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Miércoles, 20 Febrero 2019

Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir

Por Sania Salazar

Los reinsertados sometidos a la JEP que cometan delitos nuevos serán juzgados por la justicia ordinaria y podrán perder los beneficios de la justicia transicional.

A principios de esta semana, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover en sus redes el hashtag #LeyEstatutariaJEP para promover los cuestionamientos que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez le hizo a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.

La Fiscalía General de la Nación le pidió a Duque que no sancione la ley, entre otras razones, porque según ellos esa ley le seguirá dando beneficios a los reinsertados que vuelvan a delinquir. Es decir, permitirá impunidad.

Colombiacheck califica el argumento como falso, pues, en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.

Pero Martínez, en conversación con RCN Radio, dio otro argumento de cómo la JEP podría generar impunidad.

En esa entrevista dijo: “en el Acuerdo se dijo expresamente que la JEP tendría competencia por delitos hasta la firma del Acuerdo y ahora le corrieron la cerca y ya vamos en los delitos de ejecución continuada, es decir, si hoy llegan los funcionarios de la Fiscalía a Tumaco, a Putumayo a Caquetá, al Guaviare y encuentran 20 hectáreas de coca y decimos quién es el dueño de esto y nos sale un señor con un certificado que dice yo, pero soy reinsertado, aquí está mi certificado, la Fiscalía tiene que voltearse y devolverse para Bogotá, hacerse el de las gafas, no encontró nada porque ese narcotráfico permanente que viene desde antes de la firma de Acuerdo le correspondería a la JEP”.

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017, determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia, explicó que, en un caso como el que pone de ejemplo el fiscal, es la JEP la que debe determinar si el delito empezó antes de la firma del Acuerdo Final para concluir en qué justicia debe quedar el caso. Güiza Gómez resaltó que esa función de verificación de la JEP no limita las funciones de la Fiscalía. Además, aclaró que, si en un caso como ese se determina que el delito empezó luego de la firma del Acuerdo Final, es la Fiscalía la que debe investigar y juzgar.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana específicamente en el diseño de la justicia transicional, también lo explicó en su cuenta de Twitter.

Sobre los reparos del fiscal sobre la Ley estatutaria de la JEP, la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, reiteró que no habrá impunidad. “Precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle[s] a las víctimas, al país y a la comunidad internacional, que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia”, señaló.

Linares recordó que la competencia de esa jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía mantiene sus competencias y debe, seguramente lo está haciendo, investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha”.

Miércoles, 28 Junio 2017

¿La amnistía garantizaba la libertad de los presos de las Farc en 10 días?

Por Sania Salazar

En la entrega final de armas de las Farc, el comandante de esa organización, Rodrigo Londoño, se quejó porque aún hay guerrilleros presos cuando la Ley de amnistía prometía libertad en 10 días.

En la ceremonia en la que se dio por terminado el proceso de dejación de armas individuales de las Farc el comandante de ese grupo, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, aprovechó para recriminar al Gobierno por lo que considera como incumplimientos de lo pactado en el Acuerdo Final.

“Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas permanezcan en prisión a seis meses de la expedida una Ley de amnistía e indulto que les garantizaba libertad en 10 días”, fue uno de sus reclamos.

La Ley de Amnistía e Indulto entró en vigencia el 30 de diciembre de 2016, cuando el Presidente Santos la sancionó. Efectivamente, el próximo 30 de junio se cumplen seis meses. Hay que recordar que esta ley aplica solo para delitos políticos y conexos, no para quienes hayan cometidos delitos graves y de lesa humanidad.

Colombiacheck revisó el decreto que detalla la manera como se debe aplicar esta ley. Ese documento deja claro que en el caso de guerrilleros privados de la libertad, con procesos en curso o condenados, el trámite no debe demorar más de 10 días “contados a partir del momento en que se presente la solicitud de amnistía o de que inicie el trámite de oficio”.

Además la Ley de amnistía precisa que “respecto de los integrantes de las Farc que por estar encarcelados no se encuentran en posesión de armas, la amnistía se aplicará individualmente a cada uno de ellos cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente”.

Esto precisamente es lo que al parecer no tiene claro ‘Timochenko’: Que los procesos son individuales, así que ese término de 10 días se vence en diferentes fechas según cada caso, que son jueces de ejecución de penas los que tienen en sus manos el análisis de esos casos, aparte de los demás procesos que ya tenían pendientes cuando se aprobó esta ley y que, según las Farc, son 3.400 los prisioneros de esa organización que esperan que se estudien, lo que requiere tiempo.

Si se trata de lo que dice literalmente el papel, Londoño tiene razón, pero consideramos que desconocer el contexto de la aplicación de la ley da para mal interpretar el espíritu del decreto, por lo que Colombiacheck califica la afirmación de Londoño como aproximada.

Del papel a la realidad

A la hora de aplicar la Ley de amnistía hubo inconvenientes, como en otros aspectos de la implementación del Acuerdo Final, escollos que han tenido ambas partes del proceso, y por las que se han acusado mutuamente de incumplir.

“No creo, honestamente, que esto sea un incumplimiento del Acuerdo. Las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo político, el Gobierno hace todo lo que está en sus manos para cumplir con lo pactado. La Ley de amnistía se adoptó en tiempo récord, esa ley enfrentó dificultades en su aplicación por algunas interpretaciones de los jueces, el Gobierno inmediatamente se puso a la tarea de expedir un decreto reglamentario que explica varias cosas. Luego está en manos de los jueces la aplicación de la amnistía”, argumentó Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

Díaz resaltó que se trata de decisiones judiciales que no están en manos del ejecutivo, ni del Gobierno, ni en manos del Alto Comisionado para la Paz, sino de los jueces. Recordó además, que quienes toman estas decisiones son jueces de ejecución de penas con una carga de trabajo alta que están revisando en detalle cada solicitud, lo cual, enfatizó, le da mucha seriedad y legitimidad a las decisiones.

La directora de Justicia Transicional del Minjusticia aseguró que el Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos en el marco de la independencia de la rama judicial para que se garantice lo acordado, incluso talleres con los jueces para explicarles en detalle el funcionamiento de la ley.

Díaz recordó que para acelerar el proceso en el Minjusticia indultaron alrededor de 221 miembros de las Farc privados de la libertad (por delitos amnistiables e indultables) con la ley 418, la ley vigente antes de la Amnistía pactada en el Acuerdo Final. “Eso también muestra el compromiso”, concluyó.

En un chequeo titulado Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía contamos el pasado 25 de enero que el proceso estaba sufriendo demoras debido a que se estaba sometiendo a consenso de las partes involucradas un documento que deben firmar los beneficiados con la amnistía y que bautizaron como acta de compromiso.

Precisamente, antes del acto de cierre de la entrega de armas de las Farc, se conoció que Seusis Pausivas Hernández, cuyo alias es Jesús Santrich, se declaró en huelga de hambre en solidaridad con los presos de las Farc que no han sido beneficiados todavía con la ley de amnistía e indulto. Según explicó, la ley solo ha beneficiado a 832 de los 3.400 prisioneros reconocidos por la que hasta ayer fue la guerrilla de las Farc.

Según cifras del Ministerio de Justicia, hasta el pasado 23 de junio se habían concedido 295 libertades condicionales, beneficio que se otorga a guerrilleros con investigación o condena por delitos no amnistiables siempre y cuando lleven cinco años privados de la libertad y hayan firmado el acto de compromiso ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En este caso la libertad se obtiene bajo ciertos compromisos y obligaciones.

Hasta la misma fecha se habían trasladado a Zonas Veredales Transitorias de Normalización a 226 exguerrilleros. En este caso se trata de personas con investigaciones o condenas por delitos no amnistiables con menos de cinco años privadas de la libertad a los que se traslada a las zonas veredales para que continúen allí su detención.