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Martes, 09 Mayo 2017

Farc: de acusador a acusado en el tema de armas y caletas

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“Asalto del 26 de marzo a caleta de armas en Putumayo ordenado por mindefensa Villegas sin informar a ONU y Farc, viola protocolos firmados”, denunció Iván Márquez, miembro de las Farc. Su aseveración resulta falaz porque la guerrilla no cumplió en su momento con su parte: dar información sobre sus caletas.

El 20 de abril el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció a la opinión pública que el Ejército Nacional había encontrado en Putumayo y Nariño unas caletas con armas de la guerrilla de las Farc. La primera fue encontrada y destruida en el departamento de Nariño y, dos semanas después (el 27 de marzo), se destruyó la de Putumayo.

Ante el hecho en Putumayo, Luciano Marín, conocido en las Farc como Iván Márquez, trinó ese mismo día en su cuenta de Twitter que la operación militar había violado los protocolos de dejación de armas firmados por Gobierno y Farc con motivo del Acuerdo Final de paz pactado en La Habana.

 

 

Tal señalamiento llamó la atención de Colombiacheck y decidimos comprobar si en realidad la operación militar se constituyó una violación a lo acordado, una especie de falso positivo como entre líneas lo manifestó Timochenko o Rodrigo Londoño Echeverri, su nombre de pila.

 

 

 

 

¿Qué dice el acuerdo frente al tema de las armas?

Frente al tema de las armas de las Farc hay que hacer una aclaración. El Acuerdo Final diferenció dos tipos de armas en su página 222 (Protocolo para la Dejación de las Armas), armas individuales y armamento inestable.

Las armas de tipo individual son aquellas con las que los guerrilleros ingresaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización que los colombianos vimos a través de noticieros, cuando cada guerrillero que entraba a la zona veredal pasaba con su fusil al hombro.

Estas armas son las que debían dejar las Farc antes del 1 de mayo (día D + 150) y que la Misión de Monitoreo y Verificación de la ONU, MMV, guardaría en unos contenedores para fundirlas y realizar unos monumentos. Estas son las mismas armas que las Farc debían dejar por medio del cronograma fijado. El primer 30% de ellas en el día D + 90, otro 30% en el D + 120 y el restante 40% en el D + 150, que se cumplió el pasado lunes festivo.

Según la versión dada a los medios por Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU en Colombia, el número de armas que dejaría las Farc y que quedaría en poder del MMV, sería de 7.000 y no de 14.000 como en una ocasión y erradamente anunció el presidente Juan Manuel Santos y Colombiacheck desmintió en este chequeo.

Pues bien, de esas 7.000 armas hasta la fecha solo han sido dejadas en manos de la ONU un total de 1.140 armas, así lo explicamos en la verificación que titulamos: Incertidumbre por cifra de armas que dejarán las Farc.

Teniendo claro cómo es el procedimiento para la dejación de armas de tipo individual, revisamos cómo es el asunto con el otro tipo de armas, las inestables.

Este tipo de armas son denominadas inestables porque su exterior está deteriorado, con rajaduras, abolladuras, hundimientos y oxidación. Lo inestable también corresponde a material explosivo envejecido que perdió algunas de sus propiedades por el fenómeno de exudación, así como por cualquier otro signo que permita determinar que su transporte pueda resultar peligroso. En el grupo de inestables también están las armas y explosivos de fabricación o insumos artesanales.

Todas las características anteriores las tomamos literalmente de la página 222 del Acuerdo Final de paz. En esa misma página, las Farc se comprometió a darle la información de las caletas con armas inestables al MMV el día D + 10, es decir, el 10 de diciembre de 2016.

En síntesis, todas las armas que entraron los guerrilleros a las Zonas Veredales debían ser dejadas al MMV de manera escalonada desde el día D + 90 (28 de febrero de 2017) hasta el día D + 150 (1 de mayo de 2017).

Por otra parte, según lo pactado en La Habana, las Farc debía entregar las coordenadas de las caletas con material o armas inestables el 10 de diciembre de 2016, pero esto tampoco se cumplió.

¿El operativo del Ejército violó los protocolos de dejación de armas?

Sobre este cuestionamiento Colombiacheck preguntó al MMV y a las propias Farc pero nunca tuvo respuesta. Al MMV enviamos un derecho de petición pero hasta la fecha no han dado respuesta.

Sin embargo, el 21 de abril Julián Gallo Cubillos conocido en las Farc como Carlos Antonio Lozada, quien lidera el tema de la dejación de armas, habló para la emisora RCN Radio y aclaró un tema fundamental: La fecha en la que las Farc dio información de las 949 caletas al MMV.

“La semana pasada tuvimos una reunión en la cual nosotros entregamos una cifra al componente internacional del mecanismo (MMV) en la que especifica claramente la cantidad de depósitos que tenemos. Son exactamente 949 depósitos. Entre depósitos de explosivos y depósitos de armamento”, dijo el exguerrillero.

La declaración evidencia que las Farc sí informó al MMV la cantidad de las caletas, pero también deja claro que esa información solo la reportaron hasta la segunda semana de abril y no el 10 de diciembre de 2016, como quedó establecido en la página 222 del Acuerdo Final.

Los operativos en los que el Ejército destruyó las caletas de Putumayo y Nariño fueron en marzo, es decir, cuando no había información de las caletas farianas.

Al respecto Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, explicó a Colombiacheck que desde su punto de vista no hay una violación a los protocolos firmados porque en ninguna parte del Acuerdo Final se estableció sobre las autoridades civiles o militares una limitación de sus funciones constitucionales o legales.

Para Restrepo las operaciones en Putumayo y Nariño no se trataron de acciones hostiles contra las Farc, ni de “una infracción de alguno de los compromisos que tiene la Fuerza Pública en el marco de los acuerdos”, dijo.

¿Y si el Ejército encuentra más caletas?

Ese tema cada día es más espinoso porque una cosa dicen las Farc y otra el Gobierno. Por ahora las Farc ya confesaron que no entregaron la información de las caletas en el tiempo pactado.

El tema de la discordia pasa porque el Gobierno nacional, bajo la representación del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, sostuvo el 7 de mayo en Noticias RCN que aún no habían recibido las coordenadas de las caletas.

“Ni el Ministerio ni la Fuerza Pública tiene todavía ninguna información masiva de Naciones Unidas sobre localización de los llamados depósitos de armas de las Farc”, señaló Villegas, quien agregó que la guerrilla solamente había entregado información de dos caletas.

Respecto al papel del MMV en el enredo de las caletas Restrepo explicó que si las Farc han entregado las coordenadas también habría un retraso por parte del componente internacional por “las responsabilidades que tienen en el marco del Acuerdo”.

Por ahora el propio Villegas manifestó que seguirán buscando hasta que les entreguen los puntos de ubicación de las armas: “Si hay cooperación de las Farc para encontrar armamento que esté en caletas, con mucho gusto yo les reconoceré que esas armas hacen parte del desarme y serán entregadas a Naciones Unidas. Pero si las caletas se encuentran por operaciones de control territorial de las Fuerzas Armadas pues serán incautaciones de armamento ilegal y eso es la política que vamos a aplicar hacia adelante. Ya tenemos un inventario de Naciones Unidas y nos falta ese inventario de las caletas que los jefes de las Farc han dicho que son muy numerosas”, señaló Villegas el pasado 3 de mayo en conferencia de prensa.

En referencia a los retrasos con las caletas Carlos Antonio Lozada señaló que también se debe en parte al incumplimiento del Gobierno en la construcción de las Zonas Veredales.

Sin coordenadas en manos del Ejército seguirá la polémica pues los operativos de la Fuerza Pública continuarán y en ellos puede o no que hallen caletas. Sobre la dejación de las armas Carlos Antonio Lozada en entrevista con revista Semana sostuvo que para el 31 de mayo ya las Farc habrán dejado todas las armas que tienen en los campamentos pero para las caletas solicitó tres meses más. Algo que parece el presidente Santos concederá: “posiblemente les demos el plazo”, manifestó el primer mandatario en RCN Radio.

Lozada también dijo que era necesario el plazo porque algunos de los guerrilleros que ayudarán en el hallazgo y destrucción de las 949 caletas aún no tienen cédula, una tarea que debe resolver el Gobierno. En todo caso, respecto a si las Farc ya entregó o no las coordenadas de las caletas la pelota la tiene el MMV, un componente que en varios casos ha brillado por su silencio, ha si lo contó Colombiacheck en “Los Chicharrones que revisará el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Por todo lo anterior Colombiacheck califica la afirmación de Iván Márquez como falsa porque en el momento de la operación del Ejército (en marzo) la mismas Farc ( por medio de Carlos Antonio Lozada) confesaron que aún no habían entregado la información de las caletas pese a haberse comprometido a darla en diciembre de 2016. Además, la Fuerza Pública está legitimada para continuar con sus operaciones de control territorial porque en ninguna parte del acuerdo de La Habana se pactó una limitación en este asunto, explicó el profesor Restrepo.

Martes, 22 Enero 2019

Disidencias de Farc no son principales responsables de asesinatos de líderes sociales

Por Sania Salazar

Organizaciones que hacen seguimiento de esos homicidios dicen que en la mayoría de los casos no se conoce la identidad de los asesinos.

Durante una entrevista con la W Radio, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez aseguró que “la mayor parte de todos estos líderes sociales han sido asesinados por esas disidencias de las Farc”.

Colombiacheck le preguntó al equipo de prensa de la Vicepresidente en qué fuente basó su afirmación, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos obtenido respuesta.

Tras consultar varias fuentes, calificamos la frase de la Vicepresidente como falsa, pues las disidencias no aparecen como las mayores responsables de la autoría material ni intelectual de la mayoría de esos crímenes, según las fuentes expertas que consultamos.

Las disidencias están conformadas, como lo explica la Fundación Ideas para la Paz, FIP, por “exintegrantes de las Farc que decidieron formar nuevas facciones armadas”. Son personas que no estuvieron de acuerdo con la negociación con el Gobierno y se apartaron del proceso de paz, por lo que hoy no forman parte del partido político en el que se convirtió esa guerrilla.

Por otra parte, como explicamos hace unos meses, hay discrepancias entre el gobierno y varias organizaciones que monitorean crímenes contra líderes sociales sobre quién, exactamente, clasifica como “líder social”.

Pero, además, tanto las cifras oficiales como las extraoficiales sobre los asesinatos de líderes sociales concuerdan en que en buena parte de los casos no se ha podido establecer la identidad de los responsables.

Por ejemplo, el 10 de enero, tras la entrega de un informe de la Fiscalía a la Justicia Especial para la Paz, JEP, sobre la victimización a líderes sociales por parte de agentes del Estado, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aprovechó para aclarar cifras del fenómeno en general.

Según Martínez, entre 2016 y 2018, la Fiscalía había determinado la autoría en 126 de los 231 casos reconocidos por la entidad en ese período de tiempo. Es decir que en el 45,5 por ciento de los casos no se ha podido establecer quién fue el perpetrador. En los casos en los que sí se pudo determinar un responsable, Martínez dijo que los principales perpetradores eran el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.

El 11 de enero, el mismo Fiscal informó en una rueda de prensa que hubo "238 líderes asesinados entre los años 2016 y 2018, según las cifras entregadas por Naciones Unidas (siete más a partir de la noche del día de ayer)” y que “el Estado colombiano ha logrado el esclarecimiento, a la fecha del 53 por ciento de estos casos de homicidio”.

En la rueda de prensa, Martínez dijo que, “en un 65 por ciento de los casos [de asesinatos de líderes sociales], los homicidios se deben a organizaciones criminales” como “grupos armados organizados residuales, el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo, la organización criminal que más está afectando en el territorio a nuestros líderes sociales y los Caparrapos [una facción que se separó del Clan del Golfo]”.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, aseguró en una columna de opinión titulada “Líderes sociales: en exterminio”, publicada el pasado 9 de enero, que desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, se han producido 229 homicidios de líderes sociales y que “el 30 por ciento de los homicidios fueron cometidos por las disidencias de las Farc, grupos posdesmovilización paramilitar, como el Clan del Golfo, el ELN, es decir, actores identificados”.

Ávila señaló además que “hay agentes legales, como supuestos empresarios, políticos, agentes estatales o élites locales, así como actores criminales que contratan sicarios para asesinar líderes sociales. Muchos sicarios no saben ni siquiera quién los contrata”.

El informe “Cómo va la paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de paz”, publicado por Pares en enero de 2019 señala que “los datos de victimarios aparecen en su mayoría registrados bajo la categoría “actores no identificados”, en realidad no se conoce quién los asesinó. En un 85 por ciento son agentes no identificados. (Actor no identificado + estructura armada criminal no identificada).

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Estas cifras indican una tendencia opuesta a la que afirma la Vicepresidente, pues la responsabilidad de lo que en Pares denominan “Grupos armados pos Farc” es menor que las de otros grupos armados ilegales.

Finalmente, el informe de la Fundación Ideas para la paz, FIP, “Agresiones y homicidios de líderes sociales”, coincide en que no hay claridad sobre qué actores están detrás de las agresiones a líderes sociales. El informe indica que los homicidios representan el 30 por ciento de las agresiones contra líderes y que en el 58 por ciento de las agresiones en general no se conoce al responsable, mientras que en el 35 por ciento se responsabiliza a las facciones criminales y los grupos armados ilegales. El 3 por ciento de los señalamientos recae sobre las disidencias de las Farc.


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