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Jueves, 10 Mayo 2018

Pinzón se confunde con la Ley de Víctimas

Por Ana María Saavedra

Cuando le preguntaron por el asesinato de líderes sociales, el candidato a la Vicepresidencia aseguró que la Ley 1448 es insuficiente y que estamos más preocupados por “darle beneficios a los victimarios”. Es una afirmación Engañosa.

Durante el debate de vicepresidentes de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Pinzón, fórmula de Germán Vargas Lleras, habló de la necesidad de renovar la Ley 1448 de víctimas.

“Nosotros estamos convencidos de renovar la ley 1448 de víctimas, ha sido una ley valiosa pero terminó siendo insuficiente. Hemos terminando más preocupados por darle beneficios a victimarios que por estar pendientes de las víctimas”.

Esa fue una de sus respuestas a la pregunta del profesor acerca de su opinión de ¿si los asesinatos de los líderes sociales eran líos de faldas o se trataba de una estrategia de terror y cómo el Gobierno enfrentaría esto?

Pinzón rechazó los asesinatos y dijo que la vida de cualquier colombiano debe ser defendida y no cabe el análisis de la condición en la que ocurrió el homicidio. “El centro de esta historia es la capacidad del Estado de proteger la vida y honra de los ciudadanos”, dijo.

Colombiacheck verificó su afirmación acerca de la Ley de Víctimas y de los beneficios a los victimarios y encontró que es Engañosa.

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, no tiene nada que ver con los desmovilizados o miembros de grupos guerrilleros o paramilitares.

El abogado Elmer Montaña, quien fue coordinador de Comisión de Reparación del Valle y Cauca, explicó que Pinzón está equivocado pues esa ley “no contiene garantías ni medidas que beneficien a los victimarios. Está diseñada con el objeto de establecer toda una serie de medidas de carácter administrativo, judicial,, económicos, sociales, sicológicas, individuales y colectivas en beneficio fundamentalmente de las víctimas del conflicto armado. La Ley establece unos mecanismos de justicia transicional”.

Agregó que lo que le preocupan algunas personas es lo referente de la restitución de tierra, que “le preocupa a los grandes despojadores” para que las víctimas puedan recuperar sus tierras. “Esa es la preocupación de los enemigos de esa ley, que tiene como núcleo los derechos de las víctimas”, agregó.

Por su parte, Diana Guiza, investigadora de Dejusticia, que no entiende la referencia de cómo esta ley beneficie a los victimarios. En ese caso hay “normas de judicialización como la Ley 975 de 2005 y sus reformas o las normas de reintegración”.

Además, está la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que espera la revisión de la Corte Constitucional.

Colombiacheck revisó La Ley de Víctimas en sus 207 artículos y encontró que en ninguno de ellos se establecen beneficios para los victimarios, sean guerrilleros o paramilitares.

A la fecha, la Unidad de Víctimas, creada con esta ley, ha recibido 8.666.577 solicitudes de reparación.

En este tiempo, ha realizado 795.139 giros y entregado en dinero $5.022.007 millones en indemnizaciones y ayudas por $4.362.619 millones, según cifras de la entidad.

En un balance, entregado en diciembre pasado, la unidad explicó sus funciones y todos se relacionan con el apoyo a las víctimas y no a los victimarios. Los únicos exintegrantes de grupos guerrilleros o paras que se incluyen como población víctima son los menores de edad.

La Ley de Víctimas sí ha tenido críticas y recomendaciones, pero no relacionadas con los victimarios. Un informe de la Procuraduría explicó que a partir de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno Nacional ha realizado un “esfuerzo presupuestal importante”, entre el año 2012 y el 2017, de $61 billones.

Pero el informe critica varios puntos, como la falta de acciones en materia de rehabilitación psicosocial, que había requerido la Corte Constitucional. “Aún más, cuando esta medida es fundamental en el proceso de reparación integral, especialmente en el caso de las víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual”.

Otra de las críticas en la aplicación de la Ley, que habla de darle garantías de no repetición a las víctimas, fue el asesinato de líderes sociales, a la fecha del informe iban 186 homicidios.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Nosotros estamos convencidos de renovar la ley 1448 de víctimas, ha sido una ley valiosa pero terminó siendo insuficiente. Hemos terminando más preocupados por darle beneficios a victimarios que por estar pendientes de las víctimas”.

    2. Autor de la frase: Juan Carlos Pinzón

    3. Fuentes consultadas y expertos: Ley 1448 de 2011, Unidad de Víctimas y los analistas Elmer Montaña, excordinador de Comisión de Reparación del Valle, y Diana Guiza, investigadora de Dejusticia.

    4. Contexto: Lo dijo durante el debate realizado por la Universidad Javeriana a la pregunta sobre el asesinato de los líderes sociales.

    5. Calificar la afirmación: Engañosa

Jueves, 30 Noviembre 2017

Marta Lucía Ramírez insiste en falsedad sobre la JEP y agrega otra

Por Sania Salazar

La precandidata insistió en el argumento falso de que la JEP no impondrá restricciones a la libertad. Además dijo que (por la Ley de Amnistía) todos los exguerrilleros que estaban presos ya habían recobrado la libertad, mientras que había militares que seguían presos.

Marta Lucía Ramírez, integrante del Partido Conservador y exministra de Defensa, recicló una frase falsa sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una entrevista que le hicieron el pasado 28 de noviembre en Canal Capital en su calidad de precandidata presidencial.

“El hecho de tener hoy una jurisdicción que realmente no implica ningún tipo de reclusión, como exige el tratado de Roma, ni de restricción de la libertad, porque es que no es una verdadera restricción, me parece que es inconveniente”, dijo Ramírez.

La precandidata, de quien se ha dicho en los últimos días que sería la ficha a la presidencia de la alianza entre los expresidentes Uribe y Pastrana, dijo además que “hoy todavía hay montones de militares que están en las cárceles sin estar condenados, mientras que los de las Farc están todos por fuera”. Esto en clara alusión a la aplicación de Ley de Amnistía pactada en el Acuerdo Final.

Tras consultar diferentes fuentes, Colombiacheck encontró que ninguna de las dos frases de la precandidata presidencial corresponde a la verdad, por lo que califica su intervención con respecto a estos dos aspectos, como Falsa.

La primera frase tiene un elemento falso muy usado durante la campaña por el voto negativo al plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016. Ramírez estuvo entre los líderes políticos que lideraron la campaña por el no. En el Acuerdo Final sí están contempladas restricciones efectivas de la libertad para quienes sean sancionados por la JEP. Colombiachek ya había verificado el tema en el chequeo titulado Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?, donde se explica que si bien las sanciones no implicarán cárcel, sí implicarán limitaciones en la movilidad de los sancionados. Hay que aclarar que quienes comparezcan ante esta jurisdicción y no digan la verdad sobre los delitos en los que participaron tendrán que ir a la cárcel y sus sanciones durarán más tiempo (entre 15 y 20 años).

Quienes aporten verdad desde un principio se someterán a sanciones que durarán entre cinco y ocho años. Los magistrados de la JEP “fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos, horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, dice el Acuerdo Final en el punto cinco sobre las víctimas del conflicto (página 165).

Juan Carlos Henao, abogado constitucionalista que participó en la elaboración de la JEP, lo explica de una manera sencilla:

“Van a tener una restricción de movimiento y de domicilio, por decir algo, si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, usted va a estar ahí, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”.

Según el Acuerdo final, las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas.

“No es solamente que le restringen la libertad o lo mandan para la cárcel, es que al mismo tiempo tiene que reparar, por decir algo, reconstruyendo la iglesia de Bojayá, desminando”, agregó Henao.

Marta Lucía insistió en un argumento falso en contra de la JEP y los periodistas que la entrevistaron en Canal Capital no le hicieron notar su error.

¿Militares presos y guerrilleros libres?

Ramírez no tiene razón cuando dice que hay militares que siguen en la cárcel mientras que todos los exguerrilleros que estaban presos ahora están libres, pues en ambos casos faltan personas por beneficiarse de la Ley de Amnistía, lo que incluye recuperar la libertad totalmente o con condiciones.

El balance de la Secretaría Ejecutiva de la JEP sobre aplicación de la Ley de Amnistía y tratamientos especiales (con corte al 24 de noviembre pasado) indica que 3.148 exguerrilleros de los 3.779 que se beneficiarían de esa ley han quedado en libertad condicionada o han sido trasladados a zonas veredales. Eso quiere decir que se sometieron a la JEP y deben comparecer cuando sean llamados.

En el caso de la Fuerza Pública se han beneficiado de la Ley de Amnistía 1.717 uniformados de los 1.751 a los que los cobija la norma.

En la Secretaría Ejecutiva de la JEP resaltaron que la libertad definitiva no es el único beneficio de la amnistía, pues está la libertad condicionada y el traslado a zonas veredales para que exguerrilleros que no han completado cinco años de privación de la libertad lo hagan (ese es el mínimo de tiempo que se fijó para beneficiarse de la ley). Este cambio de sitio de reclusión también aplica para militares, caso en el que pasan de cárceles militares a unidades de reclusión militar.

En dicha Secretaría indicaron además, que hay casos de miembros de la Fuerza Pública que están inmersos en varios procesos judiciales en muchos de los cuales no han cumplido el tiempo mínimo de reclusión fijado para ser amnistiado, por lo que sus casos se demoran más.

En cifras exactas han quedado en libertad 2.737 exguerrilleros y 1.011 militares, de los cuales 769 tienen libertad condicionada.

Colombiacheck trató de comunicarse con la candidata por teléfono y vía Whatsapp en repetidas ocasiones, desde el pasado 29 de noviembre, para saber en qué fuentes basaba sus afirmaciones. También habló con su equipo de prensa para explicar la importancia de incluir las explicaciones de la precandidata en esta nota, pero indicaron que Ramírez tenía una agenda muy apretada y solicitaron enviar las preguntas por correo, respuestas que todavía estamos esperando.