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Viernes, 08 Noviembre 2019

Sobre cuota de pesca de tiburones, Gobierno dio explicaciones ciertas pero insuficientes

Por José Felipe Sarmiento

En general, los argumentos con los que el Ministerio de Ambiente defendió la polémica resolución del de Agricultura son verdad, pero hay cuestionamientos sobre sus bases científicas y su efectividad.

Ante la indignación que generó en redes sociales la resolución del Ministerio de Agricultura que establece las cuotas generales de pesca para 2020, en la que se incluyen especies vulnerables de tiburones, la cartera de Ambiente emitió un comunicado con aclaraciones sobre su sustento.

Colombiacheck encontró que los argumentos son ‘verdaderos pero’ porque, además de algunas aclaraciones que hacen falta, los expertos tienen dudas sobre la efectividad en el control de la medida y el sustento científico de las cifras establecidas en la norma. Estas son 125 toneladas de tiburones en el Caribe, que incluyen 5,2 de aletas de tiburón sedoso (4,16 por ciento), y 350 en el Pacífico, entre las que se cuentan 9,9 toneladas de aletas repartidas entre tres especies (2,83 por ciento).

En el Atlántico, se contempla todo el género de los peces martillo, que incluye dos especies en peligro de extinción, dos vulnerables y una cercana a ese nivel, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés); además, entran el tiburón sedoso y el zorro de anteojos, también vulnerables, así como el de puntas negras, el tigre y el toro que están cercanas a ser amenazadas. En el Pacífico, solo se nombran los zorros pelágicos y los de anteojos, ambos vulnerables, además de la cornuda coronada, una especie de martillo cerca de estar amenazada.

Protección internacional

El primer argumento del Gobierno es que Colombia ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) en 1981, lo que es cierto. Su Apéndice II es un listado de especies que se pueden comercializar con unas restricciones mínimas para garantizar su supervivencia. Estas se especifican en el Artículo IV y que cada Estado debe garantizar su cumplimiento.

Ahí están cobijados los tiburones sedosos, todo el género de los zorros y tres especies de martillo: el liso, que es vulnerable, y los que están en peligro de extinción, que son el común y el gigante. El otro martillo vulnerable, el dorado, está ausente.

Aunque MinAmbiente asegura que Colombia ha sido “abanderada” por la inclusión de estas especies, no aparece en el apéndice como defensor particular de ninguna de ellas. En cambio, sí es mencionada como promotora de la inclusión, por ejemplo, de las rayas (que son parientes de los tiburones).

En todo caso, este instrumento no establece medidas de presión más allá de llevar a cabo investigaciones autorizadas por el mismo país cuando se detecte falta de aplicación eficaz y hacerle recomendaciones con base en los resultados. Pero tampoco limita la posibilidad de que los firmantes impongan condiciones más estrictas en sus legislaciones internas. Estas son dos aclaraciones necesarias que omite el comunicado.

Protección nacional y aleteo

El MinAmbiente también aduce la existencia del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia. En efecto, esa norma fue expedida en 2013 y se compiló en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en 2015.

El plan da lineamientos en investigación, conservación, vigilancia y control; para lo cual prioriza diferentes especies de acuerdo, entre otras variables, a su importancia comercial y a su clasificación según la IUCN. En el Pacífico, las dos especies de tiburones zorro que entran en la resolución tienen prioridad muy alta y la cornuda coronada, media. En el Caribe, el sedoso, el tigre, el martillo común y el zorro de anteojos tienen alta; mientras el toro, puntas negras y los martillos gigante y pala (de baja preocupación a nivel internacional) están clasificados en media.

El comunicado señala que el aleteo, que consiste en cortarles las aletas a los tiburones para comercializarlas y abandonar el resto del cuerpo en el mar, está prohibido por medio de otra resolución “enmarcada” dentro de ese plan de protección. Esta norma data de 2017 y su motivación sí tiene en cuenta los decretos ya citados, tal como dice el Gobierno. En el artículo 7, prohíbe de forma expresa esta práctica y ordena que las aletas deben llegar “adheridas de forma natural” al cuerpo del animal en el momento del desembarque.

Además, aunque MinAmbiente no lo dice, el artículo 2 prohíbe toda pesca industrial dirigida a tiburones y rayas, aunque admite una captura incidental de 35 por ciento (en el territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, baja a 5 por ciento). Es decir que estos peces pueden ser un poco más de un tercio de la carga, si han caído en faenas que buscaban otras especies. Las cuotas que tanta polémica han causado son solo para caza artesanal.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones clasifica como pesca ilegal, que es el artículo del Código Penal al que se refiere en seguida el Ministerio. Ese delito se castiga hasta con nueve años de cárcel y 50.000 salarios mínimos mensuales de multa, lo que hoy representa más de 41.400 millones de pesos. De nuevo, la entidad dice la verdad.

También acierta en que las cuotas de pesca de tiburones se establecen por lo menos desde 2010, pero no han sido idénticas. Para este año, por ejemplo, la resolución de 2018 puso las mismas cuotas que habrá el próximo, pero sin especificar dentro de ellas el peso de las aletas de especies particulares.

Así había sido desde que se establecieron las cifras para 2017. Sin embargo, en estos años recientes siempre se ha aclarado que se trata de pesca artesanal, anotación que no se hacía en 2012. Esto demuestra que la regulación se ha hecho cada vez más detallada. Otro detalle que omite el MinAmbiente.

Eficiencia y sustento

Según el decreto único del sector, el organismo que determina las cuotas es el Comité Ejecutivo para la Pesca creado en 1991. Este es presidido por el MinAgricultura, que es el que finalmente expide las resoluciones, pero también participan la cartera de Ambiente y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Esta última emitió otro comunicado sobre la caza de tiburones para el año entrante, en el que dice que la decisión se basa en información del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). Pero este, a su vez, señaló que el sustento son las evaluaciones poblacionales que hace la Aunap, en un comunicado que le envió a Colombiacheck como respuesta, junto con el ya citado plan de acción para proteger a estas especies y el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, que produjo en 2017 con el Ministerio de Ambiente y académicos de diversas instituciones.

En este último las clasificaciones de algunas especies varían ligeramente con respecto a la IUCN. Los martillos común y gigante bajan de estar en peligro a ser vulnerables, mientras el tiburón zorro de anteojos lo hace desde esta categoría a la de cercano a la amenaza. El de puntas negras, en cambio, aumenta de cercano a vulnerable.

Uno de los autores de esta obra, el biólogo marino Arturo Acero Pizarro, critica la insuficiencia de datos para poder definir de manera científica que las cuotas de pesca vigentes no afectan la supervivencia de las especies mencionadas. “Habría que hacer estudios completos con estadísticas rigurosas”, dice. En esto coincide con otros expertos citados por el diario El Espectador, que incluso llegan a calificar como “chimbas” las estimaciones actuales de población sobre estos peces.

En lo que sí difiere Acero, profesor de la Universidad Nacional sede Caribe, es en afirmar que las especies vulnerables no deberían ser objeto de “ningún tipo de pesca”. Tal prohibición absoluta es considerada “imposible” por diferentes académicos, debido a la pesca incidental, como lo señala el también biólogo y docente Fabio Gómez Delgado en la revista Pesquisa de la Universidad Javeriana.

Finalmente, las voces académicas dudan de la capacidad real que tiene el Estado para hacer cumplir las regulaciones vigentes. Esta crítica, sumada a las de la falta de claridad sobre el sustento científico de que las cuotas no afectan la supervivencia de las especies de tiburón incluidas en la resolución, son el mayor ‘pero’ que tienen las explicaciones del Ministerio, a pesar de ser ciertas.

Miércoles, 15 Junio 2016

¿Simón Gaviria sigue teniendo problemas de lectura?

Por Sania Salazar

El director del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que gracias a la paz, el país se ahorraría $4,2 billones en recuperación de hectáreas deforestadas. Expertos no están de acuerdo y debaten su afirmación.

Un estudio del Departamento Nacional de Planeación, DNP, titulado Dividendos ambientales de la paz concluye que por cada año sin conflicto Colombia ahorraría $4,2 billones en recuperación de hectáreas deforestadas. $32 millones en promedio por hectárea recuperada, según los cálculos de la entidad.

 

 

La cifra la difundió por Twitter el director de ese Departamento, Simón Gaviria, quien presentó el estudio en el foro “Dividendos Ambientales de la Paz”, realizado en Bogotá el 10 de marzo de 2016. Colombiacheck consultó con varios expertos en la materia quienes discrepan del valor anunciado por este funcionario.

No es la primera vez que Gaviria se ve cuestionado por la lectura e interpretación que hace de un documento público. El director de Planeación Nacional se vio inmerso en un grave escándalo en junio de 2012 cuando siendo presidente de la Cámara de Representantes, promovió y firmó la conciliación con que se aprobó una reforma a la justicia que fue calificada de "engendro" por la revista Semana.

Dicha ley, que causó el inmediato y unánime rechazo de la opinión pública colombiana y los medios de comunicación por los amplios beneficios que otorgaba a los parlamentarios, fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos quien convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para revocarla.

Tal vez por eso para los ciudadanos es difícil creerle. Situación que es palpable en este caso gracias al rechazo manifestado por los cinco usuarios de Twitter que le respondieron negativamente; entre ellos hay uno que asegura que la afirmación de Gaviria es falsa. Colombiacheck investigó y encontró que no hay consenso entre los expertos sobre el valor que tiene recuperar una hectárea deforestada, pues depende de múltiples factores, entre los que se destaca la zona geográfica donde esté ubicada. Por lo tanto la afirmación de Gaviria tiende a ser engañosa.

 

 

El estudio en el que se basa el trino de Gaviria (del que solo se conoce un resumen en la web porque no ha sido publicado completo), asegura que el 75% de la deforestación está concentrada en municipios con conflicto y que cuatro de los siete motores de ese daño ambiental están relacionados con esa violencia: Cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales, extracción ilegal de madera y colonización de población relacionada con desplazamiento.

“En municipios de conflicto se deforesta 6,5 hectáreas por cada 1.000 hectáreas de bosque, mientras que en los demás municipios es 2,6. Es decir, se deforesta casi tres veces más en municipios de conflicto", explicó Gaviria durante el Foro.

El estudio señala, además, que entre 1990 y 2013, el 58% de la deforestación ocurrió en municipios donde padecen la violencia. Colombiacheck no tuvo acceso al estudio completo porque según explicó Carlos Fernando Gónzalez Pachecho, miembro de la oficina de prensa del DNP, "el documento como tal está en borrador porque se le están haciendo ajustes. Como entenderán, el DNP no puede entregar documentos que aún están en construcción. Los técnicos de la entidad no tienen un plazo estimado para entregar la versión final".

Según el vocero autorizado, para estimar los dividendos ambientales de la paz, los técnicos del DNP utilizaron la metodología de costos evitados. “Esta permite estimar los costos para el país de los impactos ambientales asociados al conflicto y asumir que, bajo un escenario de paz, dichos costos no tendrían que ser pagados por la sociedad, considerando que los impactos ambientales del conflicto se evitarían”.

César Augusto Duque, tecnólogo forestal y biologo de la Universidad de Caldas, llamó la atención sobre la precisión que hay que tener con los términos, pues reforestación, recuperación, rehabilitación y restauración ecológica son procesos distintos que suelen usarse a la ligera.

Precisó, además, que el precio de cada proceso por hectárea cambia porque depende de muchas variables, como la región del país donde está ubicado el terreno y las condiciones del mismo. Incluso dijo que “hay tierras que se recuperan solas y otras que son imposibles de recuperar porque el suelo ha perdido todas sus propiedades físicas y químicas”.

En el DNP también explicaron que los costos ambientales relacionados con deforestación los calcularon basados en la pérdida de madera y de servicios ambientales, el valor de las emisiones de carbono y el costo de recuperación de las hectáreas deforestadas. Sobre esto, Duque insistió en que es una escala de análisis muy general y por eso es arriesgado partir de ahí para hacer cálculos.

La deforestación en Colombia

Un total de 140.356 hectáreas de bosque deforestadas en 2014 es el dato más reciente conocido gracias a un reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, que presenta esa tasa cada año.

Según esas cifras, Caquetá (cuna del bloque sur de las Farc) concentró la mayor deforestación del país en 2014 con el 21% del total nacional.

El doctor en biología Orlando Rangel, investigador y profesor del Instituto de Ciencias naturales de la Universidad Nacional, asegura que varios grupos de investigación del país han coincidido en que la deforestación anual en Colombia está entre 400.000 y 450.000 hectáreas.

“No podemos seguir admitiendo que las entidades gubernamentales sigan presentando estas cifras tan endebles, tan faltas de rigor, no podemos seguir diciendo que la deforestación en el país llega a 100.000 hectáreas cuando es un cáncer que está carcomiendo la biodiversidad”, dijo Rangel.

Rangel, que ha estudiado la deforestación en Colombia durante varios años, asegura que las principales causas son, en su orden, la ampliación de la frontera agrícola y el consumo de madera en el país. Según él, los cultivos ilícitos están en el último lugar.

El Ideam indica que los culpables son la minería ilegal, la conversión a áreas agropecuarias, la tala ilegal y los incendios forestales. También señala a Caquetá, Antioquia, Meta, Putumayo y Chocó (municipios con presencia de actores del conflicto armado) de concentrar el 61% de la deforestación nacional.

Independientemente de la diferencia en conceptos técnicos, cifras, zonas de mayor impacto del problema o causas, la pregunta que queda es ¿qué tanto dinero ahorrará el país en este rubro teniendo en cuenta que las Farc no son la única organización armada que tiene o promueve cultivos ilícitos y minería ilegal en el país?