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Martes, 22 Mayo 2018

Atlántico, la fuerza electoral de Vargas Lleras

Por Ana María Saavedra

En dos manifestaciones en Barranquilla, lideradas por Efraín Cepeda y la casa Char, 32.000 personas se agolparon para el cierre de campaña de Germán Vargas. Muchos llegaron en buses desde pueblos del Atlántico o barrios de la ciudad. El candidato mostró la fuerza de su maquinaria en la Costa, que en 2014 lo llevó a la vicepresidencia.

Los alrededores del barrio el Carmen, en el suroccidente de Barranquilla, están colapsados. Jóvenes, niños, mujeres y hombres descienden de buses y caminan hacia el parque. Algunos con camisetas y gorras blancas, otros amarillas y otras rojas con la foto o el nombre de Germán Vargas Lleras.

La muchedumbre de seguidores del candidato presidencial empezó a llegar a las 4:00 p.m., en la tarima instalada de espaldas al CAI de la Policía ya empezaba a sonar: Vamos , vamos con el mejor, Vargas Lleras, mejor… Mejor, mejor... Aunque en la mañana del sábado 19 llovía en Barranquilla y durante todo el día el cielo estuvo cubierto de nubes, los seguidores del candidato presidencial cumplieron su cita.

El fantasma de la lluvia y los arroyos asustaba a los asistentes. Pero aunque el sol no salió en todo el día, con pronóstico de tormenta, solamente llovió en la mañana y Vargas Lleras pudo realizar las tres manifestaciones que tenía programadas para cerrar su campaña en la Costa Atlántica. La última de ellas, era la organizada por su propio partido en el parque de El Carmen. Allí se mostraría la fuerza de la familia Char, sus grandes aliados en Barranquilla.

“La Costa pone Presidente y estamos con Vargas Lleras. Así llueva y truene vamos a acompañar a nuestro presidente, porque él ha hecho mucho por esta región y lo va a seguir haciendo”, decía Gloria Guerrero, líder y edil quien llevó en un bus y en carros particulares a 50 personas, algunas pertenecientes a la fundación Sembrando Sonrisas. “Y el 27 de mayo le voy a poner 2.500 votos”, vaticinaba.

Al caer la tarde, Joselo, un humorista barranquillero, bromea con el público mientras esperan al candidato Vargas Lleras. En la tarima ya se encuentran los congresistas de Cambio Radical Arturo Char (126.587 votos ) y su fórmula César Lorduy ( 72.057), los dos más votados en las elecciones pasadas en su región. A su lado, Marta Villalba de La U.

La cancha sigue llenándose. En la calle 53 cruza una fila india hacia una de las entradas habilitadas. En la carrera 20 vendedores ambulantes de raspado, chuzos, chorizos, arepas se instalaron en el separador para hacer su venta. Un grupo de seguidores llega con una papayera, vestidos de camisetas blancas y con pancartas de ‘Vargas Lleras Presidente’. Así van arribando grupos al lugar desde todos los costados: ‘Algodonal, apoya a Vargas Lleras’, dice otro letrero de un grupo de personas procedente del Atlántico; #Mejor Vargas Lleras, apoya senador Luis Eduardo Díaz Granados.

Momentos después el propio senador de Cambio Radical llega a la tarima, así como Elsa Noguera, ex alcaldesa de Barranquilla y exministra de vivienda, y Jaime Pumarejo, gerente de la campaña de Vargas Lleras en el Atlántico.

La campaña de Vargas Lleras aseguró que en las tres congregaciones del sábado en Barranquilla el candidato reunió más de 32.000 personas repartidas así: 2000 en el barrio Las Vegas, 10.000 en una concentración en el parque de la Magdalena (organizada por el senador conservador Efraín Cepeda) y 20.000 en la cancha del Carmen.

Colombiacheck estuvo en las dos últimas congregaciones. Mientras en El Carmen, que mide 62 metros de largo por 72 de ancho, cabían hasta 17.000 personas en la cancha llena, en La Magdalena podían ingresar hasta 21.500.

Sin embargo, ninguna de las canchas estuvo a reventar, pero muchos de los seguidores se ubicaron en las calles aledañas de las canchas, pues venían con niños o la fila del ingreso era muy larga y prefirieron escuchar los discursos desde la calle. Es así como, los cálculos de la campaña de Vargas son aproximados y superan las 32.000 personas.

En ambas manifestaciones, Vargas estuvo acompañado de su hija Clemencia, quien hizo el baile oficial de la campaña ante los barranquilleros. A su lado, mujeres en trusa y gabán acompañaban al grupo de champeta que tocaba.

“Anda y baila bien la condenada”, dijo una joven que desde la reja miraba la presentación. A su lado, otra que venía desde el barrio Santodomingo en un bus con 30 personas más, decía que de las propuestas de Vargas Lleras le gustaba la de la “universidad para los jóvenes”. Llevaban carteles de Miguel Amín, senador de La U.

Las casas gratis

En la calle otra mujer, que venía de Las Moras, en Soledad, decía que había venido porque su sobrino las había traído.

“Él va a trabajar con el magisterio y nos dijo que lo apoyarámos viniendo, somos 18”, aseguró.

Un joven caminaba con una cerveza en la mano junto a una joven vestida con un enterizo de blujean:

— ¿Trabajas en la Alcaldía, no te he visto?

— Sí — le contestó ella.

— Podemos salir — le preguntó él y siguieron caminando hacia la cancha.

A pocos pasos, una joven con una blusa rosada le decía a su amiga que se tomaran la foto para el Face para que supieran que habían estado allí.

Otro hombre, de tez trigueña, le dice a sus acompañantes que ahora se toman la foto. Son cinco personas paradas en la esquina de la Carrera 23 con Calle 53, a un costado de la cancha, que vienen desde El Barrio Villaestadio.

— ¿Por qué vino a apoyar al candidato? — le pregunto a uno de ellos.

— Me gusta su programa de gobierno, tiene muchas cosas positivas, que espero que pueda realizar, dice.

— ¿Cómo cuáles? —, pregunto de nuevo.

— El programa del empleo, el estudio. Yo estoy sin trabajo, por eso espero que con sus programas me pueda ayudar. También me gusta que él va a combatir la delincuencia, que es uno de los problemas grandes —, contesta y agrega que está en la manifestación acompañando a su primo que trabaja en la Secretaría de Hacienda.

A los pocos minutos llega Vargas Lleras al lugar. Son las 7:00 p.m., hora programada para su evento.

“Barranquilla se sobró. Estoy muy agradecido, me llenan de energía para terminar de librar esta dura batalla”, dice en la tarima, rodeado de los congresistas de Cambio Radical y La U que lo apoyan: Arturo Char, César Lorduy, Luis Eduardo Díaz Granados, Karina Rojano, Modesto Aguilera, Marta Villalba….

En esa tarima se vio la fuerza de Cambio Radical, unido con el partido de La U. El Atlántico, fortín de la casa Char, es una de las zonas fuertes de Vargas Lleras con quince congresistas apoyándolo, sumado a la alcaldía de Alex Char. Hace cuatro años, cuando Vargas fue fórmula presidencial de Juan Manuel Santos, el Atlántico le aportó, para la segunda vuelta (cuando ganaron la presidencia) 541.455 votos (el 78 % de los votos). Este departamento fue determinante para el triunfo de Santos.

Según la Silla Caribe, en la región Vargas cuenta con una maquinaria de 17 senadores y 33 representantes (entre actuales y nuevos), tres alcaldes capitales y tres gobernadores.

César Lorduy, electo representante a la Cámara, dice que los congresistas de Cambio Radical sacaron estas elecciones 420.000 votos y “todos estamos con Vargas. Súmele los conservadores y los de La U, que hacemos parte de la coalición y haciendo cuentas por el 50 % de esos votos, pues el Atlántico le pondría a Vargas Lleras mínimo 500.000 votos.

Había estado en la cancha del barrio La Magdalena, donde el senador conservador Efraín Cepeda organizó también una concentración para apoyar al candidato presidencial. Allí, en este barrio popular, las vías cercanas también colapsaron por los buses y busetas parqueados de los que descendían personas procedentes de diferentes pueblos del Atlántico: Galapa, Candelaria, Sabanalarga, Sabanagrande, Santa Lucía, Polonuevo, Manatí y de los barrios Rebolo y San Isidro de Barranquilla, entre otros.

Marco Antonio Luguiz, oficial de albañil, llegó con su familia y vecinos en un bus procedente de Sabanalarga. Este conservador aseguró que su voto por Vargas Lleras y su presencia en la concentración es por la disciplina con su partido y con su líder Efraín Cepeda, que lo apoya.

Jorge Sarmiento, editor del portal La Cháchara, explicó que en las dos manifestaciones se vio la fuerza de sus aliados. "En la cancha de La Magdalena se mostró el caudal electoral de los conservadores, especialmente del senador Efraín Cepeda, quien tras la caída de la Casa Gerlein tomó las riendas del Partido en el Atlántico. Y en la cancha del barrio El Carmen se mostró Cambio Radical, controlado por la casa Char, que es el clan político más fuerte en el Atlántico y en la región, con siete congresistas en el departamento y, por supuesto, la alcaldía de Barranquilla en cabeza de Alejandro Char".

Las casas gratis

En medio de las manifestaciones en los parques El Carmen y La Magdalena el candidato Vargas recordó el apoyo que le dio al Atlántico, primero ministro de Vivienda (2010) y luego como Vicepresidente (2012-2017).

“Pudimos en un año entregar más de 10.000 viviendas gratuitas a Barranquilleros, a la gente de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Ponedero. El departamento del Atlántico es quizá el más beneficiado con las casas gratis”.

Una afirmación que Colombiacheck verificó y encontró que es Aproximada. Primero, su campaña nos informó que las cifras son 9.503 viviendas en la primera fase de las casas gratis, con una inversión de $458.632 millones.

“Los municipios son Barranquilla 4.912 viviendas, Soledad 1.561, Galapa 848, Palmar de Varela 190, Repelón 300, Sabanalarga 348, Malambo 720, Sabanagrande 110, Suán 300 y Baranoa 214”, agregó un vocero de la campaña.

Al verificar el balance que entregó el propio Vargas al dejar la Vicepresidencia se indicó que de los 282 proyectos de las casas gratis, 20 fueron en Atlántico, el departamento con más casas entregadas: 9.503 de las 101.335 de todo el país.

Alejandro Callejas, vicepresidente de Findeter, le explicó a Colombiacheck que el programa de Casas Gratis tiene una fase privada y otra pública. “Nosotros operamos el Atlántico en su fase privada y en sólo nuestro programa fueron 8816 casas. A eso habría que sumarle el componente público y el programa Vipa, que en nuestra parte lleva mas de siete mil casasen el Atlántico”.

Finalmente, Luis Trejo, profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, explicó que aunque no han realizado un análisis cuantitativo de la entrega de las casas gratis en Atlántico, al analizar cualitativamente la afirmación de Vargas de que el Atlántico es el departamento más beneficiado, no es una frase descabellada por los vínculos del exvicepresidente con la casa Char. “Aplicando la lógica clientelista, pues esto se da en retribución a la casa Char por los esfuerzos electorales y tratando de cautivar un electorado”, agregó.

“Ayúdenme estos siete días y les doy mi palabra que le serviré a Barranquilla y al Caribe colombiano durante los próximos cuatro años”, le dijo Vargas a la multitud al cerrar el evento de El Carmen.

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    1. Frase: “Pudimos en un año entregar más de 10.000 viviendas gratuitas a Barranquilleros, a la gente de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Ponedero. El departamento del Atlántico es quizá el más beneficiado con las casas gratis”.

    2. Autor de la frase: Germán Vargas Lleras

    3. Fuentes consultadas y expertos:

    -Campaña de Vargas

    -Balance de Germán Vargas en la Vicepresidencia

    -Artículos de prensa de Caracol y El Heraldo sobre entrega de casas gratis en Atlántico

    -Alejandro Callejas, vicepresidente de Findeter

    -Balance de Elsa Noguera al dejar el Ministerio de Vivienda

    -Luis Trejo, profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

    -Jorge Sarmiento, editor del portal alternativo La Cháchara

    -César Lorduy, congresista electo de Cambio Radical

    4. Contexto: La afirmación fue hecha durante el cierre de campaña de Vargas en Barranquilla

    5. Calificar la afirmación: Aproximada

Jueves, 07 Junio 2018

Duque insiste en posición del Estado sobre 'falsos positivos'

Por José Felipe Sarmiento Abella

Igual que lo han hecho las autoridades en los gobiernos Uribe y Santos, el candidato presidencial del Centro Democrático considera que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política pública.

Entre los muchos escándalos del gobierno de Álvaro Uribe por los que la periodista Patricia Janiot le preguntó al candidato presidencial Iván Duque, ficha del exmandatario, el aspirante del partido Centro Democrático empezó por referirse al de los ‘falsos positivos’ para desestimar los cuestionamientos de su interlocutora.

“Los falsos positivos los he rechazado siempre y además no fueron una política de Estado”, contestó el exsenador. De paso recordó que hubo una “purga” en las Fuerzas Militares tan pronto estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en 2008, a raíz del caso de los jóvenes reclutados con engaños en Soacha (Cundinamarca) que luego aparecieron como supuestos guerrilleros muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander).

De hecho, hace cerca de un mes se viralizó un trino que Duque publicó en diciembre de 2010, en el que afirmaba que Uribe había actuado “con firmeza” para ponerle fin a ese fenómeno. El entonces funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apenas había empezado a tener cercanía directa con el recién salido jefe de Estado, llamaba “difamadores” a quienes negaban esa versión de la historia.

 

 

El candidato también señaló que las investigaciones por los ‘falsos positivos’ avanzan en el país.

Su posición coincide con la teoría de que son “casos aislados”. Así se ha defendido el Estado ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya pasó ante la Corte IDH un proceso contra Colombia por las denuncias de impunidad en cuatro de esas ejecuciones.

Es cierto que hasta ahora no existe una decisión judicial que ratifique la existencia de una política pública para asesinar civiles y presentarlos como muertes en combate. No obstante la Nación sí ha sido condenada por casos independientes en los que se ha reconocido el carácter sistemático de esas acciones, que las convierten en crímenes de lesa humanidad, mas no los tipifica como una política de Estado.

En mayo pasado el Consejo de Estado le ordenó pagar una indemnización por un montaje de esas características que le hicieron a un adolescente de 15 años en 2005. El comunicado del Alto Tribunal reconoce que el joven fue “víctima del afán de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable política de incentivos”. El fallo no menciona nada sobre esta, aunque afirma que el objetivo del pelotón responsable era aumentar su registro de bajas y que a cambio la institución les reconocía recompensas.

La historia ya es conocida. “Por esas bajas les daban medallas, vacaciones, plata”, recuerda Jaqueline Castillo, vocera de las Madres de Soacha. Su hermano Jaime fue uno de los 19 hombres que desaparecieron en agosto de 2008 en ese municipio y después fueron asesinados por militares 650 kilómetros al norte, para hacerlos pasar como guerrillero muertos en combate.

Más que una directiva

Una de las claves de esos premios que recibían los militares está en la directiva 29 de 2005 que expidió el ministro de Defensa, Camilo Ospina.

El documento secreto ofrecía dinero por las muertes de miembros grupos armados ilegales y narcotraficantes. Pero su papel dentro de la historia es más complejo de lo que parece.

En 2010 el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, publicó un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en el que descartó la teoría de la política de Estado pero reveló el entramado criminal con mayores detalles.

Concluyó, por ejemplo, que esos pagos oficiales no iban dirigidos a los militares sino a “reclutadores” que conseguían las víctimas. Entretanto, cada brigada podía decidir si premiaba de alguna manera, con cargo a los gastos reservados, a sus integrantes por las bajas que produjeran.

Así lo registró también el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que agrupa a 267 organizaciones sociales.

Con base en las declaraciones que algunos militares le dieron a la Fiscalía, la ONG estableció también que estos buscaban a sus víctimas por medio de la “red de cooperantes” civiles -una política que promovió de forma abierta el presidente Uribe- y en alianza con grupos paramilitares.

El propio Ministerio de Defensa admitió fallas en los controles en las recompensas, los ascensos y los gastos militares. A raíz de ese diagnóstico, este fue uno de los principales puntos dentro de las 15 medidas que impulsaron el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, en 2008 para tratar de acabar con la práctica de los falsos positivos.

Juntos, con el viceministro Sergio Jaramillo, promovieron también la investigación interna que llevó a la “purga” que menciona Duque, que empezó con el despido de 27 altos mandos, incluido el comandante del Ejército, general Mario Montoya, tras el escándalo de Soacha. Sin embargo, esto no bastó para evitar que la ONU le reprochara al Estado la desestimación de otras denuncias y las críticas a decisiones judiciales en su contra.

No tan firmes

Es que los pecados de Colombia en los ‘falsos positivos’ son de acción, pero también de omisión.

No de otra forma se explica que las víctimas se cuentan por millares. Un estudio sociológico publicado este año por dos expolicías calcula que fueron 10.000 las personas asesinadas en los ocho años de mandato de Uribe. Las Madres de Soacha estiman la cifra por encima de 6.000. La Fiscalía contaba 4.190 en 2016. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registra al menos 1.034 casos desde 1984, unos individuales y otros con múltiples víctimas.

Los datos de esta institución y un estudio de las universidades de La Sabana y el Externado demuestran un aumento vertiginoso entre 2002 y 2010, sobre todo desde la directiva de 2005 hasta las medidas de choque tras el escándalo en 2008. Pero la práctica de las ejecuciones extrajudiciales era de vieja data y su proliferación se había hecho evidente mucho antes de que el Estado la reconociera.

La política de seguridad democrática que planteó en 2003 la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez (ahora fórmula vicepresidencial de Duque), ya contemplaba reformas a la manera en que se medía el éxito operativo de las Fuerzas Militares y la necesidad de lograr una “disminución de las denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Pero Ospina, su sucesor, permitió que se diera todo lo contrario.

En 2006, la CIDH advertía sobre el aumento en las ejecuciones extrajudiciales; la ONU lo había hecho ya en sus informes anuales sobre derechos humanos en el país de 2004 y 2005. En los medios también parecían casos con cada vez mayor frecuencia, en especial cuando algunos militares investigados por ellas resultaron también implicados en la masacre de Jamundí y los montajes de atentados previos a la segunda posesión de Uribe.

Las investigaciones aparecieron en la revista Semana desde septiembre de 2006 y el analista Alfredo Rangel, actual senador uribista, denunciaba esa práctica en su columna de Cambio en junio de ese mismo año.

Mientras, la Cancillería protestaba por las críticas internacionales y el Ministerio de Defensa hacía lo mismo ante el control político de los senadores Gustavo Petro, ahora candidato presidencial por la coalición Colombia Humana, y Juan Manuel Galán.

El ministro Santos empezó a tomar medidas en 2007. Aun así, solo fue al año siguiente cuando el caso de Soacha llevó a un gran revolcón de las políticas de Defensa en favor de los derechos humanos. Desde entonces las cifras de ‘falsos positivos’ cayeron de manera estrepitosa con el reconocimiento de la ONU y otros organismos internacionales.

El trino de Duque en el que exalta la “firmeza” de Uribe para hacer esos cambios y expulsar a los oficiales implicados se dio, de hecho, cuando los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks pusieron en entredicho esa mano dura.

Al embajador William Brownfield le preocupaba la influencia que el general Montoya y otros altos mandos cuestionados mantenían sobre el presidente y su resistencia a aceptar las reformas propuestas por Santos, Padilla y Jaramillo, así como a sancionar a quienes salían nombrados en la investigación administrativa interna de las Fuerzas Militares. Algunos funcionarios hablaron incluso de saboteo.

Para la abogada Carolina Daza, del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que defiende a muchas de las víctimas, además ha habido revictimización por parte del Estado y del expresidente.

Sobre todo porque, diez años después de los hechos, la justicia todavía no llega a muchos responsables y la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido que algunos condenados salgan de la cárcel de manera provisional. “Están buscando que esto quede en la impunidad”, se queja Castillo.

Además, es célebre la frase, con la que periodistas como Julián Martínez o Daniel Samper le respondieron a Duque, en la que Uribe señaló que los jóvenes asesinados “no estarían recogiendo café” y la retractación que tuvo que hacer en un proceso en su contra por calumnia luego de señalarlos como “delincuentes”.

 

 

Pero nada de esto ha llevado todavía un pronunciamiento judicial que concluya, de manera general, que los ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado, porque tanto los procesos penales como los administrativos se han centrado en casos específicos. Hasta ahí podría considerarse verdadera la afirmación de Duque.

El problema es que la conclusión definitiva no está dada. La ONG internacional Human Rights Watch y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se han pronunciado a favor de la tesis de que hubo una política, como mínimo, a nivel de las brigadas implicadas.

Entonces la interpretación que hace el candidato es ligera, porque en el marco de la justicia transicional o con una eventual intervención de un tribunal internacional podría darse un pronunciamiento contrario a su aseveración, con base en las evidencias ya existentes y conocidas.

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    Frase: “Los falsos positivos no fueron una política de Estado”.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático.

    Fuentes: Fallos del Consejo de Estado que condenan al Estado por el asesinato de José Lorenzo Taborda y un adolescente de 15 años, comunicado sobre este último; tesis de maestría en Estudios Políticos de Alejandra Bonilla Mora en la Universidad Javeriana, informes de la Corte Penal Internacional sobre Colombia en 2012 y 2016, informe de Human Rights Watch sobre responsabilidad de altos mandos en ‘falsos positivos’, informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su informe de fondo sobre cuatro casos y comunicado sobre el paso a la Corte de ejecuciones extrajudiciales; cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá filtrados por WikiLeaks (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Twitter de Álvaro Uribe e Iván Duque y su campaña (que no respondió), política pública de seguridad democrática y su balance 2002-2006; Jaqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha; Carolina Daza, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo; informes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) sobre ‘falsos positivos’ y su banco de datos sobre el conflicto armado, informe del Ministerio de Defensa de 2010 sobre la implementación de las 15 medidas para enfrentar las ejecuciones extrajudiciales y sus directiva 29 de 2005 (derogada) y 19 de 2007; informe del relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, sobre su visita a Colombia en 2009; estudio de las universidades de La Sabana y el Externado sobre el aumento de los ‘falsos positivos’ en el gobierno Uribe, reseña del diario británico The Guardian sobre estudio de expolicías, ediciones 1.273 a 1.283 de la revista Semana y 677 de Cambio; Facebook de Daniel Samper Ospina.

    Contexto: Entrevista con la cadena informativa Univisión al día siguiente de la primera vuelta presidencial, ante pregunta de la periodista Patricia Janiot sobre los escándalos del gobierno Uribe.

    Calificación: Ligera.