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Miércoles, 08 Febrero 2017

Santos busca dejar ‘blindada’ la paz durante las próximas tres presidencias

Por Sania Salazar

El Gobierno busca garantizar la implementación del Acuerdo Final con las Farc mediante un artículo transitorio en la Constitución para tratar de impedir que los próximos gobiernos puedan manejar el asunto a su antojo.

¿Qué pasará con la implementación del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc cuando el Presidente Juan Manuel Santos termine su segundo periodo?

Con la campaña presidencial calentando motores parece claro que varios de los múltiples precandidatos están dispuestos a continuar con la implementación, pero hay otros a los que el Acuerdo no les gusta ni un poquito y estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para echarlo atrás.

Por eso ya hay quienes están buscando cómo unir fuerzas políticas para que a la presidencia llegue un presidente propaz, como se lo dijo el senador del partido de la U, Armando Benedetti, al periódico El País de Cali, pues según él “si los del Sí (refiriéndose al plebiscito) no ganan las elecciones, todo el proceso de paz se va a desbaratar y vamos a volver a 1946”.

El Gobierno Santos quiere garantizar la implementación del Acuerdo por tres periodos más, es decir, que los tres próximos presidentes del país cumplan con los compromisos adquiridos en La Habana.

En entrevista con el programa Semana en Vivo el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que para lograrlo promoverán una reforma constitucional mediante la cual introducirán un artículo transitorio en la Constitución. “Ese artículo es el que establece el compromiso del Estado colombiano de cumplir de buena fe los acuerdos, compromiso que va a partir de ahora, (por) los tres gobiernos que vengan”, precisó y añadió que presentarían el proyecto en la penúltima semana de diciembre.

“Es un acto legislativo que, básicamente, lo que hace es recoger el texto que ya está incluido en el acuerdo, es un solo artículo, que es el que reemplaza todo este debate que se hizo sobre el bloque de constitucionalidad, que se iba a incorporar todo el acuerdo a la Constitución, que algunos llegaron al despropósito de que eso se iba a hacer sin pasar por el Congreso, sin tener el control jurisdiccional de la Corte. Acá ha quedado claro un artículo transitorio donde se establece algo que es absolutamente lógico, un Estado firma un acuerdo de paz para cumplirlo”, explicó el ministro.

¿Pero es eso posible? Colombiacheck investigó y califica la afirmación de Cristo como verdadera.

Jairo Andrés Rivera, vocero en la Cámara de Representantes del movimiento ciudadano Voces de Paz, (movimiento afin, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) le confirmó a Colombiacheck que el Gobierno ya presentó el proyecto en el Congreso.

Más allá de la buena fe

María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y doctora en Derecho Constitucional, explicó que, una de las reformas que se le hizo al primer Acuerdo fue la eliminación del bloque de constitucionalidad como mecanismo para sellarlo y que lo que quedó entonces fue una cláusula de buena fe en la que las partes se comprometen a cumplirlo, pero ¿cómo estar seguros de que el próximo Gobierno, independiente de su orientación política, lo cumpla?

“La buena fe está en el Acuerdo, pero la Constitución va a establecer que sea un compromiso de Estado, por fuera del Gobierno, no importa qué Gobierno sea, no podría hacer campaña en contra del Acuerdo, ni pretender modificar la Constitución para eliminarlo”, explicó la docente.

Rodríguez Peñaranda indicó que la fórmula no es tan exótica, pues en Colombia la Constitución tiene muchos artículos transitorios que tienen otras motivaciones. “En este caso tiene sentido establecer un artículo transitorio en la Constitución, pero en esta ocasión altera los programas de gobierno de los futuros presidentes, ellos tendrían que cumplirlo, entonces se busca ante todo que el Acuerdo no quede al vaivén de los próximos gobiernos”, precisó.

Por último, la profesora dijo que es una salida, “sin duda, constitucional”.

Más motivos

El vocero del movimiento Voces de Paz explicó que se trata de la seguridad jurídica de los acuerdos. “De los aspectos vitales de la negociación es que lo que se firma se vincule a los siguientes gobiernos porque el proceso de desarme y de transición política de una fuerza armada a una fuerza política legal implica una transición de mucho tiempo. Cuando una fuerza armada se desarma no se acaba el conflicto, el proceso de reincorporación es dificilísimo y largo, entonces cualquiera podría hacer politiquería con eso. Con la estigmatización y sin seguridad jurídica empujas a las personas de nuevo a la ilegalidad, ese es parte de los modelos de reinserción básicos en el mundo”.

Rivera aseguró, además, que es la posibilidad para que queden en la Constitución temas que son de primer orden en la agenda nacional y que “nunca han podido pasar porque ha habido una reacción de fuertes sectores. Fundamentalmente dos asuntos: reforma rural integral y reforma política, más allá de lo obvio”, resaltó.

Para Rivera, que quede en la Constitución no quiere decir, necesariamente, que se haga realidad, pero sí es una herramienta jurídica importantísima porque es un símbolo de que hay un compromiso de Estado frente a la paz y a la transición política.

La mirada de la oposición

Para Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, partido de oposición, el Gobierno está tratando de usar todas las triquiñuelas, legales y constitucionales posibles, para garantizar tanto la implementación como la no modificación de los efectos del acuerdo de paz.

“Una de esas triquiñuelas es tratar de impedir que en los próximos tres gobiernos haya alguna modificación dado que el Centro Democrático ha insistido en que de llegar al Gobierno hará modificaciones o revisiones de los compromisos que adquirió el Gobierno del Presidente Santos”, precisó Rangel.

El senador aseguró que en democracia “las cosas se deshacen como se hacen” y si el Senado en algún momento aprobó una ley o una reforma constitucional utilizando el mismo procedimiento la puede revisar y deshacer.

Actualización

La Comisión primera del Senado aprobó hoy el proyecto de acto legislativo que introduce el artículo transitorio en la Constitución. Ahora la discusión seguirá su curso en la plenaria del Senado.

 

 

Lunes, 05 Septiembre 2016

Un tuit engañoso de congresista del Centro Democrático puso en vilo a 57 empresas

Por Felipe Chica

No es cierto que 57 empresas mencionadas en un estudio académico tengan que responder ante “un tribunal creado por el grupo guerrillero (Farc)” como lo publicó en su cuenta de Twitter Carlos Felipe Mejía, senador caldense del Centro Democrático.

Para comprender que tan cierta y genuina es la preocupación del senador Carlos Felipe Mejía sobre las 57 empresas mencionadas en su trino del pasado lunes 29 de agosto, Colombiacheck buscó al congresista del Centro Democrático para conocer la fuente de su información pero no obtuvo respuesta.

 

 

Sin embargo, una columna de Yohir Akerman, publicada en El Espectador el sábado 3 de septiembre y titulada: “Desinformación”, explica cuál es la fuente del listado de empresas y traza la ruta que usaron los opositores a la paz para convertir un trabajo académico en ‘munición’ contra el Acuerdo Final.

Dice Akerman que “el 29 de agosto el país se despertó con la noticia de que existían 57 compañías que iban a ser juzgadas por los tribunales de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se creó como consecuencia de la negociación de paz con las Farc” y agrega más adelante que “el listado incluye empresas de la talla de Ecopetrol, Postobón, Leonisa y Coltejer entre otras que, presuntamente, estarían involucradas en colaboración con grupos ilegales durante el conflicto armado”.

Akerman termina aclarando que el listado “fue elaborado por un grupo de investigación llamado ‘Estado, Conflictos y Paz’, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bajo la dirección del profesor Andrés Dávila. Es un documento académico, no institucional”.

Además, el columnista revela que el autor del estudio “fue funcionario de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez como director de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación y también fue director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal”.

Trino sin evidencia

Con la fuente de la información aclarada, Colombiacheck revisó los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada en el marco del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, así como los antecedentes de algunas empresas mencionadas en su trino.

Lo primero que debemos decir es que en la página 134 del Acuerdo Final viene el apartado que desarrolla la JEP, allí en el artículo 32 del capítulo II, dice: “También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”.

Así que es cierto o al menos probable que algunos casos de financiación de grupos paramilitares puedan terminar llegando a esta jurisdicción especial. Lo que no es verdad es que existan casos judiciales o investigaciones en proceso ante la JEP para las 57 empresas que hizo públicas el senador Mejía en su trino.

Dicho listado es un anexo al estudio académico que circuló el 18 de julio pasado a través de un artículo publicado en el portal Razón Pública con el objetivo de “socializar a la opinión pública la base de datos que elaboró sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. Esto no significa que dichas empresas sean realmente cómplices de los delitos perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar o incitar su accionar delictivo”.

Por eso no se puede afirmar que quienes aparecen allí nombrados terminarán compareciendo ante la JEP, tal como lo aclaró a los medios el viernes pasado mismo Nestor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia.

“Frente a las distintas versiones que manifiestan que (las 57 empresas) deben comparecer obligatoriamente ante la jurisdicción especial para la paz hay que decir que el acuerdo reconoce que los terceros que colaboraron en el financiamiento pero fueron objeto de la coacción no son objeto del tribunal especial”, sentenció Martínez.

En este sentido Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y uno de los arquitectos del modelo de justicia transicional, había dado una explicación bastante clara cuando dijo que tanto empresarios como actores directos de crímenes de lesa humanidad tendrán un tratamiento punitivo en relación a la dosis de verdad que entreguen al país; en sus palabras “a más verdad menos pena”.

Por su parte, Humberto de Calle, negociador plenipotenciario por el gobierno en La Habana, afirmó que no aplicará para aquellos que “participaron de forma coaccionada –obligados bajo amenaza– sino aquellos que jugaron un papel sistemático en la colaboración con violaciones de derechos humanos”, cuyos casos serán analizados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sin embargo, como relató el portal Verdad Abierta “que (cada uno de los casos) los analice la Jurisdicción Especial de Paz no significa necesariamente que habrá una condena, pues muchos podrán ser depurados en la Sala de Revisión y no llegarían hasta el Tribunal, que es la última instancia”.

Entre las empresas relacionadas en el trino del senador se encuentra la multinacional Drummond salpicada por el caso del excontratista Jaime Blanco Maya a quien la Fiscalía profirió resolución de acusación en el 2012 por la desaparición del sindicalista Hugo Manuel Guerra Cabrera.

La empresa antioqueña Argos, que según Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, no pudo demostrar, que la adquisición proveniente de terceros del predio con matrícula inmobiliaria No. 062-22049 en este departamento, se hizo bajo el principio de “buena fe”. Por lo que esta instancia ordenó la devolución del predio al señor Uriel Uribe Lambraño Carmona quien luego de la masacre del Salado se desplazó con su familia.

Entre los hechos que implican a la empresa Indupalma se encuentra la desaparición del Luis Arnulfo Restrepo Sora que se desempañaba como vigilante de esta empresa en el departamento del Cesar.

El trino del senador Mejía, como muchos otros de opositores al proceso de paz, generó un fuerte debate en las redes sociales, pero sobre todo, como ya lo ha venido señalando Colombiacheck, sirvió para desinformar y confundir a los colombianos por ser engañoso.

*Felipe Chica es un periodista pereirano que tomó el taller sobre la metodología de Colombiacheck la semana pasada en Medellín, convirtiéndose en el primer corresponsal de este medio digital.