Domingo, 19 Marzo 2017 Por

¿Libres en el papel, presos en la realidad?

El general Manuel José Bonnet se queja porque, luego de aprobada la ley de amnistía, ya comenzaron a salir guerrilleros de las cárceles pero todavía no pasa lo mismo con miembros de la fuerza pública. Algo que resulta cierto por ahora. Colombiacheck explica las razones del atraso en la aplicación de esta medida.

¿Libres en el papel, presos en la realidad?

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A lo largo del proceso de paz han sido varios los miembros de la Fuerza Pública que han estado en contra de algunos puntos del acuerdo de paz. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, hubo un hecho en particular el 1 de marzo, una misiva de un grupo de altos mandos retirados en la que expresaron sus “preocupaciones sobre seguridad nacional y tratamiento especial diferenciado para miembros de la Fuerza Pública”. 

Lo particular de la misiva es que fue firmada por el exgeneral del ejército Jorge Enrique Mora, quien fue negociador en La Habana por parte del Gobierno y cuya misión era precisamente velar por la seguridad jurídica y tratamiento diferenciado de los miembros de la fuerza pública. 

Otro general, Jaime Ruiz, salió en defensa de Mora y explicó que “en el momento dos de la negociación, y de manera irregular, se negociaron temas militares y nos introdujeron sorpresivamente unas modificaciones que fueron motivo de reclamo (...) Así que el general Mora, responde por lo que fue el primer momento de la negociación, en el segundo lo destruyeron”. Esta sería la razón por la que el general Mora firmó la misiva. 

La carta en mención, dirigida al presidente Juan Manuel Santos, señala preocupaciones de los miembros de la Fuerza Pública en temas como la seguridad en las zonas veredales, los escoltas de las Farc que se incorporarán a la Unidad Nacional de Protección, tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el ingreso de magistrados extranjeros en la JEP.

Para hablar sobre esas preocupaciones fue entrevistado en Blu Radio uno de los generales firmantes, Manuel José Bonnet, quien bajo la presidencia de Ernesto Samper fue por dos años comandante del Ejército Nacional. 

Bonnet reforzó y explicó la gama de preocupaciones, y al final de la entrevista señaló que “no hay ni uno solo libre (en referencia a miembros de la fuerza pública) y ya están saliendo los guerrilleros”, una afirmación que Colombiacheck se propuso verificar y que califica como verdadera.

En primer instancia es importante dejar claro de qué se trata la frase que manifestó Bonnet. El Acuerdo Final estableció en el capítulo 5.1.2 sobre Justicia en el apartado II (Contenidos, Alcances y Límites de la Concesión de Amnistías e Indultos así como de otros tratamientos especiales) que se otorgarán amnistías e indultos “a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. 

Esto significa que a todo aquel que esté privado de la libertad o con asuntos pendientes con la justicia por conductas relacionadas con el conflicto se le puede otorgar amnistía o indulto. La decisión beneficia tanto a guerrilleros como a miembros de la fuerza pública siempre y cuando sea por asuntos del conflicto armado. 

Teniendo claro el panorama ahora es necesario comprender que las amnistías e indultos no son aplicables por igual a todos los participantes del conflicto armado interno y tampoco son para todos. En el caso de los farianos, los que se beneficiarán de la libertad serán todos aquellos que estén implicados en delitos políticos y conexos con la rebelión. 

Por ejemplo, solo se beneficiarían quienes hayan cometido conductas como “la rebelión, la sedición, la asonada, porte ilegal de armas, muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos”, así sentencia el Acuerdo Final en su página 150, que más adelante agrega los delitos que no serán amnistiables ni indultables. 

Delitos de “lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”.

En definitiva, si hay algún fariano que solo haya cometido las conductas de la primera lista y no de la segunda, estando preso o libre pero con procesos penales en su contra, podrá reclamar su libertad. Los que sí tendrán que cumplir con una sanción privativa de la libertad, que claramente no será en una cárcel, serán los guerrilleros inmersos en conductas de la segunda lista, la de delitos no amnistiables ni indultables.

Así quedó claro el panorama de los excombatientes que luego de aprobada la ley de amnistía, el 30 de diciembre de 2016, pueden reclamar su boleta de libertad o que se les archiven las investigaciones pendientes. 

 

¿Y los militares?

Por el lado de los miembros de la Fuerza Pública la cosa funciona distinto. Debido a que en el Acuerdo Final se estableció un tratamiento penal especial diferenciado, las amnistías e indultos van por otra vía. En principio es necesario dejar claro que ningún miembro de la Fuerza Pública está vinculado con delitos políticos o conexos porque ellos representaban la fuerza legítima del Estado. 

Lo amnistiable y lo indultable para los miembros de la Fuerza Pública serán las conductas punibles por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, así quedó establecido en la resolución 002 del Ministerio de Defensa que reguló el procedimiento para la obtención de amnistías e indultos de los agentes del Estado presos o investigados por conductas con ocasión del conflicto. Una resolución que salió producto del Acuerdo Final y de la Ley 1820 de 2016 sobre Amnistía. 

En la resolución de Mindefensa no solo se estableció lo amnistiable e indultable sino también las conductas que no entrarán en ese beneficio. Por ejemplo, delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes o privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores. 

Una lista casi calcada de lo no amnistiable ni indultable para los farianos y que llega en buena medida por lo establecido en el Estatuto de Roma, un tratado internacional que Colombia firmó y que debe acatar.

En la resolución que expidió Mindefensa el 13 de enero de 2017, además de establecerse el procedimiento para dar las amnistías e indultos a los miembros de la fuerza pública involucrados en conductas relacionadas con el conflicto, también se creó un beneficio para dichos miembros de la fuerza pública, que sean trasladados de cárceles ordinarias a guarniciones militares, claro está, desde que sea por conductas con ocasión del conflicto. 

 

¿Y por qué no salen?

Si la ley de amnistía fue aprobada y ya está claro que delitos son amnistiables y cuáles no, entonces, ¿porque aún no se ha visto el desfile de farianos y agentes del Estado con boleta en mano rumbo a la libertad?

Uno de los grandes palos a la rueda es que el sistema judicial no da abasto para tramitar el voluminoso número de amnistías e indultos que han solicitado los miembros de las Farc. Según contó la Silla Vacía los jueces de ejecución de penas están en operación tortuga hasta que el Gobierno renueve varios contratos de auxiliares de descongestión. Un asunto que confirmó, según Caracol Radio, Shirley del Valle (coordinadora de los jueces de ejecución de penas) “en este momento estamos en una asamblea permanente, porque estamos tratando de resolver los procesos represados”. En síntesis, la operación tortuga del sistema judicial es uno de los principales escollos para la libertad de los exguerrilleros. 

Colombiacheck buscó una cifra oficial de los miembros de las Farc que saldrían de la cárcel por motivo de la ley de amnistía y también del número de farianos que se beneficiarían con esta ley, pero hasta el momento la organización en proceso de dejación de armas no ha dado dichos listados. 

Lo que hay son supuestos, por ejemplo el del representante de Asonal Judicial Fredy Machado, quien sostuvo que “el número exacto de posibles solicitantes de amnistía es de 15.000 guerrilleros y exguerrilleros”. 

Colombiacheck corroboró que las Farc se comprometió a dar la lista máximo hasta el 30 de enero del presente año pero pasó el tiempo y la promesa no se cumplió

Lo cierto es que en algunos casos varios integrantes de las Farc no esperaron la redacción de las listas y reclamaron su libertad inmediatamente se aprobó la ley de amnistía e indulto, un asunto suficiente para cobrar la libertad, así lo contó Colombiacheck en “Solo falta un papel para que las Farc se beneficie de la ley de amnistía”. 

Respecto a los que ya reclamaron su libertad, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp, que con corte al 10 de marzo, informó que van 136 personas privadas de la libertad con indulto (quienes se les considera culpables pero se les perdona la pena), con amnistía van 48 y con libertad condicional 11. Es decir, sí han salido unos pocos, a paso de tortuga. 

Si las Farc no han dado las listas de los amnistiables y no amnistiables por los lados del Ministerio de Defensa la cosa no es muy diferente. La resolución 002 de dicha cartera creó un comité “para la elaboración de los listados de miembros de la Fuerza Pública para la aplicación de libertad transitoria, condicionada y anticipada y de la privación de la libertad en unidad militar o policial”. La resolución fue clara pero solo hasta 17 de marzo Mindefensa expidió el primer comunicado para tramitar la libertad provisional de 817 integrantes de la Fuerza Pública, de acuerdo a información de las Fuerzas Militares este primer número de agentes del Estado equivaldría al 55% de los uniformados que se podrían beneficiar de la ley de amnistía. 

Las solicitudes irán ante la JEP, en específico a la Secretaría General que entró en funciones desde enero de 2017 y que el liderada por Néstor Raúl Correa. 

Como solo hasta ese 17 de marzo Mindefensa dio los listados la libertad de los miembros de la Fuerza Pública se ha tardado.