Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, fue militante de esa guerrilla.

Además, las fechas de la carrera laboral de Pinilla no cuadran con una supuesta militancia en el M-19. Según un perfil de El Tiempo, el abogado nació en Montería en 1956 y muy joven se trasladó a Medellín. Según su hoja de vida, Pinilla estudió la carrera de derecho en la Universidad de Antioquia, de donde se graduó en 1980 y en donde, según el perfil de El Tiempo, coincidió con Álvaro Uribe en asambleas estudiantiles.

En 1970, cuando se formó el M-19, Pinilla apenas tenía 14 años. Nueve años después, justo antes de graduarse de derecho, el exmagistrado empezó a trabajar como segundo juez del juzgado civil de Turbo, Antioquia. Después pasó a ocupar el mismo cargo en Fredonia, Antioquia, y luego empezó a trabajar, entre 1981 y 1989, como fiscal de los juzgados 8 y 15 Superior de Medellín. Así que en 1985, cuando fue la toma del Palacio de Justicia, Pinilla era funcionario público.

Su esposa Gloria López, en declaraciones a El Tiempo, reseñó que Pinilla “entró a la universidad a los 16 años, fue juez a los 22 y magistrado a los 33”.

En 1989 (un año antes de la desmovilización del M-19), empezó a desempeñarse como magistrado de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. En 2011 pasó a ser magistrado de la Sala Penal del mismo Tribunal, del cual fue presidente entre 2005 y 2007.

Desde marzo, aunque Pinilla ya no hace parte de la rama judicial, el exmagistrado ha denunciado amenazas de muerte a causa de las acusaciones de Uribe.

Domingo, 05 Marzo 2017

“Lo acordado con las Farc permite que muchos casos ya fallados sean considerados por la JEP”

Por Sania Salazar

La frase de Diego Palacio, exministro de Protección social de Álvaro Uribe es cierta, lo que hay que aclarar es que esa revisión se limita solo a casos relacionados con el conflicto. En el caso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como el de Palacio, hay una restricción adicional.

El exministro de Protección social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el famoso caso conocido como la Yidispolítica, aseguró que si veía garantías se acogería a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hay voces que dicen que podría hacerlo y otras que critican la intención porque dicen que es forzado relacionar su caso directamente con el conflicto armado.

¿Pero el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc permite que la JEP revise casos resueltos?

“Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP”, le dijo Palacio Betancourt a la Revista Semana en una entrevista.

Después de revisar documentos y contrastar fuentes Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, porque es cierto que habrá una sección de revisión de sentencias, pero hay restricciones, es decir, revisarán casos muy puntuales relacionados con el conflicto armado.

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y encontró que el Tribunal para la Paz tendrá una “sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”.

Pero en el numeral 58, literal C, dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Palacio cumple una condena de seis años de cárcel ratificada, precisamente, por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles dádivas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Sería entonces la Corte Suprema la encargada de revisar el fallo, pero es claro que a Palacio no lo condenaron por un delito relacionado con la calidad de combatiente, así que esa precisión del numeral 58 sería un obstáculo para las pretensiones del exministro.

En la entrevista Palacio argumenta que la relación de su caso con el conflicto armado es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”, aseguró.

 

Opiniones

Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en conversación con RCN Radio, dijo que si los hechos por los que condenaron a Palacio y a otros interesados en someterse a la JEP están relacionados con el conflicto, la jurisdicción sería competente, “por el contrario, si estos hechos no tienen relación directa o indirecta con el conflicto, la jurisdicción no será competente, quién va a decidir esto, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, examinarán las solicitudes de comparecencia”.

Santiago resaltó que le parece sumamente interesante que estas personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero añadió: “también les digo que la Jurisdicción está diseñada para que aquel que no ofrezca esa verdad completa y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. “Si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la JEP para intentar obtener una rebaja de condena que le hubiera puesto la jurisdicción ordinaria, francamente, tendría muy poco éxito”, sentenció.

El Acuerdo Final es claro en que una de las funciones de la sección de revisión del Tribunal para la Paz es “a petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por: variación de la calificación jurídica conforme a lo establecido en el numeral 19; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.

Quienes cumplan algunas de estas características podrán aspirar a que revisen su caso, la pregunta que queda es si Palacio logrará que la JEP revise su caso y cuáles serán las consecuencias para el proceso si eso pasa, pues sería un precedente para que bajo argucias legales muchos otros quieran beneficiarse.