Viernes 24 de agosto de 2018. Antes de entrar a la sala 408c en los juzgados de Paloquemao donde se va a realizar la audiencia de imputación de cargos, los indiciados, que todavía no conozco, se mezclan entre abogados, asistentes a otras diligencias y aficionados a ir a juicios, como los que aparecen en el célebre reportaje de Mark Singer “Un entusiasta en los juzgados”, una historia sobre adictos a asistir, porque sí, a los tribunales de Brooklyn[1]. La audiencia debe comenzar a las 8 de la mañana en esta sala grande, por la conexión por videoconferencia prevista desde Nueva York con Marlon Marín Marín, el sobrino de Iván Márquez.

***

Apenas entran todos y se ubican en sus puestos, comienzo a conocer a los cuatro protagonistas de la audiencia. Los asistentes en la sala no somos muchos. Bibiana Marleny Arias Garzón tiene 47 años, nació en San Luis (Antioquia), terminó la secundaria e hizo cinco semestres de ingeniería de sistemas. Es independiente y hoy vive entre Cúcuta y Medellín. Tiene ojos verdes, aretes negros grandes y labios pintados de color naranja. Está peinada con una cola de caballo alta. Viste ropa apretada, una blusa negra con encaje, un pantalón de cuadros negros y blancos, y tenis de plataforma.

Viviana Marleny Arias Garzón saliendo de la audiencia con su abogada el viernes 24 de agosto de 2018. Foto: Daniel Reina Romero. Revista Semana.

 

Mientras nos acomodamos en la sala en donde suena música de fondo, como de dentistería, María Elvira Valencia Gómez nos dice a mí y a otra periodista que no podemos estar ahí donde estamos sentadas. Me fijo en ella por primera vez y luego nos movemos para sentarnos en una banca justo detrás de ella. María Elvira tiene pinta de ejecutiva: pelo corto y claro, alisado, como si acabara de salir de la peluquería. Lleva puesto un sencillo y elegante sastre negro, una camisa blanca con boleros, botas negras y un chal gris. Está acompañada de su abogado y de un joven al que constantemente le pide que le diga dónde está el baño o que le pase documentos. Cuando el fiscal la presenta dice que María Elvira tiene 50 años, que nació en Pamplona, que vive en Bogotá, que es abogada especializada en derecho comercial y que trabaja como independiente. Asegura el fiscal que “ella sabía del marco normativo, de contratación pública y en varios documentos que le incautaron encontraron papeles sobre cátedras de paz”.

Al lado de María Elvira se sienta otro de los acusados: José Domingo Ardila Neira, de contextura gruesa, alto, con bigote. Viste una chaqueta de pana café claro y una camisa que deja ver colgada del cuello una gruesa cadena, aparentemente de plata. José Domingo tiene 53 años, nació en Socorro (Santander), donde vive, tiene estudios de secundaria y es independiente. El fiscal diría de él, más adelante, que es un experto político y que, ayudado por María Elvira Valencia y por Marlon Marín, buscó aprovecharse del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, y de los fondos creados para administrar los dineros del posconflicto, para beneficiarse económicamente.

Yésica Carolina Gómez está arrodillada en la esquina izquierda de la segunda banca. La primera vez que la vi fue antes de entrar a la sala, en un corredor del complejo judicial, abrazada a unos libros y a unas carpetas. Me pareció entonces que se escondía detrás de su pelo crespo y negro, que le tapa la mitad de la cara. Yésica tiene 28 años, nació en Caucasia (Antioquia), es técnica en contabilidad y finanzas, tiene estudios sin terminar en administración de empresas, también trabaja de manera independiente y es gestora de proyectos ante diferentes entidades del Estado. Es morena, bajita y tiene pinta de estudiante. Viste una camisa leñadora, unas botas Brahma y un jean azul. Antes de que comenzara la audiencia, daba la impresión de estar rezando, recostada contra el espaldar de la banca de adelante, justo detrás de Bibiana.

De Yésica Carolina Gómez y Bibiana Marleny Arias el fiscal diría luego que también conocían el marco normativo y desarrollaron proyectos relacionados con el acuerdo de paz, pero “prestaron su concurso para la actividad delictiva”.

***

Son ya las 9:50 de la mañana y todavía no comienza la audiencia. El largo silencio solo es interrumpido por los ruidos de un ingeniero que corre de un lado a otro probando micrófonos, mientras el juez lo mira fijamente y se coge la cabeza desesperado. A estas alturas ha sido imposible establecer la comunicación por videoconferencia con Nueva York y el audio de la sala también falla.

Queda en el acta que el juez pide excusas e inicia la audiencia, por segunda vez, con la presentación del fiscal del caso; de Bibiana Marleny Arias, su abogado principal y suplente; del abogado de Marlon Marín; de María Elvira Valencia y su abogado; de José Domingo Ardila y su abogado; de Yésica Carolina Gómez y su abogado; del representante de la Procuraduría y de un sexto abogado que representa a Jesús Aldemar Puello Rojas, que tampoco asistió porque, según la defensa, había sufrido un preinfarto días antes.

Cuando finaliza la presentación, Jairo Antonio Ardila Espinosa, el abogado de Marlon Marín, asegura que su defendido no pudo presentarse a la audiencia porque estaba fuera del país, colaborando con las autoridades de Estados Unidos en el proceso por narcotráfico que se le sigue a Jesús Santrich. Luego, Ardila pide permiso al juez para retirarse y recoger sus documentos. El juez acepta y dice entonces que la formulación de imputación se hará solo con las cuatro personas presentes. En ese momento el juez les pide a los cuatro acusados que se sienten mirando al fiscal delegado, Mauricio Andrés Morales, uno al lado de otro. Al frente de todos se ubica una gran pantalla con una presentación en Power Point titulada, con todas las letras en mayúscula, ACUERDOS DE PAZ. Enseguida, el juez le da la palabra al fiscal.

Ya son las 10:40 de la mañana y el fiscal comienza diciendo que este caso se enmarca en el contexto del acuerdo de paz con las Farc y que para comprender los hechos es necesario conocer el marco legal que regula el posconflicto en Colombia, con énfasis en los puntos que tienen que ver con la construcción de vías terciarias y el desarrollo de proyectos productivos en los 170 municipios del país que fueron priorizados por el Gobierno para implementar lo pactado en La Habana.

Los cuatro indiciados frente a la pantalla mientras el fiscal Morales explicaba, en la audiencia del 24 de agosto, que este caso se enmarcaba en el contexto del acuerdo de paz con las Farc.

 

Mientras el fiscal se apoya en la pantalla para decir que el Gobierno creó el Fondo Colombia en Paz como órgano articulador de los dineros del posconflicto, recuerdo que una fuente de la Alta Consejería para el Posconflicto, que pidió no ser identificada, me había dicho días antes que las encargadas de manejar la ‘chequera del posconflicto’ -Gloria Ospina, hoy exgerente del Fondo Colombia en Paz, y Wendy Arenas, asesora de la Alta Consejería para el Posconflicto- “les daban contratos a sus respectivas parejas y mientras tanto Pardo mirando pal’ monte, en campaña”. Se refería a Rafael Pardo, quien fue Alto Consejero para el Posconflicto entre noviembre de 2015 y agosto de 2018. Para esa fuente, que asegura “nunca haber estado en un trabajo tan frustrante”, era claro que en el tema del manejo del posconflicto “no había liderazgo”.

Nicolás Ávila, quien fue secretario privado de Pardo, relató para esta investigación, un par de días después de la audiencia, que las fallas comenzaron muy temprano, desde que se hicieron los primeros ajustes de la nueva institucionalidad, necesaria para implementar los acuerdos de paz. Fue en agosto de 2014, después de que Tony Blair, exprimer ministro del Reino Unido, vino a hacer una consultoría gratuita en la que convenció a Juan Manuel Santos de que había que reformar la Presidencia de la República y crear unos despachos de ministros consejeros, que no tienen el poder burocrático de un ministerio y tampoco tienen presupuesto propio. En palabras de Nicolás, “no tienen sede, ni carros, ni cajas menores”. Son entidades sin dientes.

La Alta Consejería para el Posconflicto fue creada entonces como dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia, que en los últimos años de la era Santos dirigieron Alfonso Prada, Luis Guillermo Vélez y María Lorena Gutiérrez. Contó Nicolás que en los primeros meses, la Alta Consejería para el Posconflicto -encargada de articular todos los proyectos para implementar los acuerdos y de ser el lazo que uniría al gobierno nacional con los gobiernos departamentales y locales, y la sociedad civil, para hacer realidad el posconflicto- solo eran Pardo, un par de asesores y él, y que trabajaban en una pequeña oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño. “Es que a mí me da risa cuando dicen que esto es una burocracia”, comentó.

Luego se trasladaron a una oficina un poco más grande en el mismo piso, donde estuvieron hasta agosto de este año, cuando cambió el gobierno. Los demás funcionarios de la Alta Consejería para el Posconflicto trabajan dispersos por toda Bogotá, aseguró Nicolás. 

“Por los días en que se aprueba el CONPES con los lineamientos del Fondo Colombia en Paz -noviembre de 2015- sentimos que muy pronto el posconflicto iba a empezar como una política de Estado y la inminencia empezaba a alertar, era como un reloj”, recordó el exsecretario privado de Pardo. Dentro de la Presidencia había tres entidades encargadas de temas relacionados con la paz: la Vicepresidencia, que funcionaba como interlocutor y trataba lo inmediato; la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se encargó de la reintegración de los exguerrilleros y de las llamadas zonas veredales, y la Alta Consejería para el Posconflicto, que era el articulador de una torta por pedazos y debía ejercer una labor transversal en la que al mismo tiempo estaban involucrados ministerios  y distintas entidades nacionales.

“El problema grande se tradujo en que se ha debido crear una única institucionalidad para temas de paz y posconflicto con entidades adscritas como la oficina de reincorporación y reintegración, la cooperación internacional, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio. Pero con el reloj corriendo, y sin que el Gobierno hubiera hecho las apropiaciones presupuestales para implementar el posconflicto, tocó tramitar en el Congreso una adición presupuestal de 1.5 billones de pesos para cumplir con varios compromisos que no darían espera una vez se firmaran los acuerdos, como pagarles a los desmovilizados un salario mínimo mensual”. Nicolás fue enfático: “Todo lo que hicimos fue con las uñas, fue un esfuerzo duro y se hicieron cosas con una institucionalidad débil”.

En ese punto de la audiencia el fiscal Morales asegura que además del Fondo Colombia en Paz, en la implementación del acuerdo con las Farc participan otras entidades del Estado como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). 

Según otro funcionario de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que también habló de forma anónima y que hizo parte de la concepción de la Alta Consejería para el Posconflicto, se dieron muchas ideas tendientes a crear un gran ministerio, departamento administrativo o agencia que unificara todos los temas de paz para que lo que tuviera que ver con el posconflicto no quedara disperso y dividido entre varias entidades. Afirmó que al final ninguna de esas propuestas fue tenida en cuenta. Cuando Pardo llegó con su equipo, recordó la fuente, no hubo una buena coordinación con ellos tal vez porque “Gloria Ospina terminó de pelea con mucha gente y terminó como dueña de la plata de la cooperación internacional y no dejaba que nadie accediera a Pardo”. Para el funcionario, que aseguró que tuvo que padecer la improvisación por parte del Gobierno en la adecuación de las zonas veredales, en un proceso que además se complicó aún más porque estaban en regiones muy apartadas y de difícil acceso, el Fondo Colombia en Paz jamás debió funcionar en una oficina en el norte de Bogotá (en la carrera 9 con calle 76), cuando la Alta Consejería de la que dependía se ubicaba en una oficina en el centro de la capital colombiana, en Presidencia.

***

Termina el preámbulo en la sala de Paloquemao y el fiscal explica que el Fondo Colombia en Paz -que fue creado solo en abril de 2017 (cinco meses después de la firma final de los acuerdos de paz) y que hoy está bajo la lupa de los entes de control- debe articular y ejecutar los recursos del posconflicto y actúa como una especie de gran sombrilla de cuatro fondos de los que salen esos dineros: el Fondo Colombia Sostenible (que administra a través del Banco Interamericano de Desarrollo donaciones de Noruega, Suecia y Suiza), el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el Fondo de la Unión Europea y el Fondo del Banco Mundial, que ya ejecutó el 100% de los recursos.

Aunque el Ministerio de Hacienda calcula que la implementación del acuerdo final con las Farc costará unos 129,5 billones de pesos durante 15 años (que salen del Presupuesto General de la Nación, con 46,7 billones; del Sistema General de Participaciones, con 37,8 billones; del Sistema General de Regalías, con 19,7 billones; de la cooperación internacional, con 11,6 billones; de la inversión privada, con 8,3 billones; y de recursos propios de las entidades territoriales, con 5,5 billones), el Fondo Colombia en Paz maneja una subcuenta especial de 1,5 billones de pesos (que se tramitaron en el Congreso vía fast track)[2] de donde sale la plata, por ejemplo, de la llamada asignación única de normalización por 2 millones de pesos que se pagó una sola vez a cada desmovilizado de la guerrilla. La Contraloría ha manifestado que el presupuesto de 129,5 billones de pesos es insuficiente y calcula que se requieren al menos 76 billones más.

 

Esta audiencia de imputación de cargos es precisamente sobre las maniobras realizadas para repartirse parte de esos casi 130 billones.

Pero la pita se enreda aún más cuando el fiscal agrega que es necesario tener en cuenta que también se podían apalancar proyectos para este posconflicto a través de otros dos fondos, que en el pasado se crearon para otros procesos de paz: el Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) y el Fondo para Programas Especiales para la Paz. Sobre esta realidad, una de las fuentes de la Alta Consejería para el Posconflicto entrevistada para la presente investigación se preguntó: “¿Por qué necesitaban otro fondo si ya existían dos más? ¿Para cumplirle qué a las Farc, si ya no le cumplieron? Es que no dejaban ejecutar, nunca llegó la plata a donde tenía que llegar. Ni siquiera la movieron, hubo falta total de ejecución (...) Hay billones de pesos sin tocarse por mediocridad e ineptitud. Así como es delito robarse la plata, es delito no ejecutarla”.

Lo que confirma un informe de la Auditoría General de la República del 14 de agosto de 2018, que mostró, por ejemplo, que en 2017, los departamentos y municipios dejaron de ejecutar recursos cercanos a los 13 billones de pesos, de los 93 billones que tenían asignados.

El fiscal sigue con la presentación: explica que para la construcción de vías terciarias en el marco de posconflicto el Gobierno creó varios programas, como el Plan 50-51, que busca llegar a 50 municipios con 51.000 millones de pesos; el programa OCAD PAZ del Ministerio de Hacienda, que aprueba los proyectos de infraestructura que se hacen con recursos de regalías, y el programa de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), de la ART. Además, está previsto que se construyan vías terciarias con dineros de cooperación internacional.

En el marco del posconflicto, los proyectos productivos, dice el fiscal Morales, se pueden desarrollar en los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a través del acompañamiento del Gobierno Nacional y de los excombatientes de las Farc, y en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Mientras que los acusados están sentados al frente del fiscal, no hablan entre ellos, ni se observan. Solo en un momento, María Elvira le pasa un chicle a José Domingo, casi sin mirarlo. Antes de que comenzara la audiencia, cuando José Domingo estaba sentado en la primera banca -como de misa- de la sala, se había comido un chocolate que había sacado de uno de los bolsillos de su chaqueta de pana.

***

En Cundinamarca, Santander y Antioquia, dice el fiscal, entre enero de 2017 y marzo de 2018, María Elvira, Yésica Carolina, Bibiana Marleny, Jesús Aldemar, Marlon Marín y José Domingo tejieron una red de intermediarios del Fondo Colombia en Paz, liderada por el sobrino de Iván Márquez, “con el fin de obtener beneficios económicos a través de actividades ilícitas”. Agrega que se entregaron recursos para iniciar los trámites, que se pactaron porcentajes con cargo a las obras y se hicieron contactos con funcionarios públicos. “Mucho de lo planeado no se pudo consumar en su totalidad, en parte por la captura de Marlon Marín Marín, en abril de este año. No sin antes advertir, y lo reitero, que hubo actos positivos de los señores hoy indiciados, para efectos de limpiar el cometido ilícito”, aseguraa Morales.

Según el fiscal, Marín Marín tuvo asiento y participó ampliamente en los acuerdos de paz de la Habana, como delegado de Iván Márquez, para acompañar la estructuración de los proyectos productivos en los ETCR. Aclara, eso sí, que no fue miembro de las Farc ni era parte del secretariado. Y agrega que visitó varias zonas para acompañar a la delegación del Gobierno en la caracterización de las necesidades básicas de las personas que vivían allí, socializar los proyectos con cada uno de los antiguos comandantes de frentes de las Farc reincorporados y, al final, presentarlos a evaluación ante el Gobierno. Todo ello está documentado en múltiples audios entre Marlon Marín y la delegación del Gobierno, los encargados del acompañamiento y los encargados de la parte técnica y financiera de los proyectos.

Nicolás Ávila explicó que la Alta Consejería para el Posconflicto no podía, jurídicamente, aprobar proyectos ni autorizar recursos, porque eso no hacía parte de sus funciones. Se aprobaban en las entidades ejecutoras de cada proyecto, como la Agencia de Desarrollo Rural, por ejemplo.

Contó él que a la oficina de Pardo llegaron unos “800 proyectos, todos igualitos”, en los que lo único que cambiaba era el nombre del municipio y la firma del respectivo alcalde. “Yo llamé un día a un alcalde del sur de Bolívar a preguntarle sobre la estructuración y él me habló de un estructurador de proyectos y me dijo que lo único que había hecho había sido firmar la carta”. Los proyectos llegaban, aseguró Ávila, porque creían que Rafael Pardo era el que los autorizaba.

El exsecretario privado de Pardo profundizó en el tema: “De las primeras personas de las que habló la Fiscalía nosotros solo conocemos a Sonia Veloza. Es una líder comunal que conocimos en campaña electoral, una persona que manejaba muy bien los temas de Juntas de Acción Comunal. A ella la involucra el señor Carlos Simancas[3], que era de confianza de las Farc y comienza a hacer con Marlon las visitas a los proyectos productivos. Él trabajaba con Sonia Veloza y a nosotros nos llegó un día una carta de un alcalde, diciéndonos que había una señora que se había presentado como asesora del ministro Rafael Pardo y que había prometido una maquinaria. En ese momento lo que hicimos fue alertarnos y denunciar a la Fiscalía. Entraban mil llamadas y nos dimos cuenta que había una red”.

Añadió Ávila que José Domingo Ardila, el mismo que está sentado ahora en la audiencia, radicó dos proyectos ante la Alta Consejería[4]. “Nosotros le dijimos que no era nuestra competencia y le dimos traslado a la Agencia para la Renovación del Territorio, que le respondió que el municipio de Socorro no hacia parte de las zonas más afectadas por el conflicto, que allí no había acciones de desminado humanitario ni sustitución de cultivos, ni PDETS (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), que no había nada. Y si uno revisa en los registros, el señor nunca entró a la Casa de Nariño. A la Alta Consejería llegaron cartas que evidencian que hay avivatos que se querían quedar con los dineros de la paz y que para eso utilizaron el nombre de Rafael Pardo. Nosotros los denunciamos ante la Fiscalía y alertamos a los alcaldes (...) Curiosamente, la investigación fue archivada y revivió mágicamente con el escándalo de Gloria Ospina”.

Carta de respuesta a José Domingo Ardila enviada por la oficina del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto

 

           

Carta de traslado enviada de la oficina del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, para Mariana Escobar, directora de la Agencia para la Renovación del Territorio.

 

Carta de traslado enviada por la Agencia de Renovación del Territorio a la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

 

El 9 de abril de 2018 la directora del Fondo Colombia en Paz -mano derecha de Pardo desde hacía varios años- salió del cargo por orden del Gobierno, tras una serie de denuncias de que los recursos del posconflicto eran manejados de forma poco transparente, que incluyeron una carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en la que pidieron cuentas por 200 millones de dólares que donaron para el posconflicto y eran administrados por el Fondo Colombia Sostenible. Hoy, los entes de control investigan, por ejemplo, la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), un contrato por 1.340 millones de pesos adjudicado a una firma asesorada por la pareja de Ospina, Iván Fernando Cifuentes, quien sostiene que sí asesoró técnicamente al Fondo Colombia en Paz en la estructuración de ese contrato, pero antes de que la directora de la entidad y él tuvieran una relación.

No fue el primer gran escándalo mediático sobre la ‘chequera de la paz’. Días antes se anunció que la Casa de Nariño no le había renovado el contrato a Marcela Huertas como directora del Fondo Colombia Sostenible. Huertas, con más 20 años de experiencia en ese campo, llevaba tiempo alertando sobre los problemas de operatividad del fondo que lideraba.

En los días posteriores a la audiencia, esta investigación conoció unos audios de la Fiscalía que muestran hasta dónde habría llegado Marlon Marín con el desfalco a los dineros del posconflicto. En una conversación con un contratista, por ejemplo, se oye que Marín hizo una modificación para que un proyecto de $20.356 millones pasara, de repente, a ser de $22.206 millones.

Otro audio entre él y una mujer, que está en poder la Fiscalía, comienza con el sobrino de Iván Márquez diciendo:

Salí a las 5 de la tarde de la reunión y fui a sacar plata del banco y resulta que no hay plata en la hijuepucha… en la cuenta. Me fui de una vez para allá, para la tesorería de Presidencia de la República, y les dije que qué pasaba y me dicen que la cuenta mía está bloqueada, entonces yo les dije que necesitaba que me solucionaran eso mañana mismo, entonces me dijeron que mañana a las 2 de la tarde pasara por un cheque… Yo gano… y le voy a decir cuánto gano pero, no es por chicanear ni nada… ¿sí? Yo me gano como 10 millones y pico (…) Yo mañana mismo lo cambio, porque me lo van a dar por el BBVA y la estoy llamando para que nos veamos si quiere a las 4 de la tarde en Salitre Plaza, que yo ahí cambio el cheque.

Ok (…) Con eso le aviso a mi jefe.

(…) Usted sabe que yo siempre he sido cumplido.

Las adjudicaciones irregulares en la construcción de vías terciarias, continua diciendo el fiscal en la audiencia, se dieron porque Marlon Marín, en su papel de representante y vocero del partido político de las Farc, comenzó a conseguir por su cuenta a contratistas que pudieran ejecutar las obras en las zonas más afectadas por el conflicto. Marlon tenía varios listados de lugares en los que se desarrollarían obras que superaban los $45.000 millones, en más de 15 departamentos. Y la búsqueda de contratistas la hizo través de intermediarios como José Domingo Ardila Neira, Yésica Carolina Gómez Builes y Bibiana Marleny Arias Garzón; los mismos que hoy están sentados en esta sala grande de Paloquemao, esperando el momento de declararse culpables o inocentes de pertenecer a la red de ‘caza contratos’ del posconflicto.

Dice el fiscal que José Domingo presentó a Marlon con María Elvira Valencia Gómez, quien tenía enlaces con el sector de la construcción. Agrega que ella puso a su disposición un grupo empresarial con cerca de 15 compañías que representa. Según Morales, “se evidenció que María Elvira Valencia era consciente de que la adjudicación no se encauzaría por las vías ordinarias y, aún así, continuó la actividad”. Incluso, añade el fiscal, “se notó el interés de la señora María Elvira cuando, con posterioridad a la captura de Marlon Marín, ella solicitó una cita con su tío para gestionar y agilizar el trámite de adjudicación” de algunas obras.

María Elvira Valencia cogida del brazo de su abogado saliendo de la sala de audiencias el viernes 24 de agosto de 2018.

 

Hay otra grabación en la que Valencia le pidió a Marín la garantía de que las obras efectivamente se harían. Esa conversación es la prueba, dice el ente acusador, de que ellos cuadraron departamento por departamento con las empresas que iban a presentarse a la adjudicación indebida de contratos.

Para mañana estarían los recursos, pero entonces cómo hacemos porque… pues porque tenemos que tener una garantía (…) En Boyacá, él dice que el jueves por la noche lo citó el gobernador y les dijo que ahí estaba eso y que les iba a dar eso.

Él es de nuestros alcaldes preferidos y como hay un convenio, entonces él llama a los suyos y les van a dar el 50% de malla vial.

¿Qué hacemos Marlon, cómo me da una garantía? (…) Usted entenderá que es una responsabilidad muy grande, ¿no?

Claro, claro, doctora. Yo entiendo.

(…) O sea, Marlon, lo que debemos entender usted y yo un poco como facilitadores del proceso… a ellos tenemos que darles una garantía.

Son las 11:30 a.m. y la audiencia está lejos de terminarse. Me entero entonces de que Yésica Gómez y Bibiana Arias presentaron a Marlon Marín con otros interesados en ser adjudicatarios de las vías, entre ellos Jesús Aldemar Puello Rojas, el indiciado que no se presentó en esta sala de Paloquemao por haber sufrido un preinfarto. Asegura el fiscal que Puello Rojas aceptó las condiciones del negocio y comenzó los acercamientos para escoger los departamentos en los que iba a participar con las empresas donde él era vocero. Bibiana Arias también presentó a Elkin Vásquez, un hombre al que en los audios se le oye decir que tiene una constructora en Antioquia, que sería la que desarrollaría las obras en ese departamento. En las grabaciones también se oye a Bibiana decirle a Marlon que ella iba hablar con “un amigo” que tenía tres constructoras en la Costa, para luego agregar: “En Cúcuta tengo la constructora y me van a pasar la documentación por la noche, ya pasé la documentación de Antioquia y en la de Bogotá, son dos constructoras que le trabajaban a Odebrecht en la Ruta del Sol”.

La intermediación realizada por María Elvira Valencia apuntaba, según el fiscal, a obtener “una ganancia del 11% del valor del contrato adjudicado en cada uno de los municipios, a repartir entre los intermediarios, cuya forma de pago era el 50% de ese 11%, ya cuadrado, con cargo al anticipo y el otro 50%, una vez entregada la primera acta de la obra”. Todo se selló, asegura ahora en la audiencia el fiscal, con la firma de Marlon Marín, según consta en el cuaderno de registro de Valencia Gómez. La negociación con Puello consistía en el 5% del contrato. Además, previo a la gestión que debía realizar el sobrino de Iván Márquez, se cobrarían 20 millones de pesos por departamento, para ser repartidos entre los intermediarios. En algunas ocasiones, Marlon Marín también presionaba el pago de dichos recursos con la amenaza de no iniciar los trámites respectivos. Dice la Fiscalía que solo por este concepto, alcanzó a recibir más de 100 millones de pesos.

En Paloquemao, el fiscal pone ahora el audio de una conversación entre Yésica Gómez y Bibiana Arias con un ingeniero desconocido, a quien le presentan un proyecto.

Mami, venga.

Dime.

Si yo quisiera coger todo, ¿cuánto es el anticipo?

No, es que por cada departamento son 20 millones de pesos.

(…) Ah, por cada departamento…

(…) Ya te voy a mandar todos los departamentos.

(…) Mándame todos.

Tú estás pidiendo el 5%?

Pero para la gente de ellos… (…)

¿Y ese anticipo que se da se puede dar el día en que yo haga el contrato?

No, se tiene que dar con la documentación… con la empresa a la que le van a asignar el contrato…

Yo pongo la constructora.

Qué pena me da, es que esto es una contratación privada. (…) Usted da los 20 millones así como lo hizo don Elkin, como lo hizo don Jesús. Son constructoras demasiado grandes, pero como es una negociación con ellos y es directa, usted da el anticipo, es como para entrar al club; o sea, esos 20 millones son para entrar allá y para que le den el visto bueno, porque los pelaos quieren ganar. Y nosotros estamos trabajando con Iván Márquez y con el sobrino, que es el financiero.

Y eso automáticamente, al dar eso…

A los cinco días, usted va y firma. Cinco días.

¿Nos van a contratar?

Claro. Usted no tiene que decir nada más.

(…) Ya te llega por ADR…

(…) Voy a cuadrar si voy el lunes o martes pero eso es pa’ ya, porque me interesa ese negocio. Mándame todo lo que haya disponible, porque todo lo que me mandaste es zona roja.

Es que todo es zona roja. Pero usted tiene seguridad, usted tiene a un general, de la parte de ellos también los van a cuidar, el alcalde también los tiene que cuidar, es que usted entra derecho al posconflicto.

En el caso de María Elvira Valencia, prosigue el fiscal, no solo se buscó la adjudicación de contratos para la construcción de vías terciarias, sino las interventorías que ejercerían el control sobre las obras. “En la diligencia de incautación se encontraron documentos que prueban la evidencia de que la firma Valencia Gómez Abogados sería la encargada de las interventorías de las obras que iban a ser adjudicadas al grupo empresarial que ella representaba”, afirma Morales.

Una vez que se generaron vínculos de confianza entre Marlon Marín y la red de intermediadores, y en este caso con Puello y Ardila, comenzaron a gestionarse proyectos productivos en las zonas más afectadas por la guerra. Tras la captura de Marín, José Domingo aseguró que iba a tratar de hablar con “el papá de él”, haciendo referencia a Iván Márquez, para recuperar el dinero que le había entregado a María Elvira, a un ingeniero de nombre William Pérez y al propio Marlon.

Esa, la de los proyectos productivos, era la otra forma de robarse parte de la plata destinada al posconflicto. Según el fiscal, aprovechando su cercanía con el partido Farc y por la misión encomendada en el marco del acuerdo de paz, Marlon Marín buscó a los que hoy están en el banquillo de la sala de Paloquemao, no solo para estructurar y formular proyectos productivos, sino para desviar su objeto y obtener beneficios económicos, propios y para otros. Como ejemplo, se habló de un proyecto en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, en el que además de Marín estuvo involucrada Yésica Carolina Gómez y ambos se pusieron de acuerdo para sobornar a funcionarios del Ministerio de Agricultura y así presionar por la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

Jessica Carolina Gómez audiencia por el caso de Fondo Colombia en Paz por desvìo de recursos Cartel de la Paz. Fondo Paz Bogotá 24 de agosto. Foto: Daniel Reina Romero, Revista Semana.

 

En el audio en poder de la Fiscalía se oye a Yésica preguntarle a Marlon si estaba interesado en ingresar como socio a ISUAGRO Colombia HMR S.A.S., la empresa de su compañero permanente, Ever de Jesús Hoyos Ricardo, porque necesitaban dinero para “cazar” unos contratos en el Ministerio de Agricultura.

Nosotros estamos vendiendo el 25% de la empresa como tal, en 150 millones. Pero podemos hablar porque, qué pasa, porque necesitamos cazar unos proyectos en el Ministerio de Agricultura. Y nos hace falta la platica.

Cuándo tú dices cazar, ¿a qué te refieres?

Pagarle a un tipo que está adentro para que nos dé los proyectos ya, porque los proyectos ya están aprobados y está la plata.

¿Por qué usted no me había hablado de eso?

Porque es que yo… Ah, no tenía confianza, me daba pena…

Porque yo la otra semana, el martes, voy a estar en una zona donde va a estar el ministro…

Marlon Marín, asegura el fiscal, gestionó con terceras personas la consecución del dinero que se pagaría como coima al interior del Ministerio de Agricultura para la adjudicación del contrato de reforestación que se implementaría en el municipio de Caucasia. Yésica Gómez fue la encargada de entregar el dinero para garantizar la adjudicación del contrato, agrega el fiscal.

Ya el proyecto lo pasaron, ya está el CDP, el martes o miércoles cuando nosotros decidamos nos lo pueden entregar, pero tenemos que llevar el 20%.

¿Pero luego no era que nos lo entregaban antes de eso y que luego para lo otro era el 20%?

Por eso, o sea, ellos, para entregarnos el CDP tenemos que entregar el 20%, ya está listo.

Aja, ¿y después de la entrega del 20% qué?

(…)

Bueno, pues ya el CDP está, se firma el contrato, ahí ese mismo día se hace todo.

(…)

Luego del CDP, entonces viene el alcalde de Caucasia, porque el alcalde tiene que firmar, ya lo hablé con él y listo, está disponible para firmar…

¿El alcalde de Caucasia, firma?

Sí.

Y entonces, entre la Alcaldía y nosotros, como INSUAGRO, hacemos la contratación con el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Ejecuta INSUAGRO y nos estarían entregando, digamos, el CDP, si lo tenemos… el martes, nos estarían entregando el presupuesto listo para empezar el próximo martes. O sea, 8 días para que nos hagan el favor.

Para que desembolsen.

Bueno, ahora yo le hago una pregunta, bueno listo: yo invierto por ejemplo lo del 20% ¿verdad? ¿Cómo es la cuestión cuando desembolsen todos los recursos? ¿Los desembolsan todos de una vez o por porcentajes o qué? Porque yo tengo que preguntar eso para saber cómo es la vaina del retorno, ¿si me entiende?

(…)

¿Cuánto es el contrato total?

El contrato total, estoy revisando su costo porque estaba por 9.000 millones de pesos, pero teníamos que hacer reajuste a este año. Quedó en 11.435 millones.

¿O sea que tengo que dar cuánto?

Ya sacamos la cuenta.

Serían 2.200 millones.

Sí, señor.

¿Qué pasa?

Que del 20% nos descuentan los 35 millones que ya dimos. Nosotros tenemos que descontar esos 35 del 20% o sea los 2.252 millones.

¿Y eso a quién hay que dárselo?

Eso lo entregamos allá directamente en la oficina del Ministerio de Agricultura a las personas que están en el proyecto.

¿Pero de eso entregan papeles o de eso… eso es una parte con papeles o por debajo de cuerda?

No, a nosotros enseguida estando… nosotros entregamos el recurso y ellos nos tienen que entregar el CDP enseguida (…) El dinero ya está. Es nosotros lo que nos demoremos haciendo las vueltas para la contratación. Yo le pongo 8 días, pero si soy ágil lo puedo hacer en uno o dos días.

El fiscal enumera luego los hechos que siguieron: Marlon le pidió tiempo a Yésica, porque no alcanzó a conseguir los recursos que se comprometió a pagar en el Ministerio de Agricultura, y Yésica le dijo que el CDP ya estaba listo, que tenía derecho a desconfiar y que la persona a la que le entregó la plata dentro del Ministerio de Agricultura se llamaba Javier Riveros y, como el negocio no había salido, iba a hablar con él.

Morales dice que José Domingo Ardila era un político tradicional de Santander con influencias para direccionar proyectos con políticos a nivel nacional y departamental, que había sido imputado en años anteriores y que bajo la figura de la “mermelada tóxica” (comprar cupos indicativos a congresistas para luego venderlos y cobrar un porcentaje sobre el valor de las obras a ejecutar), también se vio involucrado (junto con María Elvira Valencia y Marlon Marín) en el desfalco a la ‘chequera del posconflicto’.

En los diálogos obtenidos por la Fiscalía, Ardila pidió dinero para una mujer que colabora con la aprobación de la viabilidad técnica de los proyectos productivos al interior de la Agencia de Desarrollo Rural. Ardila también se refirió al hoy exsenador Jorge Eduardo Gechem, quien sería una de las personas encargadas de gestionar los proyectos, y dijo que le había entregado 110 millones de pesos. Para el desarrollo de los proyectos, Ardila buscó inversionistas ofreciéndoles un porcentaje de ganancia.

En algunas conversaciones entre él y María Elvira Valencia se mencionó a Rodrigo Alberto Taborda, un funcionario de la Agencia de Desarrollo Rural, que sería el encargado de la parte técnica de la aprobación. En uno de los audios se oye, de hecho, que quedaron aprobados dos proyectos relacionados con el área de acuicultura y que “en esa reunión con el jefe (refiriéndose a Gechem Turbay) estaba el vicepresidente de lo de la vuelta”. Hay también una conversación en la que Taborda le manifestó a Ardila que iba rumbo al Ministerio de Agricultura y este le indicó que cuando saliera lo esperaba en la cafetería Juan Valdez, “porque es que el jefe grande, el del potrero, me ordenó entregarle y él me espera a las 7 de la noche allá arriba en el norte”.

José Domingo Ardila luego de terminarse, el viernes 28 de agosto de 2018, la audiencia de imputación de cargos por la red caza proyectos del posconflicto.

 

Al día siguiente, en una llamada con José Domingo, una funcionaria de nombre Gloria nombró a Luis Alberto Neira, director de la unidad técnica número siete adscrita a la Agencia de Desarrollo Rural, correspondiente a Boyacá, Casanare y Arauca, en donde se desarrollarían los proyectos. Y también nombró a Argenis Velásquez, representante a la Cámara sancionada por la Contraloría en dos procesos por responsabilidad fiscal e investigada por la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente haber pagado un soborno para dilatar un proceso en su contra.

Anoche me reuní con el segundo al mando y el jefe de eso que están manejando ustedes allá.

Sí, por ahí me llamó hace media hora el doctor Luis Alberto Neira y vamos a sacar una reunión con él.

Póngale cuidado, manejen bien el tema.

Lo tengo en altavoz.

Son dos proyectos… hable de los tres. Hay tres que se solicitaron con el doctor Rafael Pardo Rueda. Eso viene por ese lado. Esos se presentaron por posconflicto con el doctor Pardo Rueda, que fue el que autorizó que arrancaran los proyectos. Hay tres de Pardo y los dos pequeños están autorizados ya a nivel presidencial en la Agencia Nacional, ¿oyó? Esos son los que están autorizados ya, que ustedes arrendaron el terreno, que es por arriendo un tiempo, no hablen de compras, ni nada, ¿oyó? (...) Mejor dicho, la orden está de aquí de Bogotá (…) Eso, no más. Me avisa cualquier cosa. No me nombre a mí, que es de ustedes con la Agencia de Tierras directamente y todo y ya.

Listo doc, yo le cuento apenas terminemos la reunión.

Hable del grande, del otro grande. El otro grande viene también apoyado por un parlamentario de Putumayo, que ese lo está ayudando la doctora Argenis Velásquez. Háblele a carta cabal, dígale, los dos proyectos pequeños, nos los está ayudando el doctor Gechem, Senador de la República, y los otros pequeños nos está ayudando la doctora Argenis Velásquez.

 

Otro audio, obtenido días después de la audiencia, mostraría que José Domingo Ardila también tenía que ver con las adjudicaciones irregulares de proyectos de vías terciarias en Boyacá y Santander, gracias a que contactaba a contratistas que hubieran radicado ese tipo de proyectos en el Departamento para la Prosperidad Social, y les prometía que podía conseguir los recursos para ejecutarlos a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz).

En Paloquemao, el fiscal presenta una conversación sobre un proyecto en San Gil, entre Ardila y un ingeniero, en la que el primero hace alarde de su lazo familiar con Óscar Javier Villareal Neira, subdirector técnico de la red terciaria y férrea del INVÍAS.

Eso lo hice con Villareal, el director de la red terciaria del Ministerio, él es familiar mío, él es mi primo, el es de INVÍAS, él revisó el proyecto que fue aprobado por él. Él me puso al ingeniero que hizo el proyecto, yo le pagué a él.

Más adelante si llegamos a un acuerdo, ¿se monta en la página de una vez, es rápido?

(…)

Se firma el convenio en Bogotá, baja usted con el alcalde, dejamos cuadrado qué día, se baja usted a Bogotá y que esté el representante legal de la empresa. Para que se siente con el alcalde y el jefe mío, el senador, para acordar. Ya a él se le dio 110 millones, yo le completo hoy 130 del total de lo que se ha entregado. Armamos el cuento a ver cómo es el pagaré, a la firma de los porcentajes (...)

***

Cortos de tiempo para oír completos otros audios que corresponden a las interceptaciones hechas por la Fiscalía durante más de un año y que suman unas 2 mil horas de grabación, comienza el final de la audiencia. Son las 12 del día y se acerca el momento en que los presentes tendrán que aceptar o no los cargos.

“Por lo anterior -dice el fiscal Morales-, procederé a imputarles a los cuatro el delito de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito”. La pena para ese delito puede ir de 8 a 18 años de prisión, con una multa que oscila entre 2.700 y 30.000 salarios mínimos (de 2.109 a 23.437 millones de pesos).

“Ahora les corresponde tomar una decisión”, sentencia el juez y cada uno se acerca al micrófono para responder.

¿Acepta o no acepta los cargos imputados por el fiscal delegado?

Mi nombre es María Elvira Valencia Gómez y no acepto los cargos.

Mi nombre es Yésica Carolina Gómez Builes y sí acepto los cargos.

¿Usted se encuentra en sus capacidades plenas intelectuales para tomar esa decisión?

Sí, señor.

Se deja constancia que fue una decisión libre y voluntaria.

Doña Bibiana Garzón.

No acepto los cargos.

Y finalmente el señor José Domingo Ardilla.

No acepto los cargos.

Se deja constancia entonces y se da por terminada esta audiencia.

Todos se ponen de pie y comienzan a evacuar la sala. José Domingo y Yésica Carolina no pueden salir de inmediato porque la prensa los tiene rodeados. “A los amigos santandereanos les digo que no hay nada en este proceso. Nosotros queremos que lleguen los recursos a los sectores, porque lamentablemente no les llega la plata. Pero vamos a aclararle al país que con lo que estamos haciendo no estamos afectando a nadie, ni un solo peso. Somos inocentes y vamos a demostrarlo ante la justicia. Los proyectos en el país los elaboramos las comunidades, se presentan y los manejan en audiencias públicas y en convocatorias que no se sabe quién se las va a ganar”, sostiene con firmeza José Domingo.

Cuando a Yésica le toca el turno de enfrentarse a la prensa, responde lo siguiente: “Soy una joven emprendedora de un pueblo pequeño (…) Llegamos a todo esto por la misma corrupción del gobierno. Llevamos cinco años tratando de sacar un proyecto adelante, de buena forma, por todos los medios legales posibles y siempre nos han cerrado las puertas. Para llegar a los ministerios a sacar un proyecto adelante para nuestra población, siempre nos estaban pidiendo plata. Aquí tengo mis cuentas, la mayor tiene $6.500 pesos. Los funcionarios públicos que piden plata no los conozco. No sabía que estaba en una red porque las demás personas, no las conozco. Yo acepté cargos porque conozco efectivamente a Marlon Marín y tuve conversaciones con él. Mis audios no dicen si conocía a un funcionario del Ministerio de Agricultura o que de pronto yo era la que me estaba enriqueciendo. Estamos pidiendo ayuda para nuestras comunidades. Lastimosamente, el gobierno sí es corrupto. Que la Fiscalía llegue a esas cabezas porque son los que deben estar acá. Yo le pido disculpas a mi comunidad, los defraudé. Son 5 años intentando sacar un proyecto adelante, me quedé sin un peso. Sin nada, porque todo lo que teníamos lo vendimos para que nuestra comunidad pudiera salir adelante, para darles dotación, abonos, ingenieros agrónomos, porque a nosotros nadie nos ayuda (…)

“A Marlon no lo conocí en una cafetería, me lo presentaron en una reunión en donde había muchos jóvenes emprendedores. Yo pensé que era bueno porque era parte del Fondo de Paz, de los proyectos del posconflicto que iban a ayudar a nuestras comunidades. Ahora yo pago las consecuencias (...) Yo no conozco a los miembros de las Farc. Era un proyecto de reforestación. Luego decían que toca pagar, yo no tengo presupuesto para pagar y hasta ahí llega el proyecto. Como nadie pudo pagarlo, no pudo salir adelante”.

Cuando Yésica termina de hablar, corro con mi grabadora detrás de María Elvira, que con pasos rápidos se aleja cogida de gancho de su abogado. “María Elviraaaaa”, insisto varias veces, hasta que la pierdo y mi voz también se pierde por las esca

 

[1] El reportaje aparece en la antología “Los periodistas literarios o el arte del reportaje personal” de Norman Sims, publicada por primera vez en 1984 y que incluye textos de algunos de los mejores periodistas de Estados Unidos: Tom Wolfe, Richard Rhodes, Tracy Kidder y John McPhee, entre otros.

[2] El fast track (vía rápida) es un mecanismo que reduce el número de debates necesarios para la aprobación de leyes y reformas constitucionales en el Congreso. En este caso específico se utilizó para tramitar todas las reformas derivadas del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc y así facilitar su implementación.

[3] Carlos Fidel Simancas Narváez fue secretario de Desarrollo Económico de Bogotá en la alcaldía de Gustavo Petro. En febrero de 2018, Simancas fue contratado por la Agencia de Reincorporación, a través de la OIM, para encargarse de los proyectos productivos con reincorporados de las Farc. Dos meses después, la OIM decidió no renovarle el contrato, por las presuntas irregularidades cometidas en algunos de esos proyectos.

[4] Tres documentos a los que tuvo acceso esta investigación comprueban que sí fueron radicados esos proyectos: una carta de respuesta a José Domingo Ardila enviada por la oficina del Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, una carta de traslado dirigida por esa misma oficina a la directora de la Agencia para la Renovación del Territorio, Mariana Escobar, y una carta enviada por la Agencia de Renovación del Territorio a la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.