En calidad de contratista, el contralor del Atlántico firmó el pasado 1 de septiembre un contrato directo por 1.186 millones de pesos con la Gobernación de ese departamento, que es el principal objeto de su control fiscal. Es decir, Carlos Rodríguez Navarro deberá vigilar millonarios recursos que ejecutará él mismo.

Los ejecutará vía el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría del Atlántico, a nombre del cual sale el contrato que hoy revelamos, que es un ente con personería, autonomía y presupuesto propios, pero adscrito al ente de control y representado legalmente por el contralor Rodríguez Navarro, quien de hecho aparece firmando el documento.

El negocio lo entregó en concreto la Secretaría de Desarrollo Económico del Atlántico -en cabeza del secretario Anatolio Santos Olaya- a través de un convenio o contrato interadministrativo -que es el que permite a dos entes públicos aliarse- , en el que se establece que con esa plata, y durante cuatro meses, el Fondo deberá fortalecer las unidades de asistencia técnica agropecuaria Umatas y los consejos de desarrollo rural de 22 municipios atlanticenses, por medio de “la actualización y potencialización de las funciones, servicios y acciones a su cargo”.

Según el convenio o contrato interadministrativo, el proyecto lo desarrollará puntualmente una escuela de capacitación que tiene el Fondo de Bienestar de la Contraloría, que deberá hacer dos tipos de actividades: unos encuentros con los funcionarios de las Umatas y unas jornadas de actualización con los integrantes de los consejos de desarrollo rural.

Por esto, el Fondo que representa el contralor recibirá, por parte de la Secretaría de Desarrollo, 593 millones de pesos (la mitad del valor del contrato) por anticipado, 296 millones más (el 25 por ciento) transcurridos dos meses del inicio de la ejecución y los restantes 296 millones al finalizar la misma.

Según los estudios previos sobre el contrato, publicados en el sistema electrónico de contratación pública Secop, el millonario proyecto nació luego de que el mismo Fondo de Bienestar de la Contraloría del Atlántico le enviara una propuesta a la Gobernación, el pasado 2 de agosto.

Menos de 15 días después, la Secretaría de Desarrollo Económico expidió un certificado de disponibilidad presupuestal confirmando que tenía la plata y dos semanas más tarde las partes firmaron el convenio.

Lo más llamativo es que estos recursos no serán auditados por la Auditoría General de la República, que es la que vigila la gestión fiscal de las contralorías del país, porque, si bien ese ente investiga a la Contraloría del Atlántico, no tiene entre sus funciones examinar el Fondo de Bienestar de ésta.

Así nos lo confirmó el auditor delegado Luis Carlos Pineda, quien explicó: “Sólo podemos vigilar el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. A nivel territorial, no tenemos esa competencia, así que se vigilan ellos mismos”.

De hecho, esa vigilancia de la Auditoría al Fondo de la Contraloría General no siempre fue así: hasta 2011, también allí, a nivel nacional, se daba la vigilancia ‘yo con yo’ entre la Contraloría General y su Fondo de Bienestar Social.

La pelea para cambiar ese escenario la dio el entonces auditor general Iván Gómez Lee, a quien la Corte Constitucional le concedió la razón en la sentencia C-599/11 al declarar inexequible un artículo del decreto ley 267 de 2000, que disponía que el control fiscal al Fondo de Bienestar de la Contraloría General lo debía hacer ese mismo órgano.

En la demanda que puso para que la Auditoría se quedara con ese control, Gómez Lee destaca que entre el Fondo y la Contraloría hay una relación de subordinación y que, al estar ambos integrados y dirigidos por el mismo grupo de personas, no son independientes entre sí.

El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría del Atlántico nació en 2004 vía una ordenanza de la Asamblea (la 001 de ese año), con dos objetos: contribuir a solucionar las necesidades de los empleados de la Contraloría en salud, educación, vivienda y recreación, y “desarrollar planes de capacitación no formal para ponerlos al servicio de los funcionarios públicos de otras entidades”, como reza la ordenanza, a través de una escuela de capacitación integrada por personal de planta del organismo de control.

¿Incluye esto último cobrar casi 1.200 millones de pesos al principal objeto de control fiscal de la Contraloría por hacer unos encuentros durante cuatro meses? No es claro porque la ordenanza -que también publicamos- no tiene en ninguna parte el verbo “contratar”.

Además, la función constitucional (artículo 267 de la Carta) de las contralorías es principalmente el control fiscal y el Fondo no sólo está adscrito a ese organismo, sino que su presupuesto lo recibe del mismo por concepto de aportes anuales, multas que imponga el ente y pago de fotocopias y certificados de paz y salvo que éste reciba, al igual que de donaciones, contribuciones de los empleados y lo que perciba por dar las capacitaciones.

Para 2017, el presupuesto aprobado en la Asamblea para el Fondo de Bienestar de la Contraloría atlanticense fue de 200 millones de pesos. El del órgano de control, de 6.344.

Lo que nos dijo sobre este caso un auditor fiscal de otra Contraloría, al que consultamos por considerarlo un funcionario técnico y concedimos el off the récord para no comprometerlo, es que no parece haber ningún impedimento legal para que el Fondo haya obtenido este contrato, pero sí resta independencia que un ente vigilado le entregue recursos al organismo que le hace la vigilancia fiscal.

De manera particular, al funcionario le llama la atención que el contrato lo haya firmado el propio contralor y no, por ejemplo, el gerente del Fondo, como sucede con los contratos que firma el Fondo de la Contraloría General en Bogotá.

En este sentido, encontramos un pronunciamiento que hizo la Auditoría General de la República en un informe sobre la Contraloría del pueblo de Soledad (vecino a Barranquilla) en el año 2009.

Según el informe, el organismo soledeño también tiene un Fondo de Bienestar creado por el Concejo del municipio, dotado de autonomía, presupuesto y personería propios y con una escuela de capacitación que contrata, al que no pudieron auditar, pero sobre el que dicen lo siguiente: “El hecho de haber recibido aportes o recursos por parte de entes vigilados por la Contraloría conduce a un conflicto ético por parte del contralor”.

Mientras que un político experto en movidas tradicionales al que le contamos la historia agregó, por su parte, que, dado que las contralorías tienen un presupuesto por lo general pequeño y no pueden abrir licitaciones, la contratación a través de estos fondos puede ser la manera de “abrir un chorro para hacer negocios con plata pública”.

Lo de la poca capacidad de contratación de la Contraloría del Atlántico se evidencia en que el mayor contrato que entregó la entidad en 2016 fue por 100 millones de pesos y el más alto de 2017, en lo corrido entre enero y julio, fue por 150 millones.

Aunque, luego de revisar en el sistema electrónico de contratación pública Secop, este fue el único gran contrato que le encontramos al Fondo de la Contraloría del Atlántico, nos topamos con otro directo entre dicho Fondo y la Gobernación (en concreto con el Fondo de Seguridad y Convivencia de la Secretaría del Interior) de fines de 2016, pero por 550 millones de pesos, para capacitar durante dos meses a los funcionarios municipales encargados de gestionar las políticas de seguridad en el departamento.

Con una particularidad: ese sí no lo firma el contralor Rodríguez Navarro, sino Josefa Cassiani Pérez, la entonces secretaria general de la Contraloría y quien trabajó en la misma hasta el 11 de enero de 2017.

Consultado respecto al millonario contrato que sí firmó, el contralor atlanticense nos respondió que no siente para nada comprometida su independencia al tener que vigilar fiscalmente recursos que ejecutará un ente que él mismo dirige:

“La escuela de capacitación del Fondo tiene un marco misional que es vender servicios de capacitación a distintas entidades públicas, sean sujetos de control nuestro o no. Ese contrato no tiene ningún problema, así que bien lo puedes publicar”, le dijo Rodríguez Navarro a La Silla Caribe.

Cuando le leímos el concepto que encontramos de la Auditoría General, según el cual recibir recursos de un ente vigilado conduce a un conflicto ético por parte del contralor, agregó que él sí cree que los recursos del Fondo debería vigilarlos un tercero, pero que por ahora la disposición legal es que lo haga la misma Contraloría.

Según Rodríguez, desde septiembre, luego de firmar el contrato millonario con la Secretaría de Desarrollo, delegó funciones y hoy es su secretario general quien firma este tipo de negociaciones, aunque él sigue siendo el gerente de Fondo.

El contralor también detalló que, para ejecutar el proyecto de las Umatas, el Fondo subcontrató a una fundación, cuyo nombre no nos dio porque no se acordaba.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, Anatolio Santos Olaya, no accedió a hablarnos por encontrarse ocupado. A través de su jefa de prensa nos envió un resumen del contrato y de los estudios previos de éste, información que ya habíamos descargado del Secop.

Conexión política pintada de rojo

No es la única conexión entre el contralor y la Gobernación a la que tiene que vigilar. Carlos Rodríguez Navarro -abogado de Sabanalarga con maestría en Derecho Administrativo y especializaciones en derecho administrativo y laboral, gestión pública y gerencia de servicios de salud- llegó a su cargo con el respaldo de la casa política de Álvaro Ashton, único senador en el Atlántico del Partido Liberal, colectividad que avaló al gobernador Eduardo Verano.

Ashton ha adquirido reconocimiento nacional reciente por estar mencionado en el escándalo de corrupción en la justicia bautizado “el cartel de la toga”, como supuesto beneficiario de las vueltas que hacía el corrupto exfiscal Gustavo Moreno ayudando a parar procesos en la Corte Suprema a cambio de plata. El alto tribunal está investigando estas menciones al senador.

El contralor fue elegido de una terna en la que, de hecho, todos los integrantes fueron presentados mediáticamente como liberales (los otros dos nombres eran Gustavo Amador y Eduardo Carballo) y que fue armada por la Universidad Católica, a la que la Asamblea contrató para evaluar las hojas de vida de los aspirantes y hacerles las entrevistas.

Eso, a pesar de que, para entonces, los liberales tenían apenas dos de 14 diputados: Lourdes López y David Ashton.

Este último, sobrino del senador Ashton, en el momento en que se armó la terna era el presidente de la duma y según dos diputados que nos lo contaron por aparte, pero pidieron que se omitieran sus nombres para no meterse en líos, buscó apoyos para Rodríguez entre sus compañeros.

Otra evidencia de la cercanía del contralor con la casa Ashton es que, antes de lanzarse por la Contraloría, éste llegó a sonar como precandidato a la Alcaldía de su natal Sabanalarga del grupo del senador rojo.

Por otro lado, la casa Ashton está ligada al gobernador Verano no sólo porque comparten el mismo techo: el Partido Liberal, sino porque el movimiento del senador rojo respaldó activamente la campaña de ese mandatario.

Luego de eso, ya posesionado Verano, Ashton adquirió y mantuvo poder burocrático en la Gobernación, puntualmente en las secretarías de Salud (con el secretario Armando de la Hoz Berdugo) y Hacienda (a la cabeza de Juan Carlos Muñiz), como lo ha contado La Silla Caribe.

De todas maneras, más allá de todas esas conexiones políticas, al hoy contralor también le facilitó su elección el hecho de haber trabajado como asesor en la Asamblea, lo que hizo que no fuera un desconocido e incluso tuviera allí ya buenas relaciones con varios diputados.

Su nombre fue propuesto oficialmente a la corporación por el diputado de La U Juan Manotas Roa y obtuvo 14 de 14 votos posibles.

Recién posesionado, se declaró una persona “de provincia” y “humilde” y prometió que lideraría una de las contralorías con mayores resultados del país, con el ojo puesto especialmente en las obras inconclusas o elefantes blancos, en la red hospitalaria y la Universidad del Atlántico, a los cuales efectivamente ha auditado, estableciendo hallazgos sin que en estos casi dos años haya habido aún una decisión definitiva.

El monto de los hallazgos fiscales encontrados por la Contraloría de Rodríguez, en su primer año, llega a 22 mil millones de pesos, y en lo corrido de 2017, ya va en 25 mil millones de pesos. Todos a la espera de decisión definitiva.

Su lupa no ha borrado, sin embargo, el aura de sus conexiones políticas con la Gobernación.

Este año, por ejemplo, varios medios locales publicaron las fotografías de una reunión social en Sabanalarga en la que aparece Rodríguez Navarro junto a varios funcionarios que él vigila fiscalmente, incluyendo al gobernador Verano y a la gerente del Hospital Universitario CARI ESE, Rocío Gamarra.

El contralor respondió en su momento, asegurando que eso no tenía nada de irregular porque el encuentro fue para hablar de la complicada situación financiera del hospital de Sabanalarga.

A nosotros nos aseguró hace unos días: “No tengo ningún tipo de relación amistosa con el gobernador”.

Ahora, con la revelación del millonario contrato que firmó con la Secretaría de Desarrollo, a Rodríguez Navarro le va a quedar más difícil negar sus relaciones políticas.

Este artículo también fue publicado en La Silla Caribe.