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Miércoles, 20 Febrero 2019

Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir

Por Sania Salazar

Los reinsertados sometidos a la JEP que cometan delitos nuevos serán juzgados por la justicia ordinaria y podrán perder los beneficios de la justicia transicional.

A principios de esta semana, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover en sus redes el hashtag #LeyEstatutariaJEP para promover los cuestionamientos que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez le hizo a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.

La Fiscalía General de la Nación le pidió a Duque que no sancione la ley, entre otras razones, porque según ellos esa ley le seguirá dando beneficios a los reinsertados que vuelvan a delinquir. Es decir, permitirá impunidad.

Colombiacheck califica el argumento como falso, pues, en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.

Pero Martínez, en conversación con RCN Radio, dio otro argumento de cómo la JEP podría generar impunidad.

En esa entrevista dijo: “en el Acuerdo se dijo expresamente que la JEP tendría competencia por delitos hasta la firma del Acuerdo y ahora le corrieron la cerca y ya vamos en los delitos de ejecución continuada, es decir, si hoy llegan los funcionarios de la Fiscalía a Tumaco, a Putumayo a Caquetá, al Guaviare y encuentran 20 hectáreas de coca y decimos quién es el dueño de esto y nos sale un señor con un certificado que dice yo, pero soy reinsertado, aquí está mi certificado, la Fiscalía tiene que voltearse y devolverse para Bogotá, hacerse el de las gafas, no encontró nada porque ese narcotráfico permanente que viene desde antes de la firma de Acuerdo le correspondería a la JEP”.

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017, determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia, explicó que, en un caso como el que pone de ejemplo el fiscal, es la JEP la que debe determinar si el delito empezó antes de la firma del Acuerdo Final para concluir en qué justicia debe quedar el caso. Güiza Gómez resaltó que esa función de verificación de la JEP no limita las funciones de la Fiscalía. Además, aclaró que, si en un caso como ese se determina que el delito empezó luego de la firma del Acuerdo Final, es la Fiscalía la que debe investigar y juzgar.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana específicamente en el diseño de la justicia transicional, también lo explicó en su cuenta de Twitter.

Sobre los reparos del fiscal sobre la Ley estatutaria de la JEP, la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, reiteró que no habrá impunidad. “Precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle[s] a las víctimas, al país y a la comunidad internacional, que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia”, señaló.

Linares recordó que la competencia de esa jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía mantiene sus competencias y debe, seguramente lo está haciendo, investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha”.

Miércoles, 02 Agosto 2017

“El gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Dijo Claudia López al denunciar un ‘mico’ en el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, radicado ante el Congreso. Y aunque el 'animal' existe, su afirmación sobre la reducción de las condenas es engañosa.

Tres ministros del gabinete de Juan Manuel Santos radicaron ayer, 1 de agosto, en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Se trató de Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, Guillermo Rivera, ministro del Interior, y Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

No habían pasado 24 horas cuando Juanita Goebertus, exdelegataria del gobierno en la mesa de la Habana y directora de Proyectos Latam, señaló que en dicho proyecto había un ‘mico’. Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter:

 

 

Pero Goebertus no fue la única que protestó por el ingreso del supuesto primate. Haciendo eco de su denuncia también trinó Claudia López, aspirante a la presidencia de Colombia y actual senadora de la República:

 

 

Colombiacheck indagó si en realidad y a través del proyecto radicado por el gobierno, se le estarían dando a las Farc beneficios adicionales a los estipulados en el Acuerdo Final. Específicamente verificamos la veracidad de la afirmación según la cual se les reduciría a la mitad las condenas “a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, como lo aseguró Claudia López.

 

¿Qué dice el Acuerdo Final?

Como contamos en el chequeo Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad? es necesario revisar el Acuerdo Final para verificar que en esencia se establecieron dos caminos para que los exguerrilleros lleguen ante la justicia especial, la JEP.

En la página 160 del Acuerdo Final, en lo relativo al punto cinco sobre Víctimas y más específicamente sobre la JEP, quedó establecido que serán dos distintas secciones en el Tribunal para la Paz, “una sección de primera instancia en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que proferirá sentencias” y otra “sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, donde se celebrarán juicios contradictorios y se proferirán sentencias, bien absolutorias o bien condenatorias. En este caso, se impondrán las sanciones ordinarias o alternativas que correspondan”, explica el texto.

Lo que estableció el Acuerdo Final es que quienes digan la verdad irán a una sección que les permitirá tener penas alternativas que no pasaran de los ocho años. Y por penas alternativas se debe entender sanciones no intramurales (cárcel) y cuyo tiempo varía según el tipo de delito.

Por el lado de los renegados a decir la verdad, estos irán a otra sección y allí tendrán procesos contradictorios, además, esos casos perderán el derecho al beneficio de penas alternativas, es decir, en estos casos sí tendrán que pagar sus penas en cárceles detrás de las rejas. Lo que se conoce en el Acuerdo como sanciones ordinarias.

Así quedó en lo negociado en La Habana y así lo aclaró para Colombiacheck Juanita Goebertus, pieza fundamental en el diseño sobre el Punto de Víctimas y quien dijo que esto se pactó así para “incentivar el reconocimiento temprano”.

En síntesis, el que no acepta responsabilidades de manera inmediata pierde los beneficios de salvarse de pagar su sanción en una cárcel intramural como La Picota o el Buen Pastor, así se pactó en La Habana.

 

Así es el proyecto del Gobierno

Con este panorama claro Colombiacheck se dispuso a verificar el ‘mico’ del proyecto radicado por el gobierno bajo la batuta de tres ministros.

En primer lugar se revisó el artículo 137 del proyecto, que se refiere a los renegados de las Farc porque aborda procesos contradictorios que, como lo mencionamos anteriormente, solo fueron diseñados para quienes no digan la verdad en primera instancia. El subtítulo de ese apartado se denomina: “Sanciones alternativas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad por primera vez en el proceso contradictorio ante la sección de primera instancia”.

Ese artículo 137 menciona que "en cualquier caso en el que el Tribunal para la Paz aprecie que el reconocimiento de verdad y responsabilidad efectuado no ha sido exhaustivo, completo y/o detallado, se aplicará por el Tribunal para la Paz sanciones alternativas según el siguiente procedimiento:”

De lo anterior queda claro que bajo la frase “en cualquier caso” (casos que no hayan dicho la verdad en primera instancia) el Tribunal para la Paz aplicará “sanciones alternativas”, algo contrario a lo acordado en La Habana porque las sanciones alternativas solo fueron diseñadas para quienes digan la verdad en primera instancia. Ese es precisamente el incentivo para que hablen de manera pronta.

Según Goebertus, quienes en principio no reconozcan la verdad pero luego en otra sección lo hagan, tendrán que pagar cárcel de cinco a ocho años, los que no reconozcan la verdad en ninguna instancia sí irán a la cárcel y tendrán que pagar condenas de hasta 20 años. Todo depende del tipo de delito.

Llama la atención este cambio pues nunca estuvo en duda que el beneficio de sanción alternativa solo fue diseñado para quienes digan la verdad de manera inmediata y no en otras instancias que es como lo propone el proyecto radicado por el gobierno.

El mismo artículo 137, en referencia a procesos contradictorios, expone además que: “la Sección competente del Tribunal para la Paz le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de su reconocimiento de verdad, de responsabilidades y de colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”.

En definitiva, el texto radicado por el proyecto ofrece penas alternativas incluso a quienes no digan la verdad en primera instancia, siempre y cuando lo hagan en la sección posterior, la que aborda casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Este cambio en las condiciones del juzgamiento de los exguerrilleros y demás personas que se acojan a la JEP, con respecto a lo pactado en el Acuerdo Final, es lo que da vida al ‘mico’ que señalaron Goebertus y López.

 

El error de Claudia López

Además de mencionar el ‘mico’, la senadora López sostuvo que “el gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, afirmación que resultó engañosa porque el proyecto del gobierno no pretende reducir las penas sino reducir el tiempo en la cárcel de quienes en otra instancia diferente a la inicial reconozcan la verdad.

Al menos así se lo explicó Goebertus al tuitero Gustavo Garcia:

 

 

 

 

Lo que dice el texto del gobierno es que “el Tribunal podrá ordenar que, una vez cumplido como mínimo el 50% del tiempo de sanción impuesta, el cumplimiento de esta concluya en condiciones equivalentes a las de las sanciones propias”.

Es decir, quienes no digan la verdad en primera instancia y por ese motivo sean condenados y se encuentren en la cárcel, pero decidan contar por fin la verdad, podrían pagar el 50% de la pena restante con sanciones alternativas, claro, primero tienen que pagar la mitad de la pena en una cárcel, eso fue lo que sentenció el texto radicado por el gobierno.

No reducción de penas. Lo cambiado fue el cómo pagar esa pena, esa sanción. Colombiacheck busco todo el día a la senadora López pero no recibimos respuesta ni por teléfono ni por medios electrónicos.

El tuitero Natalio Cosoy, corresponsal en Colombia de la BBC también formuló una inquietud frente a lo radicado por el gobierno en el artículo 137 cuando se menciona “sanciones propias”. ¿Qué son las sanciones propias? A lo que Goebertus respondió por medio de su Twitter.

 

 

 

¿El Congreso votará el ‘mico’?

Una pregunta similar hizo el tuitero y consultor empresarial Luis Carlos Jacobsen, a lo que Goebertus respondió que se necesita presión en el Congreso para que incluyan una proposición. Además, el ‘mico’ tendrá que lidiar en los debates conjuntos de Cámara y Senado, no siendo poco, además, cada cámara del Congreso debatirá por aparte el proyecto. En síntesis, este primate tendrá que saltar bastante para poder ser aprobado.

 

 

Tanto Goebertus como López tiene razón al señalar la presencia del ‘mico’ pero la aspirante a la presidencia se equivocó al publicar en su cuenta de Twitter (que tiene más de 700.000 seguidores) que se reducirán las penas a las Farc.

Una salida en falso que sirvió para darle insumos a los opositores del proceso de paz, por lo menos así lo publicaron usuarios que se hacen llamar en la red social Aureliano, coronel Buendía y Jorge Enrique Gelves.

 

 

 

 

Aunque bueno, todo hay que decirlo, no fuimos los únicos que nos dimos cuenta del error de la senadora del partido Verde, tuiteros como Darío T. también la corrigieron.