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Jueves, 30 Noviembre 2017

Marta Lucía Ramírez insiste en falsedad sobre la JEP y agrega otra

Por Sania Salazar

La precandidata insistió en el argumento falso de que la JEP no impondrá restricciones a la libertad. Además dijo que (por la Ley de Amnistía) todos los exguerrilleros que estaban presos ya habían recobrado la libertad, mientras que había militares que seguían presos.

Marta Lucía Ramírez, integrante del Partido Conservador y exministra de Defensa, recicló una frase falsa sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una entrevista que le hicieron el pasado 28 de noviembre en Canal Capital en su calidad de precandidata presidencial.

“El hecho de tener hoy una jurisdicción que realmente no implica ningún tipo de reclusión, como exige el tratado de Roma, ni de restricción de la libertad, porque es que no es una verdadera restricción, me parece que es inconveniente”, dijo Ramírez.

La precandidata, de quien se ha dicho en los últimos días que sería la ficha a la presidencia de la alianza entre los expresidentes Uribe y Pastrana, dijo además que “hoy todavía hay montones de militares que están en las cárceles sin estar condenados, mientras que los de las Farc están todos por fuera”. Esto en clara alusión a la aplicación de Ley de Amnistía pactada en el Acuerdo Final.

Tras consultar diferentes fuentes, Colombiacheck encontró que ninguna de las dos frases de la precandidata presidencial corresponde a la verdad, por lo que califica su intervención con respecto a estos dos aspectos, como Falsa.

La primera frase tiene un elemento falso muy usado durante la campaña por el voto negativo al plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016. Ramírez estuvo entre los líderes políticos que lideraron la campaña por el no. En el Acuerdo Final sí están contempladas restricciones efectivas de la libertad para quienes sean sancionados por la JEP. Colombiachek ya había verificado el tema en el chequeo titulado Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?, donde se explica que si bien las sanciones no implicarán cárcel, sí implicarán limitaciones en la movilidad de los sancionados. Hay que aclarar que quienes comparezcan ante esta jurisdicción y no digan la verdad sobre los delitos en los que participaron tendrán que ir a la cárcel y sus sanciones durarán más tiempo (entre 15 y 20 años).

Quienes aporten verdad desde un principio se someterán a sanciones que durarán entre cinco y ocho años. Los magistrados de la JEP “fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos, horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, dice el Acuerdo Final en el punto cinco sobre las víctimas del conflicto (página 165).

Juan Carlos Henao, abogado constitucionalista que participó en la elaboración de la JEP, lo explica de una manera sencilla:

“Van a tener una restricción de movimiento y de domicilio, por decir algo, si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, usted va a estar ahí, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”.

Según el Acuerdo final, las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas.

“No es solamente que le restringen la libertad o lo mandan para la cárcel, es que al mismo tiempo tiene que reparar, por decir algo, reconstruyendo la iglesia de Bojayá, desminando”, agregó Henao.

Marta Lucía insistió en un argumento falso en contra de la JEP y los periodistas que la entrevistaron en Canal Capital no le hicieron notar su error.

¿Militares presos y guerrilleros libres?

Ramírez no tiene razón cuando dice que hay militares que siguen en la cárcel mientras que todos los exguerrilleros que estaban presos ahora están libres, pues en ambos casos faltan personas por beneficiarse de la Ley de Amnistía, lo que incluye recuperar la libertad totalmente o con condiciones.

El balance de la Secretaría Ejecutiva de la JEP sobre aplicación de la Ley de Amnistía y tratamientos especiales (con corte al 24 de noviembre pasado) indica que 3.148 exguerrilleros de los 3.779 que se beneficiarían de esa ley han quedado en libertad condicionada o han sido trasladados a zonas veredales. Eso quiere decir que se sometieron a la JEP y deben comparecer cuando sean llamados.

En el caso de la Fuerza Pública se han beneficiado de la Ley de Amnistía 1.717 uniformados de los 1.751 a los que los cobija la norma.

En la Secretaría Ejecutiva de la JEP resaltaron que la libertad definitiva no es el único beneficio de la amnistía, pues está la libertad condicionada y el traslado a zonas veredales para que exguerrilleros que no han completado cinco años de privación de la libertad lo hagan (ese es el mínimo de tiempo que se fijó para beneficiarse de la ley). Este cambio de sitio de reclusión también aplica para militares, caso en el que pasan de cárceles militares a unidades de reclusión militar.

En dicha Secretaría indicaron además, que hay casos de miembros de la Fuerza Pública que están inmersos en varios procesos judiciales en muchos de los cuales no han cumplido el tiempo mínimo de reclusión fijado para ser amnistiado, por lo que sus casos se demoran más.

En cifras exactas han quedado en libertad 2.737 exguerrilleros y 1.011 militares, de los cuales 769 tienen libertad condicionada.

Colombiacheck trató de comunicarse con la candidata por teléfono y vía Whatsapp en repetidas ocasiones, desde el pasado 29 de noviembre, para saber en qué fuentes basaba sus afirmaciones. También habló con su equipo de prensa para explicar la importancia de incluir las explicaciones de la precandidata en esta nota, pero indicaron que Ramírez tenía una agenda muy apretada y solicitaron enviar las preguntas por correo, respuestas que todavía estamos esperando.

Sábado, 16 Septiembre 2017

Instancia de seguimiento al Acuerdo de Paz debía tener una mujer negra

Por Sania Salazar

Aunque en La Habana se prometió espacio y varias afrodescendientes se postularon, no cumplieron con los requisitos. Además, el Acuerdo Final no obliga a que esa instancia incluya a una mujer de esta etnia.

Nigeria Rentería, defensora Delegada para los derechos de los indígenas y las minorías étnicas y exnegociadora del Gobierno en la mesa de La Habana, publicó varios trinos en los que critica que no haya ni una mujer negra en una de las instancias de seguimiento al Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, pues, según ella, se había acordado.

 

 

 

 

Llamamos a Rentería, quien nos dijo que se refería a “un grupo particular de mujeres que se inscribían para participar de la verificación de la implementación de los Acuerdos en territorio”.

Rentería se refiere a una Instancia Especial conformada por mujeres que se pactó en La Habana para garantizar el cumplimiento del enfoque de género y de los derechos de las mujeres incluidos en el Acuerdo Final.

Después de revisar el Acuerdo Final y de acudir a otras fuentes, Colombiacheck califica la afirmación como falsa.

Revisamos el Acuerdo y no encontramos alusiones específicas a mujeres afrocolombianas en el punto que habla sobre la Instancia Especial de verificación:

“Con el fin de contribuir al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final se creará una Instancia Especial conformada por representantes de seis organizaciones de mujeres colombianas nacionales y territoriales que tendrá interlocución permanente con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). En el marco de la Csivi se definirá su composición y funcionamiento en consulta con las organizaciones de mujeres”.

Así se conformó

Según información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Instancia se conformaría por “siete mujeres propuestas por organizaciones de mujeres colombianas nacionales y territoriales, de las cuales cuatro serán de organizaciones territoriales, una de ellas deberá ser víctima del conflicto armado. Dos de carácter nacional y una mujer propuesta por organizaciones Lgbti”.

La información de la Oficina del Alto Comisionado indica, además, que para la selección de las integrantes de esa Instancia se abrió una convocatoria en la que organizaciones de mujeres de caracter nacional y territorial puedan presentar candidatas, luego de lo cual los nombres se pusieron a consideración de la Csivi (integrada por representantes del Gobierno y de las Farc), que con asesoría técnica, concluyó la selección.

En un comunicado conjunto de las partes que integran el Csivi, se informó que en el proceso de selección de las mujeres que conformarían esta Instancia, se realizaron 32 asambleas departamentales y dos jornadas informativas para organizaciones nacionales en las que se dio a conocer la convocatoria. “Se postularon 87 mujeres por las organizaciones territoriales, 5 duplas por organizaciones nacionales y una dupla por organizaciones de sectores Lgtbi”, precisa el comunicado.

Sindy Torres, asesora de género del Csivi en las Farc, explicó que la escogencia se basó en un criterio eminentemente técnico con base en lo pactado en el Acuerdo y en que las mujeres cumplieran los requisitos solicitados.

Entre esos requisitos estaba que las organizaciones postulantes tuvieran experiencia certificada en trabajo de paz y mujeres. Que estuvieran asentadas en zonas afectadas por el conflicto y que contaran con experiencia en incidencia en política pública para las mujeres. Por último, que hubieran participado en algún proceso de pedagogía del Acuerdo.

En total 818 organizaciones postularon mujeres, entre las cuales había alrededor de diez afrodescendientes, pero no quedaron seleccionadas porque no cumplieron con los criterios de selección, explicó Torres.

“Hicimos una revisión muy juiciosa. No es cierto que teníamos que incluir a una mujer negra. Más que un criterio de pertenencia étnica, era un criterio territorial, no era una acción afirmativa específicamente para el tema étnico porque hay una instancia especial para lo étnico y ahí hay una mujer indígena y una negra”, aclaró la asesora.

Los nombres de las siete mujeres que conforman la Instancia Especial se conocieron el pasado 27 de julio en un evento en el que, como lo contó Colombia2020, no faltaron las inconformes como “tres mujeres afrocolombianas que tomaron la palabra para criticar la falta de representación de esta comunidad en esta instancia”.

*Rocío Pineda. Representante de organizaciones territoriales - Unión de Ciudadanas por Colombia (Antioquia).

Marcela Sánchez Buitrago. Representante de organizaciones Lgbti - Directora ejecutiva Colombia Diversa.

Victoria Neuta Sánchez. Representante de organizaciones nacionales - Comisión de Mujeres Indígenas de Colombia. Lideresa indígena del pueblo Muisca.

Yuly Artundiaga. Representante de organizaciones territoriales - Organización Mujeres Andino Amazónicas (Putumayo). Actualmente colabora en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, posicionado en la agenda de las mujeres campesinas desde el sur del país.

Mayerlis Angarita. Representante de las organizaciones de víctimas - Corporación Narrar para Vivir. Ha trabajado en la reconstrucción de la memoria en los Montes de María.

Magda Alberto. Representante de organizaciones nacionales - Plataforma Mujeres por la Paz. Es reconocida por su activismo social con organizaciones de mujeres jóvenes para ampliar su participación política.

Francisca Aidee Castillo. Asociación de Mujeres Araucanas Trabajadoras.

*Con información de Colombia2020