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Lunes, 30 Abril 2018

Duque y De la Calle, la pelea cazada por la tutela

Por José Felipe Sarmiento Abella

El candidato liberal y el del Centro Democrático se han acusado mutuamente de querer acabar con la tutela y de paso con la independencia de la justicia.

El caballito de batalla del aspirante liberal a la Presidencia, Humberto de la Calle, en los últimos debates presidenciales, ha sido el supuesto riesgo que corre la tutela con la reforma al sistema judicial propuesta por el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que consiste en eliminar las altas cortes para dejar una sola.

Duque ha devuelto el golpe y se ha proclamado defensor de la tutela. Ha cuestionado la forma en la que se estructuró la Justicia Especial para la Paz (JEP), que surgió de los diálogos con las Farc liderados por el primero, y ha dicho que la intervención del Centro Democrático evitó que se limitara esa acción judicial.

 

 

Uno de los momentos más tensos de esta discusión se dio en el debate entre los dos candidatos por la posible extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Aunque los dos candidatos coincidieron en que lo entregarían a Estados Unidos, De la Calle cuestionó que el Centro Democrático “saboteara” el proyecto de la JEP. Duque aprovechó para enrostrarle a De la Calle que, con el proyecto presentado por el Gobierno, se pretendía “doblegar” la tutela frente a la la jurisdicción transitoria y la bancada del CD lo evitó.

Ahí fue troya. Duque además le atribuyó al trabajo legislativo del CD la eliminación de las disposiciones que debilitaban la herramienta constitucional. “¡Qué tal que no hubiéramos podido revisar artículo por artículo”, exclamó ante el reclamo de su contendor por las demoras que eso causó en la implementación de lo pactado.

 

 

De la Calle ha insistido además en que Duque, con su propuesta de crear una sola Corte, busca de paso acabar con la tutela. El candidato del CD ha respondido que su propuesta ha sido avalada por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). Colombiacheck.com ya contó que, según este centro de estudios, una fusión de las altas cortes no tendría por qué afectar la tutela necesariamente, aunque sí existen otros argumentos a favor y en contra que diferentes juristas han discutido.

Lo que no contó Duque fue que no fueron ellos los que evitaron que se limitara la tutela frente a las decisiones de la JEP, sino la Corte Constitucional en la revisión de constitucionalidad al proyecto aprobado en el Congreso.

A raíz de este rifirrafe, un lector le pidió Colombiacheck revisar lo dicho por el aspirante uribista. ¿La JEP limitaba la tutela y fue el Centro Democrático su salvador?

El Acuerdo del Teatro Colón sí estableció que dos magistrados del sistema especial y dos de la Corte Constitucional debían dar su aprobación unánime para que esta pudiera revisar los fallos de tutela sobre la justicia transicional, que debían ser resueltos por diferentes secciones del Tribunal de Paz en primera y segunda instancia.

Además, las decisiones del alto tribunal no serían de cumplimiento obligatorio para la JEP, como lo son para cualquier otra persona o entidad. Es decir, la paz sí le ponía límites al mecanismo.

Esas condiciones fueron calificadas incluso como un “veto” a la Corte y una “sustitución” de la Constitución por varias instituciones. A su paso por el Congreso se opusieron la directora de la CEJ, Gloria Robledo; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Olano, y el defensor del pueblo, Carlos Negret. El registro quedó en el informe de ponencia de la senadora Claudia López, hoy candidata a la Vicepresidencia de la Coalición Colombia.

En la plenaria del Senado, Duque recogió esas preocupaciones, como lo hizo su colectividad a lo largo del trámite legislativo. Advirtió que la tutela quedaría “totalmente debilitada ante los fallos, las decisiones y las acciones de esa jurisdicción especial para las Farc”, por lo que votó en contra del proyecto en cuarto debate y se abstuvo de hacerlo luego de la conciliación. Entonces, sí puede jactarse de haber defendido la tutela.

El engaño radica en que, no obstante su oposición y la del CD, el acto legislativo fue aprobado. Con él se creó todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del proceso de paz y su artículo transitorio 8, sobre la acción de tutela frente a la JEP, quedó idéntico a lo pactado en el acuerdo con la guerrilla. Es decir que no tuvieron éxito en su cruzada contra la jurisdicción transicional, en la que los límites a esas reclamaciones eran solo uno de sus argumentos.

Si la norma no entró en vigencia tal cual como salió del Capitolio, fue porque la Corte Constitucional ‘tumbó’ buena parte del texto que le ponía reglas adicionales a las tutelas contra la justicia especial.

El alto tribunal admitió que estas fueran resueltas en sus propias instancias, pero negó las condiciones que le habían impuesto para poder revisarlas. Es decir que salvó su derecho de seleccionarlas sin autorización previa de los cuatro magistrados antes mencionados y de anular o cambiar los fallos del sistema especial si lo considera adecuado.

La sentencia no se ha publicado todavía. Pero en el comunicado con el que anunció su decisión, la Corte argumenta que el artículo aprobado por el Congreso hacía intocable a la JEP ante el control constitucional y, de esta manera, afectaba el equilibrio de poderes en el Estado.

Duque puede alegar, eso sí, que se presentó ante el alto tribunal y aprovechó la ocasión para criticar ese acto legislativo con argumentos parecidos. Pero su participación en ese momento fue para sustentar su demanda contra la vía rápida legislativa para la paz o ‘fast track’, que era un proceso aparte. Por eso no se puede concluir que la posición que expresó ese día haya influido en el fallo de la Corte sobre la jurisdicción especial.

En cambio, el tribunal sí pudo tener en cuenta las críticas reiteradas de otros juristas que sí intervinieron en la audiencia pública sobre la JEP y manifestaron su oposición a los requisitos adicionales que el proyecto pretendía ponerle a la revisión de tutelas. Entre ellos estuvieron Borrero, de la CEJ; el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés González, y la delegada para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo Silva.

Ahora, Duque propone evitar que la tutela se utilice en casos para los que existen otros instrumentos judiciales más idóneos como una forma de fortalecerla. Su intento por defenderla en el Senado ante las condiciones del acuerdo es valedero. Pero es engañoso que se atribuya el logro de haber salvado el instrumento de esos límites, porque está ganando indulgencias con decisiones de la Corte Constitucional. Paradójicamente, uno de los tribunales que planea eliminar con su reforma a las altas cortes.