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Miércoles, 22 Agosto 2018

El promesómetro de Iván Duque: tres promesas de campaña que, a dos semanas de gobierno, se están enredando

Por Carlos González

Fracking, impuestos y consulta anticorrupción, tres promesas de campaña que se le están complicando a Iván Duque.

Con un nuevo gobierno recién instalado, en Colombiacheck vamos a comenzar a hacerle seguimiento a algunas de las promesas que el nuevo presidente Iván Duque hizo en campaña. Hoy comenzamos por tres que se le están embolatando.

Meses previos a ser elegido presidente, Duque les dijo a los colombianos que no iba a haber fracking en el país, pronunció la famosa frase “menos impuestos, mejores salarios” y, decididamente, dijo que su partido iba a apoyar la consulta anticorrupción impulsada por la senadora Claudia López. Todas esas frases de campaña han quedado en el aire.

En primer lugar, su ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo en entrevista con El Espectador que quería convencer al presidente Duque de permitir la explotación de petróleo a través de la fractura hidráulica (método también conocido como “fracking”) de una manera “responsable y segura”.

El principal argumento de la funcionaria es que con el fracking se van a elevar las reservas de gas de 11 a 30 años, mientras que las de petróleo van a pasar de siete a 15 años, lo cual tendría un impacto positivo para la economía del país.

Si Duque acepta esta propuesta, sin embargo, estaría faltando a su promesa electoral. En abril, durante un evento de campaña en Bucaramanga, el entonces candidato dijo que “en Colombia no se hará fracking”.

Duque, además, dijo que "tenemos unos ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso he dicho que en Colombia no se hará fracking afectando algunos de sus elementos".

La propuesta de la ministra de minas, además, iría en contra de la tendencia mundial, pues el fracking es una técnica que ha sido prohibida en varios países como Francia o España.

En Francia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional manifestó que “se pretende evitar los riesgos que este proceso de exploración y explotación de hidrocarburos pueda ocasionar en el entorno”.

Por otra parte, un artículo de The New York Times de 2011 encontró que en los 240 yacimientos que existen en los estados de Pennsylvania y West Virginia que fueron estudiados había residuos de agua con elementos radioactivos.

Pero para Duque, la tentación del fracking no será fácil de evadir en una economía que se ha ralentizado en los últimos años. Según Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipet, más 30.000 millones de dólares de inversión extranjera podrían llega al país para trabajar en proyectos de fracking..

Según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de crudo del país a mayo llegaron a 1.782 millones de barriles, y hay 40 bloques de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.

Con esto, se incrementarían las reservas hasta los 10.000 millones de barriles, además de extender las provisiones de 7 a 15 años, manifestó la ministra Suárez.

El cambio de opinión en este tema podría venir pronto. Actualmente, la ANH está estudiando una solicitud de la empresa energética ConocoPhillips para operar un campo con fracking en el departamento del Cesar.

Pero los retos del nuevo gobierno de Duque no terminan ahí. El ahora estrenó su eslogan de campaña “menos impuestos, mejores salarios” cuando inscribió su candidatura en marzo. Incluso, el nuevo presidente y su mentor, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, fueron al Congreso varias veces con carteles que incluían estas frases.

Sin embargo, en una de sus primeras declaraciones en el cargo, el nuevo ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, pidió que se estudiara la posibilidad de que las personas con ingresos mensuales de 1,95 millones empezaran a declarar renta.

Para el Duque de hace dos años, en medio de la discusión de la reforma tributaria de 2016, subir los impuestos a la clase media era desacelerar la economía.

Duque, incluso, dijo que la economía no se recuperaba con impuestos, sino con austeridad.

Por otra parte, Iván Duque se ha distanciado de algunos de sus copartidarios del Centro Democrático respecto a su posición sobre la consulta anticorrupción que los colombianos podrán votar este domingo.

En abril, durante la campaña presidencial, congresistas del Centro Democrático como Uribe y Paloma Valencia le dieron su apoyo a la consulta y se comprometieron a hacer campaña por el “sí”, con la condición de que se hiciera después de la elección presidencial.

Después de ser elegido presidente, Duque reafirmó su apoyo a la consulta. Pero el día de su posesión anunció que presentaría varios proyectos de ley sobre temas de corrupción similares a los tratados por la consulta.

Ese mismo día, Noticias Uno reveló un video de una reunión privada del Centro Democrática en la que Uribe, entre otras cosas, dijo que “menos mal que el presidente no se metió con eso de la consulta anticorrupción”.

Un día después, Uribe dijo en el Congreso que no apoyaba la consulta anticorrupción y que prefería apoyar los proyectos presentados por Duque.

Y, aunque Duque confirmó esta semana que seguía apoyando la consulta, su partido sigue menospreciándola. Sin ese apoyo que el Centro Democrático había prometido durante la campaña, la consulta la tendrá más difícil para conseguir los más de 12 millones de votos necesarios para ser aprobada.

Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.