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Jueves, 11 Abril 2019

No se necesita objeción a la JEP para extraditar a exguerrilleros reincidentes

Por José Felipe Sarmiento

Los exintegrantes de las Farc acusados en otros países de cometer delitos después de la firma de la paz sí pueden ser enviados a responder allá con las normas vigentes. El presidente Iván Duque pedía que se determinara la fecha sin pedir pruebas.

En una serie de tuits publicados la mañana del pasado martes, la senadora Paloma Valencia emitió varios argumentos a favor de las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que habían sido negadas la noche anterior en la Cámara de Representantes y ahora deben ser estudiadas en Senado, donde ya tienen ponencia en contra.

“¿Usted está de acuerdo con que quienes vuelvan a delinquir en las Farc puedan ser extraditados? Si es así, usted está de acuerdo con las objeciones”, planteó la congresista del Centro Democrático en uno de los mensajes.

Captura de pantalla del tuit de la senadora Paloma Valencia

Entre las seis objeciones solo hay una que se refiere al proceso de extradición de exguerrilleros de las Farc. Según el mandatario, la iniciativa “no precisa (...) que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas” cuando estudia la fecha en la que ocurrieron los hechos por los que un país solicita en extradición a un exintegrante de ese grupo armado.

Duque se basaba en la Ley de Procedimiento de la JEP aprobada por el Congreso, que sí había puesto esa restricción. Pero el argumento se deshizo dos días después de que anunciara su decisión de objetar la estatutaria, porque la Corte Constitucional falló en una demanda contra esa norma y determinó que sí debe tener la posibilidad de “practicar pruebas conducentes, pertinentes y útiles, para emitir su concepto”.

El alto tribunal también aclaró que esto “no interfiere” con la cooperación internacional, contrario a lo que había dicho el presidente. Además, determinó que las pruebas son necesarias para respetar el debido proceso, el Acuerdo del Teatro Colón y el acto legislativo que creó el sistema de justicia transicional, pues los dos últimos establecen la “garantía de no extradición” para los desmovilizados de las Farc.

Entonces, la JEP tiene la potestad de impedir la extradición de cualquier exmiembro de esa organización ilegal pedido desde el exterior, siempre y cuando establezca que el país remitente lo acusa con base en una conducta previa a la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc en 2016. Pero si, por el contrario, se prueba que el presunto delito se presentó después de esa fecha y sin relación con la dejación de armas, el procesado pierde su beneficio y la solicitud pasa a hacer el trámite ordinario en la Corte Suprema de Justicia.

Esto quiere decir que los reincidentes que pertenecieron a ese grupo sí pueden ser extraditados con las normas actuales. La sentencia de constitucionalidad sobre el proyecto objetado también describe en detalle todo el procedimiento correspondiente y las competencias de cada entidad implicada, en cada escenario posible.

Por ejemplo, el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, fue capturado en 2018 porque Estados Unidos lo señala de participar en una conspiración para enviar droga a ese país con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. En consecuencia, la Jurisdicción Especial está estudiando si le retira la garantía de no extradición.

Así, el argumento de Valencia es falso. Estar de acuerdo con que los reincidentes de las Farc puedan ser extraditados no implica estarlo con las objeciones al proyecto estatutario.

Además, otro mensaje de la senadora, con la misma fórmula de pregunta y respuesta a favor de las objeciones, se relaciona con una verificación que Colombiacheck ya había hecho. Esta tiene que ver con las investigaciones contra los reincidentes por parte de la Fiscalía y coincide con una tesis falsa que planteó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una carta al presidente Duque sobre la ley estatutaria.

Jueves, 18 Mayo 2017

“JEP niega la libertad a Diego Palacio”

Por Sania Salazar

Medios y periodistas desinformaron sobre el asunto. La frase es falsa porque el tribunal que podría revisar el caso del exministro uribista todavía no está funcionando.

Algunos medios de comunicación y periodistas aseguraron el viernes pasado, 12 de mayo, que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, había negado la libertad al exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el caso conocido como la Yidispolítica. Eso es falso.

 

 

 

 

Varios titulares que indicaban eso aparecieron en redes sociales y páginas web de los medios, aunque en las notas se especificaba que quien le había negado la libertad condicional a Palacio había sido un juez de ejecución de penas.

Después de contrastar varias fuentes Colombiacheck califica esas afirmaciones como falsas. La razón principal es que el Tribunal que deberá revisar dentro de la JEP casos ya juzgados, como el de Palacio, todavía no está funcionando.

Hay que recordar, primero, que Gobierno y Farc pactaron en el Acuerdo Final la creación del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (Sivjrnr) dentro del cual estará Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ejercerá funciones judiciales. A su vez, en la JEP habrá un Tribunal para la paz, que, entre otras cosas, revisará los casos juzgados.

En la Secretaría ejecutiva de la JEP nos explicaron que son el único órgano del (Sivjrnr) que está funcionando por ahora.

“La secretaría ejecutiva es la encargada de desarrollar una serie de trabajos administrativos, presupuestales y orgánicos para que empiece a operar”, explicó Nathalie Michelou, de la oficina de comunicaciones de la Secretaría ejecutiva.

 

 

 

 

 

 

En el Acuerdo Final dice: “el Estado deberá poner en marcha el componente de justicia del SIVJRNR a la mayor brevedad desde la firma del Acuerdo Final. Las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación deberán entrar en funcionamiento a más tardar tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, salvo que en este se determine una fecha anterior.

El Acuerdo que se está implementando se firmó el 24 de noviembre de 2016 y el denominado Día D o de inicio de la implementación fue el 1 de diciembre del mismo año. Es decir, el Sivjrnr debería estar más adelantado, pero en la oficina de comunicaciones de la Secretaría Jurídica de la JEP explicaron que el proceso se retrasó debido a que en el plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo ganó el no.

El caso de Diego Palacio

El exministro uribista cumple una condena de seis años de cárcel ratificada por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles beneficios a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Como lo había contado Colombiacheck con respecto al caso de Palacio, el Acuerdo Final dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

La pregunta que persiste en el caso de Palacio es si logrará que la JEP revise su caso bajo el argumento que le dio a la revista Semana: “Lo que se reeligió con él (Uribe) fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”.

Le negaron la libertad, pero no la entrada a la JEP

Palacio le solicitó a un juez de ejecución de penas que le diera libertad condicional mientras la JEP decide si evalúa su caso, posibilidad que le negaron, por lo que seguirá privado de la libertad.

Noticias Uno reveló varias de las razones en las que la juez justificó su decisión, entre las cuales está que Palacio no cumple con el requisito de haber cumplido mínimo cinco años de la pena en prisión, una de las condiciones de la libertad condicional para esperar fuera de las rejas las decisiones de la JEP.

 

 

Palacio todavía tiene oportunidad de presentarse ante la JEP cuando esta esté montada y funcionando, pero eso sí, no garantiza que el juez falle a favor, explicaron en la Secretaría Ejecutiva de la JEP. El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resaltó que será la JEP la que estudie la pertinencia de revisar las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

Relacionaron dos casos distintos

Se relacionó el caso de Palacio con el de Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, señalado de ser el principal responsable del atentado al Club El Nogal, en Bogotá, pues a él sí le concedieron la libertad condicional mientras la JEP empieza a funcionar y revisan su caso.

Varias voces, como las de Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga, ambos del Centro Democrático, salieron a protestar por lo que ellos califican como un trato injusto.

 

 

 

 

Los casos son diferentes porque en el de Palacio no está clara aún la relación de su delito con el conflicto, mientras que en la de Arellán Barajas es directa, lo culpan de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión, como lo contó El Espectador cuando lo capturaron.

El mismo diario, en su editorial del pasado 17 de mayo, calificó la comparación de los casos como irresponsable.