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Domingo, 13 Agosto 2017

Mujeres indígenas en las mil y una luchas

Por Constanza Bruno

Esta es la historia de varias mujeres indígenas que viven en el norte de Antioquia, cuyas vidas se entrelazan y hacen visible la tensión que existe entre sus deseos de superación personal y la necesidad de conservar sus tradiciones ancestrales. Como telón de fondo el machismo silencioso de sus compañeros y el olvido 'ancestral' del Estado colombiano.

A las seis de la mañana se despierta Isabel y se apresura para llegar temprano a la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, de Ituango, Antioquia, donde cursa séptimo grado de bachillerato. Ella es hija de una madre soltera que lucha por sacar adelante a su familia.

A su llegada al colegio recibe besos y abrazos de varios de sus amigos, entre quienes goza de mucha popularidad. En el mismo salón se encuentra Yuliana Dumasá, perteneciente a la etnia Dóbida, que tiene su resguardo en Vigía del Fuerte (Urabá antioqueño). Entre alumnos con uniformes a cuadros, ella llega al aula muy tímida, vistiendo una colorida paruma (burubá) y adornando su cabeza con el chindau, una especie de sombrero forrado en cintas. Resulta una odisea sacarle una palabra de su boca.

Mientras Yuliana se esfuerza por aprender una segunda y tercera lengua (español e inglés) en un colegio no étnico, lejos de su territorio, tres mujeres embera eyabida, acompañadas de sus hijos y maridos, se sientan a descansar en las gradas de la parroquia Santa Bárbara, ubicada en el parque central de Ituango.

Una turista, fascinada por los colores de las parumas, les pregunta de qué resguardo provienen. Ante tantas preguntas sin respuestas, un hombre indígena les explica que ellas no saben hablar en español. Tal respuesta indignó a la visitante, quien contra preguntó: “¿Usted por qué sí sabe?”. El hombre le contestó: “Porque nosotros salimos más que ellas del resguardo”. La forastera, algo molesta, no comprende por qué en pleno siglo XXI las indígenas colombianas siguen sin dominar el castellano.

Aunque Ituango es un municipio con un atraso histórico con respecto al resto del país, ni qué decir del mundo, las mujeres no étnicas se están criando en la actualidad en un ambiente de madres solteras.

María Victoria Zapata Yépez, rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, asegura que en esta localidad son las mujeres las que lideran la crianza de los hijos y el sostenimiento de las familias. Esto ocurre, según dice, en una proporción del 80% con respecto al total de habitantes del municipio.

Caso contrario sucede con las indígenas del resguardo Jaidukamá, que son constantes en el proceso de crianza, pero las oportunidades para ambas poblaciones femeninas son distintas. Las no indígenas se levantan con más posibilidades para estudiar, trabajar y cuentan con hogares de bienestar y de interacción social. De estos precisamente carecen las indígenas porque la socialización y las relaciones interpersonales, según la docente, están llenas de vacíos.

En la subregión Norte del departamento de Antioquia se encuentra el municipio de Ituango, con una población que supera los 20.996 habitantes. Según el Dane (2005), de estos el 0,2% representa a la población indígena que se concentra en el resguardo Jaidukamá, ubicado a quince horas de la cabecera urbana, lejanía que se ha convertido en la principal barrera para su desarrollo. “Los indígenas de Ituango no son los que levantan la mano para participar donde tienen la opción, en cultura o educación”, explica Zapata.

En el resguardo habitan alrededor de 334 indígenas (175 mujeres y 159 hombres). El territorio cuenta con una escuela donde se cursa hasta quinto grado de primaria y con dos docentes nativos de la zona. Quienes deseen ser bachilleres tienen que salir del pueblo hacia el corregimiento La Granja o la cabecera urbana de Ituango.

Desde el 2007 la institución educativa está recibiendo indígenas interesados en terminar el bachillerato. Se han graduado hasta hoy cuatro hombres y ninguna mujer, cifra que revela la complejidad de la situación de las mujeres embera en su formación académica. “Lo que más peso tiene esta historia son los celos de los hombres, que no las dejan salir. Puede que haya dificultades económicas, pero temen soltarlas para que aprendan. No tienen confianza en el comportamiento personal e individual de ellas y prefieren concentrarlas en el resguardo”, sostiene Zapata.

Actualmente solo hay una mujer estudiando bachillerato en Ituango y es precisamente Yuliana, pero no pertenece al Jaidukamá. Su padre, que es docente de ese resguardo, la matriculó en el Municipio. “Este año tuvimos una chica cursando acá y podríamos decir que en el próximo la graduaríamos, pero ocurrieron situaciones adversas en el tema económico de su familia que no permitieron su permanencia. Además hay un celo por parte de los padres en soltarla para que realice sus estudios por fuera del núcleo familiar. La posición machista insiste en que las niñas deben estar en el resguardo realizando las labores domésticas y las han marginado de profesionalizarse. Esperamos que Yuliana se gradúe”, explica la rectora.

Del resguardo Jaidukamá solo una mujer se ha graduado de bachiller y es Marlene Domicó, quien aprendió español porque a los catorce años se escapó y se fue para Medellín. “En 1993 salí por locuras mías, me dio por irme a pasear donde un tío, quería conocer. Cuatro años después regresé. Desde el 2011 soy líder y como las mujeres no saben hablar el español y no salen, me designan para que reciba capacitación en temas de género”, cuenta la embera eyabida.

Marlene nunca ha escuchado la palabra género entre las mujeres de su resguardo, pero asegura que proviene de la identidad sexual del hombre y la mujer. Define la igualdad de género como los derechos que tiene para gozar de libertad, de hablar en público, estudiar y capacitarse. “Yo diría que ellas no son conscientes de que tienen tales derechos, sobre todo las que tenemos esposos, que debemos estar allí sumisas. A mí me molesta ser sumisa”, manifiesta la lideresa.

La mayoría de las mujeres en el resguardo han parido muchos hijos, pero Marlene solo tiene uno y no quiere concebir más. No desea repetir la historia de su madre y su hermana, quienes tuvieron doce. Ahora vive en la casa indígena de Ituango con su esposo Delio Domicó y su hijo. Les ayuda a los indígenas que llegan a diligenciar el registro civil o la cédula de ciudadanía, trámites que resultan complejos por no saber el castellano. “Las mujeres empezaron a cedularse solo hasta el año 2000. Mi madre se murió sin obtener su documento. Es tan necesarios para todo. Recuerdo que a los 18 años mi padre me llevó a diligenciar el registro y de inmediato tramité la cédula”, dice.

En época de elecciones son muchas las mujeres que salen del resguardo a hacer valer su derecho al voto porque quieren vivir la experiencia democrática. “La verdad ni siquiera sabemos pa’ qué votamos, eso da rabia”, reclama Marlene, quien piensa que la diferencia que hay entre las mujeres del resguardo y las de Ituango es la educación, esa que el Estado colombiano no ha implantado en su territorio.

Pero sí ve que los hombres del resguardo salen con facilidad a estudiar al pueblo. Es el caso de su esposo Delio Domicó, líder de la comunidad indígena, quien actualmente estudia en el Sena, institución donde hoy se capacitan tres hombres del resguardo y ninguna mujer.

Si para las mujeres de Ituango es complicada la participación en política, mucho más lo es para las indígenas. Este municipio tiene cinco concejalas, a las que les hace falta mucha formación. “Ellas llegaron a esos cargos por una cuota política o por azar, no representan a las mujeres como tal, por eso estamos trabajando en un proyecto para evitar que eso siga sucediendo”, señala Luz Miriam Mazo Ortiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango.

Mazo admite que en toda su historia, la comunidad de Ituango ha vivido de espaldas a los indígenas del resguardo Jaidukamá. “Nos han enseñado que son un mundo aparte y no tienen la capacidad para trabajar con nosotras. Siempre hemos esperado la oportunidad, sobre todo ahora que estamos en la construcción de la política pública para las mujeres. Queremos que entren a participar, pero no sé hasta qué punto es bueno cuando ni siquiera sabemos si tienen cédula de ciudadanía y mecanismos para elegir a sus esposos, no queremos violentar su cultura”, manifiesta.

El resguardo Jaidukamá lleva más de 30 años con una escuela de primaria que construyeron sacerdotes de la Iglesia Católica. Luego entraron las religiosas de la Hermana Laura que enseñaron la lengua española a los primeros nativos. Delio Domicó admite que en su territorio nunca se ha trabajado el tema de la igualdad de género. “Nosotros no lo hemos analizado. A ellas se les invita a que acepten las capacitaciones, pero dicen que no pueden, no asisten o no son capaces de salir solas. Les da miedo entrar a estudiar en un colegio normal porque no entienden el español”, considera el líder.

Hasta el momento una indígena nunca ha ocupado un alto cargo dentro del resguardo. Solo lo han logrado como guardias para la vigilancia de la seguridad interna. Tampoco ha pensado que una mujer llegue a tener un nombramiento en el cabildo. “Si quisieran trabajar no habría ningún problema, pero ellas piensan que no tienen esa capacidad, entonces no lo asumen”, agrega Delio.

Ana Teresa Vergara Casama, de la etnia Embera Dóbida, originaria del municipio Riosucio en Chocó, es hoy consejera de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, y la encargada del tema de mujer indígena en el departamento. Lidera una lucha para empoderar a las mujeres porque, contrario a lo que considera Delio, la apatía que muestran ellas es motivado por el machismo.

Para llegar a consejera, Ana Teresa ha afrontado dificultades. A los cinco años, en su pueblo no había escuelas y el que quería estudiar tenía que abandonar el resguardo. Esa fue la decisión que tomó su madre Delia Casama, quien la llevó a un pueblo afro, donde creció y estudió primaria y bachillerato.

Cuando se agudiza el conflicto armado, las Farc se enteran de que Delia y su esposo tenían seis hijas. Empiezan a pedirles que tres de ellas ingresen a las filas. Justo en ese momento se pone en marcha la operación Génesis, que le permite al paramilitarismo tomar el control de la zona.

Ante esta situación, su madre presta 200.000 pesos para trasladarla a una casa de paso en el Urabá antioqueño, donde llegaban indígenas de Antioquia, Córdoba y Chocó, que no hablaban español. Ana les colaboraba en la traducción para hacer sus diligencias en el hospital, y a cambio ellos le pagaban algo de dinero. Los embera de Eyabida vieron en ella una líder, a quien le proponen ser docente mientras estudiaba de noche. Su lengua nativa desaparece, pero debió aprender otras para sobrevivir.

La noche del 2 de agosto de 1999 en el resguardo de Chigorodó, las Farc asesinaron al gobernador, a la candidata maestra y al médico tradicional. Tuvo que salir huyendo de los violentos y renunciar al cargo de líder del movimiento indígena. Entró a estudiar licenciatura en educación en una universidad de Turbo, donde es nombrada secretaria del cabildo. Allí estuvo ocho años trabajando con mujeres que denunciaban a sus maridos por abandono de hogar y maltrato.

Este año asumió el cargo de consejera de la OIA. Ella y otra mujer asumen este liderazgo entre un grupo de diez hombres. Para llegar donde está hoy fue fundamental su formación académica y política. “El liderazgo de las mujeres en Jaidukamá es invisible porque no están formadas. Todavía encontramos padres que dicen que la educación es para los hombres”, explica Vergara.

Autonomía sin avances

Como consejera Ana tiene claro que las decisiones tomadas en los congresos son la línea de mandato en el tema de equidad de género. Desde la cosmovisión indígena se piensa que el feminismo ha hecho grandes aportes, pero no se considera feminista porque tiene claro que el mundo indígena es dual.

Si bien las autoridades indígenas y la Constitución Política les facultan que son autónomos para ejercer las normas y liderar procesos educativos en los territorios, es una autonomía que por falta recursos no avanza. “Podemos tener un manual de convivencia interno, pero si no tenemos cárceles, lugares adecuados y cepos, para ir aplicando justicia, nos estamos quedando en el papel y la lista de violencia y violaciones está ‘superlarga’ en los territorios indígenas”, advierte la Consejera.

En Antioquia hay 204 comunidades indígenas y no todas tienen manual de convivencia. En algunas hay procesos más avanzados, en otros son incipientes. Son reglamentos de papel y de nombre. “Donde hay un poco de avance es donde se están dando sanciones. Por ejemplo, a las mujeres que abortan de manera irresponsable. Personalmente pienso que si es fruto de una violación la mujer debe abortar, pero si se trata de una sexualidad irresponsable debe asumirla con castigo. Este es un tema tabú. Una mujer lesbiana o un hombre indígena con diferente orientación sexual son aislados y objetos de burlas, abusos y exclusión”, argumenta la lideresa.

En los resguardos como el Jaidukamá, los manuales de convivencia tampoco se aplican, pues los castigos para hacer respetar los derechos de las mujeres no se cumplen. “Allí hay un problema de gobernabilidad y eso es generalizado”, indica.

Consejero admite machismo

No todos los hombres indígenas admiten su machismo, pero a Juvenal Arrieta, consejero de la OIA de Antioquia, le ha tocado hacerlo, luego de que recibiera capacitación con enfoque de género, espacio en el que compartió experiencias con mujeres de otros países. Este embera Chamí, de descendencia Zenú, reconoce el esfuerzo de las mujeres por ganar una batalla de inclusión y reconocimiento, primero al interior de las organizaciones. “El año pasado en el congreso de los pueblos indígenas de Antioquia, se logró incluir dos consejeras. Se aprobó que en adelante la participación de ellas sea del 50-50 en los distintos escenarios. Me decían los hombres que eso es ilegal, que se estaban rompiendo los estatutos, que los que votaban son los cabildos y gobernadores, pero les expliqué que esto fue el resultado de un acuerdo en Caucasia”, cuenta el líder.

Para que sea un escenario de equidad y equilibrio y no de equidad y conflicto entre hombres y mujeres, Juvenal y Ana Teresa, como consejeros, aplicarán estrategias de sensibilización en los territorios, una de ellas es trabajar el tema de las nuevas masculinidades que tienen que ver con el rol de los hombres indígenas de hoy. “Tenemos que mirar lo que somos y poner en perspectiva de lo que éramos. Antes cuando era niño nuestros padres no cambiaban un pañal porque era asunto de mujeres; hoy lo hacemos, cocinamos y lavamos la ropa. Uno ve que hay una manifestación de afecto, abrazamos y besamos públicamente, antes era una cuestión privada. El hombre iba adelante y la mujer atrás; mientras íbamos libres, la mujer cargaba el canasto y el bebé. Ella ahora interpela la decisión del hombre”, explica el embera chamí.

Sin embargo, para Juvenal es importante discutir esos nuevos roles y los derechos sexuales y reproductivos. “Hablo mucho sobre el tema de la esterilización en las indígenas; la creación de unos prototipos de mujer, como las que se operan los senos y las nalgas, o las que no quieren darle pecho a sus bebés, sino tetero porque se les caen los senos. Conozco mujeres nuestras que dicen: yo con indígenas no quiero nada”, explica.

Otro tema que se discute está relacionado con el alto mestizaje que se dio en el conflicto armado. Muchas nativas se han desencantado de los indígenas y han tenido hijos de guerrilleros, paramilitares, ingenieros, policías y soldados. “Cuando surgen problemas familiares porque son hijos de gente transitoria, entonces allí sí es importante el indígena. Podría decir que estamos viviendo un derecho de pernada (permiso que se atribuyó al señor feudal para yacer con la esposa del siervo en su noche de bodas), sino hacemos nada. Cuando eso se convierte en un problema de desarraigo y de pérdida de identidad, creo que sí se tiene que discutir. Este es el debate fuerte que tengo con las mujeres porque creen que me estoy metiendo en un tema de intimidad. Yo no discuto la autonomía de la mujer sino lo que eso genera en perspectiva familiar y cultural”, advierte Juvenal.

La voz de la antropóloga indígena

Pero hay una voz que se escucha muy alta en los pueblos indígenas y es la de la antropóloga Dayana Domicó, quien ante la falta de oportunidades en su resguardo, ubicado en Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, se fue en 2012 a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia. Hoy está a cargo de la coordinación de Jóvenes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y trabaja en conjunto con la Consejería de Mujer, Familia y Generación.

“Lo importante no es resaltar que seamos antropólogas o abogadas, sino destacar el conocimiento. Debemos tener claro si hablamos del ámbito académico o el formativo desde las comunidades. Si nos referimos a este último podemos decir que ellas no brindan títulos académicos, pero dan otro tipo de conocimientos que la academia nunca va a otorgar”, explica.

La antropóloga propone que antes de sacar a las mujeres de los resguardos para que se capaciten, primero se les consulte quiénes quieren salir porque para los indígenas existe otro tipo de formación. “Cuando estaba pequeña mi abuela me contaba historias, es decir, me formó sin ella tener un título. Esta es la formación que las mujeres tienen en Jaidukamá y eso hace que los pueblos indígenas pervivan en el tiempo”, explica Dayana.

Para que ellos accedan a la academia hay que sacarlos del territorio y llevarlos a un lugar para que estudien sociales, matemáticas y medicina, que en los pueblos indígenas tenemos en forma tradicional. “Hay indígenas que dicen que la gente sale a estudiar y regresa al resguardo más bruta. A la hora de la verdad, en vez de ser ganancia, se vuelve pérdida de una identidad cultural o de desarraigo para el pueblo. Por eso el tema de identidad cultural está tan débil en los territorios, pero para eso están las mujeres que son las replicadoras del conocimiento”, sostiene la antropóloga.

Considera que no hay que sacar a las mujeres de su territorio para fortalecerlas. Lo ideal es que ellas lo hagan desde sus resguardos. Propone que el Estado, la academia o las instituciones lleguen al resguardo para aprender otros temas. “¿Quiénes son los que nos van a fortalecer y cuáles son las garantías que tenemos para salir del territorio? Pero que no pase lo que ocurre en estos días que llegan personas del Ministerio del Interior y de la Consejería Presidencial para la Mujer a empoderar a las mujeres, y resulta que terminan empoderándolas muy mal, armando una guerra en el resguardo y en sus familias”, manifiesta Dayana.

Para la líder, el tema educativo es un problema de abandono estatal y considera que a estas alturas la nación embera, ya debería tener universidades en sus territorios, por lo menos, colegios de bachillerato. “En Antioquia los indígenas tienen posibilidad de entrar a las universidades públicas, pero en mi región es difícil que ingresemos a la Universidad de Córdoba. Las políticas que tiene la academia no están pensadas para los pueblos indígenas”, sostiene.

La rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina coincide con Dayana, cuando habla de la desatención del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno Departamental. “La administración de Fajardo propuso la creación de unas cartillas en embera para las comunidades en Antioquia, pero quienes tuvieron acceso a ellas fueron los indígenas de Cristianía, que son muy partícipes en la vida política, pero a la de Jaidukamá, nunca llegaron. Esa producción iba ayudar a que los pueblos se empezaran a apropiar del lenguaje y aquí en la institución podíamos tenerla como una asignatura optativa”, explica la rectora.

Aunque es una buena iniciativa pensar en impartir la enseñanza de la lengua embera en los colegios estatales, Dayana considera que se debe tener restricciones porque podría ser un mecanismo de aprovechamiento para favorecer a los no étnicos y se excluirían más a los pueblos indígenas.

Contrario a lo que se piensa, para la joven antropóloga, no es malo que ellas no aprendan el español porque se trata de un asunto de resistencia. “Yo aprendí a hablarlo a los 12 años y fue porque me tocó estudiar en el pueblo, pero las mujeres son las que menos lo aprenden porque están todo el tiempo en sus casas”, asegura Dayana.

Términos no existen en el glosario indígena

En la lengua embera hay palabras que no tienen traducción y el mundo de occidente les impone términos a los indígenas que no se traducen literalmente sino que se deben desglosar. Para Dayana esto es ponerles más patas a la mesa. Por ejemplo, el término género no existe en la lengua embera. Es una palabra que les toca implementar para entrar en el tema de inclusión y enfoque. “No sabría si es bueno o malo. En nuestro glosario tenemos las palabras hombre (humakira) y mujer (wēra) que en las leyes de origen, se unen y se complementan. Las nuevas masculinidades tampoco existen”, agrega.

Para que las mujeres indígenas de Jaidukamá dejen de vivir de espaldas a ellas mismas y sigan al frente de sus comunidades, tienen que despertar para emprender el reto de empoderarse en perspectiva de género, con el fin de salir de la enajenación, enfrentar la opresión, mejorar sus condiciones de vida, ocuparse de sí mismas y convertirse en protagonistas de sus vidas, tal como lo proponen los investigadores Benhabid y Cornet, y tal como lo vienen haciendo Dayana, Marlene, Ana Teresa y Yuliana, quienes desde sus espacios continúan la lucha como lideresas de sus pueblos, aplicando sus conocimientos ancestrales sin dejar de aprovechar los beneficios que les puede ofrecer el mundo occidental, y todo por defender los derechos de la wēra.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación se pubicó originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.
Miércoles, 07 Marzo 2018

Los obstáculos a los que se enfrenta la bancada de mujeres

Por Camila Osorio

La rama legislativa colombiana sigue sin cumplir las cuotas mínimas de participación de las mujeres. Estas elecciones no son la excepción. La agenda de género tampoco ha estado dentro de sus prioridades. Análisis.

El saliente Congreso que se renueva el próximo 11 de marzo sigue en deuda con la inclusión de las mujeres en la política. También con una agenda de equidad. De 268 parlamentarios electos en el 2014, tan solo el 20% fueron mujeres, lejos de cumplir con el 30% al que aspira la ley de Cuotas que rige en el país desde el 2000.

A esta falta de participación de las mujeres, se suma que de las 56 congresistas, al menos 14 no buscarán su reelección para el período 2018-2022. Entre las más conocidas están Claudia López (Alianza Verde) y Viviane Morales (antes partido Liberal, ahora por el partido Somos), que decidieron lanzarse a la vicepresidencia y presidencia, respectivamente, y Thania Vega (Centro Democrático), quien cedió su postulación a su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, absuelto por la Corte Suprema por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia.

Esta investigación revisó lo que hizo el saliente Congreso para tramitar leyes e iniciativas que le dieran un vuelco a la discriminación contra las mujeres y les garantizara un mayor acceso a la política y a cargos públicos. De igual forma, verificó e identificó el rol que tuvieron las congresistas en los debates más álgidos que vivió el país en los últimos cuatro años.

También se revisaron las listas de aspirantes al nuevo Congreso para constatar si los partidos políticos cumplieron con la ley de Cuotas. Este es el resultado.

Las listas, al límite

El panorama de participación de las mujeres en el próximo Congreso no es alentador. Como ha sido la costumbre, la mayoría de partidos tratan de cumplir con el mínimo de cuotas en sus listas, pero no son una prioridad.

Según datos de la Misión de Observación Electoral -MOE- publicados en El Tiempo, de los 2.730 candidatos inscritos, 943 son mujeres, lo que representa un 34.5%. Pero solo el MIRA y el Partido de La U, sobrepasan ese porcentaje cuando se analiza su lista a Senado, mientras que el resto tienen en sus listas el 30% obligatorio de mujeres (Polo, Centro Democrático, Alianza Verde, Farc, Partido Liberal y Conservador).

En su lista al Senado, el partido de La U incluyó mujeres en un 50%, aunque la mayoría de ellas no son cabeza de lista (a excepción de la senadora Maritza Martínez). La lista del MIRA, que ha sido reconocido en elecciones pasadas como el partido más incluyente, este año tiene el 60% de mujeres.

Pocos consensos

Ser mujer no garantiza que se trabaje en una agenda género ni en conjunto con la bancada de mujeres. Al revisar el trabajo de las congresistas en los últimos cuatro años se evidencia que llegaron con propuestas radicalmente distintas y hubo pocos proyectos que lograron unirse. Sin embargo, en lo que sí coinciden es en la necesidad de una mayor participación política para ellas.

La bancada de mujeres defendió de forma conjunta tres propuestas que podrían facilitar el acceso a cargos políticos. La más importante exigía a los partidos que aumentaran el número de mujeres en sus listas: 40% para las elecciones de 2022 y 50% para las de 2026.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, que apoya a la bancada con proyectos de ley relacionados con el tema de género, afirma que, en el papel, todos los congresistas se comprometieron con esta agenda, pero a la hora de las votaciones la realidad fue otra. “Ningún hombre fue capaz de decir no a la paridad, pero luego se ausentaron en la votación”, agregó.

El proyecto arrancó en el Senado con el apoyo de todas las congresistas y logró ser aprobado en primer debate. “Pero en el momento de las votaciones, a algunos hombres les costó apoyarla,” dijo la representante por el Partido Liberal, Clara Rojas.

La iniciativa tuvo otro traspiés cuando se sumó al debate de la reforma política, que terminó hundiéndose en la última legislatura. “Las mujeres del Centro Democrático se oponían a toda la reforma del Gobierno, entonces no votaron,” añadió Rojas.

La bancada de mujeres también apoyó un proyecto para que fueran obligatorias las comisiones especiales para la mujer en concejos y asambleas (aún no aprobado); otro que proponía crear un Ministerio para la Mujer (archivado) y, apoyó la iniciativa para crear la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, aunque el Gobierno se demoró en nombrar a una directora, como lo denunció entonces la senadora Claudia López en audiencias públicas.

Viviane Morales, la polarizadora

A la falta de equidad de género en el poder político, se suma que la bancada de mujeres sufrió de la misma polarización que vive el país por cuenta del proceso de paz con las FARC. En especial, por dos hechos políticos: la campaña por el NO al plebiscito para el acuerdo de paz y la llamada ideología de género, fundamental para que los colombianos no refrendaran el primer acuerdo que firmó la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el centro del debate estuvo la senadora por el partido Liberal, Viviane Morales. Ella fue la creadora del proyecto para realizar un referendo que buscaba impedir la adopción de niños a las parejas homosexuales y a madres solteras. El proyecto, que finalmente se hundió, no sólo dividió al país sino también al grupo de congresistas.

“Morales fue de las mujeres que lideró la iniciativa de Ley de Cuotas al Congreso hace muchos años,” dijo Angélica Bernal, profesora de Ciencia Política en la Universidad Tadeo Lozano. “Incluso cuando llegó a la Fiscalía, fue celebrada por ser la primera mujer”. Las organizaciones de mujeres también celebraron sus esfuerzos por investigar crímenes sexuales; así como cuando, en 2011, se opuso a lo que se denominó “populismo punitivo” en el proyecto de la senadora Gilma Jiménez, que proponía cadena perpetua a violadores de niños. “Era vista como una política progresista, hasta que llegó el referendo de adopción,” dijo Bernal.

Esta propuesta no sólo dividió a la bancada de mujeres, sino que alejó a las organizaciones de mujeres que trabajan con las congresistas y que han sido fundamentales para crear proyectos a favor de la equidad de género. “Indudablemente, sus posiciones sobre las parejas del mismo sexo y la ideología de género alejaron a las activistas,” dijo Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres.

El proyecto logró llegar a la Cámara para su tercer debate, pero finalmente se hundió cuando la representante Angélica Lozano logró el apoyo de sus colegas. “Por muchos meses hice sondeos a la posición de cada uno en mi comisión y fortalecí mi relación con ellos discutiendo otros proyectos. En esto funciona mucho el colegaje”, dijo Lozano.

Todo este debate dejó al descubierto las distintas posiciones de género en la bancada de parlamentarias y en el Congreso. Cuando se trata de temas LGBTI, “hubo muy poca iniciativa,” dijo Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Sánchez calificó el Congreso como un espacio que “no es seguro” para este tipo de iniciativas que confrontan al país conservador con las minorías.

“En el Congreso, si se trata de iniciativas sobre mujeres que no reten la idea de familia tradicional de papá y mamá, se pueden pasar. Pero si lo enfrentan, no pasa. El Congreso es conservador y dogmático,” dijo la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo.

Una agenda tradicional

Otros proyectos que fueron presentados al Congreso y que proponían mejorar las condiciones y derechos de las madres colombianas consiguieron más fácilmente el apoyo de la mayoría de las bancadas.

La senadora Clara Rojas, del Partido Liberal, logró que se aprobara la creación de salas amigas para las mujeres lactantes en entidades privadas y públicas. Ahora quiere que se apruebe otra iniciativa que refuerce los derechos de las mujeres durante el parto.

“Espero que ayude a las mujeres en zonas apartadas que rechazan la medicina como la conocemos nosotros, y puedan ser acompañadas por parteras si lo desean. Eso ayuda a que las mujeres accedan al sistema”, explicó Rojas. “Yo tuve mi hijo en la selva y por eso soy sensible a este tema”, agregó.

El Congreso también aprobó la iniciativa para aumentar cuatro semanas la licencia de maternidad, presentada por la representante del CD, Tatiana Cabello, y un proyecto que establece nuevos lineamientos laborales para las madres comunitarias que trabajan con el ICBF, presentado por el MIRA, pero que fue objetado por la Presidencia.

Otras propuestas que tuvieron apoyo tienen que ver con los derechos económicos de las mujeres. El congresista Mauricio Lizcano y el partido de La U impulsaron la reducción del número de semanas a cotizar para que las mujeres se pensionen más rápido (luego objetado por Presidencia argumentando una falta de sostenibilidad financiera), y las representantes del Partido Verde Angélica Lozano y Ángela María Robledo lograron que se aprobara el proyecto que reconoce el derecho de las trabajadoras domésticas a una prima de servicios.

El partido MIRA, por su parte, propuso prohibir las pruebas de embarazo como requisito para una entrevista laboral, y estabilidad laboral para las mujeres embarazadas con contratos de prestación de servicios. Y, la senadora de La U, Maritza Martínez, logró evitar que en la reforma tributaria se grabaran las toallas higiénicas y tampones con un 19 por ciento (quedó en 5 por ciento). “Todas las mujeres de la bancada me acompañaron,” aseguró Martínez.

Más populismo punitivo y menos política educativa

La senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien llegó al Senado en 2010 con una de las mayores votaciones que ha tenido una mujer, contaba con el apoyo de miles de personas que respaldaron su propuesta de hacer un referendo para imponer cadena perpetua a violadores de niños.

Jiménez no logró que se aprobara su iniciativa (falleció en 2013) pero dejó en el Congreso lo que se conoce como ´populismo punitivo´, el cual privilegia el castigo sobre otras formas de prevención del delito. Este enfoque sigue ganando adeptos cuando se trata de violencia sexual, incluyendo en la bancada actual de mujeres.

La senadora de La U, Maritza Martínez, por ejemplo, propuso la castración química para los violadores de menores. “Presenté ese proyecto escéptica, pero fue aprobado en la Comisión Primera de Senado rápidamente,” contó. Otro proyecto de su autoría, que buscaba imponer sanciones no penales a padres que no cumplan a tiempo con las cuotas alimentarias, avanzó pero con mayor lentitud.

Los ejemplos de proyectos que privilegian la mano dura son múltiples. Desde el partido Conservador, la senadora Nadya Blel propuso inhabilitar políticamente a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores. Un proyecto que impulsó el MIRA aumentó las penas a aquellos que atacan a las mujeres con ácido. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, intentó que se prohibiera la maternidad subrogada con fines de lucro. Y, finalmente, desde el Partido Liberal, la representante Clara Rojas buscó penalizar a los hombres que pagan por prostitución.

En el tema de violencia sexual, que es un problema recurrente que enfrentan las mujeres, las soluciones son difíciles de aplicar y por eso no es fácil conseguir un apoyo diferente al de la línea dura. Pero más penas no implica, necesariamente, menos crímenes, coinciden los expertos en seguridad, sobre todo si no hay institucionalidad que haga cumplir nuevas normas.

La bancada de mujeres que llegue al Congreso este año traerá caras conocidas y otras nuevas. Pero tanto las primíparas como las que repitan, ya sea que busquen más poder político o repensar el rol de la mujer en la sociedad colombiana, se encontrarán con un muro.

* Camila Osorio: Politóloga, periodista y miembro del equipo editorial de la revista The New Yorker.