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Martes, 29 Enero 2019

Explicador: ¿Qué es un líder social?

Por Sania Salazar y Luisa Fernanda Gómez

Entender quién es un líder social es fundamental para comprender por qué no hay cifras unificadas al respecto y por qué sus asesinatos nos deben importar.

El asesinato de líderes sociales no para en Colombia y mientras los riesgos son inminentes para ellos, en el país se debate sobre el concepto de líder social, luego de que el alto consejero presidencial de derechos humanos y asuntos internacionales, Francisco Barbosa Delgado, aseguró que el Gobierno saliente no entregó cifras de 2010 hacia atrás sobre esos asesinatos. “Encontramos que esa categoría o esa figura de líder social como tal no existía”, dijo en una entrevista con RCN Radio.

A raíz de la discusión, Colombiacheck consultó varias organizaciones que monitorean estos asesinatos para saber qué es un líder social y qué importancia tiene el concepto a la hora de investigar los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia y determinar los autores materiales e intelectuales.

Hasta el pasado 11 de enero, cuando la Fiscalía General de la Nación presentó cifras al respecto, se contaban 238 líderes asesinados desde 2016.

La exconsejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, le explicó a Colombiacheck que en el gobierno anterior se basaron en el concepto de defensor de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas para definir qué es un líder social, por lo que ambos términos son equiparables.

¿Qué es un líder social?

Según Naciones Unidas, la expresión “defensor de derechos humanos” se usa para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos, y agrega que se les conoce sobre todo por lo que hacen. Según la ONU, la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades.

El Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, SIADDHH, retoma la definición de Naciones Unidas y dice, además, que “un defensor o defensora de derechos humanos es en sí mismo un líder en la sociedad civil en cualquiera de sus ámbitos geográficos (nacional, regional o local), lo que significa que no pertenece a ninguna institución del Estado”.

Por otro lado, en la Fundación Paz y Reconciliación no toman el concepto de Naciones Unidas, sino que a través de la experiencia y la recopilación de fuentes (incluida la ONU) han construido su propia definición. “Se trata de personas que tienen vocación de transformación social; que movilizan apoyos políticos y ciudadanos”, de acuerdo con Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política.

“Son ciudadanos, es el poder ciudadano lo que hay allí”. Así resume Luis Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, el concepto de líder social y defensor de derechos humanos.

¿Qué hacen los defensores de derechos humanos?

“Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”, explica la ONU, que además indica que los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación.

Los defensores de derechos humanos o líderes sociales también defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, de los indígenas, los niños, y de minorías sociales.

¿Quién puede ser defensor de derechos humanos?

Según las Naciones Unidas, cualquier persona o grupo de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo, hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. “Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado”.

¿Qué importancia tienen los líderes sociales para sus comunidades en Colombia?

Paula Gaviria explica que el asesinato de líderes sociales impacta fuertemente la cohesión que ellos logran de la comunidad en torno a propósitos comunes en un mundo que es cada vez más individualista.

“Cuando matan un líder o lo amenazan es como si estuvieran amenazando a toda una comunidad, están afectando los sueños de una comunidad, su esperanza, el futuro de una comunidad que está representada en esa persona que está soñando con un futuro diferente. Ahí hay cierto heroísmo y cuando asesinan un líder se afecta el alma de una comunidad”, asegura Gaviria.

“Acentuaría la gravedad de los asesinatos de líderes pertenecientes a comunidades étnicas porque hay unas tradiciones y un tema cultural  que se transmite por generaciones que cuando se pierde a un líder Awá o Embera o de un consejo comunitario se está perdiendo una manera de saber hacer las cosas, una manera de transmitir el conocimiento, de transmitir una manera de ver el mundo, de cuidar la tierra, de cuidarse como comunidad que se pueden demorar décadas o siglos volviéndose a dar. Ahí hay un peso mayor”, resalta Gaviria.

¿Qué importancia tienen las diferencias en el concepto de líder social a la hora de investigar los asesinatos?

Bastante, según Jiménez, “pues hay organizaciones que han tenido un conteo mayor al de Pares y el concepto varía en las cifras”.

Para Gaviria tiene importancia cuando el ente investigador, sea el que sea, no se guía como criterio principal de investigación por el liderazgo social de la víctima, pues si se se basan en primera instancia en otras hipótesis relacionadas con las circunstancias de los hechos  probablemente no llegue nunca a encontrar el verdadero motivo del asesinato.

Sin embargo, advierte el investigador, “el gobierno ha querido hacer ver que no hay cifras claras, concretas. Pero el problema no es cuántos líderes sociales son, sino qué se está haciendo (desde el gobierno) para que no los maten. Para dar garantías del ejercicio y que el liderazgo y la protesta social sean un derecho garantizado en el país”.

¿Por qué las cifras de líderes sociales asesinados varían entre organizaciones?

Como cada organización, e incluso el Gobierno Nacional, utilizan una definición y una metodología distintas de recopilación de datos, como explicaba Jiménez, el número de líderes sociales asesinados varía para cada conteo.

Para el Gobierno, desde la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta la publicación en julio de 2018 de nuestro artículo #NosEstánMatando: Los orígenes de las cifras de líderes sociales asesinados, los líderes asesinados eran 178.

El conteo de Pares, desde la misma fecha, hasta el viernes 25 de enero de 2019, va en “212 asesinados con ocasión de sus actividades de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, según confirma Jiménez.

Sin embargo, la cifra oficial, en la que se apoya la Fiscalía General de la Nación, está basada en la verificación que hace la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y según el último informe del Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado el 26 de diceimbre del año pasado, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, “se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total”.

Pero también hay que tener el cuenta la fecha en que se parte para hacer el conteo. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, había reportado 311 líderes asesinados, contando desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018.

Jueves, 17 Enero 2019

Explicador: ¿cuáles son los compromisos de Iván Márquez con la JEP?

Por Sania Salazar

No hay pruebas de que el exnegociador de Farc haya incumplido los compromisos adquiridos ante esa jurisdicción, por lo que no hay motivos para que pierda los beneficios que otorga la misma.

A raíz del video en el que reapareció Luciano Marín, más conocido como ‘Iván Márquez’, exmiembro de la guerrilla de las Farc, en el que critica la implementación del acuerdo final de paz, algunos ciudadanos han preguntado en redes sociales por qué no lo han sacado de esa jurisdicción, a pesar de que desde el año pasado no se conoce su paradero. Su ausencia genera dudas sobre su verdadero compromiso con el acuerdo.

 

Lo primero que hay que aclarar es que los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz no están en obligación de permanecer en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, pues tienen libertad de movilidad en el país, por lo cual  Márquez no está violando ninguna norma en esa materia.

Camilo Ernesto Fagua Castellanos, abogado defensor de derechos humanos y asesor del partido Farc, le recordó a Colombiacheck que Márquez tiene libertad condicionada y aseguró que no ha salido del país.

Quienes se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, deben cumplir unas condiciones para mantenerse en ella, lo que se ha denominado Régimen de condicionalidad: “están en la obligación de cumplir: (i) una condición esencial de acceso, consistente en la finalización de su participación en el conflicto armado; y (ii) las condiciones de acceso y permanencia de no reincidencia, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas”.

Fagua Castellanos le dijo a Colombiacheck que Márquez no ha cometido ninguna falta que justifique su salida de la JEP. “No hay razón. Hasta el momento ni el Fiscal ni el Ministerio de Defensa han dicho que él esté por fuera de esa jurisdicción”, resaltó el abogado.

La JEP tampoco ha reportado alguna falta de Márquez a sus compromisos, de hecho, en un comunicado de octubre del año pasado la JEP informó que el exguerrillero cumplió con la solicitud que esa jurisdicción le hizo a 31 jefes de la antigua guerrilla para que presentaran informes de cumplimiento de las condiciones para mantenerse en la JEP.

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, fue el único que no presentó dicho informe, por lo que la JEP está verificando en ese caso si está cumpliendo los compromisos o no.

Fagua Castellanos aseguró que la JEP no ha hecho hasta ahora ningún llamado que obligue a la presencia física de Márquez, por lo que él ha respondido a través de su abogado y de informes escritos.

A pesar de que el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, le pidió a la JEP iniciar un incidente de incumplimiento en contra de Márquez, porque según él el exnegociador de Farc llama en el video a los desmovilizados a tomar de nuevo las armas, lo cierto es que el Gobierno no está en la lista de las instancias que pueden solicitar la apertura de este proceso.

Según el artículo 67 la Ley 1922, que dicta las reglas de procedimiento de la JEP, serán las salas y secciones de esa jurisdicción las encargadas de hacer seguimiento al cumplimiento del Régimen de condicionalidad y de ordenar la apertura de incidentes de incumplimiento, que se pueden abrir de oficio o por solicitud de la víctima, su representante, el Ministerio Público o la Fiscalía General de la Nación.

En el Acuerdo final quedó consignado que “los excomandantes guerrilleros/as integrantes de los órganos directivos de la nueva fuerza política que surja del tránsito de las FARC-EP a la legalidad tendrán la obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil de forma integral, para lo cual entre otras obligaciones derivadas del Acuerdo Final realizarán tareas de explicación de dicho Acuerdo y de resolución de conflictos que respecto al cumplimiento del Acuerdo Final pudieran surgir”.

Pero, aunque no es de público conocimiento cómo Márquez está cumpliendo con estos requisitos desde que está en la clandestinidad, para sacarlo de la JEP se necesitan pruebas fehacientes de que ha incumplido, que por ahora parecen no existir.