Pasar al contenido principal
Jueves, 14 Marzo 2019

Rafael Nieto publica cifras cuestionables de homicidio y reclutamiento

Por Sania Salazar

Ninguna de las instituciones que hacen seguimiento de los homicidios tienen cifras completas de 2018, por lo tanto no se puede comparar todavía con 2017. Las cifras de reclutamiento oficiales no coinciden con las que él referencia.

Rafael Nieto Loaiza, integrante del partido Centro Democrático y exviceministro de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe, afirmó en su cuenta de Twitter que, después de la firma de la paz con las Farc, han aumentado los homicidios y el reclutamiento de menores de edad en el país.

El miembro del partido Centro Democrático adjuntó en el trino el enlace de una nota de Blu Radio en la que se informa sobre el aumento del 100 por ciento en el reclutamiento de menores, según elaAlto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pero en esa noticia no se hace alusión a los homicidios.

Nieto Loaiza le dijo a Colombiacheck que las cifras de homicidios en general las tomó de la Policía, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.  Además, envió notas periodísticas de El Espectador, Radio Nacional y RCN Radio.

Después de revisar diversas fuentes, Colombiacheck califica como cuestionable la información publicada por Nieto. Las entidades que le hacen seguimiento a las cifras de homicidios no tienen aún los datos consolidados de 2018, por tanto no es posible comparar con 2017. Las cifras de reclutamiento de la Unidad para las Víctimas señalan una reducción, contrario al aumento que indica Nieto.

Además, las cifras que presenta Nieto carecen de contexto, pues no necesariamente el comportamiento de estos delitos está relacionado únicamente con los efectos del proceso de negociación con la exguerrilla de las Farc.

Colombiacheck revisó el informe de la FIP titulado “Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia” publicado en diciembre de 2018 y mencionado en las notas de El Espectador y Radio Nacional. El informe compara el comportamiento del homicidio en el periodo entre enero y agosto de 2017 y del mismo lapso de 2018 y basado en la cifras deduce que el 2018 terminaría con un alza, después de siete años de reducción continua.

“De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional publicada en el mes de agosto de 2018, durante los primeros ocho meses del año el número de homicidios presentaba un incremento del 8.6% con respecto al mismo periodo del año anterior”, indica el informe.

Es importante señalar que para saber la diferencia precisa en los asesinatos de 2017 y 2018 hay que comparar el número de casos totales para cada año.

Según el informe Forensis, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2017 se registraron en Colombia 11.373 homicidios. La información preliminar (no ha salido el Forensis 2018) del Observatorio de Violencia de la misma entidad indica que en 2018 hubo 11.299 asesinatos, 74 casos menos que en 2018.

En Medicina Legal le explicaron a Colombiacheck que la diferencia de cifras entre esa institución y la la Fiscalía General de la Nación es que esta segunda entidad basa sus cuentas en las investigaciones por el delito de homicidio.

Las cifras de la Policía indican que en 2017 hubo 12.077 homicidios. Los datos de 2018 están hasta el 7 de noviembre de ese año, fecha en la que se contabilizaban 10.373 casos.

El informe de la FIP indica que parte del incremento en los homicidios está relacionado directamente con la ausencia de una política de Estado estructurada específicamente para prevenir las muertes violentas.

“El gobierno anterior fundamentó buena parte de su estrategia en el desarrollo de su política de paz, pero no tuvo en cuenta que las causas del homicidio son diversas, así como sus modalidades, ni se percató de los indicios que señalaban los registros policiales acerca de posibles incrementos en el mediano plazo”, señala el informe.

Además, el análisis de la FIP llama la atención sobre que en el país se han desarrollado acciones que no configuran una política para reducir los homicidios y su impacto social. “Esta ausencia no es una particularidad del gobierno actual; por el contrario, es una constante estructural del país”, precisa el informe.

Para la FIP es indudable que una parte importante del incremento de los homicidios proviene del conflicto entre los distintos actores armados que operan en los territorios cooptados después del desarme de las Farc. “Ello se deriva del aumento que se viene registrando desde hace dos años en las zonas rurales, espacios donde se desarrolla gran parte de las dinámicas de las economías ilegales y ocurren disputas entre estructuras criminales por el control territorial y comercial asociado a estas actividades. Estos lugares son el escenario del 33% de los casos registrados y explican el 68% del crecimiento nacional”.

En el informe titulado “Cómo va la paz: La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz” de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, publicado en enero de 2019 (que tiene los datos de homicidio hasta el 30 de  septiembre de 2018), se recuerda que desde 2012 se había registrado una disminución de los homicidios que se estancó en 2017 y también indicó que 2018 registraría “una leve, pero preocupante, tendencia al alza”.

“Este aumento del homicidio en 2018 se ha presentado en 146 municipios de los 242 donde operaban las FARC, particularmente hay tres subregiones del postconflicto donde se ha elevado sustancialmente este indicador de violencia: en Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, allí hay municipios como Caucasia o Tarazá que han elevado su tasa de homicidio por encima de un 200%; en el Catatumbo pasa algo similar; lo mismo en la Costa Pacífica Nariñense y Caucana. En estas tres regiones se vive una especie de guerra civil en donde múltiples actores armados se disputan el territorio”.

Reclutamiento

Nieto basa las cifras de reclutamiento de niños en una declaración del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien aseguró que ese delito había aumentado un 100 por ciento al pasar de 24 casos a 50. Para ser más exactos, con esas cifras, el aumento sería del 108 por ciento.

Pero las cifras de la Unidad para las Víctimas indican que en 2017 hubo 88 casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes, mientras que en 2018 se registraron 57 casos. Según esos datos, el reclutamiento, contrario a aumentar, ha disminuido en un 35,2 por ciento.

El informe de Pares citado anteriormente recuerda que las cifras de la Unidad para las Víctimas sobre reclutamiento están basadas en denuncias, por lo cual resalta que puede haber un subregistro.

 

Miércoles, 20 Febrero 2019

Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir

Por Sania Salazar

Los reinsertados sometidos a la JEP que cometan delitos nuevos serán juzgados por la justicia ordinaria y podrán perder los beneficios de la justicia transicional.

A principios de esta semana, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover en sus redes el hashtag #LeyEstatutariaJEP para promover los cuestionamientos que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez le hizo a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.

La Fiscalía General de la Nación le pidió a Duque que no sancione la ley, entre otras razones, porque según ellos esa ley le seguirá dando beneficios a los reinsertados que vuelvan a delinquir. Es decir, permitirá impunidad.

Colombiacheck califica el argumento como falso, pues, en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.

Pero Martínez, en conversación con RCN Radio, dio otro argumento de cómo la JEP podría generar impunidad.

En esa entrevista dijo: “en el Acuerdo se dijo expresamente que la JEP tendría competencia por delitos hasta la firma del Acuerdo y ahora le corrieron la cerca y ya vamos en los delitos de ejecución continuada, es decir, si hoy llegan los funcionarios de la Fiscalía a Tumaco, a Putumayo a Caquetá, al Guaviare y encuentran 20 hectáreas de coca y decimos quién es el dueño de esto y nos sale un señor con un certificado que dice yo, pero soy reinsertado, aquí está mi certificado, la Fiscalía tiene que voltearse y devolverse para Bogotá, hacerse el de las gafas, no encontró nada porque ese narcotráfico permanente que viene desde antes de la firma de Acuerdo le correspondería a la JEP”.

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017, determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia, explicó que, en un caso como el que pone de ejemplo el fiscal, es la JEP la que debe determinar si el delito empezó antes de la firma del Acuerdo Final para concluir en qué justicia debe quedar el caso. Güiza Gómez resaltó que esa función de verificación de la JEP no limita las funciones de la Fiscalía. Además, aclaró que, si en un caso como ese se determina que el delito empezó luego de la firma del Acuerdo Final, es la Fiscalía la que debe investigar y juzgar.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana específicamente en el diseño de la justicia transicional, también lo explicó en su cuenta de Twitter.

Sobre los reparos del fiscal sobre la Ley estatutaria de la JEP, la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, reiteró que no habrá impunidad. “Precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle[s] a las víctimas, al país y a la comunidad internacional, que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia”, señaló.

Linares recordó que la competencia de esa jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía mantiene sus competencias y debe, seguramente lo está haciendo, investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha”.