Pasar al contenido principal
Viernes, 12 Abril 2019

Impunidad en Justicia y Paz supera el 90 por ciento, pero Lozano exageró

Por José Felipe Sarmiento

A la senadora de la Alianza Verde se le fue la mano al criticar el escaso número de sentencias que ha producido el sistema transicional creado para los desmovilizados en 2005.

En un mensaje que celebraba la negación en la Cámara de Representantes de las seis objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la senadora Angélica Lozano comparó esta jurisdicción con el sistema transicional creado en 2005 para los desmovilizados de grupos armados ilegales, en especial las AUC, por medio de la Ley de Justicia y Paz.

La congresista de la Alianza Verde señaló en Twitter que el “99 por ciento de casos de paramilitares quedó en absoluta impunidad y la verdad enterrada”. Colombiacheck le preguntó por esa cifra y reconoció no estar segura. “No tengo el dato exacto”, dijo. Pero insistió en que ese proceso había emitido “una cifra microscópica de sentencias en más de 10 años de funcionamiento, me atrevo a asegurar que fueron menos de 40”.

Captura de pantalla del tuit de Angélica Lozano sobre Justicia y Paz

En 2017, la Contraloría publicó un estudio sobre los resultados de Justicia y Paz, que calificó como “insatisfactorios”. Con base en datos de la Fiscalía, afirmó que este sistema había producido 47 sentencias condenatorias contra 195 personas hasta 2016, tras 11 años de vigencia. Es decir que solo 8,2 por ciento de los 2.378 exparamilitares que estaban postulados habían sido sujetos de una decisión judicial. Por tanto, la impunidad en esos años se podía calcular en 91,8 por ciento.

El mismo documento registró que los hechos delictivos cobijados por esos fallos habían sido 5.401, un 6,6 por ciento de los 82.114 imputados por la Fiscalía, y que se había reconocido a 26.778 víctimas de las 211.013 relacionadas con esos casos, un 12,7 por ciento. Además, la mitad de los 4.981 postulados originales habían salido del proceso.

La Dirección de Justicia Transicional del ente acusador publicó sus propias cifras hasta el 6 de junio de 2017, que retomó un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2018. Hasta ese momento iban 50 sentencias que cobijaban a 205 exparamilitares, 6.004 hechos y 28.055 víctimas.

Con el número de postulados constante, la impunidad habría bajado cuatro décimas porcentuales en dos años, a 91,4 por ciento. “Luego de 12 años de haberse implementado [la Ley de Justicia y Paz], las cifras relacionadas con impunidad y violencia en contra de las víctimas de los paramilitares son alarmantes”, concluye el primer capítulo de la publicación.

Un balance del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se aproxima más al dato de Lozano, pero su fecha de corte es el 31 de julio de 2015. Esto quiere decir que es más antiguo que los anteriores, aunque cubre exactamente los 10 primeros años de la ley, expedida en el mismo mes de 2005.

Sus números, también basados en la Fiscalía, hablan de 35 sentencias en tribunales (primera instancia) y 15 en la Corte Suprema de Justicia (segunda), que decidieron sobre 125 exparamilitares entre 3.666 postulados. Esto da una impunidad de 96,6 por ciento.

Hay que mencionar que esta ineficacia se debió a que “inicialmente, la Fiscalía, que no tenía experiencia en procesos de justicia transicional, desarrolló una metodología de investigación de caso por caso e identificación de todos los autores”, explica Gabriel Ignacio Gómez, investigador de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia. Por eso, como lo contamos en otro chequeo reciente, en los primeros siete años solo salieron 10 sentencias.

La directora en Colombia del Instituto Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), María Camila Moreno, le dijo el pasado 9 de marzo a la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que “el aprendizaje de Justicia y Paz es absolutamente valioso para este país”, porque al principio “nadie sabía qué era eso de investigar crímenes de carácter internacional, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad”. Ese cambio de enfoque permitió aumentar los resultados en los años siguientes. 

También señaló que la información que revelaron los procesos ha mejorado la comprensión sobre el paramilitarismo y ha visibilizado las responsabilidades de otros actores y su relación con la Fuerza Pública. “Eso es importantísimo y (...) ha tenido algún eco en la justicia ordinaria. No como lo que esperábamos, pero ha habido resultados gracias a lo que dijeron los paramilitares en las versiones libres”, reconoció en la entrevista.

Otro informe del CNMH, este sobre la verdad surgida de ese sistema hasta 2012, también reconoce los esfuerzos de algunas fiscales por satisfacer este derecho de las víctimas. No obstante, es crítico de los relatos construidos en algunos casos porque privilegiaron las versiones de los victimarios, aunque el sistema sí contaba con mecanismos para contrastar con otras pruebas.

Además, el documento critica las consecuencias que tuvieron las extradiciones de ex altos mandos de las AUC, para que respondieran por narcotráfico en Estados Unidos. Por ejemplo, “con la extradición de “H.H” (Éver Veloza), quedaron por esclarecer al menos 11.000 hechos delictivos que la Fiscalía había recopilado contra este exjefe de los Bloques Bananero y Calima de las Autodefensas” en la región del Urabá y el Valle del Cauca.

Por tanto, a pesar de las altas tasas de impunidad y del debate sobre el aporte de Justicia y Paz a la verdad, el cálculo de la senadora es cuestionable. Le puso ocho puntos porcentuales por encima a la proporción conocida en el informe público más reciente y tampoco le atinó a la cantidad de sentencias.

Domingo, 16 Abril 2017

El Fiscal y Claudia López, rajados al hablar de impunidad en Colombia

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ambas figuras públicas dicen que este flagelo alcanza cifras entre el 98% y el 99%. Colombiacheck verificó y encontró que si bien nuestro país figura en los primeros lugares del escalafón mundial, esas cifras no son exactas y fomentan que la gente no denuncie.

Se anunció la visita del papa Francisco a Colombia y ello le sirvió a varios políticos para proponer una Ley del Jubileo, idea de varios congresistas que básicamente busca reducir las penas y sacar de la cárcel a distintas personas que se encuentran en prisión por diversos delitos.

La iniciativa no cayó bien por el lado de Claudia López, senadora y precandidata presidencial por el partido Alianza Verde, quien expresó su inconformidad por la iniciativa por Twitter, red social donde es bastante prolífica.

 

 

Desde el pasado 24 de marzo Colombiacheck buscó a la senadora López para saber el origen de la cifra pero nunca pudimos conocer de dónde sacó ese dato. Su oficina de prensa y ella misma, a pesar de conocer el requerimiento de Colombiacheck, nunca contestaron nuestras solicitudes.

Colombiacheck emprendió el camino para comprobar la veracidad del dato y encontró que la misma cifra fue repetida por Néstor Humberto Martínez, nada más ni nada menos que durante su posesión como Fiscal General de la Nación en agosto de 2016, “la impunidad ronda por el 99%”, dijo en su momento (ver minuto 05:20). Es decir, nuestro chequeo ya no era solo a la congresista del partido Alianza Verde sino también a un alto funcionario del Estado, como el Fiscal General.

Entre los documentos revisados para este chequeo, encontramos un estudio académico de la actual viceministra de Defensa, Mariana Martínez Cuéllar, y de la hoy profesora en la Universidad de Miami, Elvira María Restrepo, quien además es asesora en pedagogía de paz del presidente Juan Manuel Santos.

En coautoría Martínez y Restrepo publicaron en 2004 “Impunidad Penal: Mitos y Realidades”, un estudio de tesis doctoral de la Universidad de los Andes en el que cuestionaron sin tregua la cifra de 90% a 99% de impunidad que frecuentemente se repite en la opinión pública.

Uno de los fragmentos iniciales de aquella investigación dice: “El tema de la impunidad se ha manejado tradicionalmente en Colombia a través de cifras que provienen de encuestas de percepción que sugieren niveles de impunidad del orden del 90% a 99%. Estas cifras son mitos pues como se mostrará en este documento, hoy por hoy es casi imposible saber cuál es la verdadera magnitud de este fenómeno, de ahí que sean mitos. Además son cifras peligrosas, porque en últimas generan más impunidad dado que alejan a las personas de acudir a la justicia y colaborar con ella”.

Cualquier desprevenido podría argumentar que el estudio no tiene vigencia debido a que fue realizado hace casi 13 años. Sin embargo, en su momento tanto Martínez como Restrepo señalaron los errores metodológicos que terminan haciendo llegar a la conclusión de una impunidad entre el 90% ó 99%, el método embudo, el mismo método que se sigue empleando en la actualidad.

Esta metodología consiste en que se toma en cuenta los datos de delitos cometidos que reporta el Dane y eso se compara con el número de sentencias condenatorias. Esa misma metodología la usó Martínez en su posesión como Fiscal para anunciar la cifra de impunidad cercana al 99%.

“La encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Dane en 2015, estableció que la criminalidad oculta en Colombia asciende al 76%. Es decir, los colombianos solo denuncian 24 de cada 100 delitos”, dijo el Fiscal y agregó: “Extrapolando el número de denuncias recibidas el año anterior, con base en la tasa de criminalidad negra, en el 2015 se habrían cometido en el país 3.5 millones de delitos. Las 51.000 condenas proferidas, representan escasamente el 1,4% de los mismos. Lo que quiere decir que la impunidad en Colombia ronda por el 99%”.

Embudo con salida a la impunidad

En su investigación Martínez y Restrepo demuestra la inconveniencia de tomar los delitos reportados por el Dane y compararlos con sentencias condenatorias para concluir una cifra de impunidad por varias razones.

En primer lugar porque los delitos publicados por el Dane son los denominados “cifra negra”, es decir, los delitos que se cometen pero nunca llegan al sistema penal porque no son denunciados. ¿Cómo puede la justicia responder por lo que no se denuncia?

“Es prácticamente imposible que este tipo de impunidad sea responsabilidad del sistema penal”, sostiene la página tres de la investigación doctoral y lo reafirmó la misma Elvira María Restrepo, 13 años después, en entrevista con Colombiacheck, “no se puede juzgar la impunidad por lo que no llega al sistema”.

La investigación en su página cuatro señala que “hay que diferenciar entre el crimen reportado o conocido por las autoridades, y la cifra negra o criminalidad oculta” a la hora de hablar de impunidad. Algo que palpablemente no hace el Dane, la fuente que usó el Fiscal General.

Respecto al hecho de solo tomar sentencias condenatorias para medir la impunidad, la investigación también hace un llamado a la cordura y explica que las sentencias condenatorias no son el único mecanismo indicativo para medir la impunidad.

En referencia a las sentencias condenatorias dice que “tampoco tiene en cuenta los diferentes tipos de terminación de los procesos que no siempre pueden definirse como impunidad, tales como las preclusiones por inexistencia del delito y otros aspectos”. En referencia al tema, Restrepo explicó a Colombiacheck que hay una cantidad de autos inhibitorios (terminación de procesos penales) que se dan porque las personas no aportan pruebas o simplemente dejan ‘morir’ los procesos.

Para lograr más luces frente al tema, este medio contactó a Sergio Chaparro Hernández, investigador del Colectivo Latinoamericano de Estudios de Drogas y Derecho, quien explicó cómo podría ser una adecuada medición de la impunidad que en todo caso no resulta una tarea sencilla.

Según Chaparro Hernández, lo primero que habría que hacer es tener en cuenta “el nivel de subregistro de denuncias para calcular el universo posible de delitos cometidos. Segundo, con base en eso tendría que tener en cuenta que el sistema judicial puede tener distintos tipos de cierre de los casos y que no necesariamente el hecho de tener una sentencia condenatoria significa que haya impunidad”, aclaró Chaparro, quien afirmó que esto sería solo el inicio de una extensa y compleja metodología para medir la impunidad.

El investigador fue más allá y manifestó que “lo que los políticos hacen es tomar las cifras que ven en los medios como cifras correctas y no entran a preguntarse cuál es el proceso de producción de esas cifras. Una vez que salen a medios se convierte en una especie de caja negra que los políticos dan por verdadero. Yo diría que no es producto de un estudio riguroso (la cifra del 98% y 99%) aunque sin duda los niveles de impunidad en Colombia son muy altos”.

Para tener un dato mucho más riguroso en cuanto a la impunidad, Colombiacheck tuvo acceso a Índice Global de Impunidad México 2016 de la Universidad de las Américas Puebla. La investigación hace una escala del nivel de impunidad en 59 países, explica en qué consiste el índice y también sin vacilaciones critica el método embudo.

“Es un índice compuesto y complejo. Compuesto porque incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Es un índice complejo porque es un modelo econométrico de 19 variables. Para nosotros la impunidad debe ser explicada en su complejidad y no simplemente por el cociente que resulta al dividir delitos cometidos entre sentencias condenatorias”, manifiesta la investigación en la página trece.

En su página 23 el índice de la Universidad de la Américas Puebla muestra que Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar de países con mayor impunidad, posición que solo superan Filipinas y México. Es decir, sí es importante hacer énfasis en que el país tiene problemas de impunidad, lo que pasa es que el diagnóstico debe hacerse con mayor rigurosidad y no basado en mitos que desinforman.

En referencia a cifras de impunidad de 99% o similares, las investigadoras Martínez y Restrepo señalaron en sus 37 páginas de tesis doctoral, la inconveniencia de hablar de cifras de ese calibre, además, señalaron los diferentes tipos de impunidad que existen en el sistema judicial colombiano.

Una de las conclusiones de la investigación es que el tipo de datos obtenidos con el método del embudo sobre impunidad “podrían ser verdad o simplemente mitos peligrosos”, pero no son comprobados. Esa fue la principal alerta que las investigadoras hicieron hace 13 años pero que ni la senadora López, ni el fiscal Martínez tuvieron en cuenta para que sus trinos y discursos sobre el tema fueran exactos y, sobre todo, responsables frente a los colombianos quienes los reconocen como líderes y orientadores de la opinión pública.