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Miércoles, 25 Abril 2018

Ser pilo no paga para la educación pública

Por Carlos González

La polémica desatada por la intención de la mayoría de los candidatos de acabar con uno de los programas estrella del gobierno Santos, deja al descubierto que las grandes favorecidas son las universidades privadas.

En las dos últimas semanas y en diferentes escenarios, ha sorprendido a los colombianos que la mayoría de candidatos a la presidencia, con excepción de Iván Duque del Centro Democrático, hayan propuesto acabar o transformar el programa Ser Pilo Paga, por ineficiente y excluyente y que, además, le quita recursos a las universidades públicas, para dárselos a las instituciones privadas, que han sido las más beneficiadas con el programa.

Este ha sido uno de los programas insignia del gobierno de Juan Manuel Santos y todos los candidatos le reconocen que gracias a esta iniciativa muchos jóvenes sin recursos económicos han podido acceder a las mejores universidades privadas del país. Sin embargo, hay varios reparos.

El primero que lanzó la propuesta de acabarlo fue Sergio Fajardo, quien aseguró que el programa solo beneficia al 2% del total de bachilleres graduados. Al poco tiempo, Petro, de La Calle y Vargas Lleras se sumaron a la idea de terminar el programa por inequitativo.

El exgobernador de Antioquia aclaró que de ser elegido, quienes están en el programa terminarán sus estudios siguiendo las reglas que ya están definidas. “Pero le vamos a apostar a un nuevo programa de reconocimiento de talentos que arranque con estudiante, maestra, colegio, municipio, gobierno departamental y voy a convocar al sector privado a que generemos un gran fondo para apoyar a toda esa cantidad de pilos que hay en Colombia”, dijo en una entrevista con Semana.

La propuesta de Fajardo incluye aumentar en un 10% los recursos anuales del Gobierno Nacional para la educación y sumarle cada peso que se le quite a la corrupción, lo cual podría llegar a ser cerca de $9 billones. Se suma, reemplazar Ser Pilo Paga por una política que premie a los jóvenes que se destaquen por su talento con becas y subsidios de sostenimiento y transporte. Estudiarían en la universidad que escojan, pero bajo el principio de que las universidades que se beneficien tengan corresponsabilidad con el Estado.

Para Fajardo, si se elimina el programa de Santos el Estado deberá aumentar los subsidios para la educación superior de los jóvenes de escasos recursos. Su aspiración es que en cuatro años Colombia llegue al 65% de cobertura en educación superior (hoy rodea el 50%), según información publicada en Portafolio.

Petro, por su parte, promete que implementará un sistema basado en la gratuidad, eliminará el Icetex y condonará las deudas de los estudiantes. Mientras que Vargas le apuntará a fortalecer la educación a temprana edad y destinará los recursos de Ser pilo paga a la población de 0 a 5 años. De La Calle espera impulsar la educación superior con becas, eliminando el programa.

Solo Duque lo mantendría como está, aunque ampliando la gratuidad educativa en cerca de 300.000 cupos para personas de estratos 1 y 2.

Privada vs. Pública

Colombiacheck.com revisó las estadísticas oficiales(presupuesto nacional de la Nación e Icetex) y hasta finales de 2017 más de 40.000 estudiantes con excelentes resultados académicos y escasos recursos se habían beneficiado de Ser Pilo Paga.

Uno de los aspectos que la mayoría de los candidatos rescata de este programa es que ha permitido la integración de los estudiantes. Entre esta población se encuentran jóvenes de más de 900 municipios de todo el país, desplazados, víctimas del conflicto y de minorías étnicas, en los cuales se hace una inversión cercana a los $700.000 millones anualmente, es decir, que cada uno de ellos le cuesta al Estado $17,5 millones.

Sin embargo, las grandes beneficiarias son la universidades privadas. De acuerdo con una columna publicada en la Revista Dinero por Ángel Pérez Martínez, experto en temas educativos, la mayoría de los “pilos”, más del 83%, eligen estudiar en universidades privadas, principalmente, la Javeriana (8%), la Salle (6%) y los Andes (6%); mientras que tan solo el 15,6% se deciden por instituciones públicas, lo cual deja en evidencia que el Estado financia parte de la educación superior privada del país.

Hay que tener en cuenta que para atender a los 800.000 estudiantes que hacen parte de las universidades estatales, el Gobierno destina $3,7 billones al año, lo cual equivale a $4,6 millones por estudiante, sólo un 26% de lo que se lleva un pilo.

Si se destinaran esos $700.000 millones para la educación superior pública de Ser Pilo Paga, se podrían atender, con ese presupuesto de $4,6 millones, a más de 180.000 estudiantes.

Lunes, 02 Abril 2018

Duque le hereda a Uribe su pelea con las cortes

Por José Felipe Sarmiento Abella

La polémica propuesta de acabar con las cuatro cortes para crear una sola es una vieja batalla que tiene el uribismo con la justicia colombiana.

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, tomó partido y apoyó la propuesta del máximo jefe de esa colectividad, el expresidente y senador Álvaro Uribe, de fusionar las cuatro altas cortes que existen en Colombia (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) y crear una sola con salas especializadas.

Esta iniciativa, que implicaría una reforma constitucional, no aparece en el programa del aspirante del CD. Sin embargo, encendió el debate tanto en círculos políticos como en medios de comunicación, ya que un grueso número de exfuncionarios del gobierno de Uribe (2002-2010) y personas cercanas al uribismo han sido procesadas y condenadas por la Corte Suprema, por una variedad de delitos que van desde corrupción hasta parapolítica y homicidio, lo que ha sido calificado por ese partido como una persecución política.

El mismo Uribe tiene investigaciones pendientes en la Corte Suprema. La más reciente, abierta por supuestamente haber manipulado testigos en un proceso de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Además, está el expediente por su presunta responsabilidad en dos masacres ocurridas en Ituango (Antioquia) cuando era gobernador.

También hay una investigación estancada en la Comisión de Acusaciones por las interceptaciones ilegales realizadas en su gobierno contra periodistas, políticos de oposición y la misma Corte Suprema, conocidas como las “chuzadas”. Por este escándalo fueron condenados en este tribunal dos de sus directores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera (quien también fue encontrado culpable de homicidio y paramilitarismo) y su secretario general Bernardo Moreno.

En esa misma corte se dieron otras condenas, por ejemplo, contra su primo Mario Uribe, exsenador parapolítico; su ministro Andrés Felipe Arias, por desviar subsidios del programa Agro Ingreso Seguro; Sabas Pretelt y Diego Palacio, también exministros, y su secretario Alberto Velásquez, por ofrecer dádivas a congresistas para conseguir la aprobación de la reelección presidencial por primera vez (la ‘yidispolítica’). La Constitucional, por su parte, ‘tumbó’ el referendo que le hubiera permitido postularse a un tercer mandato consecutivo.

 

 

 

 

 

Lo que dijo Uribe

A sabiendas de estos antecedentes, Uribe sugirió hace seis meses, en declaraciones a los medios que luego publicó en Twitter, la creación de “una sola corte de magistrados visibles, bien conocidos, (…) con una gran trayectoria”.

 

 

Chequeamos y la propuesta no está entre las que expone el candidato uribista en su página de internet. Lo más cercano que dice el folleto es la unificación de “lineamientos y criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes” -no de las instituciones en sí- para simplificar procesos, generar seguridad jurídica y aumentar la confianza en el sistema judicial.

Según su equipo de campaña, lo que pasa es que ese programa fue elaborado hace más de un año. “No hay un documento completo con sus propuestas actualizadas. Se está construyendo”, explicó su jefe de prensa, Jorge Quintero.

Lo único que hay al respecto en el portal, previo al debate en Estados Unidos, es una columna del congresista en el diario Portafolio del 14 de septiembre de 2017, dos semanas después del tuit de Uribe. Allí concluyó que “una reforma seria a la justicia requiere (…) que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación”.

En el video del trino, el expresidente defendía su iniciativa asegurando que tuvo “dificultades con un sector de la Corte” y que fue él quien presentó denuncias por corrupción “cuando estaba en el Gobierno y esas denuncias son parte de la causa de que haya compañeros en la cárcel”. Esto, en referencia a la cercanía de algunos magistrados con el empresario italiano Giorgio Sale, acusado entonces de tener vínculos con las Auc y la mafia de su país.

 

 

 

 

 

¿Cómo se les ocurre?

La fusión de las Cortes planteada por el Centro Democrático, generó múltiples rechazos por parte de otros candidatos, como el del partido Liberal, Humberto de la Calle, quien tildó de retroceso la iniciativa y un golpe a los derechos de la gente. El candidato dijo que de prosperar esta reforma se pondría bajo amenaza la acción de tutela, uno de los principales logros de la constitución de 1991.

 

 

 

 

A pesar de la avalancha de críticas, Duque defendió la propuesta de unificación de las Cortes, señalando que esta ya había sido propuesta por una comisión de expertos que precisamente fue conformada en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

“No se trata de imponer el criterio de un presidente, sino de abrir un debate. Hay que recordar una cosa: primero, esa es una propuesta que viene desde la Comisión Bonivento; la Corporación Excelencia en la Justicia ha hablado muchas veces de ella y muchos países de América Latina tienen corte única, es más, muchos países del mundo también la tienen”, dijo.

Al revisar el informe final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, que encabezó el exmagistrado José Alejandro Bonivento con otros reconocidos juristas, además de Excelencia en la Justicia, en ninguna parte del documento se recomendaba unificar los tribunales. Por el contrario, lo que planteaba era que las Cortes debían trabajar de forma complementaria para que sus posiciones fueran más uniformes y evitar los “choques de trenes”.

La Comisión sugirió una estructura en la que se mantuvieran tres de las cuatro altas cortes: la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero proponía reemplazar el Superior de la Judicatura por un órgano de gobierno unificado de la rama (lo que se intentó hacer con la fallida Reforma de Equilibrio de Poderes del gobierno Santos, que se cayó casi toda en el examen de constitucionalidad).

La Corporación Excelencia en la Justicia, en su cuenta de Twitter, le ha quitado piso a algunas de las críticas y ha reconocido virtudes de la propuesta. Pero también advirtió que un cambio de este tipo requeriría la convocatoria de una asamblea constituyente y señaló que, por la necesidad de crear salas especializadas por temas, no reduciría el número de magistrados ni su burocracia.

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el modelo?

Transformar el sistema de justicia colombiano a una corte única tiene sus precedentes y dificultades. En una columna publicada en Ámbito Jurídico en 2017, la hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, explicaba los inconvenientes de pasar a un modelo de ese tipo.

La abogada constitucionalista sostenía que había dos sistemas extranjeros de corte única: el estadounidense, que es un tribunal con pocos magistrados, y el venezolano, que cuenta con salas especializadas y es el más parecido a la propuesta que lanzó el candidato del CD.

El estadounidense, según explicaba Botero, está basado en una justicia federal en la que cada estado cuenta con su propio sistema judicial, en el que se resuelven la mayor parte de los casos. Ese es el caso, explicó en otro trino la semana pasada, de la mayoría de países del mundo con corte única.

 

 

En cuanto a los países vecinos, la investigadora Carolina Villadiego Burbano, directora del área de sistema judicial del tanque de pensamiento DeJusticia, en el libro de 2016 ‘La reforma a la justicia en América Latina’, explicó que “las reformas al gobierno judicial en la región usualmente implicaron la adopción de consejos de la judicatura/magistratura encargados de distintas funciones”.

De modo que, aunque no siempre se consideren cortes, en muchos países sí existen entidades como el Consejo Superior o la todavía naciente Comisión de Disciplina de Colombia.

También señala que “las reformas encaminadas a generar un tribunal (constitucional) independiente y diferenciado de los demás sectores judiciales han sido distintas en la región” por el número de magistrados y las funciones que ejercen. Entre 16 países, siete tienen una corte especializada en esta jurisdicción como acá; nueve, no. Pero de estos últimos, cuatro son federados como Estados Unidos: Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Así, la propuesta de Duque, de la que falta conocer más detalles, resulta basada en una recomendación que nunca existió y acomoda otros argumentos para dar el debate en defensa de la idea original de su jefe político, el expresidente Uribe.