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Viernes, 07 Diciembre 2018

No es verdad que a líderes de Farc les hayan perdonado delitos de narcotráfico

Por Sania Salazar

Quienes hayan cometido ese delito para lucro personal serán juzgados por la justicia ordinaria. A quienes se les compruebe que lo hicieron para financiar el funcionamiento de la guerrilla podrían ser indultados, pero en todo caso, deberán aportar verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Hay personas que comandaban las Farc que ejercían un liderazgo en el narcotráfico en algunas regiones y hoy se les han perdonado esos delitos”, aseguró el Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, en el programa Semana en Vivo.

Colombiacheck le preguntó a Rodríguez en qué se basaba para afirmar tal cosa y a qué comandantes se le habían perdonado delitos de narcotráfico, pero hasta la publicación de esta nota no hemos recibido respuesta.

Lo que dice Rodríguez es falso porque en el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc no hay contempladas amnistías ni indultos generales para quienes hayan cometido el delito de narcotráfico. Se evaluará cada caso en particular. Además, los exintegrantes de las Farc deberán responder por los delitos que hayan cometido ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ya empezó a llamar a actores del conflicto a comparecer a sus salas.

La Ley 1820 de 2016 dice que en ningún caso serán objeto de amnistía e indulto “los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir aquellos que no hayan sido cometidos en contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero”.

Juan Carlos Henao, exasesor del Gobierno para la Justicia Transicional y exmagistrado de la Corte Constitucional, lo explica en palabras simples: “Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que cuando el narcotráfico ha sido utilizado para fines personales, obviamente que es un delito común que no tiene ninguna posibilidad de ser amnistiado, pero cuando ha sido para una lucha política podría tenerse como un elemento conexo”.

Es decir, si  la JEP, órgano judicial encargado de investigar y juzgar los delitos relacionados con el conflicto armado, comprueba que un comandante o cualquier miembro de esa exguerrilla cometió el delito de narcotráfico para su enriquecimiento personal será sancionado, pero por la justicia ordinaria y no recibirá ni amnistía ni el trato penal especial que contempla la JEP.

Será la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP la que determinará en cada caso si los procesados por narcotráfico cometieron ese delito para conseguir dinero que financiara el funcionamiento de la guerrilla, en esos casos sí existe la posibilidad de que las personas sean amnistiadas e indultadas.

Quienes respondan ante la JEP por estas conductas deberán aportar verdad, reparar a sus víctimas y garantizar que no volverán a cometer los delitos de los que sean responsables.

Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.