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Miércoles, 18 Enero 2017

Álvaro Uribe infla número de bandas criminales en Colombia

Por Sania Salazar

Aunque es una forma de delincuencia difícil de medir con exactitud, la Policía y la Fundación Pares calculan que es una cifra muy inferior a las 3.500 que asegura el senador.

“La paz con las Farc no es la paz de Colombia, qué van a hacer con las 3.500 bandas criminales”, preguntó el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, partido opositor, a un grupo de periodistas mientras entregaba unas declaraciones en Washington en diciembre pasado.

¿3.500 bandas criminales? “Más de 3.500 bandas criminales”, aseguró la senadora del mismo partido, Paloma Valencia, en una entrevista al Diario del Huila.

La preocupación por las bandas criminales que delinquen en el país no es solo de los uribistas, es un problema sobre el que investigadores, académicos y políticos, entre otros sectores sociales, han llamado la atención, pero que se ha calculado en una cifra muy inferior a las 3.500, por lo que calificamos la afirmación de Uribe como falsa.

“Son al menos cinco estructuras criminales de alcance nacional, las cuales tienen capacidad territorial y militar para generar terror entre las comunidades y al menos 27 pequeñas bandas que operan de manera localizada”, calcula Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en un informe titulado “Bandas criminales, el riesgo del posconflicto”.

Colombiacheck contactó telefónicamente y por medio de whatsapp a la coordinación de comunicaciones del Centro Democrático para saber la fuente de la cifra, pero no nos contestaron por ninguno de estos canales.

En sus justas dimensiones

En el informe de Pares se hace referencia, también, a información suministrada por la Policía que indica que además del clan Úsuga, los Rastrojos, las disidencias del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac, y las Águilas Negras esa institución ha identificado “otras 27 bandas criminales que operan en al menos 157 municipios del país”.

“De acuerdo a este diagnóstico, la situación de las Bacrim ha vuelto a su etapa inicial, cuando en 2008 se conocía de la existencia de 32 estructuras criminales en el país. Sin embargo, más allá de la multiplicidad de posibles estructuras, este diagnóstico deja en evidencia las falencias de las autoridades para entender el fenómeno de las bandas criminales y la amenaza que representan estas estructuras para la aplicación del acuerdo de paz”, explica Ávila.

El investigador explica que las Bacrim son una diversidad de estructuras criminales que pueden estar agrupadas en una misma organización como los Urabeños, el Clan Úsuga o los Rastrojos y que esa diversidad ha dificultado la comprensión del problema.

El problema no es de números

Las bandas criminales son una de las grandes amenazas para la paz en Colombia pues están ocupando los territorios que han dejado las Farc y harían lo mismo con las que deje el ELN, si prospera la negociación con ese otro grupo subversivo. Las Bacrim van detrás del control de los negocios ilegales que hay en esas zonas del país, panorama que delimita bien la nota titulada “Con las Farc afuera, otros amenazan la paz”, publicada en el diario La Patria.

“Las amenazas y la muerte a líderes de la restitución de tierras, a defensores de derechos humanos y a promotores de las negociaciones de paz, son actividades que ligan, abiertamente, a las bandas criminales con el pasado paramilitar, pero ahora sólo, en ocasiones, apelan a un discurso antisubversivo y en algunas zonas son palpables las alianzas con las Farc y el ELN”, este es, según León Valencia, de Pares, una de las conclusiones de un estudio que hicieron sobre la situación de estas organizaciones.

Además Valencia señala que sobre la presencia de estos grupos en el país hay distintas valoraciones en la Policía, la Fiscalía y las organizaciones no gubernamentales, pero que su fundación “ha detectado actividades de estas fuerzas en 275 municipios de 27 departamentos”.

“Hay, desde luego, una volatilidad enorme de estos grupos por las capturas, las muertes y las disoluciones de sus estructuras, pero lo que está plenamente demostrado es que el número y la extensión de los Bandas Criminales exceden bastante los cálculos que tiene la Fuerza Pública que registra unas 4.900 personas que integran estas organizaciones”, indica Valencia.

El momento por el que atraviesa el país exige más que nunca que se encuentre rápidamente una manera eficaz de acabar con estas bandas, estrategia que pasa, según Juan Carlos Garzón, investigador asociado de Ideas para la Paz, por llegar a un consenso sobre si son bandas criminales o paramilitares, así como por quién y cómo debe combatirse.

El pasado 11 de enero el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas insistió en que “decir que hay paramilitares es darles un reconocimiento político”. Dos días después se conoció el informe anual de la ONG Human Rights Watch en el que se asegura que la desmovilización de los paramilitares “presentó grandes falencias” y terminado el proceso “numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos”.

“Los grupos sucesores, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y actos de violencia sexual”, asegura el informe.

Mientras el contrapunteo pesiste, los criminales siguen en lo suyo y la población afectada reclama soluciones rápidas y eficaces.

Lunes, 18 Febrero 2019

Claudia López y Roy Barreras sí fueron autores del Código de Policía

Por Ana María Saavedra

Los excongresistas fueron parte de los autores de la ley, pero dicen que fue malinterpretada en el caso de la multa por una empanada

La semana pasada, un joven en Bogotá fue multado con 835.000 pesos por compra una empanada a una vendedora ambulante. La indignación apareció rápido en redes sociales y, entre otros memes que circularon, uno asegura que el senador Roy Barreras y la exsenadora Claudia López fueron los autores del “absurdo Código de Policía”. 

En Colombiacheck revisamos y calificamos la información como “Verdadera, pero”, pues López y Barrera sí hicieron parte de los autores de la ley, pero el meme no explica el contexto de lo que sucedió.

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En efecto, Barreras y López hacen parte de los nueve congresistas autores de la Ley 1801 de 2016 del nuevo Código de Policía y Convivencia. Los otros autores fueron Germán Varón, José David Name, Juan Manuel Galán, Óscar Fernando Bravo, Telésforo Pedraza y el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

Sin embargo, algunos de los autores de la ley argumentan que el caso de la empanada fue una malinterpretación de lo que esta dice.

El artículo por el que los policías impusieron el comparendo al comprador es el 140, numeral 6.

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En ese punto se indica entre los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público está el “promover o facilitar el uso y ocupación del espacio público en violación de las normas o jurisprudencia constitucional vigentes”.

La exsenadora Claudia López, explicó, a través de su oficina de prensa, que lo ocurrido con la multa al comprador de la empanada “es un claro exceso y mala interpretación de la norma”.

“En ese entonces esos artículos se pusieron para castigar a los que cobren por alquilar espacios para poner ventas ambulantes. ¡Promover no es comprar empanadas! Y la Corte en ese artículo dijo que los vendedores eran personas vulnerables, castigarlos es una sanción desporporcional”, nos dijo, a través de Whatsapp, la jefe de prensa de López como la respuesta de la ex senadora.Además, la exsenadora publicó este hilo en su cuenta de Twitter:

 

 

 

Consultamos al exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, abogado constitucionalista, quien estuvo de acuerdo en que el artículo 140 numeral 6 fue creado para sancionar a quien que promueva la invasión del espacio público.

“Un ejemplo: soy administrador de un edificio y hago poner muebles y obstáculos en el espacio público para beneficio de mi edificio o las mafias que venden el espacio público. Eso es, la sanción es para el que promueve y no para el que se comprar una empanada. Las normas del derecho deben ser interpretadas como principios mínimos: efecto útil de la norma. La norma tiene que ser orientada a realizar los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Una interpretación como la de sancionar a alguien que compra una empanada o un chontaduro es desproporcionada y no razonable”, explicó el exmagistrado, haciendo referencia a un caso similar de hace un mes en el que una persona fue multada en Armenia por comprar chontaduros en la calle.

Justamente, los principios rectores mencionados por Hernández están en el artículo 8 del código de policía.

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Hernández también aclaró que no se puede considerar que comprar la empanada se esté promoviendo la invasión del espacio público. “Se parte del supuesto de que la persona cumple los requisito. Como peatón no tienes por qué ser quién investiga si el vendedor tiene la autorización o no”.