En esta zona, históricamente abandonada, los diluvios cierran vías y generan lodazales. Al acceder a la región, por años dominada por diversos actores armados y cuya economía se sustentó por décadas en el cultivo de coca, el camino se divide. Si se toma hacia la izquierda se va al núcleo donde están los ex combatientes de las Farc. El otro sendero lleva a los caseríos, donde aún esperan que se cumplan las promesas de paz.

La Gabarra está ubicada a 45 kilómetros de Tibú y lo integran las veredas Caño Indio, Chiquinquirá, El Progreso, Dos- Palmeras y El Mirador, donde unas 200 familias se dedicaban al cultivo de la coca. Luis David Rincón, líder de la región, explica que todo está atrasado. Que se cumple más de un año desde que los excombatientes del Frente 33 de las Farc ingresaron a la zona y “hasta el momento, la carretera sigue en pésimas condiciones”. En época de verano, agrega Rincón, se entra con dificultad y por igual esparcen piedra excombatientes y campesinos. Pero “cuando llueve es imposible hasta que los niños salgan a estudiar porque las trochas son intransitables. Hay lugares el lodo llega a la cintura de la gente”.

En agosto de 2016, la vereda Caño Indio fue escogida por el Gobierno como zona de concentración para los desmovilizados de las Farc, lo que abrió esperanzas de cambio para sus pobladores en temas de salud, educación, vivienda, servicios básicos, vías de acceso, derecho a la tierra, reparación y no repetición. No obstante, la realidad es otra. “En salud estamos en nada”, afirma Pascual Buitrago Carrillo, presidente de la JAC de Caño Indio, quien explica que en una finca cercana funciona una carpa instalada por el Instituto Departamental de Salud. En este improvisado puesto de salud Entregan algunas pastillas y un formato para acudir al Hospital de Tibú, en caso de presentarse complicaciones mayores.

“Esto no funciona. Hemos tenido casos urgentes, con pacientes remitidos a Cúcuta. Muchas veces, cuando son casos de gravedad, llegan muertos a la capital”, denuncia Pascual Buitrago. Y como lo describe este líder, las quejas en otros temas no paran. En educación ofrecieron dos profesores para las escuelas de la región. “Nos enviaron una sola profesora, que duró dos meses. Nunca volvió. Ahora estamos con una sola maestra, que enviaron hace poco a Caño Indio. Las otras tres veredas no tienen profesores y muchas veces los niños no pueden ni cómo llegar a la escuela, sobre todo en invierno. Es imposible el acceso por la cantidad de agua y lodo de la trocha que une a cuatro veredas”.

Cansados de ser invisibles ante los estamentos estatales, la comunidad de Caño Indio vio en la llegada de los excombatientes de las Farc, una oportunidad para salir del atraso. “Pensamos que todo iba a cambiar. Creíamos que íbamos a tener una escuela mejorada para nuestros niños. Pensábamos que podíamos tomar agua potable, tener energía eléctrica, un puesto de salud o una mejor carretera…”, relata un labriego que lleva viviendo en la zona más de 15 años y confiaba en que todo iba a cambiar. Hoy tiene claro que no fue así, y lo señala sin ahorrar palabras, pero también pide la reserva de su nombre por el temor y desconfianza que reina en la región de Caño Indio.

Igual piensa María, quien llegó hace más de 12 años a la zona como raspachín, proveniente del sur de Bolívar. Esta mujer gruesa y de baja estatura, morena por el sol inclemente que cae sobre la región, cultivaba coca en tres hectáreas de su propiedad. A sus 37 años y con dos hijos, asegura que se sometió a la erradicación voluntaria pensando en un mejor futuro. Hoy tiene su tierra en Palmeras Mirador, una de las cuatro veredas que componen Caño Indio, y deja sentir su frustración por las difíciles condiciones de vida que soporta, al punto que confiesa: “muchas veces no podemos enviar nuestros hijos a la escuela. No tenemos dinero para comprar alimentos y darles a ellos”.

“Vivíamos del cultivo de coca y, según el compromiso, empezaríamos a erradicar. Decidimos voluntariamente erradicar, pero nos incumplieron”. María explica que les aseguraron que “era un obstáculo que el núcleo estuviera rodeado de coca. Y como nosotros queremos la paz y esta comienza desde nuestro interior, erradicamos”. Como ella, 272 familias lograron un acuerdo similar. Se les propuso entregar a los dueños de las fincas y a los a medieros (campesinos que se asocian con propietarios para cultivar coca) tres salarios mínimos por tres años y dos salarios mínimos durante dos años a los trabajadores en cultivos (léase arrieros, recolectores y encargados de la preparación de alimentos).

Juan Carlos Quintero, directivo de Ascamcat en la mesa de negociación

Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) indicó que ellos asesoraron a los cocaleros en su negociación. “Realizamos las peticiones necesarias para resguardar a los cultivadores de coca. Buscamos que no pasaran necesidades, ya que con el cultivo de coca al menos se podía vivir modestamente. Al hacer la erradicación y empezar los proyectos productivos, se supone que veríamos resueltas las necesidades del campesinado. Pero lo que se vio fue lo difícil de reorganizar el terreno, por la dificultad de la salida de los productos. Al no tener carreteras en óptimas condiciones, el transporte de productos aumenta y muchos de ellos terminaron consumiéndolos los propios campesinos”, precisó Quintero.

El acuerdo de enero 2017

Este acuerdo consistía en que, durante el primer año, el Gobierno entregaría a las comunidades un millón de pesos mensuales de remuneración por sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, y hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito. Igualmente, se estipuló un millón 800 mil pesos para la implementación de proyectos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, a través de cultivos de pan coger y cría de especies menores. Posteriormente nueve millones para adecuar y ejecutar proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como la piscicultura o la avicultura, entre otros.

A partir del segundo año, para asegurar mejores condiciones de vida digna, el Gobierno invertirá por familia hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y mano de obra.  Además, se dispuso la creación de una línea de crédito especial. También se concertó una asistencia técnica, con costo aproximado de tres millones 200 mil pesos por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarían para acompañar a las comunidades. Se supone que la inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en calidad de vida. Por eso, el Gobierno aspira a que esta alternativa sea el instrumento predominante para la reducción de cultivos de uso ilícito.

Pero de todo lo pactado, insiste Pascual Buitrago Carrillo, presidente de la JAC de Caño Indio, el Gobierno no ha cumplido nada. De las 272 familias que quisieron sustituir las 278 hectáreas de coca, el Gobierno tan solo ha respaldado el pago de un millón de pesos para mercado a tan solo 191 familias. Además, se contrató asistencia técnica para proyectos productivos, pero la falta de recursos no ha permitido ejecutarlos ya que el compromiso era girar otros recursos. Daniel Durán, líder comunal de la vereda Caño Indio, aseguró que, como él, muchos campesinos decidieron apostarle a la erradicación, pero hasta ahora no les han cumplido con nada de lo que les prometieron.

“Además, el Gobierno se comprometió en que nos iban a titular tierras. Les pedíamos pruebas de suelo para poder saber qué cultivar y no han cumplido. Dijeron que nos iban a dar una plata por los cultivos y tampoco”, reprochó. César Carrascal, presidente de Asojuntas en Caño Indio, explicó que, en una de las visitas a funcionarios del alto gobierno, les prometieron recursos del ámbito internacional para la legalización de tierras, para proyectos productivos, para la erradicación de la planta de coca y también para el desminado en algunas zonas cercanas, que hoy representan un peligro para la comunidad. “Pero esos recursos hasta el momento no han llegado ni en especie, ni dinero”.

“Vienen muy seguido representantes de la OEA, de Naciones Unidas y de otros organismos, pero es la misma repetidera de siempre. Nos reúnen, hablamos de la problemática, de las necesidades, toman apuntes correspondientes y luego se van. Regresan al mes a lo mismo. No traen soluciones y dicen que todo esto se encuentra en la capital, para su respectivo estudio”, advierte César Carrascal. En una de esas visitas a la zona de Caño Indio, esta vez realizada por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el funcionario resaltó la necesidad de cumplir a los campesinos con el programa de sustitución de cultivos ilícitos que fue pactado.

Visita de verificación de los acuerdos del gobernador William Villamizar Laguado a Caño Indio. Foto de la Gobernación de Norte de Santander

El mandatario acompañó el reclamo de la comunidad de Caño Indio, al explicar que los pagos prometidos por el Gobierno todavía no llegan y por eso ya hay quienes buscan declararse en emergencia alimentaria. “Queremos que los compromisos pactados se cumplan. Vamos a generar acciones para que se logre avanzar en cumplir con estas tareas por parte del Gobierno”, explicó el mandatario seccional. A su vez, el alcalde de Tibú, Alberto Escalante aseguró que se pensó que con la conformación de la Zona Veredal Transitoria de Normalización  en la vereda Caño Indio, la región iba a salir de su atraso. Eran enormes las expectativas por la llegada de recursos para suplir necesidades de salud, educación, infraestructura y saneamiento básico.

No obstante, “para todos ha sido una frustración y seguimos igual. Pese a que apostamos a la paz y fuimos protagonistas al recibir al Frente 33 de las Farc y acoger a sus integrantes como personas de bien y sin armas”. La Coordinadora Nacional de Cultivadores y Trabajadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, espacio conformado por campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores de estas plantas, surgió el pasado 10 y 11 de enero en Bogotá para promover la implementación del punto cuatro de La Habana (Acuerdo de Solución al problema de las drogas ilícitas) y para aportar a la construcción de paz con justicia social. Pero Wilder Mora, presidente de Coccam en Norte de Santander expresó que para Caño Indio no han llegado recursos.

¿Qué pasa con los excombatientes?

En cuanto al núcleo de Zona de Normalización, se han realizado múltiples actividades de educación, formalización de territorio, o emprendimiento, entre otros aspectos, manifestó Alejandro Salcedo, excombatiente y quien hace las veces de coordinador de educación. Pero en la actualidad, muchos de los excombatientes de las Farc han implementado pequeños cultivos con recursos propios y, junto a la comunidad de las cuatro veredas, producen yuca, plátano y cacao, algo de ganadería y hasta se piensa en piscicultura. “Solo se espera que nos legalicen la tierra y empezamos hacer las respectivas piscinas”, expresó Noé, un hombre que maneja el vivero donde se encuentran las plántulas de cacao.

“Hay que trazar políticas públicas de reincorporación no solo para los excombatientes, sino también para una comunidad históricamente abandonada”, manifiesta Alejandro Salcedo, ex guerrillero del Frente 33 de las Farc, con militancia de 20 años. Es responsable de la parte educativa en la zona. Asegura que, pese a los obstáculos, espera que se cumplan los compromisos pactados.  “Seguiremos esperando. Esperamos que el nuevo gobierno empiece a cumplir los acuerdos de La Habana. Nosotros nos quedamos acá. No queremos más guerra. Simplemente esperamos seguir capacitándonos y empezar a realizar los proyectos productivos que hemos presentado”.

45.000 plántulas de cacao, proyecto productivo con recursos propios

En cuanto a los proyectos productivos, se desarrolla uno de cría de ganado en menor escala con recursos propios y, con la comunidad, se proyecta la siembra de 45.000 plántulas de cacao. El secretario de Planeación de Tibú, Víctor Manuel Quintero, expresó que en Caño Indio no se adelantan proyectos de los acuerdos de paz y el municipio no ha recibido recursos del Gobierno o los organismos de cooperación Internacional. “Como región esperábamos más, pensamos en que el Estado y los organismos internacionales enviarían dinero suficiente para el posconflicto, pero no ha llegado. Vemos organismos internacionales en territorio, pero como dicen los campesinos, vienen toman nota y se van de nuevo”.

Felisa Vargas conocida como Gloria Martínez, vocera en el Consejo Territorial de Reincorporación

Es importante destacar el interés de los exguerrilleros ubicados en la zona de normalización, quienes vienen trabajando en proyectos que han sido presentados al Gobierno y organismos internacionales para su aprobación y ayuda, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta, según afirma Felisa Vargas, conocida como Gloria Martínez, vocera en el Consejo Territorial de Reincorporación. “Por el momento, no se realiza ninguna actividad productiva y se tiene el problema de tierras. Este territorio es arrendado por el Gobierno a unos poseedores que no tienen título. Queremos que los compren y nos titulen estos terrenos para poder realizar proyectos de corto, mediano y largo plazo”.

“Hay proyectos que han empezado andar con recursos propios de los excombatientes. Ganadería y cultivo de cacao, que no solo van a beneficiar a las personas dentro del núcleo, sino también a la comunidad”, explicó Felisa Vargas. Hoy se tiene proyectado sembrar unas 45.000 plántulas de cacao en Caño Indio.

El Secretario de Víctimas de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, recalcó que los únicos recursos disponibles para inversión manejados por la administración fueron los de regalías para la paz en Caño Indio.

Por eso, el sacerdote Víctor Hugo Peña, integrante de la Pastoral de Víctimas de la Diócesis de Tibú, es contundente en señalar que no hay voluntad política para inversión.

Foto archivo: El sacerdote Víctor Hugo Peña, con los niños de Caño Indio

“El Gobierno debe darse cuenta de que la gente necesita es que el Estado intervenga la región con inversión y no con el aparato militar como siempre lo ha hecho”, añade el sacerdote.

Una apreciación con la que coincide un residente de Caño Indio, quien lanza una advertencia: “El campesinado de la zona de Caño Indio y los nuevos habitantes, los excombatientes estamos realmente decepcionados”. Para este hombre, como para otros habitantes de la región, solo quedan dos caminos.

Por “necesidad”, volver a plantar la mata de la coca y de paso sobrevivir, o mantener la palabra empeñada, así sea la única que se ha cumplido en los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc.