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Jueves, 20 Septiembre 2018

¿Qué son las Águilas Negras?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En Colombiacheck hablamos con especialistas que han investigado el tema y revisamos registros en prensa para tratar de resolver algunas de las preguntas alrededor de este fantasma.

En días recientes han aparecido más panfletos amenazantes con el nombre de las Águilas Negras. Por esa razón, han vuelto a rondar preguntas su alrededor: ¿quiénes son?, ¿realmente existen?, ¿están organizadas?

Aquí están algunas de esas preguntas con sus respuestas. No obstante, al igual que en artículos anteriores, la idea es que a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué son las Águilas Negras?

Tal vez esta es la pregunta más difícil. Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), “las investigaciones no dan un campamento, unos mandos determinados, ni estructuras permanentes”, así que no se puede decir que las Águilas Negras existan, por lo menos no como estructura criminal. “Lo que existe es una marca que es utilizada por diferentes agentes para amenazar, no ser identificados y amedrentar pobladores”, dice Ávila.

Según Carlos Guevara, de la Organización Somos Colombia, las Águilas Negras “son una franquicia criminal” que está al servicio de quien quiera utilizarla.

¿Son una organización criminal?

Un informe del Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO), publicado recientemente por Colombia2020, sostiene que, en el caso de las “Águilas Negras”, no es posible hablar de una organización estructurada, o de un Grupo Armado Organizado (GAO), porque “las características de los panfletos [amenazantes que envían a sus víctimas] y la organización de los documentos” no siguen un mismo patrón. De hecho, muchas veces los logos de los panfletos no son iguales, o están mal copiados, y el lenguaje de los mensajes varía. Todo esto “permite ver una ausencia ideológica en comparación con organizaciones criminalmente estructuradas”.

¿Cuándo aparecieron?

Tampoco parece haber un consenso sobre el momento exacto en el que aparece el nombre “Águilas Negras” asociado a actividades criminales. Sin embargo, los investigadores que consultamos coincidieron en que el nombre comenzó a aparecer alrededor de las mismas fechas en las que ocurrió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es decir entre noviembre de 2003 y agosto de 2006. Registros de prensa, tanto de la época como más contemporáneos (de El Tiempo, Semana y la BBC) también coinciden en esas fechas.

Según el informe de inteligencia del CI3-CO, reseñado por Colombia 2020, el primer panfleto de las ‘Águilas Negras’ que se conoció en el país, y que lleva la imagen característica del grupo, fue el que circuló en el departamento del Magdalena en 2006.


Panfleto de las Águilas Negras
 

Según explica Guevara, en ese entonces había varios grupos con el nombre de “Águilas” de diferentes colores (rojas, doradas y negras) repartidas en distintas partes del país. De acuerdo a un artículo publicado por Semana en 2007, estos grupos estaban compuestos por miembros de las AUC que no quisieron hacer parte de la desmovilización, desmovilizados que volvieron a delinquir y personas que no estuvieron relacionadas con los paramilitares que ingresaron a la delincuencia. Eventualmente, las personas de estos grupos “se concentraron bajo la denominación de ‘Águilas Negras’”, según dice Guevara.

Sin embargo, según le dijo la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) a la BBC en 2017, todas las “Águilas” “desaparecieron entre [2006] y 2009, porque fueron desarticuladas o fueron absorbidas por otras organizaciones criminales”.

Hoy, quienes usan el nombre de “Águilas Negras” son simplemente mercenarios. “Son una herencia de toda la degradación de nuestro conflicto. Son residuos de gente especializada en ese tipo de violencia”, dice Ávila.

¿Cuál es su propósito y objetivo?

Al no ser una estructura organizada, no tienen un objetivo específico. “Tienen distintos, porque son como una especie de fantasma que infunde miedo para ganar un pulso particular o para gobernar en los territorios”, según explica el artículo de Colombia2020.

¿En qué casos es usada la ‘marca’ Águilas Negras?

Según lo hallado por el subdirector de Pares, algunos grupos criminales, como el Clan del Golfo, “se ponen el nombre de ‘Águilas Negras’ para no ser identificados” al realizar actividades delictivas. “Esto fue lo que pasó en Norte de Santander en la guerra entre Rastrojos y Urabeños o Clan del Golfo”.

También sucede que algunos sectores de la fuerza pública utilizan la marca en algunas regiones para “para amedrentar comunidades, individuos y grupos de jóvenes con comportamientos violentos”, según Pares, o impulsar una intención política específica. Según el subdirector de la fundación “tal vez Caquetá hace algunos años es el mejor ejemplo”.

Asimismo, el nombre “‘Águilas Negras’ es utilizado por particulares, mediante panfletos, para infundir miedo a diferentes comunidades”, como dice Ávila en su artículo.

Y, como lo contaron Eduardo Álvarez Vanegas* y Andrés Cajiao Vélez de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), en Razón Pública en 2017, personas que buscan mantener esquemas de protección por parte del Estado, se envían autoamenazas a nombre de las “Águilas Negras” para conservar los beneficios.

¿Dónde operan?

El informe de inteligencia del CI3-CO encontró 282 panfletos distribuidos en todo el territorio nacional desde 2006 hasta 2018. Y como casi cualquiera hace uso del nombre, “uno ve las Águilas Negras en todo el país”, agrega Guevara.

¿Cómo operan?

Las “Águilas Negras” “siempre [operan] bajo amenazas manifiestas en panfletos”, según dice el director de la Organización Somos Defensores. “No se les ha conocido incursión armada, atentado verificable”. Según Guevara, no aparecen en ninguna cuenta oficial, pues “no existen para el Estado”.

Según los registros de Somos Defensores, las “Águilas Negras” aparecen como los responsables de hasta el 60% de las amenazas que se han presentado en los últimos ocho años en el país.

Por su parte, los investigadores de la FIP identificaron al menos cuatro tipos de amenazas:

  1. Las que intentan impedir las acciones de líderes y organizaciones, que responden a las agendas que impulsan estos líderes y que buscan detener su trabajo o desplazarlos;
  2. Las de tipo contrainsurgente, en las que se amenaza a supuestos auxiliadores, milicianos y “guerrilleros encubiertos”;
  3. Las que tienen fines extorsivos, hechas por delincuentes comunes que usan el nombre “Águilas Negras” para intimidar y presionar un pago;
  4. Las de limpieza social, que están dirigidas en contra de la población LGBTI, habitantes de calle, consumidores de drogas, prostitutas, o ladrones, entre otros. Se busca amedrentar a estas personas para intentar obligarlas a irse de sus zonas.

¿Cuándo se activan?

En elecciones, cuando hay protestas y exigencias al gobierno. “Particularmente, cuando hay movimiento social”, dice Carlos Guevara.

¿Cuántos miembros tienen?

Como ya fue dicho, al no ser una estructura organizada, no es posible establecerlo.

¿Quiénes son sus objetivos?

Según un artículo de Semana publicado en 2015, “en casi 10 años, los panfletos han estado dirigidos sistemáticamente contra políticos de izquierda, líderes sociales y de restitución de tierras, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas”.

Tres años después siguen los amenazados siguen teniendo los mismos perfiles.

*Eduardo Álvarez Vanegas ya no hace parte de la FIP.

Viernes, 28 Octubre 2016

Estos son los municipios más afectados por el conflicto

Por Miriam Forero

Colombiacheck pone a disposición de su audiencia una herramienta que visualiza los datos de víctimas que se han registrado como tales, en cada uno de los 1.102 municipios del país por cada uno de los doce tipos de delito que maneja el Registro Único de Víctimas.

Las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia desde 1985 superan el número de habitantes de Antioquia e igualan al de Bogotá. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas, el conteo, a septiembre de 2016, llega a 7.936.566 personas afectadas por la violencia guerrillera o paramilitar de los últimos 31 años.

Si se suman las víctimas de la delincuencia organizada -es decir, las llamadas Bacrim o Grupos Armados Organizados (GAO), que no se consideran parte del conflicto, pero que también generan mucha victimización con sus acciones-, la cifra llega a 8.2 millones.

En su segunda entrega de datos abiertos, Colombiacheck depuró, organizó y analizó la información del Registro Único de Víctimas, para elaborar un mapa* en el que los usuarios pueden ver cuántas víctimas produjo cada suceso -secuestros, desplazamientos, homicidios, desapariciones, agresiones sexuales, etc.- en cada municipio del país, entre 1985 y 2016.

De este modo, los datos muestran que los municipios con más personas afectadas por cada tipo de acción dentro del conflicto están en Córdoba, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca, Arauca y Nariño. El siguiente gráfico muestra los rankings de los cinco municipios con mayor número de personas afectadas, según cada delito:

 

 

De 12 delitos que reconoce la ley como formas de victimización, Medellín (Antioquia) se encuentra en nueve escalafones. Policarpa (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca) aparecen en cuatro de esos rankings de hechos victimizantes.

En el ámbito nacional, el desplazamiento es el delito que más hogares ha tocado, con casi siete millones de desarraigados. Le siguen el homicidio, que ha generado 267.633 fallecidos por el conflicto, más 713.846 familiares enlutados; y la amenaza, por la cual se han registrado 321.505 víctimas.

Los datos muestran un repunte en el año 2000, en plena negociación del gobierno de Andrés Pastrana con las Farc, en lo que se llamó “zona de distensión” en San Vicente del Caguán. El número de víctimas por hechos ocurridos ese año llegó a 613.000, cifra que duplicó la del año anterior. Los afectados continuaron aumentando hasta el pico máximo, que se dio en 2002, cuando los flagelados por el conflicto fueron 834.000. Sólo hasta 2009 empezó un descenso, con promedios de 200.000 afectados por el conflicto cada año y en 2015 los registrados bajaron hasta las 150.000 víctimas.

Por el contrario, las víctimas de bandas criminales han ido aumentando considerablemente desde 2010, momento en el que llegaron a ser 35.000, y en esa cifra se mantuvo el reporte del año pasado.

Para ver el detalle de cada municipio, los invitamos a navegar el siguiente mapa:

Nota: el mapa incluye tanto a víctimas del conflicto armado como a las de Bacrim. Por razones técnicas, las víctimas de sucesos ocurridos antes de 1985 quedaron registradas con fecha 1984.

¿Cómo se construye la base de datos?

El registro que maneja la Unidad para las Víctimas, con el fin de reunir la información de quienes han sido víctimas del conflicto y de las bandas criminales, surgió en 2012 con la Ley 1448 del año anterior, la misma por la que se creó la Unidad.

El primer insumo fue el Sipod, el Sistema de Información de Población Desplazada, que hasta aquel momento manejaba Acción Social y que se alimentaba por un mecanismo menos completo que el actual. Hoy en día, la ley incluye 12 tipos de delito por los que las víctimas del conflicto pueden solicitar atención y reparación.

Para esto, deben dirigirse al ministerio público de su zona -personerías y defensorías del pueblo- donde hay funcionarios capacitados por la Unidad para las Víctimas para tomar las declaraciones de los afectados y diligenciar los formularios correspondientes, sea en formato físico o digital.

Luego empieza un proceso de validación de la información que según le explicaron a Colombiacheck, Nelly Moreno y Juan Carlos Ricaurte de la oficina de planeación de la Unidad de Víctimas, involucra alrededor de 33 cruces con más de 400 bases de datos de distinta índole para confirmar aspectos como número de identificación, nombre, ubicación, fechas, tipo de eventos declarados, etc.

Según el resultado de esta verificación la persona puede ser incluida o no en el Registro de Víctimas y debe ser informada máximo 60 días después de su solicitud. Pero, de acuerdo con lo que narra Moreno, hay casos en los que las defensorías prefieren acumular varias solicitudes para después hacerlas llegar a la Unidad; esto hace que el proceso de verificación empiece tarde y por ende se retrase la respuesta.

De hecho, una de esas resoluciones negativas casi lleva a la cárcel a la anterior directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, por una tutela que interpuso la persona que se declaró víctima de desplazamiento.

Existe, además, una depuración de los datos agrupados, en la que se diferencian las personas que pueden recibir atención y reparación -en la actualidad, 6.277.107 por el conflicto y 224.108 por las Bacrim-, de las que no porque están desaparecidas, fallecieron o han sido imposibles de localizar por inconsistencias en la información reportada.

En el sitio web del Registro Único de Víctimas se puede consultar la información consolidada, que se actualiza cada mes. Estos datos son la base del trabajo que realizan las 51 entidades -32 de ellas públicas- que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas, donde éstas reciben atención inmediata, prevención, asistencia humanitaria y reparación.

“Colombia tiene el programa de reparación con más alto puntaje en el mundo porque reconoce un mayor número de daños, los criterios de selección de las víctimas son muy amplios, las formas de reparación son variadas e identifica diferentes beneficios de acuerdo al tipo de víctima”, reportó Semana, según lo que halló en un informe de la Universidad de Harvard que evaluó el programa. La auditoría encontró también retos enormes en términos de los esfuerzos que tendrá que hacer el país para lograr atender y reparar a todas las víctimas que pretende cobijar.

Descargue aquí las cifras actualizadas de víctimas del conflicto.


*Procesamiento de datos y mapa: Esteban Ponce de León