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Jueves, 07 Junio 2018

Duque insiste en posición del Estado sobre 'falsos positivos'

Por José Felipe Sarmiento Abella

Igual que lo han hecho las autoridades en los gobiernos Uribe y Santos, el candidato presidencial del Centro Democrático considera que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política pública.

Entre los muchos escándalos del gobierno de Álvaro Uribe por los que la periodista Patricia Janiot le preguntó al candidato presidencial Iván Duque, ficha del exmandatario, el aspirante del partido Centro Democrático empezó por referirse al de los ‘falsos positivos’ para desestimar los cuestionamientos de su interlocutora.

“Los falsos positivos los he rechazado siempre y además no fueron una política de Estado”, contestó el exsenador. De paso recordó que hubo una “purga” en las Fuerzas Militares tan pronto estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en 2008, a raíz del caso de los jóvenes reclutados con engaños en Soacha (Cundinamarca) que luego aparecieron como supuestos guerrilleros muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander).

De hecho, hace cerca de un mes se viralizó un trino que Duque publicó en diciembre de 2010, en el que afirmaba que Uribe había actuado “con firmeza” para ponerle fin a ese fenómeno. El entonces funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apenas había empezado a tener cercanía directa con el recién salido jefe de Estado, llamaba “difamadores” a quienes negaban esa versión de la historia.

 

 

El candidato también señaló que las investigaciones por los ‘falsos positivos’ avanzan en el país.

Su posición coincide con la teoría de que son “casos aislados”. Así se ha defendido el Estado ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya pasó ante la Corte IDH un proceso contra Colombia por las denuncias de impunidad en cuatro de esas ejecuciones.

Es cierto que hasta ahora no existe una decisión judicial que ratifique la existencia de una política pública para asesinar civiles y presentarlos como muertes en combate. No obstante la Nación sí ha sido condenada por casos independientes en los que se ha reconocido el carácter sistemático de esas acciones, que las convierten en crímenes de lesa humanidad, mas no los tipifica como una política de Estado.

En mayo pasado el Consejo de Estado le ordenó pagar una indemnización por un montaje de esas características que le hicieron a un adolescente de 15 años en 2005. El comunicado del Alto Tribunal reconoce que el joven fue “víctima del afán de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable política de incentivos”. El fallo no menciona nada sobre esta, aunque afirma que el objetivo del pelotón responsable era aumentar su registro de bajas y que a cambio la institución les reconocía recompensas.

La historia ya es conocida. “Por esas bajas les daban medallas, vacaciones, plata”, recuerda Jaqueline Castillo, vocera de las Madres de Soacha. Su hermano Jaime fue uno de los 19 hombres que desaparecieron en agosto de 2008 en ese municipio y después fueron asesinados por militares 650 kilómetros al norte, para hacerlos pasar como guerrillero muertos en combate.

Más que una directiva

Una de las claves de esos premios que recibían los militares está en la directiva 29 de 2005 que expidió el ministro de Defensa, Camilo Ospina.

El documento secreto ofrecía dinero por las muertes de miembros grupos armados ilegales y narcotraficantes. Pero su papel dentro de la historia es más complejo de lo que parece.

En 2010 el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, publicó un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en el que descartó la teoría de la política de Estado pero reveló el entramado criminal con mayores detalles.

Concluyó, por ejemplo, que esos pagos oficiales no iban dirigidos a los militares sino a “reclutadores” que conseguían las víctimas. Entretanto, cada brigada podía decidir si premiaba de alguna manera, con cargo a los gastos reservados, a sus integrantes por las bajas que produjeran.

Así lo registró también el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que agrupa a 267 organizaciones sociales.

Con base en las declaraciones que algunos militares le dieron a la Fiscalía, la ONG estableció también que estos buscaban a sus víctimas por medio de la “red de cooperantes” civiles -una política que promovió de forma abierta el presidente Uribe- y en alianza con grupos paramilitares.

El propio Ministerio de Defensa admitió fallas en los controles en las recompensas, los ascensos y los gastos militares. A raíz de ese diagnóstico, este fue uno de los principales puntos dentro de las 15 medidas que impulsaron el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, en 2008 para tratar de acabar con la práctica de los falsos positivos.

Juntos, con el viceministro Sergio Jaramillo, promovieron también la investigación interna que llevó a la “purga” que menciona Duque, que empezó con el despido de 27 altos mandos, incluido el comandante del Ejército, general Mario Montoya, tras el escándalo de Soacha. Sin embargo, esto no bastó para evitar que la ONU le reprochara al Estado la desestimación de otras denuncias y las críticas a decisiones judiciales en su contra.

No tan firmes

Es que los pecados de Colombia en los ‘falsos positivos’ son de acción, pero también de omisión.

No de otra forma se explica que las víctimas se cuentan por millares. Un estudio sociológico publicado este año por dos expolicías calcula que fueron 10.000 las personas asesinadas en los ocho años de mandato de Uribe. Las Madres de Soacha estiman la cifra por encima de 6.000. La Fiscalía contaba 4.190 en 2016. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registra al menos 1.034 casos desde 1984, unos individuales y otros con múltiples víctimas.

Los datos de esta institución y un estudio de las universidades de La Sabana y el Externado demuestran un aumento vertiginoso entre 2002 y 2010, sobre todo desde la directiva de 2005 hasta las medidas de choque tras el escándalo en 2008. Pero la práctica de las ejecuciones extrajudiciales era de vieja data y su proliferación se había hecho evidente mucho antes de que el Estado la reconociera.

La política de seguridad democrática que planteó en 2003 la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez (ahora fórmula vicepresidencial de Duque), ya contemplaba reformas a la manera en que se medía el éxito operativo de las Fuerzas Militares y la necesidad de lograr una “disminución de las denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Pero Ospina, su sucesor, permitió que se diera todo lo contrario.

En 2006, la CIDH advertía sobre el aumento en las ejecuciones extrajudiciales; la ONU lo había hecho ya en sus informes anuales sobre derechos humanos en el país de 2004 y 2005. En los medios también parecían casos con cada vez mayor frecuencia, en especial cuando algunos militares investigados por ellas resultaron también implicados en la masacre de Jamundí y los montajes de atentados previos a la segunda posesión de Uribe.

Las investigaciones aparecieron en la revista Semana desde septiembre de 2006 y el analista Alfredo Rangel, actual senador uribista, denunciaba esa práctica en su columna de Cambio en junio de ese mismo año.

Mientras, la Cancillería protestaba por las críticas internacionales y el Ministerio de Defensa hacía lo mismo ante el control político de los senadores Gustavo Petro, ahora candidato presidencial por la coalición Colombia Humana, y Juan Manuel Galán.

El ministro Santos empezó a tomar medidas en 2007. Aun así, solo fue al año siguiente cuando el caso de Soacha llevó a un gran revolcón de las políticas de Defensa en favor de los derechos humanos. Desde entonces las cifras de ‘falsos positivos’ cayeron de manera estrepitosa con el reconocimiento de la ONU y otros organismos internacionales.

El trino de Duque en el que exalta la “firmeza” de Uribe para hacer esos cambios y expulsar a los oficiales implicados se dio, de hecho, cuando los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks pusieron en entredicho esa mano dura.

Al embajador William Brownfield le preocupaba la influencia que el general Montoya y otros altos mandos cuestionados mantenían sobre el presidente y su resistencia a aceptar las reformas propuestas por Santos, Padilla y Jaramillo, así como a sancionar a quienes salían nombrados en la investigación administrativa interna de las Fuerzas Militares. Algunos funcionarios hablaron incluso de saboteo.

Para la abogada Carolina Daza, del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que defiende a muchas de las víctimas, además ha habido revictimización por parte del Estado y del expresidente.

Sobre todo porque, diez años después de los hechos, la justicia todavía no llega a muchos responsables y la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido que algunos condenados salgan de la cárcel de manera provisional. “Están buscando que esto quede en la impunidad”, se queja Castillo.

Además, es célebre la frase, con la que periodistas como Julián Martínez o Daniel Samper le respondieron a Duque, en la que Uribe señaló que los jóvenes asesinados “no estarían recogiendo café” y la retractación que tuvo que hacer en un proceso en su contra por calumnia luego de señalarlos como “delincuentes”.

 

 

Pero nada de esto ha llevado todavía un pronunciamiento judicial que concluya, de manera general, que los ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado, porque tanto los procesos penales como los administrativos se han centrado en casos específicos. Hasta ahí podría considerarse verdadera la afirmación de Duque.

El problema es que la conclusión definitiva no está dada. La ONG internacional Human Rights Watch y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se han pronunciado a favor de la tesis de que hubo una política, como mínimo, a nivel de las brigadas implicadas.

Entonces la interpretación que hace el candidato es ligera, porque en el marco de la justicia transicional o con una eventual intervención de un tribunal internacional podría darse un pronunciamiento contrario a su aseveración, con base en las evidencias ya existentes y conocidas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Los falsos positivos no fueron una política de Estado”.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático.

    Fuentes: Fallos del Consejo de Estado que condenan al Estado por el asesinato de José Lorenzo Taborda y un adolescente de 15 años, comunicado sobre este último; tesis de maestría en Estudios Políticos de Alejandra Bonilla Mora en la Universidad Javeriana, informes de la Corte Penal Internacional sobre Colombia en 2012 y 2016, informe de Human Rights Watch sobre responsabilidad de altos mandos en ‘falsos positivos’, informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su informe de fondo sobre cuatro casos y comunicado sobre el paso a la Corte de ejecuciones extrajudiciales; cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá filtrados por WikiLeaks (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Twitter de Álvaro Uribe e Iván Duque y su campaña (que no respondió), política pública de seguridad democrática y su balance 2002-2006; Jaqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha; Carolina Daza, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo; informes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) sobre ‘falsos positivos’ y su banco de datos sobre el conflicto armado, informe del Ministerio de Defensa de 2010 sobre la implementación de las 15 medidas para enfrentar las ejecuciones extrajudiciales y sus directiva 29 de 2005 (derogada) y 19 de 2007; informe del relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, sobre su visita a Colombia en 2009; estudio de las universidades de La Sabana y el Externado sobre el aumento de los ‘falsos positivos’ en el gobierno Uribe, reseña del diario británico The Guardian sobre estudio de expolicías, ediciones 1.273 a 1.283 de la revista Semana y 677 de Cambio; Facebook de Daniel Samper Ospina.

    Contexto: Entrevista con la cadena informativa Univisión al día siguiente de la primera vuelta presidencial, ante pregunta de la periodista Patricia Janiot sobre los escándalos del gobierno Uribe.

    Calificación: Ligera.

Martes, 05 Septiembre 2017

“Las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia son del tamaño de las de Brasil”

Por Sania Salazar

La frase es de Jairo Estrada de Voces de Paz, quien invitó a iniciar el debate sobre si en Colombia se deben reducir las Fuerzas Militares.

Con la guerrilla de las Farc desarmada y convertida en un partido político, se ha empezado a debatir en el país cuál debe ser el futuro de las Fuerzas Armadas.

Sobre eso trinó Jairo Estrada, del Movimiento Voces de Paz, quien aseguró que las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia son del tamaño de las de Brasil y que es hora de hablar sobre su reducción.

 

 

Estrada nos dijo que para escribir el trino se basó en datos básicos de Wikipedia sobre ejércitos y en el Atlas comparativo de la defensa en América Latina, de la Red de seguridad y defensa de América Latina, Resdal.

Colombiacheck califica la afirmación como ligera, primero porque encontramos varias cifras sobre cada país, así que no es tan sencillo sacar una conclusión certera basada en números, aunque es común leer en notas de prensa y estudios académicos que Brasil le lleva la delantera a Colombia en ese aspecto.

Segundo, porque la comparación de fuerzas armadas no se debe hacer sobre su tamaño sino sobre su capacidad y las amenazas que deben enfrentar en cada país, según explicaron expertos.

Para empezar a entender hay que aclarar que en Colombia las Fuerzas Militares están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Consultamos el Atlas, según el cual, estas tres fuerzas sumaban en Colombia 265.050 efectivos para 2016. Según el portal de datos del Gobierno Colombiano La Policía Nacional tiene 183.333 hombres (con corte al 16 de agosto de 2017). Así que sumando la Policía son 448.383 mil hombres en total.

En Brasil el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea sumaban para 2016, 366.614 efectivos. Para 2014 los efectivos de la Policía militar (425.248) y de la Policía Civil (117.642) sumaban 542.890 efectivos según el documento titulado Pesquisa de informaciones básicas de los Estados, del Instituto Brasilero de geografía y estadística.

El estudio titulado ‘La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz’ publicado en 2012 asegura: “Hoy, la fuerza pública colombiana es la segunda más numerosa de Sudamérica, superada solamente por las fuerzas militares y de policía de Brasil, y, por causa del prolongado conflicto armado interno, cuenta con uno de los dispositivos de movilidad aerotransportada y de reacción rápida más grandes de la región”.

Cifras del Banco Mundial indican que en 2015 el personal de las Fuerzas Armadas de Brasil (personal militar en actividad) ascendía a 729.500 personas, mientras que en Colombia ese personal era de 481.100 efectivos.

 

¿Es hora de reducir las Fuerzas Armadas colombianas?

El profesor de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Pedro Piedrahíta Bustamante, doctor en Derecho Internacional y magíster en Seguridad y Defensa, explicó que no se pueden comparar los tamaños de las Fuerzas Armadas de ambos países debido a que la situación de cada uno es diferente.

“Cuando se comparan fuerzas militares no se compara el número de las mismas, sino su capacidad. Si bien Brasil y Colombia pueden tener un pie de fuerza similar, tienen diferencias en las capacidades”, indicó.

Piedrahíta explicó que en el contexto colombiano los militares deben tener capacidades para la guerra irregular (o híbrida), sobre todo en lo relacionado con guerra de guerrillas, en un país en el que hay diferentes grupos armados ilegales que tienen una capacidad de fuego frente a las Fuerzas Militares. Son amenazas a la seguridad interna.

Si bien Brasil es una potencia regional y tiene capacidades militares estratégicas para conflictos internacionales, resaltó el profesor, al mismo tiempo tiene amenazas internas, sobre todo urbana, relacionadas con el crimen organizado transnacional y el control de las favelas para la distribución de narcóticos como sucede también en nuestro país. Sin embargo, “La capacidad de las fuerzas militares brasileñas apunta más a conflictos internacionales”, se trata entonces más de “determinar las amenazas y las capacidades para enfrentarlas” concluyó.

Para Piedrahíta la discusión que hay que dar sobre si es necesario reducir, mantener o ampliar las fuerzas militares en Colombia va más allá de hacer una simple comparación respecto al número del pie de fuerza.

“La primera pregunta que hay que responder es cuáles son las capacidades actuales de las Fuerzas Militares y de Policía frente a las amenazas que quedan en el país, cuáles son las capacidades frente a nuevos grupos armados ilegales, llámense como se llamen; y cuáles son las capacidades estratégicas del Estado colombiano para la defensa de su soberanía, porque muchos países de América Latina le están apostando al futuro, pueden haber amenazas y debemos tener fuerzas militares que tengan la capacidad de enfrentarlas”.

Sobre la pertinencia de reducir las fuerzas armadas en Colombia Michael Radseck, considerado una de las mayores autoridades en temas de seguridad de América Latina, le dijo a Colombia 2020: “diría que tal vez sería imprescindible mantener el actual pie de fuerza —que, sin lugar a dudas, es muy alto— y, de hecho, si fuese necesario, aumentarlo, sobre todo en las zonas que hasta ahora han sido dominadas por las Farc, para evitar precisamente que se produzcan vacíos peligrosísimos”.

Dijo además, que para reducir las fuerzas armadas habría que determinar cuáles son las amenazas internas y externas, cuáles serían las estrategias para contrarrestarlas y quienes serían los encargados de enfrentar esas amenazas. Aseguró que solo teniendo esa información se puede calcular el número de hombres que se necesitan.

El profesor Piedrahíta llamó la atención sobre que, por lo general, se plantea que los ejércitos en tiempos de paz deben prepararse para la guerra, pero que hay que recordar que las fuerzas militares no solo disparan, sino que hacen un acompañamiento que en Colombia se denomina acción integral, un acompañamiento a través de ingenieros, médicos y otros profesionales de apoyo a las fuerzas militares que generan labores para el desarrollo humano en diferentes partes del país. “El Gobierno Nacional le ha apostado fuertemente ahora es a que las fuerzas militares contribuyan al desarrollo del país en temas de infraestructura”, indicó Piedrahíta.

Una de las conclusiones del estudio ‘La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz’ es que la construcción de la paz duradera en Colombia, que incluye la reforma de la Fuerza Pública, solo podrá lograrse cuando haya un posconflicto pleno, que incluye no solo a las guerrillas, sino el control del narcotráfico y del crimen organizado.