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Viernes, 06 Julio 2018

Duque o Petro ¿quién tiene la razón sobre la fórmula para reducir el gasto?

Por Carlos González

En la campaña presidencial, Iván Duque y Gustavo Petro tuvieron una mirada completamente diferente sobre el manejo de los impuestos y la generación de empleos a partir de la reducción de los gravámenes. Duque dice que bajar gastos permitirá bajar impuestos, que crearán más empleos y elevarán los salarios. Colombiacheck encontró esta afirmación como engañosa.

En una entrevista con el diario El Tiempo, el presidente electo afirmó que, para subir salarios, crear empleo y generar más inversión, “la meta es bajar tarifas tributarias, reducir gastos y combatir la evasión”, a lo que Petro respondió que “no es cierto que eliminando gastos duplicados se puedan reducir impuestos”. Según el ex alcalde de Bogotá, la única manera de bajar los gastos del Estado es hacer una reforma pensional que reduciría en 13 billones de pesos los gastos a la Nación, pero la cual “no quieren los banqueros”, según dijo en un trino.

Para poner en contexto las cifras, hay que señalar que durante los últimos 25 años el gasto público del Estado como proporción del PIB ha crecido considerablemente, es decir, el dinero que gastó el Gobierno en inversión como salud, vivienda, educación, pensiones, etc, en relación con lo que produce cada año.

Mientras que en 1989 ese porcentaje era un 8,5%, para 2016 ya se situaba en 19,8% del Producto Interno Bruto, por lo que la Comisión de Gasto, creada por el presidente Santos para estudiar las reformas que necesita el país, señaló que, en el tema pensional, era importante “moderar la magnitud del gasto”, un argumento más afín a lo que propone Petro.

Según la Comisión, los subsidios a las pensiones le demandan al Estado recursos por más de 41 billones de pesos, que, además, no se distribuyen de manera correcta, pues la tasa de cobertura llega a 27% y la mayoría de estos recursos terminan subvencionando pensiones millonarias.

Sergio Clavijo, director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), ha reiterado la necesidad de realizar una reforma pensional en la cual se incluyan varios aspectos fundamentales para evitar una bomba fiscal. Según Clavijo, una de las primeras medidas que debería tomar el Gobierno es elevar la edad de pensión en cinco años para hombres y mujeres menores de 47 y 42 años respectivamente.

De igual manera, el experto aseguró que la pensión sustitutiva, es decir la que se hereda, debería disminuirse de 100% a 75%; que la pensión en Colpensiones no se debería calcular en base a los ingresos de los últimos 10 años, sino a los aportes durante toda la vida; y que Colpensiones no debería recibir más afiliados, sino que debería atender a los que ya tiene, lo que en algún momento la terminaría y dejaría el negocio a las entidades privadas.

Según Clavijo, si se realizaran estos cambios, esto le representaría un ahorro de 16% del PIB al país entre 2018 y 2050, con lo cual podría financiarse, por ejemplo, el posconflicto.

Estos argumentos apuntan a que la teoría de Petro es mucho más cercana a la realidad, ya que tanto la Comisión de Gasto, como la Anif, apuntan a que, para reducir el gasto del Estado, lo principal es hacer una reforma pensional, con lo cual se pueden ahorrar varios billones de pesos; sin embargo, como lo ha mencionado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se está trabajando en la reducción del gasto público a través de la austeridad, como la reducción de esquemas de seguridad o los viajes en clase económica por parte de altos funcionarios del Estado y otras medidas que le permiten ahorrar dinero a las arcas públicas.

Bajar impuestos para subir salarios y empleo

Según Duque, la contraprestación que espera del sector privado al bajar los impuestos es que aumenten los salarios de los empleados y haya más contratación de personal, para poder disminuir los índices de desempleo, que haya más colombianos cotizando al sistema pensional y que la economía crezca en un 5%.

La propuesta de Duque en campaña fue bajar los tributos a un 20%. Esto generó también una respuesta Petro, quien le criticó que reducir la carga impositiva a las empresas solo aumentaría el déficit y crearía insostenibilidad para las finanzas del Estado. El excandidato agregó que esta propuesta no genera más empleo sino más desigualdad social, que llevará a la clase media a la pobreza.

Un reciente estudio de Fedesarrollo, que analizó la reforma tributaria de 2016, advierte que el impacto de una rebaja del impuesto de la renta a las empresas representaría una caída sostenida de los ingresos del Estado, que pasaría de 15,3% del PIB en 2018 a 14,8% en 2021.

Pero más allá del impacto de una rebaja de impuestos a las empresas, hay quienes advirtieron que las cifras que está manejando Duque son exageradas y que las empresas tienen un nivel de impuestos no tan altos como lo muestra el presidente, quien dice que oscilan entre 50% y 80%.

José Roberto Acosta, miembro de Justicia Tributaria, una ONG que hace estudios académicos en materia de impuestos, le explicó a Colombiacheck que diferentes análisis del Banco de la República, la Universidad Nacional y la Anif indican que la carga tributaria para las empresas oscila en tres rangos: 26,3%, 29,5% y 32,5%. Es decir cifras lejanas a las que señalan Duque.

De esta manera, Acosta calificó las propuestas de populistas, pues en este momento el déficit fiscal de Colombia le impide hacer una reducción de cerca del 20% al impuesto a la renta para las empresas, como se ha planteado. Acosta coincide con Fedesarrollo que esto incrementaría el déficit fiscal entre 0,5% y 1% del PIB.

Además, indicó que es muy importante para el país volver a cumplir la regla fiscal en el corto plazo, que le impide al Estado endeudarse más allá del 3,5% del PIB y con estas propuestas, la única manera de lograrlo sería subiéndole los impuestos a los trabajadores.

Para Germán Montoya, jefe de estudios económicos de Asobancaria, el tema es bastante debatible. Para este experto, la reducción de impuestos puede estimular o no el consumo y el empleo, pero también depende de cada empresa, que es independiente de decidir si contrata o no a más trabajadores, o si invierte lo que se ahorra en pagar deudas o generar rendimientos para sus propietarios.

En 2003, el expresidente Álvaro Uribe, a través de una reforma tributaria, permitió que los empresarios dedujeran una parte (30%) del impuesto de renta a través de la inversión en activos fijos productivos. Con esto, el ahora senador buscaba promover la inversión y el empleo. Si se miran las estadísticas anuales del Dane, de enero de 2003 al mismo mes del año siguiente, el desempleo subió 9 puntos básicos, pues pasó del 16,1% al 17%. Aunque en 2005 bajó 4 puntos porcentuales hasta 13,2%, al final de su gobierno la cifra llegó a 14,6%.

Gustavo Cote, exdirector de la Dian, explicó que estas medidas no garantizaban un aumento del empleo, aunque sí una mayor inversión extranjera. Pues para los capitales que llegan al país es importante encontrar bajas tasas tributarias, pues esto hace atractivos y les da competitividad a los países, dijo el experto.

Así mismo, la firma calificadora de riesgo, Fitch Ratings, manifestó su preocupación sobre una posible reducción de los impuestos por parte de Duque, ya que eso comprometería la regla fiscal del país, es decir el nivel de gastos y deuda del Estado y pondría en riesgo la calificación crediticia de Colombia.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: Para subir salarios, crear empleo y generar más inversión, la meta es bajar tarifas tributarias, reducir gastos y combatir la evasión.

    Autor de la frase: Iván Duque

    Fuentes: Dane, Comisión de Gasto, Anif, Fedesarrollo, Fitch Ratings, Sergio Clavijo, Justicia Tributaria, El Tiempo.

    Contexto: El presidente electo, Iván Duque, señaló en una entrevista para el diario El Tiempo que reducir los gastos del Estado permitirán bajar la carga tributaria a las empresas, lo cual incrementaría los salarios de los empleados y reduciría el desempleo.

    Calificación: Engañosa

Jueves, 22 Febrero 2018

Datos erróneos sobre presos, reincidentes y delitos menores

Por Juan Sebastián Jiménez

Analizamos dos afirmaciones de candidatos sobre política criminal. Encontramos que un candidato del Centro Democrático exageró los alcances de una ley para agilizar los procesos penales y que Germán Vargas maneja cifras incorrectas sobre encarcelados y reincidentes.

Las pequeñas causas de Edward Rodríguez

El pasado 25 de enero, en virtud de su campaña para ser reelegido para la Cámara de Representantes, el dirigente del Centro Democrático Edward Rodríguez trinó que con la Ley 1826, mejor conocida como Ley de Pequeñas Causas, “se puede condenar al ladrón de celulares, al atracador, al estafador y a los que manosean a las mujeres en transmilenio a la cárcel”. Colombiacheck verificó y concluyó que lo que dijo Rodríguez, coautor y ponente de esta ley, es engañoso.

Esta norma, que entró en vigencia a mediados del año pasado, fue creada para agilizar los procesos penales, al reducir las audiencias de 7 a 2 para delitos menores, 63 puntualmente, entre ellos, la estafa, el hurto y el abuso de confianza. Esto en el entendido de que el proceso penal en Colombia, tomado del sistema penal estadounidense, era muy engorroso.

“¿Cuántas veces hemos oído que no vale la pena denunciar porque los juicios son eternos, porque la investigación no llega a nada, porque las pruebas no son tenidas en cuenta? Hoy, al promulgar la Ley de Procedimiento Especial Abreviado, estamos dando respuesta a ese clamor de los colombianos por una justicia mejor, más eficaz y más rápida”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al promulgar la ley. Sostuvo incluso que, con esta, se iban a agilizar unos 400 mil procesos al año.

No obstante, en lo que se refiere a enviar a la “cárcel indemnizando a las víctimas y haciendo justicia” la ley no dice nada. De hecho, en agosto de 2016, el fiscal general Néstor Humberto Martínez denunció que el proyecto de ley, como estaba en ese momento, abría la puerta a una excarcelación masiva porque convertía algunos delitos en contravenciones excarcelables. Por lo que el presidente tuvo que salir a explicar, al momento de promulgar la Ley, que “tampoco habrá excarcelaciones. Todo sigue igual. Lo único que cambia es el tiempo, la rapidez para juzgar los delitos menores”.

A pocos meses de su promulgación, todavía no hay elementos suficientes para decir si esta ley ha sido efectiva o no. Aunque, valga una adenda: en su trino sobre esta ley, Rodríguez repite tres veces el hashtag #ConUribeSomosUno, pese a que esta ley fue promovida por el gobierno de Juan Manuel Santos, al que Uribe y Rodríguez se oponen.

 

Vargas Lleras y sus desacertadas cifras sobre reincidencia criminal

“De los 181.000 internos que hay en las cárceles del país, 29.025 son reincidentes (16%). No toleraremos más la impunidad”, trinó el pasado 5 de febrero el candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Ya había dicho lo mismo en un documento de finales del año pasado en el que propuso, al respecto, que los jueces apliquen “la reincidencia como factor de agravación punitivo” y que se cree el “Sistema de Seguimiento al Pospenado” que obligue a los pospenados a presentarse “cada mes ante el juez, para reportar sus actividades”. No obstante, Colombiacheck, con base en documentos del Inpec, comprobó que la cifra de reincidentes no es acertada, por lo que la afirmación del exvicepresidente es falsa.

Primero: no es cierto que en las cárceles del país haya 181.000 internos. La cifra exacta es de 114.750 reclusos en centros penitenciarios del Inpec y 3.678 en establecimientos militares y municipales, para un total de 117.828 presos, de acuerdo con el más reciente informe del Inpec. A estos se suman 58.393 personas en detención domiciliaria y 5.254 con vigilancia electrónica, lo que da como resultado una población reclusa de 182.075 personas, una cifra más cercana a la de Vargas Lleras; es decir: el desacierto es que, en su trino, el candidato presidencial mezcla los que están en las cárceles con los que no.

Ahora, respecto a los reincidentes, la cifra que maneja el Inpec en su informe de diciembre del año pasado, es de 20.182 personas, 15.311 de las cuales se encuentran presas en establecimientos carcelarios, 4.365 en detención domiciliaria y 506 con vigilancia electrónica. Con una particularidad y es que esta entidad entiende por reincidentes a aquellos “que, habiendo sido condenados en ocasiones anteriores, han vuelto a ser privados de la libertad y se encuentran en condición de condenados por la comisión de nuevos delitos”.

Es decir: no se incluyen aquellas personas que, habiendo sido condenados en ocasiones anteriores, se encuentran en condición de sindicados o no han sido condenados. Lo que puede explicar, parcialmente, la diferencia, ya que Vargas Lleras no dice en su trino si incluye en su cuenta a los sindicados. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la cifra de sindicados presos es de 36.777, para que la cifra de 29.025 reincidentes presos en centros penitenciarios sea acertada, 13.714 de esos sindicados debería ser reincidente, el 37.2%, lo cual es improbable. En el caso de los condenados, por ejemplo, los reincidentes representan el 17.76%, menos de la mitad. En general, Vargas Lleras confunde conceptos para llegar a su afirmación, sobre la que piensa basar su política pública de seguridad, lo que la convierte en falsa.