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Jueves, 11 Abril 2019

No se necesita objeción a la JEP para extraditar a exguerrilleros reincidentes

Por José Felipe Sarmiento

Los exintegrantes de las Farc acusados en otros países de cometer delitos después de la firma de la paz sí pueden ser enviados a responder allá con las normas vigentes. El presidente Iván Duque pedía que se determinara la fecha sin pedir pruebas.

En una serie de tuits publicados la mañana del pasado martes, la senadora Paloma Valencia emitió varios argumentos a favor de las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que habían sido negadas la noche anterior en la Cámara de Representantes y ahora deben ser estudiadas en Senado, donde ya tienen ponencia en contra.

“¿Usted está de acuerdo con que quienes vuelvan a delinquir en las Farc puedan ser extraditados? Si es así, usted está de acuerdo con las objeciones”, planteó la congresista del Centro Democrático en uno de los mensajes.

Captura de pantalla del tuit de la senadora Paloma Valencia

Entre las seis objeciones solo hay una que se refiere al proceso de extradición de exguerrilleros de las Farc. Según el mandatario, la iniciativa “no precisa (...) que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas” cuando estudia la fecha en la que ocurrieron los hechos por los que un país solicita en extradición a un exintegrante de ese grupo armado.

Duque se basaba en la Ley de Procedimiento de la JEP aprobada por el Congreso, que sí había puesto esa restricción. Pero el argumento se deshizo dos días después de que anunciara su decisión de objetar la estatutaria, porque la Corte Constitucional falló en una demanda contra esa norma y determinó que sí debe tener la posibilidad de “practicar pruebas conducentes, pertinentes y útiles, para emitir su concepto”.

El alto tribunal también aclaró que esto “no interfiere” con la cooperación internacional, contrario a lo que había dicho el presidente. Además, determinó que las pruebas son necesarias para respetar el debido proceso, el Acuerdo del Teatro Colón y el acto legislativo que creó el sistema de justicia transicional, pues los dos últimos establecen la “garantía de no extradición” para los desmovilizados de las Farc.

Entonces, la JEP tiene la potestad de impedir la extradición de cualquier exmiembro de esa organización ilegal pedido desde el exterior, siempre y cuando establezca que el país remitente lo acusa con base en una conducta previa a la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc en 2016. Pero si, por el contrario, se prueba que el presunto delito se presentó después de esa fecha y sin relación con la dejación de armas, el procesado pierde su beneficio y la solicitud pasa a hacer el trámite ordinario en la Corte Suprema de Justicia.

Esto quiere decir que los reincidentes que pertenecieron a ese grupo sí pueden ser extraditados con las normas actuales. La sentencia de constitucionalidad sobre el proyecto objetado también describe en detalle todo el procedimiento correspondiente y las competencias de cada entidad implicada, en cada escenario posible.

Por ejemplo, el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, fue capturado en 2018 porque Estados Unidos lo señala de participar en una conspiración para enviar droga a ese país con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. En consecuencia, la Jurisdicción Especial está estudiando si le retira la garantía de no extradición.

Así, el argumento de Valencia es falso. Estar de acuerdo con que los reincidentes de las Farc puedan ser extraditados no implica estarlo con las objeciones al proyecto estatutario.

Además, otro mensaje de la senadora, con la misma fórmula de pregunta y respuesta a favor de las objeciones, se relaciona con una verificación que Colombiacheck ya había hecho. Esta tiene que ver con las investigaciones contra los reincidentes por parte de la Fiscalía y coincide con una tesis falsa que planteó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una carta al presidente Duque sobre la ley estatutaria.

Domingo, 05 Marzo 2017

“Lo acordado con las Farc permite que muchos casos ya fallados sean considerados por la JEP”

Por Sania Salazar

La frase de Diego Palacio, exministro de Protección social de Álvaro Uribe es cierta, lo que hay que aclarar es que esa revisión se limita solo a casos relacionados con el conflicto. En el caso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como el de Palacio, hay una restricción adicional.

El exministro de Protección social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el famoso caso conocido como la Yidispolítica, aseguró que si veía garantías se acogería a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hay voces que dicen que podría hacerlo y otras que critican la intención porque dicen que es forzado relacionar su caso directamente con el conflicto armado.

¿Pero el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc permite que la JEP revise casos resueltos?

“Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP”, le dijo Palacio Betancourt a la Revista Semana en una entrevista.

Después de revisar documentos y contrastar fuentes Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, porque es cierto que habrá una sección de revisión de sentencias, pero hay restricciones, es decir, revisarán casos muy puntuales relacionados con el conflicto armado.

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y encontró que el Tribunal para la Paz tendrá una “sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”.

Pero en el numeral 58, literal C, dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Palacio cumple una condena de seis años de cárcel ratificada, precisamente, por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles dádivas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Sería entonces la Corte Suprema la encargada de revisar el fallo, pero es claro que a Palacio no lo condenaron por un delito relacionado con la calidad de combatiente, así que esa precisión del numeral 58 sería un obstáculo para las pretensiones del exministro.

En la entrevista Palacio argumenta que la relación de su caso con el conflicto armado es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”, aseguró.

 

Opiniones

Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en conversación con RCN Radio, dijo que si los hechos por los que condenaron a Palacio y a otros interesados en someterse a la JEP están relacionados con el conflicto, la jurisdicción sería competente, “por el contrario, si estos hechos no tienen relación directa o indirecta con el conflicto, la jurisdicción no será competente, quién va a decidir esto, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, examinarán las solicitudes de comparecencia”.

Santiago resaltó que le parece sumamente interesante que estas personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero añadió: “también les digo que la Jurisdicción está diseñada para que aquel que no ofrezca esa verdad completa y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. “Si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la JEP para intentar obtener una rebaja de condena que le hubiera puesto la jurisdicción ordinaria, francamente, tendría muy poco éxito”, sentenció.

El Acuerdo Final es claro en que una de las funciones de la sección de revisión del Tribunal para la Paz es “a petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por: variación de la calificación jurídica conforme a lo establecido en el numeral 19; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.

Quienes cumplan algunas de estas características podrán aspirar a que revisen su caso, la pregunta que queda es si Palacio logrará que la JEP revise su caso y cuáles serán las consecuencias para el proceso si eso pasa, pues sería un precedente para que bajo argucias legales muchos otros quieran beneficiarse.