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Domingo, 13 Agosto 2017

Mujeres indígenas en las mil y una luchas

Por Constanza Bruno

Esta es la historia de varias mujeres indígenas que viven en el norte de Antioquia, cuyas vidas se entrelazan y hacen visible la tensión que existe entre sus deseos de superación personal y la necesidad de conservar sus tradiciones ancestrales. Como telón de fondo el machismo silencioso de sus compañeros y el olvido 'ancestral' del Estado colombiano.

A las seis de la mañana se despierta Isabel y se apresura para llegar temprano a la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, de Ituango, Antioquia, donde cursa séptimo grado de bachillerato. Ella es hija de una madre soltera que lucha por sacar adelante a su familia.

A su llegada al colegio recibe besos y abrazos de varios de sus amigos, entre quienes goza de mucha popularidad. En el mismo salón se encuentra Yuliana Dumasá, perteneciente a la etnia Dóbida, que tiene su resguardo en Vigía del Fuerte (Urabá antioqueño). Entre alumnos con uniformes a cuadros, ella llega al aula muy tímida, vistiendo una colorida paruma (burubá) y adornando su cabeza con el chindau, una especie de sombrero forrado en cintas. Resulta una odisea sacarle una palabra de su boca.

Mientras Yuliana se esfuerza por aprender una segunda y tercera lengua (español e inglés) en un colegio no étnico, lejos de su territorio, tres mujeres embera eyabida, acompañadas de sus hijos y maridos, se sientan a descansar en las gradas de la parroquia Santa Bárbara, ubicada en el parque central de Ituango.

Una turista, fascinada por los colores de las parumas, les pregunta de qué resguardo provienen. Ante tantas preguntas sin respuestas, un hombre indígena les explica que ellas no saben hablar en español. Tal respuesta indignó a la visitante, quien contra preguntó: “¿Usted por qué sí sabe?”. El hombre le contestó: “Porque nosotros salimos más que ellas del resguardo”. La forastera, algo molesta, no comprende por qué en pleno siglo XXI las indígenas colombianas siguen sin dominar el castellano.

Aunque Ituango es un municipio con un atraso histórico con respecto al resto del país, ni qué decir del mundo, las mujeres no étnicas se están criando en la actualidad en un ambiente de madres solteras.

María Victoria Zapata Yépez, rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, asegura que en esta localidad son las mujeres las que lideran la crianza de los hijos y el sostenimiento de las familias. Esto ocurre, según dice, en una proporción del 80% con respecto al total de habitantes del municipio.

Caso contrario sucede con las indígenas del resguardo Jaidukamá, que son constantes en el proceso de crianza, pero las oportunidades para ambas poblaciones femeninas son distintas. Las no indígenas se levantan con más posibilidades para estudiar, trabajar y cuentan con hogares de bienestar y de interacción social. De estos precisamente carecen las indígenas porque la socialización y las relaciones interpersonales, según la docente, están llenas de vacíos.

En la subregión Norte del departamento de Antioquia se encuentra el municipio de Ituango, con una población que supera los 20.996 habitantes. Según el Dane (2005), de estos el 0,2% representa a la población indígena que se concentra en el resguardo Jaidukamá, ubicado a quince horas de la cabecera urbana, lejanía que se ha convertido en la principal barrera para su desarrollo. “Los indígenas de Ituango no son los que levantan la mano para participar donde tienen la opción, en cultura o educación”, explica Zapata.

En el resguardo habitan alrededor de 334 indígenas (175 mujeres y 159 hombres). El territorio cuenta con una escuela donde se cursa hasta quinto grado de primaria y con dos docentes nativos de la zona. Quienes deseen ser bachilleres tienen que salir del pueblo hacia el corregimiento La Granja o la cabecera urbana de Ituango.

Desde el 2007 la institución educativa está recibiendo indígenas interesados en terminar el bachillerato. Se han graduado hasta hoy cuatro hombres y ninguna mujer, cifra que revela la complejidad de la situación de las mujeres embera en su formación académica. “Lo que más peso tiene esta historia son los celos de los hombres, que no las dejan salir. Puede que haya dificultades económicas, pero temen soltarlas para que aprendan. No tienen confianza en el comportamiento personal e individual de ellas y prefieren concentrarlas en el resguardo”, sostiene Zapata.

Actualmente solo hay una mujer estudiando bachillerato en Ituango y es precisamente Yuliana, pero no pertenece al Jaidukamá. Su padre, que es docente de ese resguardo, la matriculó en el Municipio. “Este año tuvimos una chica cursando acá y podríamos decir que en el próximo la graduaríamos, pero ocurrieron situaciones adversas en el tema económico de su familia que no permitieron su permanencia. Además hay un celo por parte de los padres en soltarla para que realice sus estudios por fuera del núcleo familiar. La posición machista insiste en que las niñas deben estar en el resguardo realizando las labores domésticas y las han marginado de profesionalizarse. Esperamos que Yuliana se gradúe”, explica la rectora.

Del resguardo Jaidukamá solo una mujer se ha graduado de bachiller y es Marlene Domicó, quien aprendió español porque a los catorce años se escapó y se fue para Medellín. “En 1993 salí por locuras mías, me dio por irme a pasear donde un tío, quería conocer. Cuatro años después regresé. Desde el 2011 soy líder y como las mujeres no saben hablar el español y no salen, me designan para que reciba capacitación en temas de género”, cuenta la embera eyabida.

Marlene nunca ha escuchado la palabra género entre las mujeres de su resguardo, pero asegura que proviene de la identidad sexual del hombre y la mujer. Define la igualdad de género como los derechos que tiene para gozar de libertad, de hablar en público, estudiar y capacitarse. “Yo diría que ellas no son conscientes de que tienen tales derechos, sobre todo las que tenemos esposos, que debemos estar allí sumisas. A mí me molesta ser sumisa”, manifiesta la lideresa.

La mayoría de las mujeres en el resguardo han parido muchos hijos, pero Marlene solo tiene uno y no quiere concebir más. No desea repetir la historia de su madre y su hermana, quienes tuvieron doce. Ahora vive en la casa indígena de Ituango con su esposo Delio Domicó y su hijo. Les ayuda a los indígenas que llegan a diligenciar el registro civil o la cédula de ciudadanía, trámites que resultan complejos por no saber el castellano. “Las mujeres empezaron a cedularse solo hasta el año 2000. Mi madre se murió sin obtener su documento. Es tan necesarios para todo. Recuerdo que a los 18 años mi padre me llevó a diligenciar el registro y de inmediato tramité la cédula”, dice.

En época de elecciones son muchas las mujeres que salen del resguardo a hacer valer su derecho al voto porque quieren vivir la experiencia democrática. “La verdad ni siquiera sabemos pa’ qué votamos, eso da rabia”, reclama Marlene, quien piensa que la diferencia que hay entre las mujeres del resguardo y las de Ituango es la educación, esa que el Estado colombiano no ha implantado en su territorio.

Pero sí ve que los hombres del resguardo salen con facilidad a estudiar al pueblo. Es el caso de su esposo Delio Domicó, líder de la comunidad indígena, quien actualmente estudia en el Sena, institución donde hoy se capacitan tres hombres del resguardo y ninguna mujer.

Si para las mujeres de Ituango es complicada la participación en política, mucho más lo es para las indígenas. Este municipio tiene cinco concejalas, a las que les hace falta mucha formación. “Ellas llegaron a esos cargos por una cuota política o por azar, no representan a las mujeres como tal, por eso estamos trabajando en un proyecto para evitar que eso siga sucediendo”, señala Luz Miriam Mazo Ortiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango.

Mazo admite que en toda su historia, la comunidad de Ituango ha vivido de espaldas a los indígenas del resguardo Jaidukamá. “Nos han enseñado que son un mundo aparte y no tienen la capacidad para trabajar con nosotras. Siempre hemos esperado la oportunidad, sobre todo ahora que estamos en la construcción de la política pública para las mujeres. Queremos que entren a participar, pero no sé hasta qué punto es bueno cuando ni siquiera sabemos si tienen cédula de ciudadanía y mecanismos para elegir a sus esposos, no queremos violentar su cultura”, manifiesta.

El resguardo Jaidukamá lleva más de 30 años con una escuela de primaria que construyeron sacerdotes de la Iglesia Católica. Luego entraron las religiosas de la Hermana Laura que enseñaron la lengua española a los primeros nativos. Delio Domicó admite que en su territorio nunca se ha trabajado el tema de la igualdad de género. “Nosotros no lo hemos analizado. A ellas se les invita a que acepten las capacitaciones, pero dicen que no pueden, no asisten o no son capaces de salir solas. Les da miedo entrar a estudiar en un colegio normal porque no entienden el español”, considera el líder.

Hasta el momento una indígena nunca ha ocupado un alto cargo dentro del resguardo. Solo lo han logrado como guardias para la vigilancia de la seguridad interna. Tampoco ha pensado que una mujer llegue a tener un nombramiento en el cabildo. “Si quisieran trabajar no habría ningún problema, pero ellas piensan que no tienen esa capacidad, entonces no lo asumen”, agrega Delio.

Ana Teresa Vergara Casama, de la etnia Embera Dóbida, originaria del municipio Riosucio en Chocó, es hoy consejera de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, y la encargada del tema de mujer indígena en el departamento. Lidera una lucha para empoderar a las mujeres porque, contrario a lo que considera Delio, la apatía que muestran ellas es motivado por el machismo.

Para llegar a consejera, Ana Teresa ha afrontado dificultades. A los cinco años, en su pueblo no había escuelas y el que quería estudiar tenía que abandonar el resguardo. Esa fue la decisión que tomó su madre Delia Casama, quien la llevó a un pueblo afro, donde creció y estudió primaria y bachillerato.

Cuando se agudiza el conflicto armado, las Farc se enteran de que Delia y su esposo tenían seis hijas. Empiezan a pedirles que tres de ellas ingresen a las filas. Justo en ese momento se pone en marcha la operación Génesis, que le permite al paramilitarismo tomar el control de la zona.

Ante esta situación, su madre presta 200.000 pesos para trasladarla a una casa de paso en el Urabá antioqueño, donde llegaban indígenas de Antioquia, Córdoba y Chocó, que no hablaban español. Ana les colaboraba en la traducción para hacer sus diligencias en el hospital, y a cambio ellos le pagaban algo de dinero. Los embera de Eyabida vieron en ella una líder, a quien le proponen ser docente mientras estudiaba de noche. Su lengua nativa desaparece, pero debió aprender otras para sobrevivir.

La noche del 2 de agosto de 1999 en el resguardo de Chigorodó, las Farc asesinaron al gobernador, a la candidata maestra y al médico tradicional. Tuvo que salir huyendo de los violentos y renunciar al cargo de líder del movimiento indígena. Entró a estudiar licenciatura en educación en una universidad de Turbo, donde es nombrada secretaria del cabildo. Allí estuvo ocho años trabajando con mujeres que denunciaban a sus maridos por abandono de hogar y maltrato.

Este año asumió el cargo de consejera de la OIA. Ella y otra mujer asumen este liderazgo entre un grupo de diez hombres. Para llegar donde está hoy fue fundamental su formación académica y política. “El liderazgo de las mujeres en Jaidukamá es invisible porque no están formadas. Todavía encontramos padres que dicen que la educación es para los hombres”, explica Vergara.

Autonomía sin avances

Como consejera Ana tiene claro que las decisiones tomadas en los congresos son la línea de mandato en el tema de equidad de género. Desde la cosmovisión indígena se piensa que el feminismo ha hecho grandes aportes, pero no se considera feminista porque tiene claro que el mundo indígena es dual.

Si bien las autoridades indígenas y la Constitución Política les facultan que son autónomos para ejercer las normas y liderar procesos educativos en los territorios, es una autonomía que por falta recursos no avanza. “Podemos tener un manual de convivencia interno, pero si no tenemos cárceles, lugares adecuados y cepos, para ir aplicando justicia, nos estamos quedando en el papel y la lista de violencia y violaciones está ‘superlarga’ en los territorios indígenas”, advierte la Consejera.

En Antioquia hay 204 comunidades indígenas y no todas tienen manual de convivencia. En algunas hay procesos más avanzados, en otros son incipientes. Son reglamentos de papel y de nombre. “Donde hay un poco de avance es donde se están dando sanciones. Por ejemplo, a las mujeres que abortan de manera irresponsable. Personalmente pienso que si es fruto de una violación la mujer debe abortar, pero si se trata de una sexualidad irresponsable debe asumirla con castigo. Este es un tema tabú. Una mujer lesbiana o un hombre indígena con diferente orientación sexual son aislados y objetos de burlas, abusos y exclusión”, argumenta la lideresa.

En los resguardos como el Jaidukamá, los manuales de convivencia tampoco se aplican, pues los castigos para hacer respetar los derechos de las mujeres no se cumplen. “Allí hay un problema de gobernabilidad y eso es generalizado”, indica.

Consejero admite machismo

No todos los hombres indígenas admiten su machismo, pero a Juvenal Arrieta, consejero de la OIA de Antioquia, le ha tocado hacerlo, luego de que recibiera capacitación con enfoque de género, espacio en el que compartió experiencias con mujeres de otros países. Este embera Chamí, de descendencia Zenú, reconoce el esfuerzo de las mujeres por ganar una batalla de inclusión y reconocimiento, primero al interior de las organizaciones. “El año pasado en el congreso de los pueblos indígenas de Antioquia, se logró incluir dos consejeras. Se aprobó que en adelante la participación de ellas sea del 50-50 en los distintos escenarios. Me decían los hombres que eso es ilegal, que se estaban rompiendo los estatutos, que los que votaban son los cabildos y gobernadores, pero les expliqué que esto fue el resultado de un acuerdo en Caucasia”, cuenta el líder.

Para que sea un escenario de equidad y equilibrio y no de equidad y conflicto entre hombres y mujeres, Juvenal y Ana Teresa, como consejeros, aplicarán estrategias de sensibilización en los territorios, una de ellas es trabajar el tema de las nuevas masculinidades que tienen que ver con el rol de los hombres indígenas de hoy. “Tenemos que mirar lo que somos y poner en perspectiva de lo que éramos. Antes cuando era niño nuestros padres no cambiaban un pañal porque era asunto de mujeres; hoy lo hacemos, cocinamos y lavamos la ropa. Uno ve que hay una manifestación de afecto, abrazamos y besamos públicamente, antes era una cuestión privada. El hombre iba adelante y la mujer atrás; mientras íbamos libres, la mujer cargaba el canasto y el bebé. Ella ahora interpela la decisión del hombre”, explica el embera chamí.

Sin embargo, para Juvenal es importante discutir esos nuevos roles y los derechos sexuales y reproductivos. “Hablo mucho sobre el tema de la esterilización en las indígenas; la creación de unos prototipos de mujer, como las que se operan los senos y las nalgas, o las que no quieren darle pecho a sus bebés, sino tetero porque se les caen los senos. Conozco mujeres nuestras que dicen: yo con indígenas no quiero nada”, explica.

Otro tema que se discute está relacionado con el alto mestizaje que se dio en el conflicto armado. Muchas nativas se han desencantado de los indígenas y han tenido hijos de guerrilleros, paramilitares, ingenieros, policías y soldados. “Cuando surgen problemas familiares porque son hijos de gente transitoria, entonces allí sí es importante el indígena. Podría decir que estamos viviendo un derecho de pernada (permiso que se atribuyó al señor feudal para yacer con la esposa del siervo en su noche de bodas), sino hacemos nada. Cuando eso se convierte en un problema de desarraigo y de pérdida de identidad, creo que sí se tiene que discutir. Este es el debate fuerte que tengo con las mujeres porque creen que me estoy metiendo en un tema de intimidad. Yo no discuto la autonomía de la mujer sino lo que eso genera en perspectiva familiar y cultural”, advierte Juvenal.

La voz de la antropóloga indígena

Pero hay una voz que se escucha muy alta en los pueblos indígenas y es la de la antropóloga Dayana Domicó, quien ante la falta de oportunidades en su resguardo, ubicado en Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, se fue en 2012 a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia. Hoy está a cargo de la coordinación de Jóvenes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y trabaja en conjunto con la Consejería de Mujer, Familia y Generación.

“Lo importante no es resaltar que seamos antropólogas o abogadas, sino destacar el conocimiento. Debemos tener claro si hablamos del ámbito académico o el formativo desde las comunidades. Si nos referimos a este último podemos decir que ellas no brindan títulos académicos, pero dan otro tipo de conocimientos que la academia nunca va a otorgar”, explica.

La antropóloga propone que antes de sacar a las mujeres de los resguardos para que se capaciten, primero se les consulte quiénes quieren salir porque para los indígenas existe otro tipo de formación. “Cuando estaba pequeña mi abuela me contaba historias, es decir, me formó sin ella tener un título. Esta es la formación que las mujeres tienen en Jaidukamá y eso hace que los pueblos indígenas pervivan en el tiempo”, explica Dayana.

Para que ellos accedan a la academia hay que sacarlos del territorio y llevarlos a un lugar para que estudien sociales, matemáticas y medicina, que en los pueblos indígenas tenemos en forma tradicional. “Hay indígenas que dicen que la gente sale a estudiar y regresa al resguardo más bruta. A la hora de la verdad, en vez de ser ganancia, se vuelve pérdida de una identidad cultural o de desarraigo para el pueblo. Por eso el tema de identidad cultural está tan débil en los territorios, pero para eso están las mujeres que son las replicadoras del conocimiento”, sostiene la antropóloga.

Considera que no hay que sacar a las mujeres de su territorio para fortalecerlas. Lo ideal es que ellas lo hagan desde sus resguardos. Propone que el Estado, la academia o las instituciones lleguen al resguardo para aprender otros temas. “¿Quiénes son los que nos van a fortalecer y cuáles son las garantías que tenemos para salir del territorio? Pero que no pase lo que ocurre en estos días que llegan personas del Ministerio del Interior y de la Consejería Presidencial para la Mujer a empoderar a las mujeres, y resulta que terminan empoderándolas muy mal, armando una guerra en el resguardo y en sus familias”, manifiesta Dayana.

Para la líder, el tema educativo es un problema de abandono estatal y considera que a estas alturas la nación embera, ya debería tener universidades en sus territorios, por lo menos, colegios de bachillerato. “En Antioquia los indígenas tienen posibilidad de entrar a las universidades públicas, pero en mi región es difícil que ingresemos a la Universidad de Córdoba. Las políticas que tiene la academia no están pensadas para los pueblos indígenas”, sostiene.

La rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina coincide con Dayana, cuando habla de la desatención del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno Departamental. “La administración de Fajardo propuso la creación de unas cartillas en embera para las comunidades en Antioquia, pero quienes tuvieron acceso a ellas fueron los indígenas de Cristianía, que son muy partícipes en la vida política, pero a la de Jaidukamá, nunca llegaron. Esa producción iba ayudar a que los pueblos se empezaran a apropiar del lenguaje y aquí en la institución podíamos tenerla como una asignatura optativa”, explica la rectora.

Aunque es una buena iniciativa pensar en impartir la enseñanza de la lengua embera en los colegios estatales, Dayana considera que se debe tener restricciones porque podría ser un mecanismo de aprovechamiento para favorecer a los no étnicos y se excluirían más a los pueblos indígenas.

Contrario a lo que se piensa, para la joven antropóloga, no es malo que ellas no aprendan el español porque se trata de un asunto de resistencia. “Yo aprendí a hablarlo a los 12 años y fue porque me tocó estudiar en el pueblo, pero las mujeres son las que menos lo aprenden porque están todo el tiempo en sus casas”, asegura Dayana.

Términos no existen en el glosario indígena

En la lengua embera hay palabras que no tienen traducción y el mundo de occidente les impone términos a los indígenas que no se traducen literalmente sino que se deben desglosar. Para Dayana esto es ponerles más patas a la mesa. Por ejemplo, el término género no existe en la lengua embera. Es una palabra que les toca implementar para entrar en el tema de inclusión y enfoque. “No sabría si es bueno o malo. En nuestro glosario tenemos las palabras hombre (humakira) y mujer (wēra) que en las leyes de origen, se unen y se complementan. Las nuevas masculinidades tampoco existen”, agrega.

Para que las mujeres indígenas de Jaidukamá dejen de vivir de espaldas a ellas mismas y sigan al frente de sus comunidades, tienen que despertar para emprender el reto de empoderarse en perspectiva de género, con el fin de salir de la enajenación, enfrentar la opresión, mejorar sus condiciones de vida, ocuparse de sí mismas y convertirse en protagonistas de sus vidas, tal como lo proponen los investigadores Benhabid y Cornet, y tal como lo vienen haciendo Dayana, Marlene, Ana Teresa y Yuliana, quienes desde sus espacios continúan la lucha como lideresas de sus pueblos, aplicando sus conocimientos ancestrales sin dejar de aprovechar los beneficios que les puede ofrecer el mundo occidental, y todo por defender los derechos de la wēra.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación se pubicó originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.
Domingo, 02 Octubre 2016

En medio de la incertidumbre, La Cominera dice sí

Por Pablo Medina Uribe

El asesinato de la líder indígena Cecilia Coicué en la vereda La Cominera, un pequeño poblado que como pocos ha vivido la intensidad del conflicto armado con las Farc en el Cauca, recordó a sus habitantes esa época de violencia que quieren enterrar junto con la última víctima de su comunidad. Por eso anuncian su respaldo a la paz.

El pasado 8 de septiembre, en la vereda La Cominera, en lo alto del municipio de Corinto, Cauca, apareció el cuerpo sin vida de Cecilia Coicué a unos 100 metros de su casa. Coicué, quien fue hallada bajando por la loma detrás de su humilde casa campesina, fue asesinada el día anterior. Salió de su casa a revisar por qué no llegaba agua. Según cuentan sus vecinos, en su cuerpo se contaban 22 puñaladas y en su garganta, una herida mostraba el intento por degollarla que no fue concluido.

El asesinato de Coicué trajo a la remota comunidad de La Cominera a un grupo especial de la Policía Judicial, al comandante de la Policía del Cauca, Édgar Rodríguez y a varios funcionarios de inteligencia de la Fuerza de Tarea Apolo de la Tercera División del Ejército. Tal despliegue de las autoridades tenía una razón particular. Este fue un crimen de interés nacional: Coicué era la dueña de El Vergel, la finca que el gobierno pensaba arrendar para ubicar uno de los siete campamentos (también llamados “puntos”) que, junto a 20 zonas veredales, albergarán a los miembros de las Farc durante seis meses, para facilitar su desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil.

La confusión

En La Cominera nadie sabe, o por lo menos nadie quiere decir, qué sucedió con Coicué. Por ahora la Fiscalía investiga si su muerte tuvo que ver con el proceso de paz, pero en la cabecera municipal de Corinto los habitantes tienen muchas teorías.

Coicué era una mujer comprometida con el cambio social en su región, prueba de ello su membresía dentro de varias organizaciones como la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas del municipio de Corinto (Astrazonac), de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT), del Proceso de Unidad Popular del suroccidente colombiano (Pupsoc) y de la Marcha Patriótica en el Cauca.

Por eso las teorías sobre su brutal asesinato son un abanico que va desde un crimen pasional hasta la venganza política.

En cualquier caso, la principal consecuencia es que los habitantes de La Cominera ya no saben qué les depara el futuro cercano. Desde el cabildo Nasa de Corinto les enviaron un informe sobre lo que significará el acuerdo de paz para ellos, pidiéndoles que votaran por el “Sí” en el plebiscito y advirtiéndoles que se prepararan para “resistir” todo lo que se pudiera venir con el asentamiento de un campamento de las Farc en su zona.

Pero desde el mismo cabildo les llegó el rumor de que, por el asesinato de Coicué, el gobierno estaba pensando cambiar el punto al vecino municipio de Miranda.

La Oficina del Alto Comisionado para La Paz le dijo a Colombiacheck que esa opción no estaba contemplada y que parecía imposible de realizarse. Las zonas y campamentos no pueden estar en resguardos indígenas y el lote en La Cominera fue escogido justamente por tener el espacio suficiente para albergar un campamento sin tener que usar tierras de un resguardo, algo que es casi imposible de encontrar entre los territorios indígenas de Miranda.

Pese a ello, ni en la vereda ni en el municipio hay certezas sobre qué exactamente es lo que pasará. Iván Márquez, el jefe negociador de las Farc, dijo la semana pasada en la X Conferencia de esa guerrilla que no se desmovilizarían hasta que no esté lista la Ley de Amnistía. El “Día D”, es decir, el día desde el que comienzan a contar los 180 días que tendrán los guerrilleros para entregar las armas, comenzó a correr desde el lunes con la firma final del acuerdo en La Habana. Pero hasta ahora no se han reportado movimientos de guerrilleros hacia esta zona.

Así que por ahora sólo hay incertidumbre en La Cominera, una comunidad de campesinos y de indígenas que ha vivido algunos de los peores horrores del conflicto con las Farc y que, tras el respiro que brindaron los diálogos en La Habana y el cese al fuego, está alerta y desconfiada por lo que pueda venir ahora.

El conflicto en el norte del Cauca

El punto de La Cominera no está aislado y no fue elegido aleatoriamente. Además del campamento que está planeado en esta vereda de Corinto, el norte del Cauca tendrá dos zonas de concentración más, donde se desmovilizarán las Farc. Uno en Buenos Aires, municipio en la frontera con el Valle del Cauca, y otro en Caldono, hogar de seis resguardos indígenas.

Toda esta zona ha sufrido los embates de las Farc, en particular del Frente Sexto comandado por el “Sargento Pascuas”, durante muchos años. Este es un veterano miembro de esa agrupación subversiva que fue quien acompañó al legendario fundador, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, cuando se tuvo que desplazar de Marquetalia al Cauca, exactamente a Jambaló.

Los habitantes de esta región disfrutaron el cese del fuego acordado en La Habana, unilateral primero y definitivo, después, aunque varios ataques recientes les han hecho recordar cómo es de duro y cruel el conflicto que han vivido por años carne propia.

Por ejemplo, en septiembre de 2014, el Frente Sexto de las Farc emboscó la caravana de un sepelio para poder atacar un puesto de control militar en Corinto. En abril de 2015 las Farc asesinaron a once soldados en la vereda La Esperanza en el municipio de Buenos Aires, enviando las conversaciones en Cuba a una de sus más duras crisis. En julio de ese mismo año, el Frente Sexto explotó varias bombas y disparó ráfagas de fusil para hostigar al Ejército en Corinto. Y en febrero de este año un campesino de La Cominera fue herido al golpear accidentalmente un artefacto explosivo abandonado por el Ejército mientras trabajaba en su finca.

Esta es una zona de conflicto, pero también de resistencia y de reconciliación. En 1984 el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) inició lo que llamó la “liberación de la madre tierra”, un proceso de ocupación y lucha política con el que logró la tenencia de 40.000 hectáreas de tierras que aún hoy están en poder de los indígenas, la mayoría de ellas en el cabildo de López Adentro entre Corinto y Caloto.

En 1990, parte de la guerrilla del M-19 entregó las armas en el caserío Santo Domingo en el municipio de Tacueyó, también en el norte del Cauca. Y en 1991 la guerrilla indígena del Quintín Lame, conformada por jóvenes indígenas y que según versiones de los ‘mayores’, “nació como respuesta a la represión de la Fuerza Pública frente a la recuperación de sus tierras”, entregó sus armas en Pueblo Nuevo, uno de los resguardos indígenas de Caldono.

Por un futuro diferente

Quizás es por esta cercanía con lo peor del conflicto con las Farc que en la zona se siente un gran apoyo al “Sí” en el plebiscito. Las calles de las cabeceras municipales de Caloto y Corinto están decoradas en casi cada esquina con banderas y pendones promocionando la refrendación del acuerdo final y adornadas con el escudo de cada municipio.

La mayoría de habitantes también dicen apoyar el “Sí”, pero algunos tienen reservas.

La orden desde el Cric es salir a votar masivamente por el “Sí”, una indígena de la zona, que prefirió no ser nombrada para evitar problemas con el cabildo, le dijo a Colombiacheck que el suyo es un “Sí” reacio. Desde febrero de 2015 Nasa Acin (la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, parte del Cric) está liderando un nuevo proceso de liberación de la madre tierra en esta zona del país.

Su preocupación, además de los cruentos enfrentamientos con el Esmad que han venido ocurriendo desde entonces, es que las tierras que se les prometen a los indígenas en los acuerdos de paz terminen siendo explotadas por compañías multinacionales y no en manos de los indígenas, como ha ocurrido ya con otras promesas del gobierno.

Subiendo hasta La Cominera se puede entender mejor por qué esta les parece una posibilidad tan real.

El camino a La Cominera

La carretera hasta La Cominera es una trocha que pasa por encima de riachuelos y que en momentos bordea un precipicio de más de 500 metros de altura. Quienes la recorren están separados del vacío por nada más que una cerca de madera y alambre de púas. Viejos jeeps y chivas de hace tres o cuatro décadas comparten los inexistentes carriles con las motos de los habitantes que bajan y suben del pueblo.

Desde este camino se divisa el hermoso valle que da el nombre al vecino departamento y que también ocupa parte del norte del Cauca: una planicie que parece interminable y que casi en su totalidad está plantada de cañaduzales. A lo lejos se ven las varias humaredas de las enormes quemas de caña que los ingenios usan para acelerar los procesos industriales del azúcar y de otros productos que vienen de la caña de azúcar.

La caña se ha tomado el norte del Cauca y a ambos lados desde la carretera entre Cali y Santander de Quilichao y entre Santander y Corinto, pasando por Caloto, se puede ver un mar verde, son kilómetros y kilómetros de este monocultivo. Incluso muchos de los indígenas con tierras en López Adentro cultivan caña de azúcar.

Pero en el alto de La Cominera el paisaje cambia radicalmente. Allí se pueden ver plantas de mora, lulo y café, rodeadas de cultivos de marihuana y coca de muchos lugareños que han decidido arriesgarse para poder tener mejores ingresos. Los cultivos ilegales están, además, adornados por luces eléctricas que ayudan al crecimiento las plantas de noche.

La casa de Coicué queda en el centro de la vereda, en una pequeña colina entre dos montañas, o “filos” como les llaman aquí. Antes de llegar a ella hay una cancha de fútbol, donde el Ejército estuvo estacionado hasta la semana pasada. Según Ferney y Hernán, dos indígenas de la zona que viven de cultivar café, cuando el Ejército baja hasta el pequeño pueblo no pueden trabajar. Los helicópteros no los dejan dormir y tienen miedo de salir de noche, pues saben que es probable que comience algún enfrentamiento con la guerrilla.

Antes del cese al fuego bilateral la guerrilla rutinariamente disparaba hacia el Batallón de Infantería No. 8 que está instalado en uno de los filos de la vereda. Muchas veces las balas perdidas entre ambos bandos terminaban impactando a habitantes de la zona. Uno de ellos, John, perdió el uso de su mano izquierda por una de esas balas. Aún hoy, ya un adulto, corre a esconderse apenas escucha uno de los helicópteros de la fuerza pública que han estado rondando la zona desde que se anunció que aquí estaría ubicado uno de los campamentos de las Farc.

Aunque las cosas han mejorado, todavía hay mucha preocupación sobre lo que pueda venir. Durante los enfrentamientos, que se recrudecieron desde el gobierno de Uribe y siguieron hasta hace tres años, tanto el Ejército como las Farc ocupaban las fincas y las casas de los habitantes por varias semanas y, además de ponerlos en medio de las balas, los dejaban sin poder trabajar.

Por el miedo de que algo así se repita, los indígenas del sector, que son unas 80 familias en La Cominera (o alrededor de la mitad de la vereda) decidieron poner un puesto de control a la entrada desde el lunes pasado. Allí, los hombres del cabildo toman turnos para vigilar quién entra y sale y operar una talanquera pintada con el verde y rojo de la Guardia Indígena

Aun así, hay un halo de esperanza. A la entrada de la vereda un aviso desteñido que anuncia la presencia de las “Farc-EP”, poco después se ve una gran bandera blanca con la leyenda “PAZ” que saluda a los visitantes. Es en este último en que se quiere concentrar Ferney.

Aunque dijo que, hasta la semana pasada, cuando les llegó el informe del cabildo sobre el plebiscito, ellos no sabían “con qué se comía eso”, ahora está convencido de votar por el sí: “Todo el que ha vivido la guerra va a votar Sí, todos queremos acabar esto, aquí nadie quiere revivir el horror por el que pasamos, sólo los ricos van a votar no".

Hernán, sin embargo, es más cauteloso. “No sabemos qué vaya a pasar con nosotros, ni qué vaya a pasar aquí si viene la guerrilla, no sabemos ni siquiera si viene la guerrilla. Lo único que podemos hacer por ahora es esperar al lunes y ahí ya sabremos qué vendrá”.

* Esta investigación fue realizada por el periodista Pablo Medina y hace parte de la iniciativa Claves de los acuerdos y el plebiscito por la paz, apoyada por la Cooperación alemana y la DW Akademie.