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Martes, 16 Octubre 2018

Marta Lucía Ramírez da cifras ligeras sobre participación de mujeres en elecciones cafeteras

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

La vicepresidenta trinó una información sin contexto sobre el aumento porcentual de la participación femenina en el liderazgo cafetero.

Hace poco, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, puso un trino en su cuenta de Twitter en el que se refirió a la “buena noticia” que significa que la participación de mujeres en el liderazgo cafetero haya aumentado “al 24% en las últimas elecciones del gremio”, ocurridas el pasado mes de septiembre.

Ramírez señala que “aunque falta más, reconocemos la importancia de la estrategia de equidad de género de la Federación Nacional de Cafeteros”.

Colombiacheck revisó la veracidad de este trino de la vicepresidenta y encontró que su afirmación es Ligera, pues aunque sus datos coinciden con lo presentado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), ella no brinda ningún contexto sobre a qué hace referencia en particular el porcentaje que da, ni cuál fue su fuente de información.

Los días 8 y 9 de septiembre se realizaron las Elecciones Cafeteras, un evento electoral que ocurre cada cuatro años y por medio del cual se eligen por voto directo a los dirigentes de los comités municipales y departamentales, sus representantes gremiales a nivel regional.

De acuerdo con el ABC de las Elecciones Cafeteras 2018 publicado por la Federación, en las elecciones participan “todos los caficultores federados, es decir, quienes sean propietarios o poseedores de un predio de al menos media hectárea de café con al menos 1.500 árboles y que tengan cédula cafetera”.

Este año, se realizaron en 17 departamentos y 570 municipios cafeteros de Colombia. Y, de acuerdo con un comunicado de la Federación, “se trata de la cita más importante que tienen los caficultores federados para elegir a sus representantes”.

En el ABC se explica que los Comités Municipales están conformados por seis miembros principales con sus respectivos suplentes personales, para un total de 12 representantes por cada municipio.

Y para la elección de los miembros de Comité Departamental, en cada una de las seis circunscripciones que conforman el Comité Departamental, se vota por candidaturas individuales (planchas), cada una conformada por un principal y un suplente.

Ahora bien, según cifras de la FNC, este año el número de personas habilitadas para votar fue de 358.208, de las cuales 100.298 son mujeres; lo que equivale al 28% del censo electoral.

En total para estas elecciones estaban en disputa 4.776 cargos. Pero, después de las votaciones, solo 1.121 terminaron siendo ocupados por mujeres; esto es el 23,47% del total.

En específico, dentro de los comités departamentales resultaron elegidas 27 mujeres para 180 cargos; que representan el 15% del total de los cargos que estaban en disputa. Y en los municipales, fueron 1.094 mujeres para 4.596 cargos, el 24% del total. Esto parece indicar que la vicepresidenta se refería entonces a este último porcentaje que, efectivamente, tuvo un aumento frente a los resultados de hace cuatro años.

En el periodo 2014-2018, de acuerdo con cifras del programa de equidad de género de la dirección de responsabilidad social de la FNC, solo el 8% de los cargos en los comités departamentales fueron ocupados por mujeres (12 mujeres), y en el municipal el porcentaje fue del 16% (696 mujeres).

El programa de equidad de género viene funcionando desde hace aproximadamente 10 años dentro de la Federación, de acuerdo con Claudia Rodríguez, su coordinadora, aunque anteriormente tenía otro nombre. La intención desde entonces ha sido la misma, empoderar a las mujeres y darles mayor participación dentro de los cargos de decisión de la entidad, aunque apenas desde hace un año se comenzaron a emprender acciones claras para promoverlo.

Rodríguez considera que los resultados de este año fueron positivos y que fueron una muestra del trabajo que han venido realizando. “Efectivamente a eso era lo que le estábamos apuntando”.

El mismo gerente general de la Federación, Roberto Vélez Vallejo, lo dijo a través de un comunicado de prensa enviado a Colombiacheck: “Nos complace saber que uno de los grandes propósitos de estas elecciones, la mayor representatividad de mujeres y jóvenes, se cumplió”.

Rodríguez, sin embargo, considera que aún hacen falta más esfuerzos, tal y como señala la vicepresidenta, pues “aún no se ven reflejadas dentro de las instancias electorales la situación real que hay entre los caficultores”. Según las cifras con las que cuenta el programa, el 30% de los caficultores (con tenencia de tierra) son mujeres.

En todo caso, existe un subregistro dentro de la información de la misma Federación. En ese 30%, según nos explicaron, no entran las recolectoras ni las mujeres que no tienen los títulos de la tierra, pero que acompañan y ejecutan las labores de la caficultura a la par de sus esposos.

En ese sentido, Alba Marina Acosta, miembro de la Red Nacional de Mujeres, seccional Caldas, coincide con el avance que muestran los resultados y reconoce que la participación efectiva, es decir la cantidad de mujeres que salieron a votar, fue importante a nivel nacional. Pero también considera que la representación de los espacios departamentales, donde apenas el 15% de las mujeres terminaron elegidas, no fue tan exitosa.

“Llama la atención que esta estructura, que se solventa en el trabajo de las mujeres, y que una entidad con 91 años de trayectoria, no tenga una representación igualitaria en los cargos ni en los espacios en los que se toman las decisiones, como lo son los comités”, según Acosta.

Esto porque una mayor participación de las mujeres dentro de los comités, que son espacios que generan procesos de formación y capacitación, les permitiría ser incluidas en los lugares donde realmente se discuten las políticas públicas del sector en el país, en consideración tanto de Acosta como de Rodríguez.

Según la coordinadora del programa de equidad de la Federación, a través de la participación en estos espacios, “las mujeres pueden manifestar sus necesidades, su manera de ver el mundo y buscar soluciones. Ellas se convierten en un canal”.

Finalmente, la Federación señala que esperan obtener resultados más contundentes para las elecciones de 2022, cuando las acciones del programa se consoliden.
 

Viernes, 15 Junio 2018

La reforma de Gustavo Petro versus la de López Pumarejo

Por James Estiven Alzate

El candidato de Colombia Humana defiende su propuesta de elevar impuestos a terratenientes y comprar tierras improductivas comparándola con la reforma que adelantó el expresidente liberal Alfonso López. Expertos analizan.

En diferentes medios, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha tratado de explicar cuál sería su plan de gobierno respecto al manejo y tenencia de la tierra en Colombia. En una entrevista al diario El Tiempo, el candidato de Colombia Humana aseguró que su iniciativa ya fue propuesta por el liberal y presidente de la República entre 1934 – 1938 y 1942 – 1945 Alfonso López Pumarejo, y que no se pudo llevar a cabo por la fuerte oposición de los grandes terratenientes e industriales de la época.

La polémica se ha centrado en la idea de “Transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina”, donde llaman la atención propuestas que buscan que alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a la ganadería extensiva o no tienen uso alguno, pasen a ser productoras de alimentos; o la búsqueda de la democratización del acceso a la tierra, para lo cual se aplicaría un impuesto predial rural “con tarifas crecientes en función del área de los terrenos, de las condiciones de producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo”.

López Pumarejo, en lo que se conoció como la Revolución en marcha, contemplaba seis reformas: tributaria, constitucional, educativa, laboral, penal y, la que nos interesa, agraria, reglamentada por la Ley 200 de 1936. En esta última se destacan el concepto de la función social y productiva de la propiedad, y los siguientes puntos: qué se conocerá como terreno baldío, cuándo el Estado podrá aplicar la extinción de dominio sobre esos terrenos y bajo qué condiciones, qué garantías de defensa tendrían quienes se consideren dueños de esa tierra, el uso que tendría la tierra que sería únicamente agrícola respetando el ecosistema y el medios ambiente, y por último, el uso del subsuelo.

Para el economista agrícola y profesor universitario José Ignacio Díez, con respecto a las reformas agrarias que se han intentado en el país, estas “parten de la idea de que el Estado entrega tierras, y es cierto, el Estado entrega tierras, no las expropia, y estas tierras tienen que ser productivas para garantizar la seguridad alimentaria; sin embargo, estas reformas fracasan porque son tierras de muy poca productividad, requieren de mucho trabajo, son muy lejanas, no hay infraestructura: vías, electricidad, sistemas de transporte y los canales de comercialización son muy escasos, sacar esos productos desde allá no es rentable.”

Díez asegura que la propuesta de Gustavo Petro y la reforma agrícola de López Pumarejo, parten de la misma idea: entregar tierras a los campesinos para que estas sean dedicadas a cultivar alimentos, respetando el ecosistema y el medio ambiente.

Por su parte, el politólogo y magíster en estudios políticos José Luis Correa, asegura que la reforma de López Pumarejo buscaba saldar las deudas que en materia agraria había dejado la hegemonía conservadora, y con respecto al plan de gobierno de Gustavo Petro en este asunto, tiene dos lecturas. Por un lado, el hecho de que el candidato defienda el proceso de paz y el primer punto de los acuerdos de la Habana se refiere a eso, a apostarle a solucionar los problemas que siempre ha tenido el campo colombiano.

Por otro lado, la propuesta de Petro busca un modelo de redistribución de tierras; sin embargo, dice Correa, ”en el modelo ruralista hay una preocupación que no debería tenerse. Petro se preocupa por la cantidad de tierra, de cuánta tierra hay improductiva, cuanta tierra se podría distribuir… pero no se ha ocupado de responder la pregunta por la potenciación de la capacidad productiva de esa tierra, mediante la implementación de infraestructura, tecnología e innovación”.

Precisamente, la ley de Pumarejo, según Julio César Morales en su texto Incidencia de la reforma agraria de 1936 en la creación de autodefensas campesinas en Colombia, solo se quedó en el corto plazo y en el papel, gracias a la incapacidad del Estado para comprobar los títulos de propiedad sobre las tierras, la falta de financiación y tecnificación para los pequeños campesinos y la no contemplación de una cadena de valor de los alimentos producidos.

César Giraldo, en su texto Primera administración López Pumarejo: La revolución en marcha, dice: “El objetivo principal de la ley 200 del 36 era acabar con el latifundio y permitir que la tierra se vinculara al proceso productivo, minando de esta forma el poder político y económico de los terratenientes.” Y agrega: “[…] es preciso señalar, de un lado, que los propietarios reaccionaron de forma adversa a la ley, no sólo en sus debates, sino mediante la presión sobre los campesinos para que abandonaran las parcelas para evitar las reclamaciones (quema de ranchos, destrucción de mejoras), lo que generó nuevas manifestaciones de violencia.”

Petro casi que se enfrentaría a las mismas dificultades de Alfonso López: los grandes latifundistas y terratenientes estarían en su contra, al igual que el Congreso de la República donde ni él ni sus aliados lograránn mayorías con facilidad.

El profesor Díez agrega que la propuesta de Gustavo Petro es impopular pero real, ya que en Colombia, según él, el agro paga muy pocos impuestos frente a otros países de América Latina y el mundo, y en todos los países ricos y desarrollados quien no ponga a producir la tierra lo llenan de impuestos. Además, reconoce que es una medida que causa temor: “los grandes terratenientes tienen ese miedo, porque acumulan tierras y las dejan ahí baldías, en las clases medias ocurre que tienen tierras pero no tienen capital, entonces no producen, y en los campesinos o pequeños productores, no les cobran impuestos o no pagan impuestos porque a veces la tierra no ha sido legalizada. El problema es que a nadie le gusta que le cobren impuestos y se convierte en una medida muy impopular, ya sea para el que tiene mucho, o el que tiene poco.”

Además, difiere con la idea de que el Estado compre esas tierras improductivas: “no es su obligación; el Estado está es para entregar tierras, pero tierras baldías, tierras de nadie, para que la gente genere riqueza y alimentos. El quitar tierras implicaría una fuga de capitales”, afirma José Ignacio Díez.

José Luis Correa, desde su punto de vista, no encuentra mayores similitudes entre lo que propone Petro y lo que ya se trató de hacer con la Ley 200, y dice: “Con Pumarejo en materia agraria se habla de un socialismo de Estado, es decir, que no nace en las bases proletarias para tomarse el poder sino que nace desde las clases dirigentes para evitar brotes de violencia. Yo con Gustavo Petro veo lo contrario, un modelo agrario soportado en las bases sociales que quiere imponerse sobre los que están arriba; lo de López Pumarejo era una revolución de arriba hacia abajo, lo de Petro es al contrario.”

En conclusión, la afirmación del actual candidato de la Colombia Humanada es Aproximada, si bien su propuesta tiene matices de lo que fue la Ley 200 de 1936, el país se encuentra en dos contextos diferentes y no hay suficientes datos para verificar qué tan efectiva o perjudicial fue la reforma de Pumarejo y qué tan viable y efectiva será la propuesta de Petro, si este llega a la Casa de Nariño.

 

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

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    Frase: “El latifundio improductivo impide la industrialización en Colombia. Lo que se proponía en aquel entonces Keynes, y la escuela Cepalina, es que hay que elevarle el impuesto al latifundio. El primero que habló de eso en Colombia fue Alfonso López Pumarejo.”
    Autor de la frase: Gustavo Petro
    Fuentes consultadas y expertos: Constitución Política de Colombia. Programa de Gobierno de Gustavo Petro. Texto Incidencia de la reforma agraria de 1936 en la creación de autodefensas campesinas en Colombia. Texto Primera administración López Pumarejo: La revolución en marcha. José Ignacio Díez, economista agrícola y profesor universitario. José Luis Correa Henao, politólogo y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana.
    Contexto: La frase ha sido utilizada constantemente por el candidato para decir que lo que él propone, ya fue propuesta por gobiernos anteriores.
    Calificación de la afirmación: Aproximada