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Miércoles, 13 Marzo 2019

JEP sí tiene competencia para impedir la extradición de ‘Jesús Santrich’

Por José Felipe Sarmiento

El abogado Abelardo de la Espriella negó que la justicia transicional pueda decidir, ante la petición de Estados Unidos, que el exjefe guerrillero permanezca en Colombia. La Constitución lo contradice.

En una columna reciente, el abogado Abelardo de la Espriella se despachó contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la captura de uno de sus fiscales, acusado de recibir un soborno con el supuesto propósito de influir en el proceso de extradición que cursa allí contra el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’.

Según el texto, publicado en el portal de la firma De la Espriella Lawyers y otros dos sitios de internet, el envío del integrante de la Farc a Estados Unidos “no se ha dado, por las trabas que le ha puesto la JEP, pese a que no tiene competencia legal para impedirlo”. 

Captura de pantalla de la columna de De la Espriella en la página de su firma con la frase resaltada

Santrich es solicitado en ese país para que responda por su presunta participación en una conspiración narcotraficante que habría sido posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz. Por eso fue capturado en abril de 2018 y está a la espera de que la sección de revisión del Tribunal de Paz, máximo organismo de la justicia transicional, defina si la fecha de los hechos por los que lo acusan en efecto fue después de la firma.

Este proceso, en efecto, ha enfrentado obstáculos. Por ejemplo, la pérdida de una carta en la que Colombia le pedía a la justicia estadounidense el envío de pruebas al respecto, lo que obligó a ampliar el plazo para recibirlas.

Pero De la Espriella se equivoca en su última frase, que es falsa. El tribunal sí tiene poder constitucional para impedir que Santrich sea extraditado, en caso de que no se logre probar que la supuesta conducta delictiva ocurrió después de la firma. Eso es lo que se conoce, precisamente, como la garantía de no extradición que quedó establecida en el punto 5.1.2.42 del Acuerdo del Teatro Colón:

“No se podrá conceder extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR”.

En seguida se establece que, cuando algún exmiembro de la guerrilla sea pedido por la justicia de otro país, la sección de revisión del Tribunal de la JEP debe determinar la fecha de la conducta por la que se le acusa.

Si los hechos ocurrieron luego de la firma, el proceso pasa a la justicia ordinaria y el supuesto implicado queda expuesto a que la Corte Suprema de Justicia avale su extradición y el Presidente la firme. En cambio, si sucedieron antes de esa fecha, el caso va a la sala de reconocimiento y el presunto responsable mantiene la garantía pactada.

Este procedimiento forma parte de la Constitución por medio del artículo transitorio 19 del acto legislativo que le dio origen al Sistema. Además, pasó un examen previo de la Corte Constitucional para poder ir a sanción presidencial y entrar en vigencia. Este tribunal le dio su aval a la norma sin salvedades en esta materia.

Colombiacheck le escribió a De la Espriella al correo que pone al final de la columna y lo trató de contactar por teléfono en sus oficinas de Bogotá y Barranquilla para buscar una versión ampliada de su argumento. No obstante, al momento de la publicación de esta nota, no había contestado. Una abogada de la empresa devolvió la llamada y averiguó por el motivo de la entrevista, pero tampoco respondió a nombre de él.

Es posible que en la columna se estuviera refiriendo a la suspensión que hizo la JEP del proceso de extradición de Santrich a partir del momento en el que asumió el caso, en mayo del año pasado. La decisión de la sección de revisión se basó en el artículo 134 del reglamento interno que la jurisdicción se dio a sí misma y un protocolo que había expedido la misma sala para el trámite de este tipo de solicitudes, por medio de los cuales se atribuyó esa facultad.

Esa actuación de los magistrados fue duramente criticada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que la calificó como un “desafío al orden constitucional”. Incluso el jurista Rodrigo Uprimny, que ha sido defensor del proceso de paz, admitió en una columna para el diario El Espectador que la JEP cometió “errores” al tomar esa determinación, a pesar de que consideró “exageradas” las afirmaciones de la Fiscalía.

“Es discutible que la JEP tenga competencia para ‘suspender’ una extradición, ya que ninguna norma constitucional ni legal le atribuye explícitamente esa facultad. Y mal podría la JEP invocar, como lo hizo, su propio reglamento para tomar esa decisión, pues la reforma constitucional que creó la JEP (AL Nº 1 de 2017) expresamente prohíbe que el reglamento contenga normas procesales”, escribió el investigador del tanque de pensamiento DeJusticia.

En efecto, la disputa entre la entidad que representa Martínez Neira y la JEP fue resuelta por la Corte Constitucional a favor de la primera. El alto tribunal determinó que la suspensión y las normas en que se basó desconocían la independencia de poderes y la colaboración armónica entre ellos, consagradas en la Carta de 1991. En consecuencia, dejó sin efecto la decisión y declaró inaplicables tanto el protocolo como el artículo 134 del reglamento de la jurisdicción.

Esto, sin embargo, es distinto a negar la competencia de la justicia transicional para impedir la extradición de Santrich. Se refiere solo a la suspensión del proceso mientras la JEP lo estudiaba. Por lo tanto, la afirmación que hizo De la Espriella sigue siendo falsa.

Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.