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Miércoles, 17 Octubre 2018

Es falso que Petro vaya a demandar a Duque por decreto de dosis mínima ante la Corte Penal Internacional

Por Sania Salazar

No es verdad que el senador Gustavo Petro haya dicho que va a demandar al Presidente Duque. Además, la CPI solo juzga graves crímenes cometidos en medio de un conflicto armado.

En Whatsapp circula una imagen del senador de la Colombia Humana Gustavo Petro con una frase en la que se asegura que demandará al presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional, CPI. Según la imagen, el argumento de Petro para la demanda es que “la drogadicción es un derecho”

Este meme aparece apenas unos días después de la aprobación de un decreto presidencial que prohíbe el porte de la dosis mínima de droga.

Noticia falsa sobre demanda de Petro

El equipo de prensa de Petro le aseguró a Colombiacheck que, aunque el senador no está de acuerdo con algunos aspectos del decreto sobre la dosis mínima, en ningún momento ha dicho que va a demandar a Duque a causa esta medida.

Además, hay que aclarar es que la Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga a personas acusadas de crímenes graves: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Pero dentro de estos delitos no están conductas como la drogadicción.

Por otra parte, la drogadicción no es un derecho. En Colombia está permitido el consumo de la dosis personal, en la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional, que despenaliza el consumo de la dosis personal, se menciona el Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y se hace énfasis en que el ejercicio del derecho no tiene más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Pero el abogado Camilo Navas recuerda que, según la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, en atención al Acto Legislativo 2 de 2009 que modifica el artículo 49 de la Constitución Política, “el consumo de sustancias psicoactivas ha sido calificado como una enfermedad de tipo mental que coloca a quienes la padecen en una situación de ‘debilidad psíquica’ y que le impone al Estado la carga de proporcionarles una especial protección constitucional”.

Es decir, en Colombia no está prohibido el consumo de drogas, pero el actual Gobierno acaba de prohibir el porte y la tenencia de las dosis mínimas de estupefacientes en los eventos en que el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana lo establece.

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via GIPHY

Martes, 31 Julio 2018

Consulta Anticorrupción busca darle dientes al Estado para que le quite contratos a corruptos

Por Sania Salazar

Actualmente un contratista al que se le comprueben actos de corrupción debe ceder voluntariamente el contrato, la Consulta pretende que el Estado pueda terminarlo unilateralmente.

A 26 días de votar la Consulta Anticorrupción en Colombia persisten las dudas y la información falsa con respecto a ese proceso.

En Facebook circula una publicación que asegura que la Consulta busca, entre otras cosas, impedir que los contratistas corruptos cedan los contratos a terceros y que, por el contrario, el Estado pueda recuperar esos contratos. Colombiacheck encontró que esta información contiene una inexactitud, por lo que la califica de Aproximada.

Publicación sobre consulta anticorrupción

La publicación de Facebook se refiere a la última parte de la pregunta número dos de la Consulta en donde se habla de darle potestad al Estado de terminar unilateralmente con contratos obtenidos con actos de corrupción:

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

En Vence al Corrupto, la página de los promotores de la consulta anticorrupción, explican, sobre esa parte de la segunda pregunta, que actualmente dentro de las causales para que la entidad contratante termine unilateralmente un contrato no están contemplados los hechos de corrupción.

El artículo 17 de la Ley 80 de 1993 dice que la entidad, en acto administrativo debidamente motivado, dispondrá la terminación anticipada del contrato, entre otros, en los siguientes eventos: muerte o incapacidad física permanente del contratista, o disolución de la persona jurídica del contratista, o por declaración de quiebra del mismo, pero no se mencionan casos de corrupción.

En conversación con el periódico El Espectador, la exsenadora del Partido Verde Claudia López dice que el objetivo de esta parte de la iniciativa es “darle la facultad al Estado de cancelar de manera unilateral y sin ninguna indemnización los contratos que se consiguen con corrupción”.

https://youtu.be/i9qxIySpIzI

En la página Vence al Corrupto explican, además, que la Ley 80 de 1993 ya impide que los condenados por delitos contra la administración pública puedan contratar con el Estado. Sin embargo, en el caso de los contratistas a los que se les comprueban actos de corrupción cuando el contrato ya está firmado y en ejecución, la cesión o renuncia al contrato depende de la voluntad del contratista.

Hay que anotar que la cesión del contrato no es un derecho del contratista, sino una opción que tienen las entidades del Estado.

“Cuando una persona es condenada por peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad o usurpación y abuso de funciones públicas, le corresponde ceder el contrato o renunciar a su ejecución si lo primero no es posible. Esta consecuencia es abiertamente insuficiente, pues la administración no cuenta con las herramientas para terminar unilateralmente los contratos en razón a las condenadas de los corruptos”, precisan los impulsores de la Consulta.

Para Humberto García Vega, especialista en derecho administrativo y profesor de contratación de la Escuela Superior de Administración Pública, lo que se pretende es aprobar una causal más de inhabilidad y de terminación anticipada de un contrato, iniciativa que él ve bien, porque cree que la sola difusión de la Consulta servirá como factor de difusión.

Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, le explicó a Colombiacheck que “hoy lo que aplica es la cesión, existe en la Ley 80. Lo que nosotros queremos es que no se necesite la voluntad o la firma del contratista para ceder el contrato, porque si no lo quiere ceder no se le puede quitar ni asignar a otra persona”.

En un Facebook Live con el periódico El Colombiano Lozano explicó, además, que si el contratista se niega a ceder el contrato puede seguir ejecutándolo “y además se le sale a deber y hay que indemnizar, como a Odebrecht”, concluyó la senadora.

La publicación de Facebook tiene razón en que un contratista condenado por corrupción puede ceder su contrato, pero eso no es malo, lo malo es que es la única forma en la que, actualmente, se le puede despojar del mismo. Lo que busca el punto dos de la Consulta Anticorrupción es que el Estado tenga potestad para terminar unilateralmente con el contrato y no depender de que el contratista lo quiera ceder.