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Miércoles, 29 Junio 2016

Santos echa ‘tierrita’ a sus regulares resultados

Por Sania Salazar

El Presidente entregó cifras sueltas que no dicen mucho sobre cómo va la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero al indagar por las metas propuestas inicialmente, el balance no pinta tan bien.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió cinco años en junio de 2016 y el Presidente Santos presentó cifras y datos con los que intentó mostrar un balance favorable de su ejecución, pero ¿qué hay detrás de esos números y cómo va en realidad la implementación de esta Ley?

Pese a su esfuerzo por mostrar el avance de esta política social, considerada clave por ser un espejo de lo que puede venir en el posconflicto, las cifras que ofreció muestran una realidad contraria. Al escarbar a fondo, lo que aparece es un atraso en el cumplimiento de la meta en restitución de tierras pactada en su propio Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”.

 

 

Basados en el trino que se ve en la imagen, Colombiacheck indagó cómo van tanto la Unidad de Víctimas como la de Restitución de Tierras en la ejecución de las metas, concluyendo que la afirmación del Presidente es engañosa.

¿A qué se refiere Santos con beneficiados?

Los 600 mil beneficiados de los que habla el Presidente son víctimas a las que han indemnizado con una cifra cercana a los $4 billones, le explicó a Colombiacheck María Eugenia Morales, Directora Técnica de Reparación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Si bien la cifra de Santos es cierta, lo que no se dijo es que la Unidad de Víctimas solo atendió en estos años al 10% de quienes ostentan esa condición y son reclamantes. Según Morales, este déficit se debe a que la Ley de Víctimas se aprobó sin incluir el pago de indemnizaciones en dinero a la población desplazada, lo que hizo que se quedara corta en el cálculo de número de personas a las que se les debía pagar y, por obvias razones, en presupuesto.

En la Unidad de Víctimas estimaron que del total de víctimas registradas debían indemnizar alrededor de 1.3 millones que tenían derecho a ello, pero en 2013 la Corte Constitucional ordenó incluir a los desplazados entre los beneficiarios de la ley, sumándole 4.9 millones más, con lo que la cifra total de víctimas para atender llegó a 6.2 millones de personas.

La funcionaria aclaró que el registro actual de víctimas es de 8 millones de personas, pero que no todas son objeto de indemnización porque no cumplen con los requisitos contemplados en la ley para ello. Actualmente están depurando el registro para saber a cuántas personas deben indemnizar y saber qué dinero necesitan, pero no hay una fecha exacta para tener las cifras. Por ahora, con el dinero que tienen, están atendiendo también a los desplazados.

“Tal como fue concebida la ley, si hubiera permanecido así, iríamos en el 50% de indemnización”, aseguró Morales.

Consultada sobre el tema, Paula Gaviria, exdirectora de la Unidad de Víctimas, corroboró que inicialmente la Ley de Víctimas no consagraba la indemnización en dinero a los desplazados.

¿Restitución rezagada?

Por el lado de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, aseguran, que en efecto, el proceso de devolución de tierras está a punto de alcanzar las 200 mil hectáreas devueltas a sus dueños.

Alcelis Coneo Barbosa, subdirectora general de la URT, explicó que para entender cómo se llegó a esta cifra, se debe comprender la magnitud de las reclamaciones que han recibido: 90.395 solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, Rtdaf, de las cuales no a todas las cobija la Ley porque son hechos anteriores a 1991 o porque las debe resolver la justicia ordinaria, ya que no son producto de violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

El primer paso al recibir los casos es evaluar las condiciones de seguridad y retorno, además, priorizan las zonas con mayor afectación, todo esto para determinar si es viable devolver los predios.

Este proceso lo denominan microfocalización y es la bandera verde para que los casos inicien la etapa administrativa de indagación y documentación, luego pasan a manos de jueces de restitución de tierras, quienes tienen la última palabra.

Según la funcionaria, actualmente han microfocalizado 47.358 casos, más del 50% del total de solicitudes. Además, 33.382 casos agotaron la etapa administrativa. De esos, 17.763 no fueron incluidos en el Rtdaf por no cumplir los requisitos anteriormente descritos.

Coneo precisó que los 15.619 casos restantes sí se incluyeron y que alrededor de 12.000 se han trasladado a los jueces y magistrados para que resuelvan las demandas. Hasta ahora han fallado 1.812 sentencias en las que han ordenado devolver alrededor de 200 mil hectáreas.

La subdirectora de la URT resaltó que esas 1.812 sentencias restituyeron tierras a 3.670 personas, porque opera la figura de demanda colectiva, en la que una reclamación puede contener varios casos.

Gerardo Vega, director de La Fundación Forjando Futuros, que tiene un informe sobre la ejecución de la ley, critica el rezago en el cumplimiento de las metas.

Basándose en cifras publicadas en el libro “La cuestión agraria”, uno de cuyos autores es el exministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, Vega dice que el Gobierno calculó los casos en 360 mil para restituir aproximadamente 6.5 millones de hectáreas.

“Al 2016 deberían ir 72 mil sentencias. No van en el 0.3% de la meta planteada por ellos mismos”, recalca Vega.

Al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país” (página 526), la meta para el 2018 son 50.000 solicitudes en trámite administrativo de restitución inscritas en el RTDAF, pero actualmente solo hay 15.619 inscritas.

Precisamente el exministro Restrepo aseguró en una columna de opinión publicada el 26 de mayo de este año que “la ejecución de la ley 1448 no tiene pues propiamente metas: se deben tramitar tantas cuantas solicitudes de restitución se presenten”, además aseguró que se ha gestionado el 22% de las solicitudes recibidas y no el 3,4% y se declaró en contra de quienes critican la ley con argumentos como los de Vega.

Ante este panorama, un gran interrogante queda en el aire: ¿Los 10 años para los cuales fue diseñada y aprobada la Ley alcanzarán para resarcir a todas las víctimas?

Martes, 04 Julio 2017

¿Los paramilitares se ensañaron contra las mujeres rurales?

Por Sania Salazar

La frase es de la exministra liberal Cecilia López. Estudios del Centro de Memoria Histórica, en los que se basa López, indican que la situación fue así, por lo menos en el Caribe colombiano.

En una reciente columna de Cecilia López Montaño que tituló El odio y la paz, la exministra y exsenadora liberal escribió: “Entre quienes han analizado el conflicto sin sesgos políticos se afirma que los paramilitares fueron los responsables de las mayores atrocidades cometidas en la guerra, especialmente contra las mujeres rurales”.

Colombiacheck llamó a López para saber en qué fuente en particular basó su afirmación. La columnista explicó que está escribiendo un artículo para un libro en el que tiene las cifras de violencia contra la mujer en el conflicto colombiano, pero que no puede publicar la información todavía.

“La violencia de las Farc contra la mujer fue mucho contra sus propias guerrilleras, los paramilitares no tenían un número importante de mujeres, ellos sí ejercieron un poder muy fuerte usando la violencia sexual para debilitar la posición de los campesinos en las regiones, para debilitar a los hombres y forzar el desplazamiento, ese proceso fue supremamente cruel”. indicó la columnista.

López aclaró que aunque las Farc también fue violenta con las mujeres de las comunidades, no es comparable con la de los paramilitares, porque en el caso de ese grupo armado la violencia contra las mujeres fue muy concreta como instrumento para someter las regiones, para debilitar la unidad familiar, debilitar a los hombres y forzar el desplazamiento

López indicó que la información se encuentra en un estudio realizado por la investigadora María Emma Wills del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, sobre los actos de violencia cometidos por los paramilitares contra las mujeres en el Caribe colombiano.

Si bien Colombiacheck revisó varios informes del Cnmh y de otras organizaciones que concluyen que en el conflicto armado colombiano las mujeres sufrieron de manera acentuada la violencia de los paramilitares, hay que tener en cuenta que son estudios de zonas muy específicas del país y que no encontramos un estudio con cifras generales del fenómeno en Colombia. Por tanto, calificamos la frase de López como aproximada. Por otra parte, varios de los informes se hicieron cuando aún no estaba en curso el proceso de negociación y paz con las guerrillas y por esta razón, en la introducción de varios informes sobre la experiencia de las mujeres en la guerra, el GMH aclara que estos son hallazgos que es necesario ir revisando a medida que el contexto ofrezca mayor seguridad a las mujeres para hablar con tranquilidad de lo vivido bajo dominios guerrilleros.

Lo que hay en la memoria histórica

El informe Basta Ya, del Cnmh, explica que la violencia sexual, particularmente la violación, ha sido una de las modalidades de violencia que ha impactado mayoritaria y directamente a las mujeres.

Según este informe, de 63 casos de víctimas de violación sexual documentados por este Centro, en Magdalena entre 1990 y 2005 “40 fueron perpetrados por grupos paramilitares (63,5%), cuatro por las guerrillas (6,3%), cuatro por miembros de las Fuerza Pública (6,3%), uno (en alianza) de grupos paramilitares y miembros de las Fuerza Pública (1,6%) y los 14 restantes no tienen un autor identificado (22,2%).

“Además de reconocer la magnitud de los hechos de violencia sexual, es crucial registrar la variación entre grupos armados en su uso y modalidades. Si bien el registro cuantitativo muestra una baja cobertura en cuanto a la distribución de responsabilidades, el registro testimonial del trabajo de campo del Grupo de Memoria Histórica revela indicios que ponen de presente la alta prevalencia de los grupos paramilitares en este tipo de acciones, seguidos de las guerrillas y los miembros de la Fuerza Pública”, precisa el informe.

Basta Ya indica además, que luego de revisar, depurar y actualizar el anexo reservado del Auto 092 de la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el conflicto armado identificaron 142 casos ocurridos entre 1990 y 2010. “Entre estos, 129 fueron perpetrados por grupos paramilitares (90,9%), mientras que 13 por las guerrillas (9,1%)”.

El informe contrastó estas cifras con las del Registro Único de Víctimas, RUV, que en el momento de realización de Basta Ya reportaba presunta autoría en 748 de los 1.754 casos que tenía registrados. “Entre estos, 370 fueron perpetrados por las guerrillas (49,5%), 344 por grupos paramilitares (46%), ocho por miembros de la Fuerza Pública (1,1%), siete por más de un autor y 19 por otros”.

El informe Mujeres y guerra, víctimas y resistentes en el Caribe colombiano se pregunta en esa zona del país, ¿cuál es la proporción de víctimas mujeres en relación con el universo de víctimas hombres?

“El porcentaje de mujeres víctimas sobre el universo total de las que se conoce la identidad o el sexo, se mantiene alrededor del 10% pero a partir de 2001 empieza a ascender y sobrepasa el 12%. En el período en el que se empieza a hablar de negociación con los paramilitares y se constituye una mesa de diálogo en Santa Fe de Ralito (2003), el número de víctimas no disminuye y el porcentaje de mujeres sobrepasa el 12%. En 2004 y 2005, en pleno proceso de negociación, aun cuando el número total desciende, el porcentaje de mujeres víctimas aumenta drásticamente (21,77%) y en 2005 sigue siendo alto (13,54%)”. concluye.

Análisis de la violencia “para” contra la mujer

Los documentos y estudios consultados por Colombiacheck coinciden en mostrar una acentuada violencia contra la mujer de parte de los paramilitares.

“Masacres como la Rochela, El Salado, Bahía Portete, La Gabarra y el Alto Naya, son claros ejemplos de la estrategia de erradicación de cualquier movimiento de carácter rural que pudiese desestabilizar el proyecto paramilitar. En ese contexto, el desplazamiento, el despojo y la violencia sexual se convirtieron en mecanismos persistentes de agresión contra las mujeres rurales y sus movimientos organizativos”, indica un documento de la Defensoría del Pueblo publicado en 2014 y titulado El conflicto armado y el riesgo para la mujer rural. Estudios de casos en los departamentos de Chocó, Córdoba, Santander y Caquetá.

El informe La otra violencia: control paramilitar y vida cotidiana en Rincón El Mar y Libertad, del Centro de Memoria Histórica, relata que durante el periodo en que los paramilitares vivieron en Rincón del Mar y Libertad, en Sucre, las mujeres constituyeron el grupo más vulnerado, pues el proyecto paramilitar en estos dos corregimientos impuso un único modelo de mujer aceptada. Aquellas que se salían de estos parámetros fueron públicamente humilladas y castigadas. "Los problemas intrafamiliares, las infidelidades y triángulos amorosos, las desautorizaciones y la rebeldía de la mujer contra los esposos se convirtieron en los principales delitos sancionados por los armados”.