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Viernes, 08 Junio 2018

La información del narcotráfico que aún no entregan las Farc

Por Laura Camila Pinilla

Aunque los desmovilizados de la exguerrilla tienen el deber de revelar todo lo que sepan sobre los eslabones del narcotráfico, aún no lo han hecho. La lentitud en la implementación del acuerdo retrasa el conocimiento de la verdad.

Aunque en esta segunda etapa de campaña el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ha moderado su lenguaje en cuanto a lo que hará con el acuerdo de paz con las Farc, en redes sociales aún circula un video en el que Duque expone su dura postura frente a la eficacia de los mecanismos de justicia transicional de ese acuerdo.

El video empezó a rodar desde que el exguerrillero Jesús Santrich fue puesto preso con fines de extradición, por la presunta participación en un envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero el candidato también ha expresado su inconformidad en otros espacios, como un foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde advirtió que: “ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos”.

¿Qué tan cierta es esta afirmación? Colombiacheck le puso el ojo a esta frase.

Como lo contamos en otro chequeo, en el que indagamos si los excombatientes tenían la obligación de delatar a quienes hacen parte de la cadena de narcotráfico, el cuarto punto del pacto final indica:

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades.

Lo anterior significa que los exintegrantes de las Farc que hayan estado involucrados en temas de narcotráfico tienen el compromiso de entregar todo tipo de información relacionada con esta dinámica ilícita. La Jurisdicción Especial para la Paz, institución encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto, hasta el momento no ha recibido esta información.

Según Hernando Salazar, jefe de prensa de la JEP, “los expertenecientes a las filas de las Farc que se sometieron a la JEP todavía no han venido a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de nexos y conductas. Este es un tema de tiempos. Se sometieron pero no han hecho llegar esta información en particular”, afirmó Salazar.

Aunque es cierto que luego de la firma del Acuerdo de paz los exmilitantes no han entregado los datos de su modus operandi en el narcotráfico, hay que tener en cuenta que el proceso apenas está comenzando. La JEP, junto con el Sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición no ha convocado a las personas que deben comparecer porque, por el momento, está recogiendo los informes de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones sociales sobre el conflicto y los informes que le lleguen de la Fiscalía.

Este proceso de planificación pondría a disposición de los funcionarios de la JEP toda la información de contexto y expediente criminal de cada reintegrado para hacer las convocatorias pertinentes en los próximos meses.

Además de esto, el eslabón perdido del tema del narcotráfico está en los antiguos frentes que no se acogieron al proceso de paz. Fuentes oficiales y extraoficiales afirman que las rutas quedaron a cargo de las disidencias que continuaron con el narcotráfico. Según un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en abril de este año, un argumento para explicar las disidencias de las Farc está, entre muchas razones, en la presión que ejercieron los narcotraficantes de la zona para continuar con esta dinámica.

También, InSight Crime, portal informativo dedicado al análisis e investigación del crimen organizado, señaló que el narcotráfico y la extorsión son los principales objetivos de estos grupos.

Un ejemplo de esto es el Frente 1 de las Farc, la disidencia que controla los cultivos de coca en tres municipios de Guaviare: San José́ del Guaviare, Calamar y Miraflores; además, maneja dos rutas internacionales para el envío de cocaína, según InSight Crime.

La FIP publicó también una infografía que expone la economía de guerra de los grupos disidentes. Entre las actividades ilícitas de financiamiento se destaca el procesamiento y tráfico de estupefacientes, la regulación de la compra y venta de hoja de coca y pasta de coca, producción de cocaína, microtráfico y narcotráfico.

La anterior información da cuenta de que mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está trabajando de acuerdo con las etapas establecidas, el narcotráfico está volviendo a ganar terreno en las zonas de asentamiento de los grupos disidentes. Esto, en parte, puede ser respuesta a los vacíos y demoras en la ejecución del acuerdo.

 

* Laura Camila Pinilla: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: Ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático

    Fuentes: Fundación Ideas para la Paz, InSight Crime, Jurisdicción Especial para la Paz, documento del acuerdo final entre el Gobierno colombiano y las Farc

    Contexto: foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

    Calificación: Aproximada

Miércoles, 25 Enero 2017

Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía

Por Sania Salazar

Por ahora solo se podrían beneficiar los guerrilleros acusados de rebelión y delitos conexos, pues los demás casos los resolverá la JEP, que aún no existe. Pero falta que esté listo el acta de compromiso que deben firmar los guerrilleros para que la amnistía quede en firme.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento Voces de Paz en la Cámara de Representantes, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero que ya se podía solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía porque no se necesitaba el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

 

 

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la frase como aproximada, pues aunque la ley está vigente, falta un documento que los beneficiarios de la misma deben firmar para que la amnistía se materialice.

La frase genera confusiones, primero porque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había explicado que se necesitaba la existencia de la JEP para aplicar la amnistía y el debate sobre la creación de la JEP apenas empezó el 18 de enero en la Cámara de Representantes, donde le dieron un primer visto bueno en la Comisión Primera.

“Es la ley que va a determinar todo el marco en el cual debe trabajar la Justicia Especial para la Paz, en su sala de amnistía, para de alguna manera avanzar en todo el proceso de aplicación de la justicia transicional. Necesitamos crear la justicia transicional para aplicar la ley de amnistía”, aclaró Cristo en entrevista publicada por el periódico El Universal, de Cartagena.

Colombiacheck habló con Rivera quien aclaró que “ya se puede solicitar para los delitos de iure (los que son reconocidos por la ley), como los conexos con el delito político, todo lo demás tiene que esperar a la JEP, pero esos trámites ya se pueden desarrollar porque la ley de amnistía es clara en que hay unas personas que pueden salir porque los delitos por los que los sindican son delitos de carácter político”.

Hay que aclarar, primero, que la amnistía de iure (que se usa como contrario a de facto y significa por virtud o ministerio de la ley, según explica la Real Academia de la Lengua Española) es la que se aplicará a los guerrilleros rasos, “a quienes serían responsables por acciones propias de pertenecer a una guerrilla que se alzó en armas contra el Estado, tales como porte ilegal de armas o uso de uniformes privativos de la Fuerza Pública”, explica Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

Según la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, mejor conocida como Ley de Amnistía e Indulto, en el artículo 17, la amnistía “se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma”, eso quiere decir que entró en vigencia desde el pasado 30 de diciembre, cuando el Presidente Santos la sancionó.

“Hay puntos específicos en los que no es posible aplicar la amnistía o indulto si no están en funcionamiento las salas y secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de aquellos casos en los que no resulta claro, a primera vista, si se trata de delito de rebelión o conexos o puede catalogarse como un crimen internacional que no sería objeto de amnistía ni indulto”, precisó la investigadora.

“Para quienes están en zonas de normalización la ley tendrá efectos reales cuando termine el calendario de la dejación de armas. Si es alguien investigado penalmente, tendrá efectos cuando el fiscal conozca que esa persona fue beneficiada por la amnistía y no continúe con la investigación penal. Si es condenado, cuando le levanten la condena y lo dejen libre”, explicó Güiza.

Pero falta un papel

Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, indicó que hay jueces que le han preguntado por el acta de compromiso que deben firmar los beneficiados con la amnistía, pues ya han recibido solicitudes para aplicar esa ley.

“Está pendiente el acta de compromiso que tienen que firmar todas las personas para salir en libertad, los beneficiados con la amnistía de Iure, que se comprometen a no volver a la lucha armada, y los que salen con libertad condicional, que se comprometen a acudir ante la JEP en caso de ser llamados, a no salir del país sin autorización y a reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales. La Secretaría Ejecutiva de la JEP está poniendo en marcha el procedimiento para suscribir el acta, se está discutiendo un borrador para que los distintos involucrados estén de acuerdo en su contenido, luego ya se pasa a lo operativo de la suscripción de las actas. Es el paso que falta para hacer efectiva la amnistía”, aclaró Díaz.

La funcionaria agregó que las Farc debe entregar una lista con los nombres de los guerrilleros que se beneficiarán con la amnistía, lista que servirá para corroborar que quienes pasen por las Zonas Veredales Transitorias de Normalización pertenezcan efectivamente a las Farc. Aclaró que en el caso de guerrilleros presos, condenados o con un proceso judicial en curso, será el juez respectivo el que otorgue la libertad basado en la relación con esa guerrilla, comprobada en la sentencia o en el proceso, y que cumpla con los demás requisitos necesarios para beneficiarse de esa ley.

Díaz dijo que esperan que el acta esté lista en pocos días.

Otro debate

La investigadora de Dejusticia indicó que hay otro debate que tiene que ver con la revisión que la Corte Constitucional debe hacer a la ley de amnistía. Güiza recordó que, según el acto administrativo 1 de 2016, más conocido como fast track, “Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia”, lo que quiere decir que la Corte las revisará sin necesidad de que sean demandadas, como ocurre ordinariamente con el resto de las leyes, sin embargo esa revisión no suspende los efectos jurídicos de la ley de amnistía, pues esta tiene vigencia desde el momento en que el Presidente la sancionó.