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Jueves, 10 Mayo 2018

Pinzón se confunde con la Ley de Víctimas

Por Ana María Saavedra

Cuando le preguntaron por el asesinato de líderes sociales, el candidato a la Vicepresidencia aseguró que la Ley 1448 es insuficiente y que estamos más preocupados por “darle beneficios a los victimarios”. Es una afirmación Engañosa.

Durante el debate de vicepresidentes de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Pinzón, fórmula de Germán Vargas Lleras, habló de la necesidad de renovar la Ley 1448 de víctimas.

“Nosotros estamos convencidos de renovar la ley 1448 de víctimas, ha sido una ley valiosa pero terminó siendo insuficiente. Hemos terminando más preocupados por darle beneficios a victimarios que por estar pendientes de las víctimas”.

Esa fue una de sus respuestas a la pregunta del profesor acerca de su opinión de ¿si los asesinatos de los líderes sociales eran líos de faldas o se trataba de una estrategia de terror y cómo el Gobierno enfrentaría esto?

Pinzón rechazó los asesinatos y dijo que la vida de cualquier colombiano debe ser defendida y no cabe el análisis de la condición en la que ocurrió el homicidio. “El centro de esta historia es la capacidad del Estado de proteger la vida y honra de los ciudadanos”, dijo.

Colombiacheck verificó su afirmación acerca de la Ley de Víctimas y de los beneficios a los victimarios y encontró que es Engañosa.

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, no tiene nada que ver con los desmovilizados o miembros de grupos guerrilleros o paramilitares.

El abogado Elmer Montaña, quien fue coordinador de Comisión de Reparación del Valle y Cauca, explicó que Pinzón está equivocado pues esa ley “no contiene garantías ni medidas que beneficien a los victimarios. Está diseñada con el objeto de establecer toda una serie de medidas de carácter administrativo, judicial,, económicos, sociales, sicológicas, individuales y colectivas en beneficio fundamentalmente de las víctimas del conflicto armado. La Ley establece unos mecanismos de justicia transicional”.

Agregó que lo que le preocupan algunas personas es lo referente de la restitución de tierra, que “le preocupa a los grandes despojadores” para que las víctimas puedan recuperar sus tierras. “Esa es la preocupación de los enemigos de esa ley, que tiene como núcleo los derechos de las víctimas”, agregó.

Por su parte, Diana Guiza, investigadora de Dejusticia, que no entiende la referencia de cómo esta ley beneficie a los victimarios. En ese caso hay “normas de judicialización como la Ley 975 de 2005 y sus reformas o las normas de reintegración”.

Además, está la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que espera la revisión de la Corte Constitucional.

Colombiacheck revisó La Ley de Víctimas en sus 207 artículos y encontró que en ninguno de ellos se establecen beneficios para los victimarios, sean guerrilleros o paramilitares.

A la fecha, la Unidad de Víctimas, creada con esta ley, ha recibido 8.666.577 solicitudes de reparación.

En este tiempo, ha realizado 795.139 giros y entregado en dinero $5.022.007 millones en indemnizaciones y ayudas por $4.362.619 millones, según cifras de la entidad.

En un balance, entregado en diciembre pasado, la unidad explicó sus funciones y todos se relacionan con el apoyo a las víctimas y no a los victimarios. Los únicos exintegrantes de grupos guerrilleros o paras que se incluyen como población víctima son los menores de edad.

La Ley de Víctimas sí ha tenido críticas y recomendaciones, pero no relacionadas con los victimarios. Un informe de la Procuraduría explicó que a partir de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno Nacional ha realizado un “esfuerzo presupuestal importante”, entre el año 2012 y el 2017, de $61 billones.

Pero el informe critica varios puntos, como la falta de acciones en materia de rehabilitación psicosocial, que había requerido la Corte Constitucional. “Aún más, cuando esta medida es fundamental en el proceso de reparación integral, especialmente en el caso de las víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual”.

Otra de las críticas en la aplicación de la Ley, que habla de darle garantías de no repetición a las víctimas, fue el asesinato de líderes sociales, a la fecha del informe iban 186 homicidios.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Nosotros estamos convencidos de renovar la ley 1448 de víctimas, ha sido una ley valiosa pero terminó siendo insuficiente. Hemos terminando más preocupados por darle beneficios a victimarios que por estar pendientes de las víctimas”.

    2. Autor de la frase: Juan Carlos Pinzón

    3. Fuentes consultadas y expertos: Ley 1448 de 2011, Unidad de Víctimas y los analistas Elmer Montaña, excordinador de Comisión de Reparación del Valle, y Diana Guiza, investigadora de Dejusticia.

    4. Contexto: Lo dijo durante el debate realizado por la Universidad Javeriana a la pregunta sobre el asesinato de los líderes sociales.

    5. Calificar la afirmación: Engañosa

Jueves, 22 Febrero 2018

Datos erróneos sobre presos, reincidentes y delitos menores

Por Juan Sebastián Jiménez

Analizamos dos afirmaciones de candidatos sobre política criminal. Encontramos que un candidato del Centro Democrático exageró los alcances de una ley para agilizar los procesos penales y que Germán Vargas maneja cifras incorrectas sobre encarcelados y reincidentes.

Las pequeñas causas de Edward Rodríguez

El pasado 25 de enero, en virtud de su campaña para ser reelegido para la Cámara de Representantes, el dirigente del Centro Democrático Edward Rodríguez trinó que con la Ley 1826, mejor conocida como Ley de Pequeñas Causas, “se puede condenar al ladrón de celulares, al atracador, al estafador y a los que manosean a las mujeres en transmilenio a la cárcel”. Colombiacheck verificó y concluyó que lo que dijo Rodríguez, coautor y ponente de esta ley, es engañoso.

Esta norma, que entró en vigencia a mediados del año pasado, fue creada para agilizar los procesos penales, al reducir las audiencias de 7 a 2 para delitos menores, 63 puntualmente, entre ellos, la estafa, el hurto y el abuso de confianza. Esto en el entendido de que el proceso penal en Colombia, tomado del sistema penal estadounidense, era muy engorroso.

“¿Cuántas veces hemos oído que no vale la pena denunciar porque los juicios son eternos, porque la investigación no llega a nada, porque las pruebas no son tenidas en cuenta? Hoy, al promulgar la Ley de Procedimiento Especial Abreviado, estamos dando respuesta a ese clamor de los colombianos por una justicia mejor, más eficaz y más rápida”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al promulgar la ley. Sostuvo incluso que, con esta, se iban a agilizar unos 400 mil procesos al año.

No obstante, en lo que se refiere a enviar a la “cárcel indemnizando a las víctimas y haciendo justicia” la ley no dice nada. De hecho, en agosto de 2016, el fiscal general Néstor Humberto Martínez denunció que el proyecto de ley, como estaba en ese momento, abría la puerta a una excarcelación masiva porque convertía algunos delitos en contravenciones excarcelables. Por lo que el presidente tuvo que salir a explicar, al momento de promulgar la Ley, que “tampoco habrá excarcelaciones. Todo sigue igual. Lo único que cambia es el tiempo, la rapidez para juzgar los delitos menores”.

A pocos meses de su promulgación, todavía no hay elementos suficientes para decir si esta ley ha sido efectiva o no. Aunque, valga una adenda: en su trino sobre esta ley, Rodríguez repite tres veces el hashtag #ConUribeSomosUno, pese a que esta ley fue promovida por el gobierno de Juan Manuel Santos, al que Uribe y Rodríguez se oponen.

 

Vargas Lleras y sus desacertadas cifras sobre reincidencia criminal

“De los 181.000 internos que hay en las cárceles del país, 29.025 son reincidentes (16%). No toleraremos más la impunidad”, trinó el pasado 5 de febrero el candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Ya había dicho lo mismo en un documento de finales del año pasado en el que propuso, al respecto, que los jueces apliquen “la reincidencia como factor de agravación punitivo” y que se cree el “Sistema de Seguimiento al Pospenado” que obligue a los pospenados a presentarse “cada mes ante el juez, para reportar sus actividades”. No obstante, Colombiacheck, con base en documentos del Inpec, comprobó que la cifra de reincidentes no es acertada, por lo que la afirmación del exvicepresidente es falsa.

Primero: no es cierto que en las cárceles del país haya 181.000 internos. La cifra exacta es de 114.750 reclusos en centros penitenciarios del Inpec y 3.678 en establecimientos militares y municipales, para un total de 117.828 presos, de acuerdo con el más reciente informe del Inpec. A estos se suman 58.393 personas en detención domiciliaria y 5.254 con vigilancia electrónica, lo que da como resultado una población reclusa de 182.075 personas, una cifra más cercana a la de Vargas Lleras; es decir: el desacierto es que, en su trino, el candidato presidencial mezcla los que están en las cárceles con los que no.

Ahora, respecto a los reincidentes, la cifra que maneja el Inpec en su informe de diciembre del año pasado, es de 20.182 personas, 15.311 de las cuales se encuentran presas en establecimientos carcelarios, 4.365 en detención domiciliaria y 506 con vigilancia electrónica. Con una particularidad y es que esta entidad entiende por reincidentes a aquellos “que, habiendo sido condenados en ocasiones anteriores, han vuelto a ser privados de la libertad y se encuentran en condición de condenados por la comisión de nuevos delitos”.

Es decir: no se incluyen aquellas personas que, habiendo sido condenados en ocasiones anteriores, se encuentran en condición de sindicados o no han sido condenados. Lo que puede explicar, parcialmente, la diferencia, ya que Vargas Lleras no dice en su trino si incluye en su cuenta a los sindicados. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la cifra de sindicados presos es de 36.777, para que la cifra de 29.025 reincidentes presos en centros penitenciarios sea acertada, 13.714 de esos sindicados debería ser reincidente, el 37.2%, lo cual es improbable. En el caso de los condenados, por ejemplo, los reincidentes representan el 17.76%, menos de la mitad. En general, Vargas Lleras confunde conceptos para llegar a su afirmación, sobre la que piensa basar su política pública de seguridad, lo que la convierte en falsa.