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Martes, 16 Octubre 2018

Marta Lucía Ramírez da cifras ligeras sobre participación de mujeres en elecciones cafeteras

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

La vicepresidenta trinó una información sin contexto sobre el aumento porcentual de la participación femenina en el liderazgo cafetero.

Hace poco, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, puso un trino en su cuenta de Twitter en el que se refirió a la “buena noticia” que significa que la participación de mujeres en el liderazgo cafetero haya aumentado “al 24% en las últimas elecciones del gremio”, ocurridas el pasado mes de septiembre.

Ramírez señala que “aunque falta más, reconocemos la importancia de la estrategia de equidad de género de la Federación Nacional de Cafeteros”.

Colombiacheck revisó la veracidad de este trino de la vicepresidenta y encontró que su afirmación es Ligera, pues aunque sus datos coinciden con lo presentado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), ella no brinda ningún contexto sobre a qué hace referencia en particular el porcentaje que da, ni cuál fue su fuente de información.

Los días 8 y 9 de septiembre se realizaron las Elecciones Cafeteras, un evento electoral que ocurre cada cuatro años y por medio del cual se eligen por voto directo a los dirigentes de los comités municipales y departamentales, sus representantes gremiales a nivel regional.

De acuerdo con el ABC de las Elecciones Cafeteras 2018 publicado por la Federación, en las elecciones participan “todos los caficultores federados, es decir, quienes sean propietarios o poseedores de un predio de al menos media hectárea de café con al menos 1.500 árboles y que tengan cédula cafetera”.

Este año, se realizaron en 17 departamentos y 570 municipios cafeteros de Colombia. Y, de acuerdo con un comunicado de la Federación, “se trata de la cita más importante que tienen los caficultores federados para elegir a sus representantes”.

En el ABC se explica que los Comités Municipales están conformados por seis miembros principales con sus respectivos suplentes personales, para un total de 12 representantes por cada municipio.

Y para la elección de los miembros de Comité Departamental, en cada una de las seis circunscripciones que conforman el Comité Departamental, se vota por candidaturas individuales (planchas), cada una conformada por un principal y un suplente.

Ahora bien, según cifras de la FNC, este año el número de personas habilitadas para votar fue de 358.208, de las cuales 100.298 son mujeres; lo que equivale al 28% del censo electoral.

En total para estas elecciones estaban en disputa 4.776 cargos. Pero, después de las votaciones, solo 1.121 terminaron siendo ocupados por mujeres; esto es el 23,47% del total.

En específico, dentro de los comités departamentales resultaron elegidas 27 mujeres para 180 cargos; que representan el 15% del total de los cargos que estaban en disputa. Y en los municipales, fueron 1.094 mujeres para 4.596 cargos, el 24% del total. Esto parece indicar que la vicepresidenta se refería entonces a este último porcentaje que, efectivamente, tuvo un aumento frente a los resultados de hace cuatro años.

En el periodo 2014-2018, de acuerdo con cifras del programa de equidad de género de la dirección de responsabilidad social de la FNC, solo el 8% de los cargos en los comités departamentales fueron ocupados por mujeres (12 mujeres), y en el municipal el porcentaje fue del 16% (696 mujeres).

El programa de equidad de género viene funcionando desde hace aproximadamente 10 años dentro de la Federación, de acuerdo con Claudia Rodríguez, su coordinadora, aunque anteriormente tenía otro nombre. La intención desde entonces ha sido la misma, empoderar a las mujeres y darles mayor participación dentro de los cargos de decisión de la entidad, aunque apenas desde hace un año se comenzaron a emprender acciones claras para promoverlo.

Rodríguez considera que los resultados de este año fueron positivos y que fueron una muestra del trabajo que han venido realizando. “Efectivamente a eso era lo que le estábamos apuntando”.

El mismo gerente general de la Federación, Roberto Vélez Vallejo, lo dijo a través de un comunicado de prensa enviado a Colombiacheck: “Nos complace saber que uno de los grandes propósitos de estas elecciones, la mayor representatividad de mujeres y jóvenes, se cumplió”.

Rodríguez, sin embargo, considera que aún hacen falta más esfuerzos, tal y como señala la vicepresidenta, pues “aún no se ven reflejadas dentro de las instancias electorales la situación real que hay entre los caficultores”. Según las cifras con las que cuenta el programa, el 30% de los caficultores (con tenencia de tierra) son mujeres.

En todo caso, existe un subregistro dentro de la información de la misma Federación. En ese 30%, según nos explicaron, no entran las recolectoras ni las mujeres que no tienen los títulos de la tierra, pero que acompañan y ejecutan las labores de la caficultura a la par de sus esposos.

En ese sentido, Alba Marina Acosta, miembro de la Red Nacional de Mujeres, seccional Caldas, coincide con el avance que muestran los resultados y reconoce que la participación efectiva, es decir la cantidad de mujeres que salieron a votar, fue importante a nivel nacional. Pero también considera que la representación de los espacios departamentales, donde apenas el 15% de las mujeres terminaron elegidas, no fue tan exitosa.

“Llama la atención que esta estructura, que se solventa en el trabajo de las mujeres, y que una entidad con 91 años de trayectoria, no tenga una representación igualitaria en los cargos ni en los espacios en los que se toman las decisiones, como lo son los comités”, según Acosta.

Esto porque una mayor participación de las mujeres dentro de los comités, que son espacios que generan procesos de formación y capacitación, les permitiría ser incluidas en los lugares donde realmente se discuten las políticas públicas del sector en el país, en consideración tanto de Acosta como de Rodríguez.

Según la coordinadora del programa de equidad de la Federación, a través de la participación en estos espacios, “las mujeres pueden manifestar sus necesidades, su manera de ver el mundo y buscar soluciones. Ellas se convierten en un canal”.

Finalmente, la Federación señala que esperan obtener resultados más contundentes para las elecciones de 2022, cuando las acciones del programa se consoliden.
 

Sábado, 07 Octubre 2017

“Nueve millones de colombianos están por debajo del umbral de pobreza”

Por Sania Salazar

La frase es de la precandidata presidencial Piedad Córdoba, quien redondea la cifra por encima y utiliza el número de un tipo de pobreza distinto al que ella se refiere.

En una entrevista con el medio digital español eldiario.es la precandidata presidencial Piedad Córdoba aseguró que en Colombia hay nueve millones de personas por debajo del umbral de pobreza y que sin una economía sana no es posible garantizar la paz.

 

 

Córdoba, quien en agosto pasado inscribió ante la Registraduría el comité promotor de la recolección de firmas Poder ciudadano para ser candidata presidencial, mencionó la cifra cuando le preguntaron si corría riesgo el proceso de paz con las Farc.

“Las FARC han dejado las armas pero ahora hay toda una tarea por delante de construcción de un Estado. Es decir, 9 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza es una cifra absolutamente provocadora en términos de desestabilización social. Con un salario mínimo de 240 dólares al mes una familia no puede sobrevivir. En el momento en el que estamos, vamos hacia la repetición del conflicto si no hay una reforma económica de Colombia”, fue la respuesta completa de Córdoba.

Después de consultar las cifras de pobreza del Dane, Colombiacheck califica la afirmación como inflada, no solo porque la candidata redondea por encima la cifra, sino porque relaciona la economía con el conflicto, sobre lo que los expertos en el tema no han encontrado consenso.

Según la oficina de prensa de Piedad, ella se basó en el dato del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que indica que en 2016 la pobreza multidimensional en Colombia fue de 18% para sacar sus propios datos.

Según el DANE, en Colombia hay dos metodologías para medir la pobreza: la Pobreza Monetaria que compara el ingreso en los hogares con el valor de la línea de pobreza (esta incluye la medición de la pobreza extrema) y la Pobreza Multidimensional que evalúa cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.

Las cifras más recientes son de 2016 e indican que en Colombia la pobreza monetaria es del 28% (13.268.000 personas) dentro de los que están 4.003.000 personas en condición de pobreza extrema, es decir el 8,5% de la población, y la pobreza multidimensional (a la que se refirió Córdoba) del 17,8% (8.586.000 personas).

En conclusión, Córdoba utiliza la cifra de pobreza multidimensional para referirse al umbral de pobreza, que se mide con la metodología de pobreza monetaria, lo que no se puede hacer, pues son medidas diferentes, explicaron en el DANE.

Córdoba aseguró también en su respuesta a eldiario.es que con un salario mínimo de 240 dólares una familia no puede sobrevivir. Esa cifra corresponde a 705.882 pesos (al cambio de hoy) y el salario mínimo en el país (sin subsidio de transporte) está en 737.717. Según explicaron en el Departamento de Planeación Nacional, si una familia de cuatro integrantes recibe en Colombia 966.692 pesos o más, no es considerada pobre.

¿Qué relación hay entre la economía y la paz?

El profesor de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, explica que no hay consenso sobre si es posible o no relacionar la pobreza y el conflicto. “Claro que las condiciones de pobreza generan condiciones que favorecen actividades riesgosas, pero no es suficiente con eso para explicar la emergencia del conflicto ni tampoco para explicar que un acuerdo de paz o una transición hacia el posconflicto tenga éxito, es decir, no es una condición suficiente, más sí, tal vez, necesaria para una sociedad en presencia con conflicto”.

En el artículo “Pobreza y conflicto: ¿Afecta el conflicto la pobreza? publicado en abril de 2012, la economista Ana María Ibáñez dice que el conflicto armado en Colombia “puede ser parcialmente” responsable de la poca efectividad de los programas para disminuir la pobreza y la desigualdad cuando se compara al país con los vecinos. “La violencia armada tiene un impacto desproporcionado sobre la población civil y, en particular, sobre la población pobre rural. Esto, además de significar una victimización de los hogares, destruye activos, inhibe la inversión y debilita los mercados”.

El texto titulado “Guerras y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones” coincide en que la relación entre pobreza y conflicto es bastante compleja, pero menciona un elemento sobre el que sí hay consenso, que el conflicto tiende a afectar desproporcionadamente a los pobres.

El texto indica que el conflicto afecta a la economía indirectamente debido a que la inversión en actividades productivas se desvía al sector de defensa y esto hace que se reduzca el potencial de crecimiento y la posibilidad de mejora de las condiciones de vida de los más pobres. También menciona que los conflictos violentos tienen efectos indirectos duraderos sobre el bienestar de los individuos y las comunidades más pobres a través de la destrucción de capital humano (la inseguridad humana, menor acceso a servicios públicos como educación, salud y polícia.

El documento menciona además, que aunque hay un acuerdo en la literatura sobre los canales mediante los cuales el conflicto empeora las condiciones de pobreza, la hipótesis según la cual la pobreza causa el conflicto es más problemática.

“La pobreza y el lento desarrollo económico en Colombia tienen raíces históricas profundas. La combinación de una distribución desigual de la riqueza (tierra) y del poder político dio lugar a instituciones económicas y sociales que reprodujeron en el tiempo la estructura excluyente del poder económico y político. Una de las consecuencias fue la provisión insuficiente de bienes públicos como educación, salud, y servicios básicos para los pobres, carencia o tímidas políticas de redistribución de activos (tierra, por ejemplo) y acceso limitado al poder para nuevos actores sociales y políticos”, concluye el análisis.