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Viernes, 12 Abril 2019

Impunidad en Justicia y Paz supera el 90 por ciento, pero Lozano exageró

Por José Felipe Sarmiento

A la senadora de la Alianza Verde se le fue la mano al criticar el escaso número de sentencias que ha producido el sistema transicional creado para los desmovilizados en 2005.

En un mensaje que celebraba la negación en la Cámara de Representantes de las seis objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la senadora Angélica Lozano comparó esta jurisdicción con el sistema transicional creado en 2005 para los desmovilizados de grupos armados ilegales, en especial las AUC, por medio de la Ley de Justicia y Paz.

La congresista de la Alianza Verde señaló en Twitter que el “99 por ciento de casos de paramilitares quedó en absoluta impunidad y la verdad enterrada”. Colombiacheck le preguntó por esa cifra y reconoció no estar segura. “No tengo el dato exacto”, dijo. Pero insistió en que ese proceso había emitido “una cifra microscópica de sentencias en más de 10 años de funcionamiento, me atrevo a asegurar que fueron menos de 40”.

Captura de pantalla del tuit de Angélica Lozano sobre Justicia y Paz

En 2017, la Contraloría publicó un estudio sobre los resultados de Justicia y Paz, que calificó como “insatisfactorios”. Con base en datos de la Fiscalía, afirmó que este sistema había producido 47 sentencias condenatorias contra 195 personas hasta 2016, tras 11 años de vigencia. Es decir que solo 8,2 por ciento de los 2.378 exparamilitares que estaban postulados habían sido sujetos de una decisión judicial. Por tanto, la impunidad en esos años se podía calcular en 91,8 por ciento.

El mismo documento registró que los hechos delictivos cobijados por esos fallos habían sido 5.401, un 6,6 por ciento de los 82.114 imputados por la Fiscalía, y que se había reconocido a 26.778 víctimas de las 211.013 relacionadas con esos casos, un 12,7 por ciento. Además, la mitad de los 4.981 postulados originales habían salido del proceso.

La Dirección de Justicia Transicional del ente acusador publicó sus propias cifras hasta el 6 de junio de 2017, que retomó un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2018. Hasta ese momento iban 50 sentencias que cobijaban a 205 exparamilitares, 6.004 hechos y 28.055 víctimas.

Con el número de postulados constante, la impunidad habría bajado cuatro décimas porcentuales en dos años, a 91,4 por ciento. “Luego de 12 años de haberse implementado [la Ley de Justicia y Paz], las cifras relacionadas con impunidad y violencia en contra de las víctimas de los paramilitares son alarmantes”, concluye el primer capítulo de la publicación.

Un balance del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se aproxima más al dato de Lozano, pero su fecha de corte es el 31 de julio de 2015. Esto quiere decir que es más antiguo que los anteriores, aunque cubre exactamente los 10 primeros años de la ley, expedida en el mismo mes de 2005.

Sus números, también basados en la Fiscalía, hablan de 35 sentencias en tribunales (primera instancia) y 15 en la Corte Suprema de Justicia (segunda), que decidieron sobre 125 exparamilitares entre 3.666 postulados. Esto da una impunidad de 96,6 por ciento.

Hay que mencionar que esta ineficacia se debió a que “inicialmente, la Fiscalía, que no tenía experiencia en procesos de justicia transicional, desarrolló una metodología de investigación de caso por caso e identificación de todos los autores”, explica Gabriel Ignacio Gómez, investigador de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia. Por eso, como lo contamos en otro chequeo reciente, en los primeros siete años solo salieron 10 sentencias.

La directora en Colombia del Instituto Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), María Camila Moreno, le dijo el pasado 9 de marzo a la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que “el aprendizaje de Justicia y Paz es absolutamente valioso para este país”, porque al principio “nadie sabía qué era eso de investigar crímenes de carácter internacional, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad”. Ese cambio de enfoque permitió aumentar los resultados en los años siguientes. 

También señaló que la información que revelaron los procesos ha mejorado la comprensión sobre el paramilitarismo y ha visibilizado las responsabilidades de otros actores y su relación con la Fuerza Pública. “Eso es importantísimo y (...) ha tenido algún eco en la justicia ordinaria. No como lo que esperábamos, pero ha habido resultados gracias a lo que dijeron los paramilitares en las versiones libres”, reconoció en la entrevista.

Otro informe del CNMH, este sobre la verdad surgida de ese sistema hasta 2012, también reconoce los esfuerzos de algunas fiscales por satisfacer este derecho de las víctimas. No obstante, es crítico de los relatos construidos en algunos casos porque privilegiaron las versiones de los victimarios, aunque el sistema sí contaba con mecanismos para contrastar con otras pruebas.

Además, el documento critica las consecuencias que tuvieron las extradiciones de ex altos mandos de las AUC, para que respondieran por narcotráfico en Estados Unidos. Por ejemplo, “con la extradición de “H.H” (Éver Veloza), quedaron por esclarecer al menos 11.000 hechos delictivos que la Fiscalía había recopilado contra este exjefe de los Bloques Bananero y Calima de las Autodefensas” en la región del Urabá y el Valle del Cauca.

Por tanto, a pesar de las altas tasas de impunidad y del debate sobre el aporte de Justicia y Paz a la verdad, el cálculo de la senadora es cuestionable. Le puso ocho puntos porcentuales por encima a la proporción conocida en el informe público más reciente y tampoco le atinó a la cantidad de sentencias.

Jueves, 20 Abril 2017

¿En Colombia sabemos qué es, exactamente, el paramilitarismo?

Por Sania Salazar

Colombiacheck y Rutas del Conflicto consultaron historiadores, periodistas, habitantes de Puerto Boyacá y fuentes documentales para determinar qué son los grupos paramilitares, cuándo iniciaron su accionar y si existe el peligro de que se rearmen.

En Colombia, con un conflicto armado en el que intervienen diversos actores y en el que confluyen multiplicidad de circunstancias, el lenguaje ha dado, incluso, para encontrarle diversos eufemismos a la barbarie. Tal vez el paramilitarismo ha sido la forma violenta a la que más nombres se le han puesto. ‘Masetos’, ‘Paracos’, ‘Aguilas Negras’ han sido solo algunos sinónimos que se han extendido a través de los medios de comunicación, lo que en ocasiones no ha permitido llamar a las cosas por su nombre y ha generado confusiones. ¿Sabemos en Colombia que es, exactamente, el paramilitarismo y cuándo nació? ¿Todavía hay paramilitares? Calificamos este chequeo como engañoso, por la multiplicidad de informaciones que hacen difícil distinguir la realidad.

El historiador Germán Sahid, explica que los grupos de autodefensa son aquellos a los que el Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica contrainsurgente. “Otra cosa son los grupos de justicia privada, empresarios, legales o ilegales, que crean grupos privados armados para defender su operación criminal o ilegal”, aclara.

Según Sahid, las autodefensas nacen en Colombia en 1964.

Escucha"Origen del paramilitarismo en Colombia" en Spreaker.

La idea de conformar grupos antisubversivos surgió simultáneamente en diferentes regiones del país, iniciativas que luego se juntaron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero ese objetivo no era exclusivamente contrainsurgente, tenía detrás varios intereses.

En el libro Guerras recicladas, la periodista María Teresa Ronderos cuenta la historia del paramilitarismo en Colombia. No es para nada gratuito que el primer capítulo se titule Las autodefensas de Puerto Boyacá, modelo para armar. Allí Ronderos relata que el secuestro, en 1979, de alguien muy querido en la región fue uno de los hechos que desató las acciones de “lo que iba a ser el principal grupo paramilitar del país durante casi una década” liderado principalmente por la familia Pérez. Fue precisamente Henry Pérez, quien convirtió a Puerto Boyacá en “La capital antisubversiva de Colombia”.

“Las de Henry Pérez no fueron las únicas autodefensas del Magdalena Medio que incentivó el Ejército. Desde fines de los años setenta, un finquero mediano que cultivaba la tierra de su familia y criaba cerdos y gallinas, originario de Sonsón, Antioquia, y llamado Ramón Isaza, había ya formado su propio grupo armado para defenderse de la guerrilla”. Este grupo se llamó Los Escopeteros, pero había más grupos en esa región, que a mediados de los 80 operaban bajo las órdenes de Henry Pérez en lo que se denominó Autodefensas de Puerto Boyacá.

El Informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica explica que “la explosión del fenómeno paramilitar puso en escena el entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado. Esta nueva intervención del financiamiento del narcotráfico se produjo por la confluencia de los intereses de tres sectores: los de las élites económicas, que buscaban defender su patrimonio, como sucedió con la organización que les sirvió de fachada en Puerto Boyacá, la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio − Acdegam; los de los propios narcotraficantes, que buscaban expandir sus negocios ilegales y querían protegerse de las presiones extorsivas de la guerrilla a los laboratorios y a la compra de hoja de coca; y los de los militares, que tenían como propósito atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno”.

Unión de fuerzas

El mismo informe señala que los grupos paramilitares del Magdalena medio se consolidaron y que además irrumpieron nuevos grupos en varias zonas del país: en Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta, con Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los Llanos Orientales y Putumayo, con los aparatos armados al servicio del narcotráfico.

En la unificación de estos grupos a mediados de los noventas tuvo mucho que ver la familia Castaño Gil, de Amalfi, Antioquia.

En su libro, Ronderos cuestiona el gran mito fundacional del grupo paramilitar creado por Fidel Castaño y varios de sus hermanos: el dolor del secuestro y posterior asesinato del padre. La periodista deja al descubierto que hay inconsistencias en los testimonios de la familia sobre la fecha y las circunstancias del hecho y relata ampliamente cómo Fidel, el hermano mayor, ya tenía negocios ilícitos mucho antes de crear el grupo antisubversivo, que además, le servía para cuidar de esos intereses.

En el libro En la Encrucijada, Colombia en el Siglo XXI, capítulo Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir, Mauricio Romero, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario cuenta que fueron Carlos Castaño y Ernesto Báez, entre otros, quienes iniciaron el proyecto de centralización política y militar de los grupos paramilitares. Primero crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y luego conformaron una confederación nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

“En efecto, el periodo entre 1994 y 1997 fue de un intenso trabajo organizativo interno para darle un perfil político y militar más definido a lo que hasta el momento eran diferentes grupos dispersos en distintas regiones del país, sin un distintivo claro, uniforme reconocible, estatutos, propósitos públicos y una estructura de mando identificable”, dice el texto.

Según el relato de Romero, crear una federación nacional, como se propuso Carlos Castaño, partiendo de una diversidad de intereses locales y particulares, la mayoría ligados a negocios ilegales, parecía imposible.

“Las condiciones para poder hacer parte del proyecto de federación era comprometerse a fondo con la lucha antisubversiva y adoptar los distintivos de las AUC. Cada frente era autónomo para desarrollar sus finanzas y relaciones locales, pero cualquier acuerdo con la guerrilla era considerado una traición. La ventaja para los jefes regionales de los aparatos ilegales era la participación en una organización nacional que podía negociar con mayor nivel de tolerancia para sus actividades, incluidas las ilegales. Además, la vinculación a la federación ofrecía la posibilidad de hacer parte de una negociación futura con el gobierno, y tener una puerta para un potencial regreso a la legalidad”.

El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició en 2002 una negociación con los paramilitares que terminó en una desmovilización y desarme parcial, pero que no tuvo éxito, entre otras cosas, precisamente porque no fue total, lo que derivó en que algunos integrantes de las autodefensas se rearmaran en el crimen organizado o en grupos similares o que se autodenominan paramilitares.

Finalmente Sahid explica que lo que se conoce ahora como neoparamilitares son grupos de criminales desmovilizados de todos los grupos armados, que hacen parte de las bandas criminales y que se reciclan en el negocio de la criminalidad

“Muy posiblemente en esta transición todavía no tenemos grupos completamente consolidados como autodefensa en el sentido de contrainsurgencia, pero muy posiblemente en unos cuatro o cinco años volvamos a tener insurgencias y contrainsurgencias por la incapacidad del Estado de construir instituciones después del acuerdo con las Farc o del acuerdo de Ralito”, concluye el historiador.