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Viernes, 08 Junio 2018

La información del narcotráfico que aún no entregan las Farc

Por Laura Camila Pinilla

Aunque los desmovilizados de la exguerrilla tienen el deber de revelar todo lo que sepan sobre los eslabones del narcotráfico, aún no lo han hecho. La lentitud en la implementación del acuerdo retrasa el conocimiento de la verdad.

Aunque en esta segunda etapa de campaña el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ha moderado su lenguaje en cuanto a lo que hará con el acuerdo de paz con las Farc, en redes sociales aún circula un video en el que Duque expone su dura postura frente a la eficacia de los mecanismos de justicia transicional de ese acuerdo.

El video empezó a rodar desde que el exguerrillero Jesús Santrich fue puesto preso con fines de extradición, por la presunta participación en un envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero el candidato también ha expresado su inconformidad en otros espacios, como un foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde advirtió que: “ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos”.

¿Qué tan cierta es esta afirmación? Colombiacheck le puso el ojo a esta frase.

Como lo contamos en otro chequeo, en el que indagamos si los excombatientes tenían la obligación de delatar a quienes hacen parte de la cadena de narcotráfico, el cuarto punto del pacto final indica:

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades.

Lo anterior significa que los exintegrantes de las Farc que hayan estado involucrados en temas de narcotráfico tienen el compromiso de entregar todo tipo de información relacionada con esta dinámica ilícita. La Jurisdicción Especial para la Paz, institución encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto, hasta el momento no ha recibido esta información.

Según Hernando Salazar, jefe de prensa de la JEP, “los expertenecientes a las filas de las Farc que se sometieron a la JEP todavía no han venido a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de nexos y conductas. Este es un tema de tiempos. Se sometieron pero no han hecho llegar esta información en particular”, afirmó Salazar.

Aunque es cierto que luego de la firma del Acuerdo de paz los exmilitantes no han entregado los datos de su modus operandi en el narcotráfico, hay que tener en cuenta que el proceso apenas está comenzando. La JEP, junto con el Sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición no ha convocado a las personas que deben comparecer porque, por el momento, está recogiendo los informes de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones sociales sobre el conflicto y los informes que le lleguen de la Fiscalía.

Este proceso de planificación pondría a disposición de los funcionarios de la JEP toda la información de contexto y expediente criminal de cada reintegrado para hacer las convocatorias pertinentes en los próximos meses.

Además de esto, el eslabón perdido del tema del narcotráfico está en los antiguos frentes que no se acogieron al proceso de paz. Fuentes oficiales y extraoficiales afirman que las rutas quedaron a cargo de las disidencias que continuaron con el narcotráfico. Según un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en abril de este año, un argumento para explicar las disidencias de las Farc está, entre muchas razones, en la presión que ejercieron los narcotraficantes de la zona para continuar con esta dinámica.

También, InSight Crime, portal informativo dedicado al análisis e investigación del crimen organizado, señaló que el narcotráfico y la extorsión son los principales objetivos de estos grupos.

Un ejemplo de esto es el Frente 1 de las Farc, la disidencia que controla los cultivos de coca en tres municipios de Guaviare: San José́ del Guaviare, Calamar y Miraflores; además, maneja dos rutas internacionales para el envío de cocaína, según InSight Crime.

La FIP publicó también una infografía que expone la economía de guerra de los grupos disidentes. Entre las actividades ilícitas de financiamiento se destaca el procesamiento y tráfico de estupefacientes, la regulación de la compra y venta de hoja de coca y pasta de coca, producción de cocaína, microtráfico y narcotráfico.

La anterior información da cuenta de que mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está trabajando de acuerdo con las etapas establecidas, el narcotráfico está volviendo a ganar terreno en las zonas de asentamiento de los grupos disidentes. Esto, en parte, puede ser respuesta a los vacíos y demoras en la ejecución del acuerdo.

 

* Laura Camila Pinilla: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: Ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático

    Fuentes: Fundación Ideas para la Paz, InSight Crime, Jurisdicción Especial para la Paz, documento del acuerdo final entre el Gobierno colombiano y las Farc

    Contexto: foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

    Calificación: Aproximada

Martes, 30 Mayo 2017

“El plan pistola ya ha cobrado la vida de 17 uniformados”

Por Paula Vásquez

Según León Valencia esa es la cifra de policías asesinados en los últimos meses debido al plan pistola que ejecuta el Clan del Golfo. Las cifras oficiales y los medios de comunicación hablan de menos casos, por eso la consideramos exagerada.

El pasado 21 de mayo en su columna en la revista Semana León Valencia, exmilitante del ELN y actual director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), aseguró: “el plan pistola ya ha cobrado la vida de 17 uniformados”. Colombiacheck llamó a Pares para averiguar de qué fuente tomó la cifra su director y para aclarar a qué se refiere con el término “uniformados”. Carlos Montoya, investigador de Pares, explicó que la cifra proviene de investigaciones realizadas en la Fundación. Estudios que, según dijo, incluyen monitoreo de prensa e investigación de campo. Indicó además que la cifra de policías muertos tenía corte al 15 de mayo y que el término uniformados se refiere a policías y no a militares.

En Pares prometieron enviar a Colombiacheck el estudio en el que se basó Valencia, pero hasta la publicación de esta nota no lo han hecho.

Luego de contrastar las cifras oficiales y de hacer un monitoreo de los casos reportados en los medios de comunicación, Colombiacheck califica esta afirmación como inflada pues la evidencia conseguida no respalda lo dicho por Valencia.

Lo primero que hizo Colombiacheck fue preguntar en la oficina de prensa del Ejército cuántas víctimas se han registrado en la institución por cuenta del plan pistola. “No tenemos ni un solo militar, el plan pistola no incluye Ejército, es Policía”, respondieron. Así descartamos la posibilidad de un incremento en las cifras debido a la contabilización de militares entre las bajas por el ‘plan pistola’.

A continuación revisamos las cifras dadas por el general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional el 19 de mayo, un día antes de las declaraciones de Valencia, en una entrevista con RCN Radio donde afirmó: “la Policía Nacional ha perdido nueve policías, 37 han resultado lesionados en esta arremetida del Clan del Golfo”.

Horas después de que el general Nieto reportó nueve policías asesinados, los medios informaron sobre el asesinato de un patrullero en Pueblorrico, Antioquia, con lo que el saldo de policías asesinados en desarrollo del plan pistola aumentó a diez.

Pese a ello, la diferencia entre lo mencionado por Valencia y lo reportado por el General Nieto es de siete policías asesinados, una disparidad que llama la atención, especialmente por provenir de un analista que se destaca por conseguir información de primera mano sobre el conflicto y la violencia urbana en Colombia.

Colombiacheck consultó otras fuentes, entre ellas el Ministerio de Defensa, pero ninguna menciona las 17 muertes de las que habló Valencia en su columna. Entre las fuentes tampoco hay consenso sobre el número exacto de policías asesinados.

 

 

Por ejemplo, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, en un informe realizado el 15 de mayo pasado, afirma que, “en estas acciones han muerto ocho policías y un civil; además resultaron heridos dieciséis policías, ocho civiles, dos guardianes del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y un soldado del Ejército”.

Plan pistola

El pasado 12 de mayo en el programa La Noche, el defensor del pueblo, Carlos Negret, dijo que según el sistema de alertas tempranas, identificaron la existencia de un llamado ‘plan pistola’, en el que el grupo delincuencial Clan del Golfo estaría pagando hasta dos millones por cada policía asesinado.

“El sistema de alertas tempranas de la Defensoría nos permite identificar que hay unos informes de riesgo para asesinar miembros de las Fuerzas Militares y en especial la Policía, desde la Defensoría decimos que estos atentados tienen que parar. A las Fuerzas Militares les pedimos que redoblen las medidas de protección”, solicitó Negret.

Según el general Nieto, la ofensiva contra los policías empezó como respuesta al asesinato de alias ‘Pablito’, cabecilla del Clan el Golfo, a quien ultimaron durante los primeros días de mayo. Hay que recordar que no es la primera vez que ese grupo acude a esta estrategia que, de acuerdo con la revista Semana, ya tuvo un primer capítulo en marzo de 2016, cuando sicarios del Clan del Golfo mataron a tres policías en Cartagena.

Según el artículo De Pablo Escobar, al Clan del Golfo, pubicado en el portal de esa revista, “esta ofensiva mafiosa del Clan del Golfo se basa en una cobarde estrategia inventada por Pablo Escobar en la época de la persecución contra el capo y el cartel de Medellín en los años noventa. Conocida como plan pistola, consiste en asesinar policías a sangre fría y por la espalda”.

Una de las mayores preocupaciones con el accionar de este grupo al margen de la ley es, como afirma Ariel Ávila, subdirector de Pares, que está intentando ocupar las zonas que dejaron las Farc, “el principal riesgo para la implementación del proceso de paz es esta banda criminal que está copando las zonas rurales que las Farc dejó. En los últimos meses, con las denuncias hechas en ese sentido, la ofensiva y la presión contra ellos arreció, por eso es que realizan este plan pistola”.

Hasta la fecha de esta publicación dos asesinatos de policías están en investigación. Se trata de la muerte del uniformado Mac Jordy Miranda Carrillo, ocurrida el 22 de mayo en Barranquilla y la muerte del soldado Rubén Darío Ramos, en el Meta, el pasado miércoles 25 de mayo que los medios de comunicación atribuyen iniciamente al Clan del Golfo.