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Miércoles, 05 Diciembre 2018

Expectativa de vida de personas trans es, en promedio, de 35 años

Por Sania Salazar

La CIDH reporta esta cifra en varios informes, aunque aclara que es un estimado basado en información disponible. Sin embargo, es claro que la población trans enfrenta grandes riesgos y peligros en el país

La senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, llamó la atención sobre las condiciones de vida de las personas trans. “La expectativa de vida de una persona transgénero es de 35 años”, dijo la congresista durante su participación en el programa Semana en Vivo y agregó que a estas personas las matan con sevicia, “son asesinatos de odio”, sentenció.

La senadora Lozano le dijo a Colombiacheck que se basó en información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Efectivamente, esta organización publicó en marzo de 2018 un comunicado de prensa con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, en el que insistió en un dato que ha publicado en varias ocasiones, que “la esperanza de vida promedio de mujeres trans es de 35 años en las Américas”.

La frase de Lozano es verdadera, pero hay que tener en cuenta que el cálculo es una estimación basada en la información disponible, pues hay deficiencias en la recolección de los datos de violencia contra la población LGBTI. El dato se aproxima al promedio de edad de las personas trans asesinadas en Colombia en 2017.

En un comunicado de 2015, la CIDH recordó en el Registro de Violencia, donde documentó 770 actos contra personas LGBTI entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, observó que el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres trans que aparecen en el Registro tenían 35 años de edad o menos y “esto coincide con la información de organizaciones de la sociedad civil de que el promedio de expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años, lo cual refleja que muchas mueren asesinadas”, concluye.

En el informe titulado Violencia contra personas LGBTI, publicado en 2015, la CIDH explica que en los últimos años ha recibido información sobre la situación  de las personas LGBTI de fuentes de información que incluyen presentaciones orales y escritas durante audiencias públicas, la información recibida a través de visitas de la Comisión, peticiones y solicitudes de medidas cautelares, y comunicaciones de otros actores del sistema interamericano.  En los últimos diez años (entre marzo de 2005 y octubre de 2015), la CIDH realizó 37 audiencias públicas dedicadas específicamente a la situación de las personas LGBTI.

Uno de los tantos informes en los que se basó la CIDH para sacar el cálculo de la expectativa de vida es un estudio del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del gobierno de Argentina de 2015. Este estudio apunta que “el promedio de vida estimado de una persona trans es de 35 años”, pero en una nota al pie aclara que: “por carecer de estadísticas oficiales, este dato ha sido estimado a partir de investigaciones de diversas organizaciones como ALITT [Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual] y ATTTA [Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de la Argentina] y otras fuentes”

En un comunicado de la CIDH de 2015 sobre la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans este organismo indica que hay un vínculo estrecho entre exclusión, discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans.

“De acuerdo con la información recibida por la CIDH, la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que generalmente son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas.

Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”, detalla el comunicado.

Las cifras en Colombia

Cifras de Colombia Diversa indican que en el 2017 fueron asesinadas 109  personas LGBTI. Las mujeres trans fueron el segundo grupo más afectado con 35 víctimas, luego de los hombres gay con 45. Entre los asesinados había tres hombres trans.

Además, el informe concluye que la violencia por prejuicio afectó en mayor medida a las mujeres Trans (17 de 35 fueron asesinadas por ser Trans).

Según Colombia Diversa, el promedio de edad de las víctimas era 37 años. “La mayoría tenían bajos niveles de escolaridad y se dedicaban a actividades poco remuneradas o que las exponen a mayores riesgos de violencia”.

Otro informe de Colombia Diversa indica que 15 de los 18 asesinatos de personas trans registrados en 2016 fueron por prejuicio.

La activista resaltó que esa baja expectativa de vida también se debe a que las personas trans están expuestas desde edades tempranas a condiciones de exclusión y a falta de acceso a salud que las hace más vulnerables a la muerte.

Para Matilda González, abogada y activista, es preocupante que se estén diseñando políticas estatales en países como Estados Unidos y Brasil que niegan la existencia de los niños trans para eliminarlos simbólicamente. “Todo el tema de ideología de género se basa en decir que los niños trans no existen, que si un niño se reconoce como trans es porque se lo están imponiendo, que es un invento. Hay una política que se basa en negar nuestra existencia y de la eliminación simbólica a la legal hay un paso. Quieren negar que existimos”.

La activista llamó la atención sobre los problemas de registro de los delitos en contra de la población LGBTI, pues “existe la categoría de sexo, en la que están hombre y mujer, y otra que es LGBTI, el problema es que muchos casos quedan registrados bajo la categoría LGBTI y es difícil saber si son hombres gays o mujeres trans, más las personas que no registran bajo la variable LGBTI”, indicó. Por ello es difícil conocer la realidad de los delitos contra esa población.

Un llamado en el mismo sentido hizo la CIDH al indicar que la mayoría de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA,  no cuentan con sistemas de recolección de datos que tengan en cuenta la identidad de género de las víctimas y varios de los Estados que cuentan con estas herramientas confunden la identidad de género con la orientación sexual.

Jueves, 09 Mayo 2019

Portal miente para asegurar que la JEP es “un Estado dentro del Estado”

Por José Felipe Sarmiento

La página señala supuestos parecidos entre la justicia transicional y las antiguas Farc, con base en falsedades sobre la relación de Colombia con la CIDH y el caso de ‘Jesús Santrich’.

El portal Los Irreverentes publicó un análisis sobre la petición que le hizo la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que celebre una audiencia de balance sobre el primer año de funcionamiento de la justicia transicional. Según la nota, esto demuestra que la entidad es “un Estado dentro del Estado”.

Captura de pantalla de la nota en Los Irreverentes

El título hace referencia a una famosa declaración que el exguerrillero Jairo Alfonso Lesmes Bulla, alias ‘Javier Calderón’, le dio al diario argentino La Nación en mayo del 2000, época del frustrado proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán, Caquetá: “las Farc son un partido en armas en lucha por el poder y en Colombia somos un Estado dentro del Estado”, dijo el entonces integrante de la columna móvil Teófilo Forero que sería capturado en 2008 y condenado a siete años de cárcel en 2009.

Así, el artículo advierte que “los parecidos entre la JEP y las Farc son cada vez más escalofriantes”. Para justificar esa afirmación se basa en dos argumentos falsos. Uno va sobre la citada audiencia en la CIDH; el otro, sobre el proceso que evalúa la solicitud de extradición contra el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, por su presunta participación, supuestamente posterior a la firma del Acuerdo del Teatro Colón, en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

Ante la CIDH

Según la nota, “la JEP no tiene facultades para presentarse ante instancias internacionales sin respetar el conducto regular” y, por tanto, al solicitar la mencionada cita ante la CIDH, está “desconociendo que las relaciones internacionales son del resorte del presidente de la República y de su ministro de Relaciones Exteriores”. El canciller, Carlos Holmes Trujillo, partió de la misma premisa para pedirle a la Comisión que cancelara la audiencia.

Es cierto que no hay nada explícito en el acto legislativo que creó la jurisdicción transicional, en la interpretación que hizo de él la Corte Constitucional ni en el Acuerdo del Teatro Colón que faculte a la JEP para asumir la representación del Estado en el exterior. En cambio, como lo argumentan el ministro y el portal, la Carta Política le consagra la dirección de esas relaciones al Presidente. Además, “coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos que se adelanten ante los órganos de supervisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia” hace parte de las funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

No obstante, para la decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, interpretar que eso le impide a la JEP acudir al organismo internacional es un “error jurídico”. Esto, porque no se trata de resolver un caso en el que Colombia deba defenderse y “en ningún instrumento internacional (...) se prohíbe que distintas entidades directamente le soliciten a la CIDH una audiencia temática”, que fue lo que hizo la JEP y que es otra función diferente que también tiene el sistema de la OEA.

Así lo manifestó la académica el lunes pasado, en el programa Hora 20 de Caracol Radio. También señaló varios casos de entidades estatales que, siendo ajenas a los gobiernos de diferentes países de esa organización, han hecho solicitudes similares e incluso han litigado en contra de sus mismos estados.

Por Colombia, Botero mencionó las audiencias temáticas que la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tuvo ante la CIDH en 2007 y 2009. Sin embargo, cabe aclarar que esa entidad, creada por la Ley de Justicia y Paz, estaba integrada por tres representantes del Gobierno, cinco “personalidades” designadas por el Presidente, dos líderes de víctimas, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Es decir que, en ese caso, el Ejecutivo sí participó de la petición aunque no fuera por medio de la Cancillería.

La magistrada Linares también le respondió a Trujillo con una carta que menciona varios antecedentes. Además, advirtió que la JEP amparó su solicitud en la Convención Americana y el reglamento de la Comisión, “en el marco de la función de monitoreo que efectúa la CIDH al proceso de paz en Colombia”. Aunque el artículo correspondiente del segundo documento está mal citado en la misiva, los requisitos del Sistema para atender peticiones y citar audiencias generales le dan la razón a Botero: no prohíben que las presente un tribunal.

También es cierto que el organismo está atento a la implementación del Acuerdo Final y, en particular, a su Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que forma parte la JEP. En el capítulo sobre Colombia de su informe anual más reciente, por ejemplo, retomó información de audiencias anteriores al respecto, manifestó “preocupación” por la falta de una ley estatutaria en firme para esta jurisdicción y anunció que le haría seguimiento a lo que sucediera con el proyecto.

La discusión entre estas interpretaciones quedó zanjada con la carta que el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, le envió a Linares para ratificar la programación de la audiencia para este jueves, 9 de mayo, a las 5:00 de la tarde en Kingston, Jamaica. Según la comunicación, el organismo de la OEA “confirmó su competencia para acceder a la solicitud”.

Esta noticia se conoció el día anterior a la publicación de Los Irreverentes. Por tanto, es falsa su afirmación sobre el desconocimiento de las funciones presidenciales ante la comunidad internacional por parte de la JEP.

La extradición

La otra situación que argumenta la publicación para sustentar su tesis es que, en el mencionado proceso contra ‘Santrich’, la jurisdicción “se pasó por la faja el tratado [con Estados Unidos] y una sentencia de la Corte Constitucional que fue contundente al decir que aquel tribunal, cuando medie una solicitud de extradición, solo puede pedir información relacionada con la fecha en que ocurrieron los hechos”.

Colombiacheck ya ha explicado, más de una vez, que el tratado de extradición con Estados Unidos está vigente en ese país pero no en Colombia. En resumen, acá no se puede aplicar porque la Corte Suprema de Justicia lo ‘tumbó’ dos veces, en 1986 y 1987. Por eso es falso que la JEP le haya pasado por encima.

El texto también miente respecto a su acatamiento de las decisiones de la Corte Constitucional en lo referente al trámite de extradición de Hernández. El auto en el que la Sección de Revisión de la jurisdicción decidió hacer la solicitud internacional de pruebas dice claramente que sus objetivos eran “precisar con exactitud la fecha de realización del comportamiento por el que el ciudadano es requerido” y, con base en esta, decidir el procedimiento a seguir en su caso.

Esto quiere decir que la JEP sí respetó los límites que le puso la Corte Constitucional. Incluso citó la decisión en la que ese tribunal resolvió el conflicto de competencias que había planteado al respecto el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Esta señaló que “es claro que la autoridad judicial competente para determinar la fecha de ocurrencia de la conducta atribuida en la solicitud de extradición es la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz” y que puede “decretar todas las pruebas necesarias” para ello.

Sobre este último punto, la Corte fue incluso más lejos en marzo pasado, al fallar sobre una demanda contra la Ley de Procedimiento de la JEP. No solo declaró inconstitucional que la norma prohibiera la práctica de pruebas, sino también dijo que esta, por el contrario, es una “obligación”. Al menos así quedó en el comunicado, pues todavía no ha publicado la sentencia completa. La Sección de Revisión había argumentado en el mismo sentido cuando hizo la petición en el caso ‘Santrich’.

Esto prueba la falsedad del argumento. El artículo incluso dice que “poco le importó a la señora Linares (...) el ordenamiento de la Corte Constitucional”, cuando ella no está entre los magistrados firmantes esa decisión porque ni siquiera pertenece a la sección correspondiente del Tribunal de Paz.

Para terminar

En consecuencia, la conclusión a la que llega el análisis del portal es tan falsa como las proposiciones en que se basa. Dice, antes de retomar la comparación con la frase de ‘Calderón’, que “las Farc alcanzaron su sueño dorado: el tribunal que las ‘juzga’ no tiene límite ni control alguno”.

Contrario a esto, además de lo recién explicado, la Corte Constitucional ha tomado otras decisiones que limitan el accionar de la JEP. Así fue cuando revocó la suspensión de los términos de la extradición de ‘Santrich’ y declaró inaplicables las partes de su reglamento interno en las que se basó para hacerlo, como lo contamos en otro chequeo. Hay más ejemplos en la citada sentencia sobre el acto legislativo que le dio origen, pues también le quitó poderes sobre las tutelas contra sus decisiones y competencias sobre terceras partes, que ahora solo pueden comparecer ante la jurisdicción de forma voluntaria.

Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria y los debates a su alrededor también demuestran que la JEP está sometida al ordenamiento jurídico colombiano y la separación de poderes. De modo que no es “una rueda suelta” ni “un Estado dentro del Estado”, como falsamente lo asegura el portal.