Las elecciones territoriales de 2015 dejaron un escenario político inusual en Bucaramanga. Por un lado, un candidato independiente logró llegar a la Alcaldía tras varios años de hegemonía liberal y por el otro, por primera vez los liberales alcanzaron la mayoría en el Concejo con 10 de los 19 cabildantes.

Esta situación atípica provocó la unión de la colectividad roja en torno a la elección de las cabezas de los entes de control y así, presumiblemente, dirigir su mirada hacia el nuevo gobierno y evitar el espejo retrovisor.

Cambio de mando

La llegada del independiente Rodolfo Hernández Suárez al poder en Bucaramanga cambió completamente el panorama político de la capital santandereana.

Hernández Suárez, ingeniero civil y uno de los empresarios de la construcción más reconocidos del oriente colombiano, logró colgarse en el poder local gracias a su discurso contra la corrupción y su promesa de sanear financieramente a la ciudad que se encontraba sumida en una profunda crisis producto del déficit de tesorería que superaba los $300 mil millones, según reportes de la Secretaría de Hacienda municipal.

En su discurso, Hernández aseguraba que la politiquería y la corrupción rampante en las últimas administraciones locales a manos del partido Liberal habían conllevado a la crisis financiera del municipio y por eso se comprometió a luchar contra esos “cánceres” que habían “carcomido” las finanzas públicas del municipio.

El enroque Liberal

La advertencia de Hernández Suárez prendió las alarmas dentro de la colectividad roja en Santander, que a pesar de haber perdido la Alcaldía tenía cartas para jugar con la mayoría del concejo.

Con esa mayoría a su favor, y ante la persistencia del discurso de Rodolfo Hernández, los liberales iniciaron su estrategia de contraataque para tratar de contener la arremetida del mandatario local que a esas alturas había nombrado personas fuera de los partidos en las diferentes secretarías e institutos descentralizados del municipio, además de dejar al Partido Liberal los sin participación en el gabinete.

La primera movida de los rojos fue tratar de consolidar su mayoría en el Concejo que a pesar de tener la mitad más uno no era absoluta. Para lograrlo, los liberales atrayeron a otros partidos minoritarios que habían obtenido al menos una curul en el cabildo. Lograron sumar a Opción Ciudadana y el Mais, para así consolidar la coalición mayoritaria de oposición gobierno de Rodolfo Hernández.

Ya con las mayorías absolutas a su favor, los liberales comenzaron una batalla para deslegitimar el concurso de méritos que había adelantado la mesa directiva del Concejo en el 2015 para elegir contralor, y en el cual, ninguno de los tres aspirantes que habían obtenido el mejor puntaje en las diferentes pruebas del proceso era allegado al liberalismo.

Para esa tarea, los rojos pusieron en la Presidencia del cabildo al experimentado concejal Liberal, Henry Gamboa Meza. Una de sus primeras decisiones fue revocar las resoluciones 150 y 151 del 2015 en las que se regulaba el concurso de méritos como el mecanismo para elegir contralor y un nuevo proceso de elección por convocatoria pública, es decir, se elegiría con la evaluación de la hoja de vida de cada uno de los aspirantes.

La elección de Gómez Villamizar

Con el nuevo proceso de elección de contralor en marcha, y con las mayorías absolutas en el cabildo, los liberales comenzaron su propio proceso para definir el candidato ideal.

Aunque en la carpeta de aspirantes afines al liberalismo se encontraban las hojas de vida de varios candidatos, el nombre del exgobernador y exrepresentante por Santander, Jorge Gómez Villamizar comenzó a sonar con fuerza, en especial por la recomendación del exalcalde de la ciudad y amigo personal de Gómez Villamizar, Luis Francisco Bohórquez.

Un concejal liberal de la coalición aseguró que en varias reuniones Bohórquez les recomendó el nombre de Jorge Gómez para que ocupara el cargo de contralor, no porque fuera liberal sino porque consideraba que tenía la idoneidad y la experiencia para asumir ese cargo.

La relación entre Bohórquez y Gómez Villamizar es tal, que incluso la esposa del hoy contralor municipal, Martha Eugenia Fonseca Jiménez, se desempeñó como alta consejera para la Política Social durante gran parte de la administración de Luis Francisco Bohórquez como alcalde de Bucaramanga. Incluso en plena campaña legislativa del 2014, donde Jorge Gómez aspiró a repetir a la Cámara, varios ciudadanos, con registro fotográficos en mano, denunciaron que la administración municipal a cargo de Luis Francisco Bohórquez estaba entregando mercados a la comunidad en bolsas con el nombre y logo de la campaña de Gómez Villamizar al Congreso.

Las supuestas recomendaciones de Bohórquez Pedraza fueron acogidas por los 10 concejales liberales encargados de la elección del nuevo contralor, incluidos Jaime Beltrán, Uriel Ortiz y Henry Gamboa, (presidente del Concejo para la fecha de elección del contralor), quienes además de ser militantes liberales son amigos personales de Jorge Gómez Villamizar, al punto de que le acompañaron en su frustrada campaña por llegar a la Cámara de Representantes en el 2014.

Además de las supuestas recomendaciones del exalcalde Bohórquez, Gómez Villamizar también parece haber recibido el ‘guiño’ del hoy senador Horacio Serpa para que llegara a la Contraloría de Bucaramanga.

Gómez Villamizar y Horacio Serpa son oriundos de Barrancabermeja y juntos militaron en el movimiento Frente Liberal de Izquierda Auténtico, Fila, antes de llegar al liberalismo.

Para su elección, el contralor también recibió el visto bueno del senador Liberal, Jaime Durán Barrera quien es amigo personal y de militancia de Luis Francisco Bohórquez.

“Algunos sectores se han dedicado a desprestigiar la administración de Lucho Bohórquez, pero yo creo que han sido injustos con un gobierno que le dio tantas megaobras para la ciudad y que puso al municipio en el ranking internacional económico como la ‘ciudad milagro’ de Colombia y ahora vienen a despotricar de él, yo sí soy amigo personal de Lucho y no lo niego porque considero que es y fue un gran mandatario”, le dijo el senador Durán a este proyecto.

Lo cierto es que ahora, casi dos años después de terminado su mandato, Bohórquez se encuentra preso por una investigación que le adelanta la Fiscalía, según la cual el exalcalde habría participado en la creación de cinco sociedades, para luego adjudicarles, de manera irregular, contratos con la administración local.

Con la decisión unánime del nombre de la persona que sería el nuevo contralor de Bucaramanga, los concejales liberales, junto con el apoyo de los otros dos cabildantes minoritarios, le dieron el visto bueno a la elección de Jorge Gómez Villamizar como contralor municipal para el periodo 2016 – 2019.

Lo que llama la atención es que Gómez Villamizar reprobó las pruebas de conocimiento del concurso de méritos que se adelantaba para la elección de contralor, y aun así fue elegido por parte de la coalición mayoritaria del cabildo, la misma que revocó el proceso de selección y concovó uno nuevo, que al final favoreció a Gómez Villamizar.

Los nombramientos

Tras su llegada al cargo como nuevo contralor municipal de Bucaramanga, Jorge Gómez Villamizar realizó nombramientos que podrían leerse como una devolución de favores políticos a quienes lo apoyaron en su postulación y posterior elección. Especialmente, con Luis Francisco Bohórquez, de quien se pudo verificar que varios de los contratistas de su administración resultaron siendo nuevos funcionarios del ente de control fiscal en Bucaramanga.

Muchos de esos nombramientos fueron cuestionados por la Auditoría General de la República en su análisis a la gestión de 2016. En cuanto a la contratación, la Auditoría encontró falencias en la justificación de la necesidad de contrataciones y al contratar personal, no verificaba los formatos de hoja de vida en el formato oficial.

Tal vez el nombramiento más comentado fue el del actual subcontralor municipal, Héctor Rolando Noriega, quien no solo fue asesor jurídico en contratación de la administración de su ahora defendido, sino que además es amigo del sobrino del exalcalde, Cristian Bautista Bohórquez. Si bien, esto no encarna un acto prohíbido, sí significa que el señor Noriega podría estar impedido para pronunciarse sobre la gestión fiscal de la administración de la cual hizo parte.

Antes del nombramiento de Gómez Villamizar, Héctor Rolando Noriega era el contralor (e) en Bucaramanga y en su primer acto de control fiscal emitió un informe en el que supuestamente revelaba la realidad financiera de la ciudad, tratando de desvirtuar el discurso del alcalde Rodolfo Hernández sobre la crisis financiera del municipio que superaba los $300 mil millones en déficit de tesorería, hecho que podría poner en entredicho la imparcialidad con la que deben obrar todos los funcionarios públicos, en especial, cuando se desempeña un cargo de control.

Según el informe del contralor encargado, el verdadero déficit de tesorería del municipio a diciembre del 2015 superaba los $153 mil millones, casi 50% de lo que denunciaba la Alcaldía. El reporte, además, señalaba que dicho déficit podía cubrirse con $71 mil millones de las arcas del municipio y $69 mil millones de un crédito preaprobado a nombre del municipio, es decir endeudarse para pagar una deuda.

El informe además de generar todo tipo de críticas por parte de expertos financieros, también develó que, eventualmente, la Contraloría Municipal estaría obrando con cierto sesgo de parcialidad en las próximas vigencias.

Fue cuestionado también por la Auditoría correspondiente al período de 2016: “se evidencia el deficiente análisis a la situación financiera del municipio” que se refiere precisamente a la evaluación que hizo la Contraloría sobre la situación de quiebra del municipio.

Pero además del subcontralor, Gómez Villamizar también nombró otros funcionarios de libre nombramiento y remoción que tienen algún tipo de relación con el exalcalde Luis Francisco Bohórquez o con el partido Liberal.

Es así como llegó a la oficina Jurídica de la Contraloría Carlos Andrés Ortiz Monroy, allegado al concejal Liberal, René Garzón. En la oficina de Planeación de la entidad fue designada Luisa Murillo Carreño, quien por muchos años trabajó en la caja previsión municipal manejada como fortín Liberal en Bucaramanga. Ricardo Vega Jiménez, quien fue nombrado como Secretario General de la Contraloría, trabajó en oficina jurídica de la Gobernación de Santander en el periodo de Horacio Serpa. Del mismo modo, en la subcontraloría de Vigilancia y control fiscal y Ambiental fue designado Javier Enrique Garcés, quien estuvo en la unidad de trabajo de Gabriel Domínguez, diputado de Santander – fue asesor de despacho de Lucho Bohórquez y es reconocido por su cercanía con el concejal Liberal, Henry Gamboa.

Por último, Carlos Barajas Herreño, llegó a la subcontraloría de Participación Ciudadana, luego de tener un Contrato de Prestación de Servicios, CPS, en la Alcaldía de Bucaramanga 2012- 2015 en la administración de Bohórquez. También trabajo en la Gobernación de Richard Aguilar y en la Alcaldía de Floridablanca.

Decisiones polémicas

La llegada de Jorge Gómez Villamizar a la Contraloría de Bucaramanga no solo significó que varios de los allegados al liberalismo fueran nombrados como funcionarios en el ente de control fiscal, las decisiones proyectadas por esa entidad también han suscitado la polémica por el presunto direccionamiento en actuar con eficacia en los procesos fiscales contra la administración Hernández, mientras que las investigaciones en contra de la administración de Luis Francisco Bohórquez no prosperan.

En revisión detallada de los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría municipal en la vigencia 2016 y lo corrido del 2017, se evidenció cómo las decisiones se enfocaron más en la sanción a las actuaciones del gobierno de Rodolfo Hernández, mientras que varias de las indagaciones contra administraciones anteriores como las de Héctor Moreno y Luis Francisco Bohórquez, (ambos liberales), terminaron en los anaqueles de los archivos de la entidad.

Las decisiones de la Contraloría han llegado a tal límite que, mientras ordenó el embargo de la cuenta donde se le consigna el sueldo al alcalde Rodolfo Hernández como parte del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta el ente de control contra el mandatario local, en una auditoría especial sobre un tema relacionado, no encontró hallazgos de ninguna naturaleza.

En la medida cautelar de embargo contra Rodolfo Hernández, la cual fue emanada por el subcontralor municipal, Héctor Rolando Noriega, (excontratista de la administración de Luis Francisco Bohórquez), se hace efectivo el cobro coactivo, situación que sólo podría darse cuando la medida esté en firme y para eso se requeriría por lo menos de un año. Esta acción se dio por la firma de un contrato que hizo el Acueducto Metropolitano con el ingeniero Felipe Ardila Vásquez en el 2016 para realizar una auditoría especial sobre el contrato para construir la Planta de Tratamiento de agua potable de Los Angelinos.

Según la Contraloría, existe un daño fiscal por parte del alcalde Rodolfo Hernández, como presidente de la Junta del Acueducto, al firmar un contrato para hacer una auditoría a una obra que ya había sido auditada precisamente por la Contraloría. Según la medida, la cuantía del embargo supera los $140 millones.

Paradójicamente, el informe de la auditoría especial de la Contraloría al contrato de construcción de la planta de Los Angelinos no arrojó ningún hallazgo, a pesar de que la obra tuvo que ser terminada por el vencimiento del plazo contractual, y en proceso de discusión ante un tribunal de arbitramento, en medio de denuncias de sobrecostos.

“Podemos concluir que no se evidencia afectación al patrimonio público del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y que los procedimientos para la contratación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable los Angelinos y la Planta de Lodos de Bosconia se efectuaron conforme a la normatividad aplicable al sujeto de control”, concluye el equipo auditor de la Contraloría. Dicho contrato fue firmado en la administración de Luis Francisco Bohórquez.

Así mismo, las auditorías de la Contraloría se han enfocado en las actuaciones de los funcionarios de la administración de Rodolfo Hernández como sucedió con la suspensión de la entonces gerente del sistema masivo de transporte de Bucaramanga, Metrolínea, Ángela Farah, dentro de un proceso fiscal que se adelanta al interior del organismo de control contra la Gerente del ente gestor, por el despido de tres contratistas, que generaron indemnizaciones de $30 millones, que a juicio de la Contraloría habrían ocasionado un presunto daño fiscal.

En igual sentido, las indagaciones contra el exdirector de Tránsito, Miller Salas por supuestamente haber posesionado a un funcionario sin que éste cumpliera con el perfil para el cargo asignado. Una situación parecida a la ocurrida en el caso contra la secretaria Administrativa del municipio, Lida Marcela Salazar por realizar un convenio con una caja de compensación familiar para la entrega de los bonos a los cuales tienen derecho los empleados de la Alcaldía.

Incluso, la Auditoría General de la República, entidad encargada de controlar el funcionamiento de las Contralorías, determinó la existencia de indicios de irregularidades en las actuaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

Según los informes de la Auditoría de los últimos dos años, esa es la contraloría que más hallazgos ha tenido: 84 entre 2015 y 2016. De esos, cuatro son hallazgos fiscales que suman 14´473.110 pesos.

La Auditoría encontró que entre el hallazgo y la fecha de apertura de indagación, la contraloría utilizó en promedio 556 días, lo que se traduce en falta de celeridad.

Según la Auditoría, la Contraloría de Bucaramanga tiene como práctica común el retiro de observaciones en el 46% de las auditorías regulares, exprés y especiales realizadas con corte a 26 de junio de 2017, lo que evidencia deficiencias en la práctica de control fiscal que adelanta la entidad.

Esto, en respuesta a las denuncias que advertían sobre supuestas presiones por parte del contralor y del Jefe de Vigilancia Fiscal hacia el equipo auditor de la Contraloría para cambiar los informes fiscales que afectarían a los amigos cercanos a Gómez Villamizar. Específicamente la denuncia se remite a un proceso con hallazgos fiscal contra el expresidente del Concejo, el liberal Henry Gamboa, quien no habría pagado la ARL a contratistas en el 2016.

“Efectivamente en la Auditoría Regular realizada en el Concejo municipal, se presentó retiro de observaciones de 16 a 6, sin que las motivaciones expresas en los documentos de la misma auditoría fueran muy precisas, de manera particular en la ausencia de afiliación a ARL en dos contratos”, dicta el informe de la Auditoría.

En el mismo sentido, la Auditoría General concluyó en la revisión que existen falencias en la forma como la Contraloría archivó dos de los tres procesos de responsabilidad fiscal que adelantaba contra Óscar Uriel Arrieta por las presuntas irregularidades en el contrato para la recolección de basuras firmado entre al Emab y Proactiva, contrato que tuvo hallazgos fiscales superiores a los $364 millones y que también fue firmado en la administración de Luis Francisco Bohórquez.

Y adicionalmente, en la revisión correspondiente a 2016, la Auditoría encontró que los estados contables no fueron presentados razonablemente pasando por la gestión de la contraloría auxiliar de participación ciudadana, de la cual dijo: “su función se convirtió más bien en una oficina receptora de correspondencia”. Además, que no clasifican de manera adecuada las quejas e incumplen con las respuestas adecuadas a los ciudadanos.

E hizo reparos específicos de falta de resultados coherentes y eficaces en la evaluación ambiental de sus vigilados, específicamente Metrolínea y administración central.