Pasar al contenido principal
Miércoles, 01 Junio 2016

Santos: dos de tres frente a De Klerk

Por Miriam Forero

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc en los que, según dice, somos pioneros. Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y solo una es cierta.

Durante la conferencia ‘El futuro de un país en paz’, que organizaron la Universidad del Rosario y El Tiempo el pasado 18 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una conversación con el expresidente de Sudáfrica y Nobel de Paz, Frederik de Klerk.

Además de escuchar las experiencias de ese país sobre los diálogos de paz que sostuvieron en 1993 para acabar con la opresión hacia la comunidad negra, y de aprovechar para pedirle consejos sobre cómo ganar el plebiscito, Santos se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc, en los que según dice, somos pioneros.

Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y una es cierta. Acá nuestro chequeo:
 

“El proceso colombiano va a ser la primera vez que un grupo insurgente entrega las armas y se somete a un proceso judicial”.

FALSA. En esta afirmación, con la que abrió su primera intervención, el presidente no aclaró si se refería a que el proceso con las Farc es pionero en el país o en el mundo. De todos modos, en cualquiera de los dos escenarios, ya ha habido historias de desarme y sometimiento a la justicia en el pasado.

En el ámbito nacional, en 1994, miembros de la Corriente de Renovación Socialista, una línea política del ELN que luego se convirtió en la base del Polo y de la Corporación Nuevo Arco Iris, dejó las armas tras una negociación con el gobierno de César Gaviria. Según cuenta Semana, de los 865 excombatientes y miembros de la CRS que se involucraron en el proceso, 268 no recibieron amnistía por sus delitos; de hecho, quince años después, 25 seguían aún pagando condenas en cárceles del país.

El caso más reciente de juzgamiento de delitos de guerra en el país, aunque no se trata de un grupo insurgente sino de extrema derecha, es la desmovilización los paramilitares. Luego del acuerdo al que llegó este grupo armado con el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, el congreso tramitó la Ley de Justicia y Paz, que la Corte Constitucional revisó en 2006.

La versión final de la norma establece una pena de no más de ocho años de prisión para los desmovilizados que no volvieran a delinquir, contaran la verdad y repararan a sus víctimas. Varios dirigentes paramilitares están cumpliendo condenas de ocho años basadas en esa ley; de hecho, el primero en terminar de pagar ese tiempo en la cárcel, Freddy Rendón alias 'El alemán', salió en julio del año pasado.

En el ámbito internacional, un caso que desmiente la afirmación del presidente es el de Sierra Leona, en el que el grupo rebelde Frente Revolucionario Unido -RUF, por su sigla en inglés- entregó las armas en 2002, luego de un proceso de más de ocho años, entre altibajos, rupturas e inclumplimientos.

En ese país africano no se declaró amnistía general, sino que se creó el Tribunal Especial para Sierra Leona -Scsl, por su sigla en inglés- con el fin de juzgar a los responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. En su última decisión, antes de cerrar en 2013, esta Corte ratificó la condena de 50 años contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien apoyó al RUF. Actualmente permanece un Tribunal Residual Especial que vigila la continuidad de los procesos que llevó adelante el Scsl, en asuntos como protección a testigos, supervisión de penas de prisión y manejo de archivos.

Aunque la mayoría de los procesos de paz terminan con la dejación de armas y una declaración de amnistía -como el M19 (1989) y el EPL (1991) en Colombia, o El Salvador (1992), Liberia (2003) e Indonesia (2005), para mencionar algunos ejemplos internacionales-, no es cierto que el proceso con las Farc será la primera vez que un grupo insurgente dejará las armas y se someterá a la justicia transicional.

 

“Es el primer caso en el mundo en el que se pone a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y el respeto por sus derechos”.

ENGAÑOSA. Aunque la agenda de la mesa de conversaciones incluye la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las víctimas, hay otros procesos en el mundo que les han dado prioridad. Es el caso de Sudáfrica, expuesto por el interlocutor del presidente Santos durante el foro en el que hizo esta afirmación.

Allí, De Klerk explicó que en el caso de su país las víctimas representaban más del 90% de la población, pues se trataba de la comunidad negra sometida durante años a la opresión y la desigualdad en derechos civiles, por razones de racismo. De este modo, el proceso de paz que se llevó a cabo en ese país tuvo como eje central acabar con esa distinción y concederle al partido de los negros, el Congreso Nacional Africano (ACN), igualdad de acceso al poder.

Por su parte, la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional - Ictj-, María Camila Moreno, expone otros ejemplos en su análisis sobre esta frase del presidente: “En el mundo procesos como el de Mindanao en Filipinas, han incluido en los acuerdos de paz el respeto y garantías de los derechos de las víctimas. En muchos acuerdos de paz se ha incluido la creación de comisiones de la verdad (Guatemala, El Salvador, Kenia, Suráfrica, entre otros) y programas de reparación (Nepal, Sudáfrica, Guatemala, etc.).

Tanto ella como Francisco Rey Marcos, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de España, coinciden en aclarar que lo importante no es si la retórica del proceso dice que los acuerdos se centrarán en las víctimas, sino en cómo la implementación demuestre esa relevancia que deben tener y garantice la realización de sus derechos.

Rey, incluso, va más allá en su crítica a la coordinación entre palabras y hechos: “conviene decir que no ha existido acuerdo humanitario; las partes tardaron más de dos años en reconocer su participación como victimarios y pedir, poco a poco, perdón. Las visitas de las víctimas a La Habana fueron muy importantes pero con un carácter más simbólico que real”.

 

“Es la primera vez en la historia del mundo que las dos partes (de un proceso de paz) se ponen de acuerdo (en la justicia transicional que se aplicará). Generalmente es un tercero, como Naciones Unidas, el que impone un sistema de justicia; en este caso, las dos partes se pusieron de acuerdo para crear un tribunal y un sistema en donde los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados”.

VERDADERA. Al conocer el acuerdo de justicia, anunciado en septiembre del año pasado y revelado en diciembre, el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, llamó la atención en un comunicado sobre la particularidad de ese tema pues, según él, es “algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores”.

Moreno, la directora del Ictj, también consideró cierta la afirmación. “Los tribunales internacionales no han sido decisión de las partes que suscriben un acuerdo de paz. En algunos casos, luego de la firma del acuerdo, por presión de las víctimas y de la comunidad internacional se han establecido tribunales internacionales o híbridos para juzgar a los responsables de crímenes internacionales. Este es el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda. El caso de Colombia es excepcional porque las mismas partes de la negociación acuerdan un sistema de rendición de cuentas que incluye la creación de una jurisdicción especial para perseguir penalmente a todos los responsables de los delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado interno”.

A manera de conclusión...

Tras examinar los matices de las afirmaciones de Santos, es claro que si el presidente no llevara al extremo sus ‘sacadas de pecho’, no cometería la imprecisión de llamar al proceso con las Farc pionero en tantos aspectos en los que no necesariamente lo es.

Podría, para mayor claridad, llamar la atención sobre algunos puntos del proceso colombiano, que lo hacen particular con respecto a los que se han dado a lo largo de la historia en otros lugares del mundo, como el acuerdo en términos de justicia transicional.

En el mencionado comunicado de la Escuela de Cultura de Paz, el académico Fisas se aventuró, incluso, a decir que lo que va adelantado entre el gobierno y las Farc hace que este proceso “pueda considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo”.

Sin embargo, también es claro que no se puede hablar de gran innovación o de un caso ejemplarizante para el mundo hasta que no se dé la implementación, pues muchos países han visto enormes incumplimientos, fracasos, rearmes e impunidad tras la firma de históricos acuerdos.

Domingo, 12 Junio 2016

El conteo del horror

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Las cuentas sobre la cantidad de secuestrados en Colombia no cuadran. Hay diferencias entre las cifras del Ministerio de la Defensa con las de otras entidades. ¿Quién está mintiendo?

Días después del anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre el inicio de las negociaciones de paz con el ELN, el Ministerio de Defensa dijo que “4.590 personas habían sido secuestradas por ese grupo subversivo entre 1996 y 2016”. La cifra causó polémica y abrió el debate por el conteo de los rehenes en Colombia..

Los datos del Ministerio de la Defensa fueron publicados en Noticias RCN, luego se difundieron por las redes sociales y, finalmente, llegaron a oídos del periodista Herbin Hoyos, quien sin titubeos trinó que la información no corresponde a la realidad (vea aquí la información de Mindefensa).

 

 

La supuesta diferencia señalada por Hoyos ascendía, según su trino, a un total de 300 secuestrados, una cifra llamativa mucho más tratándose de vidas humanas que quedan suspendidas en medio de este delito considerado de lesa humanidad.

En apoyo al periodista, quien también se desempeña como presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), salió el tuitero Fabio Alberto López, un cibernauta quien en tono irónico aprovechó la oportunidad para criticar el gobierno Santos por la aparente despreocupación por los rehenes, aunque su trino es impreciso pues aumenta la cifra de la diferencia en 100 secuestrados.

 

 

Tras la polémica suscitada por las cifras divulgadas por la cartera de Defensa, Colombiacheck buscó a Hoyos, luego fue al Ministerio, acudió a otras entidades y finalmente obtuvo su propia conclusión: cifras de rehenes hay muchas y cada cual registra un número de acuerdo a su propia metodología. Por eso no se puede afirmar que alguno de los que llevan estás estadísticas del horror, esté mintiendo.

Herbin Hoyos manifestó que las cifras del gobierno no corresponden a la realidad porque sólo tienen en cuenta a las personas que denuncian sus casos ante alguna autoridad estatal. “Existe un gran número de secuestrados cuyas familias no denuncian y por esta razón el gobierno no los ha registrado como tales”, explicó.

La teoría respecto a que el número de rehenes es mucho mayor al que entregó el gobierno es reforzada también por el Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh.

La información de dicho observatorio presenta “5.795 rehenes del ELN entre 1996 y 2015”, una brecha de 1.205 secuestrados, mucho mayor que la señalada por Hoyos y que representa un 21% más rehenes de los notificados por el Ministerio de la Defensa.

 

¿Cómo puede existir semejante diferencia entre dos entidades del Estado?

En cuanto a la metodología del Ministerio de Defensa, César Restrepo Flórez, director de Estudios Estratégicos de la entidad, explicó que los datos del Ministerio provienen exclusivamente de los registros de denuncias que emite la Fiscalía.

Restrepo Flórez argumentó que el conteo de los rehenes es un asunto complejo porque no en todas las ocasiones se sabe con claridad el autor del delito y no en todas las ocasiones se conoce ni se puede corroborar si en realidad son rehenes. “Luego de una investigación sobre si es o no un secuestro la Fiscalía nos remite la información y con eso construimos las estadísticas”, enfatizó Restrepo Flórez.

El director de Estudios Estratégicos de la cartera de Defensa recalcó que pueden existir otras formas de hacer el conteo de los rehenes diferentes al sólo hecho de tomar las denuncias, pero que el Ministerio de Defensa sólo se fía de las cifras que le remite la Fiscalía porque estas se dan luego de un complejo proceso de investigación.

Restrepo Flórez expresó que sus estadísticas son fiables y que de hecho varias organizaciones las usan como referentes (fuentes primarias) para emitir cifras de secuestrados.

 

Por el lado del Centro Nacional de Memoria Histórica, la metodología de medición de rehenes en bien distinta. Según la entidad, ellos realizan una contrastación de fuentes diversas para producir gran parte de la información que emiten, las cifras de rehenes no son la excepción.

Para establecer cuántos rehenes hay en Colombia, además de usar la base de datos del Ministerio de Defensa como fuente primaria, buscan otras bases de datos y maneras de obtener información. “La contrastación de fuentes diversas se hace con información de Mindefensa, Procuraduría, notas de prensa e información aportada por organizaciones de la sociedad civil, entre otras fuentes”, aseveró Claudia Báez, vocera del Observatorio de Memoria y Conflicto del Cnmh.

Colombiacheck también buscó a la fundación País Libre, entidad que al parecer tiene cifras de rehenes, pero hasta el momento de esta publicación no respondieron a nuestro llamado.

En síntesis, es un asunto complejo determinar cuál entidad maneja las cifras sobre número de secuestrados más precisas. Es fundamental entender que el Ministerio de Defensa sólo trabaja con la información que le remite la Fiscalía porque para ellos es mucho más fiable y menos proclive al error.

Acudir a otras fuentes de información para hacer el conteo de los rehenes como la prensa, los juzgados o la sociedad civil también es válido pero existe una mayor posibilidad de que esas fuentes de información sean mucho más imprecisas o se repitan, ya que no cuentan con el largo proceso de verificación que realiza la Fiscalía. "Con la información que produce nuestra oficina se planean varias operaciones militares, es por esto que debemos esmerarnos en que sea una información muy cercana a la verdad y lo más alejada a los márgenes de error", puntualizó Restrepo Flórez.