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Miércoles, 21 Marzo 2018

“Las elecciones más pacíficas en más de medio siglo”: Santos

Por Ana María Saavedra

El presidente resaltó que en estas elecciones no se registraron hechos de violencia. Revisamos archivos del siglo pasado, consultamos a la MOE y analistas para verificar esta frase y Santos tiene razón.

Un día después de las elecciones legislativas, el presidente Juan Manuel Santos hizo un balance de los comicios y aseguró que “el pasado domingo vivimos las elecciones más pacíficas, más transparentes en más de medio siglo. Con el mayor número de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación. Las Farc ya desmovilizadas y desarmadas se presentaron como un partido político, cambiaron las balas por los votos”.

Colombiacheck verificó esta frase y la calificó como Aproximada, pues, excepto el tema de la transparencia -que es una percepción subjetiva-, el resto de afirmaciones del presidente Santos se ajustan a la verdad.

Para este chequeo consultamos bases de datos e informes de la Registraduría y de medios de comunicación (en la web y en un periódico impreso), a la MOE y analistas.

Camilo Mancera, coordinador jurídico de la MOE; Felipe Botero, codirector de Congreso Visible, y Juan Pablo Milanese, jefe del departamento de estudios políticos de la Universidad Icesi, coincidieron en que no se puede medir ni afirmar que estas elecciones hayan sido las más transparentes de los últimos 50 años.

​Mancera de la MOE, aseguró que esto es “imposible de determinar, en la medida que no se tiene toda la información en este momento. Solo para mostrar un ejemplo, sobre el fraude que denunció el MIRA, en 2014, cuando perdió sus curules, el Consejo de Estado determinó las irregularidades solo cuatro años después, cuando falló la demanda”.

El segundo boletín de la MOE daba cuenta de un total 1.290 reportes sobre presuntas irregularidades, como compra de votos y publicidad cerca a los puestos de votación. “Sabemos de la compra de votos por parte de la maquinaria de este domingo, eso pasó hace cuatro años y pasó antes”, dijo Botero.

Otro hecho, presentado el domingo, que deslegitima la afirmación de Santos acerca de la transparencia es el allanamiento a la sede en Barranquilla de la senadora electa Aída Merlano, donde encontraron $268’993.000 en efectivo, cuatro armas de fuego, certificados electorales, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación.

Las más pacíficas

Las declaraciones de Santos coincidieron con las dadas por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el día de las elecciones. “Es una jornada histórica. No hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación como ocurría en el pasado. Ningún ataque de ninguna organización ni del crimen organizado”.

Y la candidata a la vicepresidencia Claudia López también trinó: #EleccionesColombia2018 fueron las más pacíficas recientes: ¡Cero hechos violentos! La abstención bajó 5 puntos.

 

 

Colombiacheck verificó cada uno de los datos de las tres frases y estos (excepto el de la transparencia) son ciertos.

Camilo Mancera de la MOE explicó que no hubo ningún acto de violencia relacionado con las elecciones, salvo lo ocurrido en Pizarro, Nariño, y San Onofre, Sucre.

El informe de la MOE, que hace el seguimiento a lo ocurrido en la jornada, indicó que “por protestas de la comunidad en contra de la falta de cobertura de servicios públicos, al medio día seguían sin abrirse todos los puestos de votación del municipio de Francisco Pizarro, en Nariño. En el puesto de votación de Bocacerrada en San Onofre, Sucre, apenas pasado el mediodía, la Armada intentaba abrir el puesto, a pesar de las protestas de la comunidad por falta de servicios públicos”.

Ariel Ávila, analista del conflicto y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, expresó que “en el 2008, cuando entré a trabajar en la MOE, los municipios afectados por violencia eran aproximadamente 380, ahora ese número bajó a 0. Lo de Pizarro es un hecho social. El día antes de estas elecciones un grupo salió por El Palo (Cauca) pero no pasó nada y la gente votó al otro día”.

Para verificar los actos de violencia en las últimas elecciones se revisaron los boletines de la MOE de 2014 y del plebiscito. En un documento, la MOE informó que “las elecciones de 2016 fueron las más tranquilas de los últimos 10 años, que es el tiempo que la plataforma de organizaciones de la sociedad civil reunida por la MOE lleva haciendo veeduría a los procesos electorales en el país”.

En ese boletín, la MOE indicó que “la jornada electoral de 2016 tuvo apenas dos hechos aislados y de poco impacto, a saber, el uso de explosivos en inmediaciones de un puesto de Miraflores, Guaviare, aparentemente por parte de disidentes del Frente Primero de las Farc que rechazaron el Acuerdo de Paz; y actos de proselitismo en contra del plebiscito en un puesto de votación de El Tarra, Norte de Santander, por parte de la guerrilla del EPL”.

Teniendo en cuenta que en estas elecciones no se reportó ningún acto violento, tanto Santos, como Claudia López y Guillermo Rivera, tienen razón en su afirmación. Sin embargo, el presidente amplió su comparación al último medio siglo.

Para verificar la afirmación de Santos, hicimos una búsqueda manual de las elecciones legislativas, desde 1974 hasta 2014, en el archivo del diario El País de Cali. Y en cada una de estas fechas se presentaron actos de violencia. Los años 1994, 1998 y 2002 fueron los más violentos.

Ver la línea de tiempo más grande.

El ministro Rivera aseguró que “no hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación como ocurría en el pasado”. Colombiacheck verificó un informe de la Registraduría acerca de los traslados de mesas por problemas de orden público, desde 1994 hasta 2016, y en todas las elecciones fueron trasladadas mesas. Incluso, en el plebiscito trasladaron, según el documento, 38. Este año, según la MOE, no se presentó ningún traslado por orden público.

Los números más altos

En su declaración, el presidente también dijo que estas elecciones tuvieron el mayor número “de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación”.

En estas elecciones, según la Registraduría, se inscribieron 2.957 candidatos. En el informe del ente encargado de la organización electoral, se indica que las listas al Congreso superaron en un 25,93 % los aspirantes de las elecciones, con respecto a 2014 (2.348). En otro documento de la Registraduría se dan las cifras de las elecciones de 2010 y 2006 con 2.543 y 2.780 inscritos, respectivamente. Además, en la búsqueda manual en el diario El País, encontramos que en 1998 se inscribieron 1.010 candidatos.

Entonces, con estas cifras, podríamos decir que sí hubo un aumento en los candidatos. Sin embargo, Botero, de Congreso Visible, precisó que el aumento o disminución en el número de candidatos “no es un indicador de democracia. El número de mesas sí es un indicador de seguridad, dependiendo de si llegan a lugares a los que antes no llegaban”.

Al buscar en los históricos de resultados de la Registraduría, encontramos que el número de mesas en 2010 fue de 76.940; en 2014, de 97.417 y en 2018, 103.345.

Precisamente, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que “la Fuerza Pública cubrió el 100% de los puestos y mesas de votación a nivel nacional, y es la primera vez en la historia electoral, que su cobertura se pudo desarrollar sin ninguna limitación”.

En las elecciones de 2014, el entonces ministro Juan Carlos Pinzón, indicó que “los 266.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que fueron movilizados en todo el país para garantizar la seguridad en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, cubren el 99,4 % de las mesas de votación”.

Finalmente, el presidente habló de la mayor participación en estos comicios. En este aspecto, coincidió con Claudia López, quien aseguró que la abstención bajó en 5 puntos. Al verificar esta información, encontramos que ambos tiene razón. La abstención en estas elecciones fue de 51%, mientras la de 2014, de 56%.

El informe Abtencionismo electoral en Colombia -realizado por el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría y la Universidad Sergio Arboleda- da las cifras de 1978 a 2010, y en todos estos años el porcentaje de abstencionistas en elecciones legislativas nunca fue menor al de este 2018.

Las siguientes visualizaciones* muestran los niveles de abstención y la cantidad de mesas de votación trasladadas en las elecciones del Congreso desde 1994:

 

 

* Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
Elaborado en colaboración con Lorena Morales, de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario

Miércoles, 25 Enero 2017

Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía

Por Sania Salazar

Por ahora solo se podrían beneficiar los guerrilleros acusados de rebelión y delitos conexos, pues los demás casos los resolverá la JEP, que aún no existe. Pero falta que esté listo el acta de compromiso que deben firmar los guerrilleros para que la amnistía quede en firme.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento Voces de Paz en la Cámara de Representantes, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero que ya se podía solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía porque no se necesitaba el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

 

 

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la frase como aproximada, pues aunque la ley está vigente, falta un documento que los beneficiarios de la misma deben firmar para que la amnistía se materialice.

La frase genera confusiones, primero porque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había explicado que se necesitaba la existencia de la JEP para aplicar la amnistía y el debate sobre la creación de la JEP apenas empezó el 18 de enero en la Cámara de Representantes, donde le dieron un primer visto bueno en la Comisión Primera.

“Es la ley que va a determinar todo el marco en el cual debe trabajar la Justicia Especial para la Paz, en su sala de amnistía, para de alguna manera avanzar en todo el proceso de aplicación de la justicia transicional. Necesitamos crear la justicia transicional para aplicar la ley de amnistía”, aclaró Cristo en entrevista publicada por el periódico El Universal, de Cartagena.

Colombiacheck habló con Rivera quien aclaró que “ya se puede solicitar para los delitos de iure (los que son reconocidos por la ley), como los conexos con el delito político, todo lo demás tiene que esperar a la JEP, pero esos trámites ya se pueden desarrollar porque la ley de amnistía es clara en que hay unas personas que pueden salir porque los delitos por los que los sindican son delitos de carácter político”.

Hay que aclarar, primero, que la amnistía de iure (que se usa como contrario a de facto y significa por virtud o ministerio de la ley, según explica la Real Academia de la Lengua Española) es la que se aplicará a los guerrilleros rasos, “a quienes serían responsables por acciones propias de pertenecer a una guerrilla que se alzó en armas contra el Estado, tales como porte ilegal de armas o uso de uniformes privativos de la Fuerza Pública”, explica Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

Según la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, mejor conocida como Ley de Amnistía e Indulto, en el artículo 17, la amnistía “se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma”, eso quiere decir que entró en vigencia desde el pasado 30 de diciembre, cuando el Presidente Santos la sancionó.

“Hay puntos específicos en los que no es posible aplicar la amnistía o indulto si no están en funcionamiento las salas y secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de aquellos casos en los que no resulta claro, a primera vista, si se trata de delito de rebelión o conexos o puede catalogarse como un crimen internacional que no sería objeto de amnistía ni indulto”, precisó la investigadora.

“Para quienes están en zonas de normalización la ley tendrá efectos reales cuando termine el calendario de la dejación de armas. Si es alguien investigado penalmente, tendrá efectos cuando el fiscal conozca que esa persona fue beneficiada por la amnistía y no continúe con la investigación penal. Si es condenado, cuando le levanten la condena y lo dejen libre”, explicó Güiza.

Pero falta un papel

Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, indicó que hay jueces que le han preguntado por el acta de compromiso que deben firmar los beneficiados con la amnistía, pues ya han recibido solicitudes para aplicar esa ley.

“Está pendiente el acta de compromiso que tienen que firmar todas las personas para salir en libertad, los beneficiados con la amnistía de Iure, que se comprometen a no volver a la lucha armada, y los que salen con libertad condicional, que se comprometen a acudir ante la JEP en caso de ser llamados, a no salir del país sin autorización y a reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales. La Secretaría Ejecutiva de la JEP está poniendo en marcha el procedimiento para suscribir el acta, se está discutiendo un borrador para que los distintos involucrados estén de acuerdo en su contenido, luego ya se pasa a lo operativo de la suscripción de las actas. Es el paso que falta para hacer efectiva la amnistía”, aclaró Díaz.

La funcionaria agregó que las Farc debe entregar una lista con los nombres de los guerrilleros que se beneficiarán con la amnistía, lista que servirá para corroborar que quienes pasen por las Zonas Veredales Transitorias de Normalización pertenezcan efectivamente a las Farc. Aclaró que en el caso de guerrilleros presos, condenados o con un proceso judicial en curso, será el juez respectivo el que otorgue la libertad basado en la relación con esa guerrilla, comprobada en la sentencia o en el proceso, y que cumpla con los demás requisitos necesarios para beneficiarse de esa ley.

Díaz dijo que esperan que el acta esté lista en pocos días.

Otro debate

La investigadora de Dejusticia indicó que hay otro debate que tiene que ver con la revisión que la Corte Constitucional debe hacer a la ley de amnistía. Güiza recordó que, según el acto administrativo 1 de 2016, más conocido como fast track, “Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia”, lo que quiere decir que la Corte las revisará sin necesidad de que sean demandadas, como ocurre ordinariamente con el resto de las leyes, sin embargo esa revisión no suspende los efectos jurídicos de la ley de amnistía, pues esta tiene vigencia desde el momento en que el Presidente la sancionó.