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Miércoles, 21 Marzo 2018

“Las elecciones más pacíficas en más de medio siglo”: Santos

Por Ana María Saavedra

El presidente resaltó que en estas elecciones no se registraron hechos de violencia. Revisamos archivos del siglo pasado, consultamos a la MOE y analistas para verificar esta frase y Santos tiene razón.

Un día después de las elecciones legislativas, el presidente Juan Manuel Santos hizo un balance de los comicios y aseguró que “el pasado domingo vivimos las elecciones más pacíficas, más transparentes en más de medio siglo. Con el mayor número de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación. Las Farc ya desmovilizadas y desarmadas se presentaron como un partido político, cambiaron las balas por los votos”.

Colombiacheck verificó esta frase y la calificó como Aproximada, pues, excepto el tema de la transparencia -que es una percepción subjetiva-, el resto de afirmaciones del presidente Santos se ajustan a la verdad.

Para este chequeo consultamos bases de datos e informes de la Registraduría y de medios de comunicación (en la web y en un periódico impreso), a la MOE y analistas.

Camilo Mancera, coordinador jurídico de la MOE; Felipe Botero, codirector de Congreso Visible, y Juan Pablo Milanese, jefe del departamento de estudios políticos de la Universidad Icesi, coincidieron en que no se puede medir ni afirmar que estas elecciones hayan sido las más transparentes de los últimos 50 años.

​Mancera de la MOE, aseguró que esto es “imposible de determinar, en la medida que no se tiene toda la información en este momento. Solo para mostrar un ejemplo, sobre el fraude que denunció el MIRA, en 2014, cuando perdió sus curules, el Consejo de Estado determinó las irregularidades solo cuatro años después, cuando falló la demanda”.

El segundo boletín de la MOE daba cuenta de un total 1.290 reportes sobre presuntas irregularidades, como compra de votos y publicidad cerca a los puestos de votación. “Sabemos de la compra de votos por parte de la maquinaria de este domingo, eso pasó hace cuatro años y pasó antes”, dijo Botero.

Otro hecho, presentado el domingo, que deslegitima la afirmación de Santos acerca de la transparencia es el allanamiento a la sede en Barranquilla de la senadora electa Aída Merlano, donde encontraron $268’993.000 en efectivo, cuatro armas de fuego, certificados electorales, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación.

Las más pacíficas

Las declaraciones de Santos coincidieron con las dadas por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el día de las elecciones. “Es una jornada histórica. No hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación como ocurría en el pasado. Ningún ataque de ninguna organización ni del crimen organizado”.

Y la candidata a la vicepresidencia Claudia López también trinó: #EleccionesColombia2018 fueron las más pacíficas recientes: ¡Cero hechos violentos! La abstención bajó 5 puntos.

 

 

Colombiacheck verificó cada uno de los datos de las tres frases y estos (excepto el de la transparencia) son ciertos.

Camilo Mancera de la MOE explicó que no hubo ningún acto de violencia relacionado con las elecciones, salvo lo ocurrido en Pizarro, Nariño, y San Onofre, Sucre.

El informe de la MOE, que hace el seguimiento a lo ocurrido en la jornada, indicó que “por protestas de la comunidad en contra de la falta de cobertura de servicios públicos, al medio día seguían sin abrirse todos los puestos de votación del municipio de Francisco Pizarro, en Nariño. En el puesto de votación de Bocacerrada en San Onofre, Sucre, apenas pasado el mediodía, la Armada intentaba abrir el puesto, a pesar de las protestas de la comunidad por falta de servicios públicos”.

Ariel Ávila, analista del conflicto y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, expresó que “en el 2008, cuando entré a trabajar en la MOE, los municipios afectados por violencia eran aproximadamente 380, ahora ese número bajó a 0. Lo de Pizarro es un hecho social. El día antes de estas elecciones un grupo salió por El Palo (Cauca) pero no pasó nada y la gente votó al otro día”.

Para verificar los actos de violencia en las últimas elecciones se revisaron los boletines de la MOE de 2014 y del plebiscito. En un documento, la MOE informó que “las elecciones de 2016 fueron las más tranquilas de los últimos 10 años, que es el tiempo que la plataforma de organizaciones de la sociedad civil reunida por la MOE lleva haciendo veeduría a los procesos electorales en el país”.

En ese boletín, la MOE indicó que “la jornada electoral de 2016 tuvo apenas dos hechos aislados y de poco impacto, a saber, el uso de explosivos en inmediaciones de un puesto de Miraflores, Guaviare, aparentemente por parte de disidentes del Frente Primero de las Farc que rechazaron el Acuerdo de Paz; y actos de proselitismo en contra del plebiscito en un puesto de votación de El Tarra, Norte de Santander, por parte de la guerrilla del EPL”.

Teniendo en cuenta que en estas elecciones no se reportó ningún acto violento, tanto Santos, como Claudia López y Guillermo Rivera, tienen razón en su afirmación. Sin embargo, el presidente amplió su comparación al último medio siglo.

Para verificar la afirmación de Santos, hicimos una búsqueda manual de las elecciones legislativas, desde 1974 hasta 2014, en el archivo del diario El País de Cali. Y en cada una de estas fechas se presentaron actos de violencia. Los años 1994, 1998 y 2002 fueron los más violentos.

Ver la línea de tiempo más grande.

El ministro Rivera aseguró que “no hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación como ocurría en el pasado”. Colombiacheck verificó un informe de la Registraduría acerca de los traslados de mesas por problemas de orden público, desde 1994 hasta 2016, y en todas las elecciones fueron trasladadas mesas. Incluso, en el plebiscito trasladaron, según el documento, 38. Este año, según la MOE, no se presentó ningún traslado por orden público.

Los números más altos

En su declaración, el presidente también dijo que estas elecciones tuvieron el mayor número “de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación”.

En estas elecciones, según la Registraduría, se inscribieron 2.957 candidatos. En el informe del ente encargado de la organización electoral, se indica que las listas al Congreso superaron en un 25,93 % los aspirantes de las elecciones, con respecto a 2014 (2.348). En otro documento de la Registraduría se dan las cifras de las elecciones de 2010 y 2006 con 2.543 y 2.780 inscritos, respectivamente. Además, en la búsqueda manual en el diario El País, encontramos que en 1998 se inscribieron 1.010 candidatos.

Entonces, con estas cifras, podríamos decir que sí hubo un aumento en los candidatos. Sin embargo, Botero, de Congreso Visible, precisó que el aumento o disminución en el número de candidatos “no es un indicador de democracia. El número de mesas sí es un indicador de seguridad, dependiendo de si llegan a lugares a los que antes no llegaban”.

Al buscar en los históricos de resultados de la Registraduría, encontramos que el número de mesas en 2010 fue de 76.940; en 2014, de 97.417 y en 2018, 103.345.

Precisamente, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que “la Fuerza Pública cubrió el 100% de los puestos y mesas de votación a nivel nacional, y es la primera vez en la historia electoral, que su cobertura se pudo desarrollar sin ninguna limitación”.

En las elecciones de 2014, el entonces ministro Juan Carlos Pinzón, indicó que “los 266.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que fueron movilizados en todo el país para garantizar la seguridad en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, cubren el 99,4 % de las mesas de votación”.

Finalmente, el presidente habló de la mayor participación en estos comicios. En este aspecto, coincidió con Claudia López, quien aseguró que la abstención bajó en 5 puntos. Al verificar esta información, encontramos que ambos tiene razón. La abstención en estas elecciones fue de 51%, mientras la de 2014, de 56%.

El informe Abtencionismo electoral en Colombia -realizado por el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría y la Universidad Sergio Arboleda- da las cifras de 1978 a 2010, y en todos estos años el porcentaje de abstencionistas en elecciones legislativas nunca fue menor al de este 2018.

Las siguientes visualizaciones* muestran los niveles de abstención y la cantidad de mesas de votación trasladadas en las elecciones del Congreso desde 1994:

 

 

* Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
Elaborado en colaboración con Lorena Morales, de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario

Lunes, 25 Junio 2018

“Corte Penal Internacional puede intervenir si JEP no arranca”:Congresista Penagos

Por Sania Salazar

Como lo dice el representante a la Cámara del partido de la U, es cierto que la Corte Penal Internacional puede intervenir en Colombia, pero no hay señales de que esa situación sea inminente, pues esa corte lo haría en el caso extremo de falta de justicia. Además, no hay términos de tiempo establecidos para dicha intervención internacional.

El Representante a la Cámara por Caldas, Hernán Penagos, llamó la atención en la W Radio sobre que una consecuencia de que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no empiece a funcionar pronto sería que la Corte Penal Internacional, CPI, inicie las investigaciones judiciales.

 

 

 

Colombiacheck califica la afirmación como Inflada, pues hay que aclarar que si bien es cierto que la CPI tiene la competencia para intervenir en Colombia, la conclusión de la verificación que hicimos es que no hay motivos para pensar que esto sea inminente, pues esa corte actúa en casos extremos en los que pruebe que los Estados no tienen ni la capacidad ni la voluntad de impartir justicia, caso que todavía no es el de Colombia. Esta intervención no tiene términos de tiempo, es decir, no se sabe cuándo podría suceder. Además, de que la estrategia de la actual fiscal de la CPI en el caso de Colombia ha sido fortalecer las instituciones nacionales para que impartan justicia, antes que actuar.

Penagos, quien habló del asunto en un debate sobre los problemas que se han dado en el Senado para aprobar la reglamentación de la JEP y por lo cual el Presidente Santos citó a sesiones extras, le dijo a Colombiacheck que no tiene claridad sobre cuándo podría intervenir la Corte Penal Internacional. El Representante recordó que hace varios meses la fiscal de ese organismo advirtió que si no se juzgaba a quienes habían cometido delitos relacionados con el conflicto se podía activar esa institución.

“Hoy lo que está ocurriendo es que la justicia ordinaria no puede investigar a nadie que haya cometido delitos relacionados con el conflicto llámese militares (entre quienes hay investigados por falsos positivos), guerrilleros o particulares porque esta competencia le fue asignada a la JEP. Si la Jurisdicción Especial para la Paz no se reglamenta y no inicia sus tareas, nos vamos a quedar sin juez para esas personas, lo que podría dar lugar a esa activación (de la CPI)”, explicó.

Penagos indicó que si la CPI interviene dejaría un claro mensaje al Estado colombiano de que no tiene la suficiente estructura jurídica para investigar y juzgar a sus ciudadanos, lo que, advirtió el representante, dejaría muy mal parado al país.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (tribunal de justicia internacional), en 2002, que entró en vigencia ese año para crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En la mira por ejecuciones extrajudiciales

Santiago Vargas Niño, abogado, politólogo, experto en derecho penal internacional y exoficial legal asistente de la fiscal de la Corte Penal Internacional, indicó que el riesgo más inminente de que la CPI haga una investigación en Colombia surge entorno a los casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como falsos positivos, algunos de los cuales podrán llegar a la JEP.

La Fiscalía de la Corte concluyó en 2012 que se habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia en el contexto del conflicto armado, entre ellos, las ejecuciones extrajudiciales, recordó Vargas Niño.

El artículo 15 del Estatuto de Roma dice que la Fiscalía de la CPI puede iniciar una investigación de oficio basada en información sobre crímenes de competencia de esa Corte y que si encuentra fundamento, puede pedir un estudio a la Sala de Cuestiones Preliminares, que, finalmente, autoriza una investigación formal para definir si la Corte admite el caso para administrar justicia.

En Colombia no se ha abierto la investigación formal. Vargas Niño precisó que la etapa en la que se encuentra el examen preliminar en Colombia es, precisamente, en la que la CPI define si debe intervenir debido a que el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad de impartir justicia.

“Sino se reglamentan rápido las normas de procedimiento de la JEP y si los militares deciden no someterse a este procedimiento especial la CPI bien podría determinar que no se están adelantando investigaciones a nivel nacional y por lo tanto admitiría el caso para investigarlo”, aseguró.

Vargas Niño aclaró que Colombia está en examen preliminar desde el 2004, pero que en 14 años no se ha decidido abrir una investigación formal, “por lo que es difícil determinar qué podría suceder en términos de una investigación de la CPI en caso de que la reglamentación de la JEP no sea adoptada con prontitud”.

Además, indicó que en Colombia lo que ha intentado hacer la fiscalía de la CPI antes que realizar ella misma las investigaciones que puedan conducir en un juicio en La Haya ha sido fortalecer las instituciones nacionales para que actúen, por lo que cree que la fiscal, Fatou Bensouda, continúe en esa lógica.

“En este momento la CPI está pasando por un situación muy difícil porque hay una enorme demanda de justicia en muchas situaciones en el mundo e iniciar una investigación en Colombia sería gastar recursos que la Fiscalía necesita ahora en otras partes en situaciones que tal vez son más urgentes en la medida en que los sistemas jurídicos de otros países no son tan maduros como el colombiano y que no podrían hacer las investigaciones y juicios que solicita la fiscalía bajo el Estatuto de Roma”, indicó Vargas Niño.

Aunque son casos muy distintos al colombiano, hay ejemplos como el de Georgia, que quiso investigar por su cuenta crímenes sucedidos en 2008, pero en 2016 se dio cuenta de la imposibilidad de acceder a testigos que estaban en Osetia del Sur, que en ese entonces, (y ahora), estaba bajo ocupación militar rusa. Por eso pidió la intervención de la CPI. En el caso de Kenia, las ONG locales y la comunidad internacional pidieron la intervención de la CPI, organismo que concluyó que en ausencia de investigaciones penales contra los seis individuos que tenían la mayor responsabilidad por crímenes de lesa humanidad decidió intervenir. La investigación formal inició dos años después de la solicitud. Vargas Niño resaltó que estos son solo casos de referencia, pues la situación colombiana debe entenderse en su contexto y no se parece en nada a las demás situaciones bajo examen preliminar o investigación formal de la CPI.

Para Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora de Dejusticia, el temor del representante Penagos no es infundado en la medida en la que la Fiscalía de la CPI ha estado demasiado atenta a la situación de Colombia, pero, según ella esa intervención ocurriría en el caso de que la JEP no esté impartiendo justicia ni el Estado muestre voluntad de hacerlo. “La Fiscalía de la Corte interviene, en la última instancia, cuando el Estado no investiga ni demuestra voluntad para hacerlo, se ha agotado todo el chance en el caso interno y no hay ninguna muestra de que se atenderán los casos con seriedad”, indicó.

Güiza Gómez resaltó que demorar el funcionamiento de la JEP no solo le enviaría un mensaje a la CPI, si no también a la comunidad internacional pues la confianza para establecer relaciones internacionales con Colombia aumentó con el proceso de paz y si esa comunidad internacional evidencia que se deshonra la palabra empañada en el acuerdo de paz eso tendrá serias consecuencias en las relaciones internacionales del Estado y, en especial en materia inversionista, una de las políticas a las que más le ha dado trascendencia el presidente electo Iván Duque.

Para Vargas Niño, en todo caso, la mínima garantía para que la CPI no intervenga en Colombia es que la JEP funcione.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Si la Jurisdicción Especial para la Paz no arranca su tarea de investigación y juzgamiento de quienes han cometido delitos relacionados con el conflicto tenemos un grave problema, que se puede activar la Corte Penal Internacional”.

    Autor de la frase: Hernán Penagos, representante a la Cámara del partido de la U

    Fuentes: Estatuto de Roma. Hernán Penagos. Santiago Vargas Niño, abogado, politólogo, experto en derecho penal internacional y exoficial legal asistente de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora de Dejusticia.

    Calificación: Inflada