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Sábado, 28 Octubre 2017

Casanare: a la sombra de los desaparecidos

Por Carol Sánchez

Durante casi tres décadas, las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, delinquieron en Casanare, Meta, Boyacá e, incluso en zonas cercanas a Bogotá como Soacha y Sumapaz, dejando miles de víctimas y crímenes de lesa humanidad a su paso. Recorra este especial multimedia y entérese de cómo van los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de Casanare.

La historia de la violencia en Casanare parece estar cubierta por el polvo y las cenizas que han dejado años de conflicto armado en la región. Bajo las tierras de estas sabanas hay cientos de historias que reposan en restos de cuerpos sin encontrar: lo que queda de los desaparecidos que, durante años, los familiares de las víctimas han buscado con insistencia.

“Si sigue molestando, aliste 11 cajones más el suyo”, le dijeron a Norida Pinto cuando empezó la búsqueda de Andrés Barrera, uno de sus 12 hijos, desaparecido por ‘Los Buitragueños’ el 16 de abril de 2004 en el puente del Río Cusiana. Trece años atrás, en 1991, el Frente 45 de las Farc se había llevado también a su esposo, Jaime Barrera, sin dejar ningún rastro de su paradero.

Norida murió en 2007 a causa de la pena moral por no poder enterrar ni a Andrés ni a Jaime, según cuenta José Barrera, otro de sus hijos y líder de la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare.

En ese departamento los grupos armados se habían dividido el territorio. “De la mitad hacia el norte había presencia de las guerrillas de las Farc y Eln. La otra mitad, lo que colinda con Boyacá y Arauca, era paramilitar”, afirma Diana Arango, directora de Equitas, organización científica y forense al servicio de la investigación de violación de derechos humanos del país.

En 2004, el año en que se llevaron a Andrés, el departamento vivía uno de los picos más altos de violencia. Según el Registro Único de Víctimas, 9.890 personas fueron afectadas por el conflicto en Casanare durante ese año. El escalamiento de la violencia comenzó en 2002 por una guerra entre dos grupos paramilitares: ‘Los Buitragueños’ y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Se trató de una cruenta guerra por el control del territorio. “Uno no hacía lo que quería sino lo que lo dejaban hacer. Usted iba a la morgue y encontraba hasta seis muertos en un día”, cuenta José.

La historia de esta guerra se remonta a finales de la década de los 70, cuando Héctor Buitrago padre, alias ‘Tripas’, conformó un grupo paramilitar denominado las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). Tiempo después las ACC quedaron a cargo de Héctor Buitrago hijo, alias ‘Martín Llanos’, y Nelson Buitrago, alias ‘Caballo’, por lo que este grupo armado empezó a ser conocido como ‘Los Buitragueños’.

En 1997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño le ofrecieron a ‘Martín Llanos’ dinero a cambio de que su grupo pasara a ser una ‘franquicia’ de las recién creadas AUC, con el objetivo de controlar las rutas de narcotráfico que manejaban ‘Los Buitrageños’. “Eso generó la guerra, porque la posición de las AUC era ‘si no nos vende, se lo quitamos por la fuerza’”, según Carlos Guzmán Daza, alias ‘Salomón’, exintegrante del área política de las Acc. ‘Llanos’ no aceptó la propuesta.

Ante la negativa, los Castaño vendieron el Bloque Centauros al narcotraficante Miguel Arroyave y le ordenaron tomarse el Casanare en 2002. Así inició la guerra por el control de los municipios que ‘Los Buitragueños’ ocupaban: Aguazul, Maní, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza. Según el portal VerdadAbierta.com, entre 2002 y 2004, a causa de los enfrentamientos entre estos dos grupos paramilitares, en Casanare hubo más de 2.000 muertes de combatientes.

 

Para ese entonces había toque de queda en Tauramena, Maní y Aguazul, a las seis de la tarde todo el mundo tenía que estar en su casa, a riesgo de ser declarado objetivo militar por las Acc. Cuentan en esta región que aquellos pueblos eran como pueblos fantasma, que había noches en que de repente se iba la luz y luego se empezaban a escuchar disparos. Era la señal de que encontrarían un muerto.

“Unos paramilitares tenían una casa al lado de nosotros y prácticamente no podíamos dormir por la zozobra. Carros llegaban por las noches, yo digo que con gente que llevaban para matar, porque uno escuchaba los gritos. Al otro día uno pasaba y encontraba la sangre ahí en la calle”, recuerda Luz Mireya, desplazada por las Farc de la vereda Lagunitas en 1993 y hermana de Joel Caballero, desaparecido por las Acc, en Tauramena, 10 años más tarde. En la zona de influencia de ‘Los Buitragueños’ la mayoría de las familias tiene una historia de desaparición forzada por contar.

Ulianov Franco, quien hasta el año pasado fue el director y abogado de Familiares Colombia, ONG que impulsa la búsqueda de desaparecidos, cree que El Banco del Oso, una vereda de Tauramena, podría ser “la fosa común más grande del país”. El abogado presume que allí hay centenares de cuerpos de jóvenes que los paramilitares reclutaban en Soacha y Ciudad Bolívar, desaparecidos de Cundinamarca y Bogotá enterrados en Casanare.

El desmovilizado de las Acc, ‘Salomón’, dice que no sabe de estadísticas, pero que según lo que le han contado sobre esa guerra, en las sabanas de Casanare puede haber más de 3000 muertos. “No eran más que jóvenes reclutados de otras regiones del país”, dice.

Para el 2005, los índices de violencia empezaron a disminuir en Casanare. El Bloque Centauros de las Auc derrotó a las Acc y algunos de sus miembros se acogieron al proceso de desmovilización de Justicia y Paz.

‘Llanos’ y el resto de ‘Los Buitragueños’ que sobrevivieron no quisieron desmovilizarse. Argumentaron que era “un proceso para narcotraficantes” y que, si no les permitían formar un partido político, seguirían con las armas. En realidad, para ese momento, los pocos que quedaban en esa organización habían escapado hacía varios municipios del Llano y Venezuela, en un intento por controlar las pocas rutas del narcotráfico que les quedaban.

Las consecuencias de que ‘Los Buitrageños’ no se hubiesen acogido a Justicia y Paz se tradujeron en falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Si bien las audiencias de Justicia y Paz no aportaron una verdad completa, para las personas que fueron victimizadas por los bloques que no se desmovilizaron las posibilidades de encontrar a sus familiares han sido mucho más limitadas”, explica Arango.

Luego del desmantelamiento de las Acc, varios de los miembros del grupo paramilitar que fueron capturados y sentenciados por la justicia ordinaria pidieron ser admitidos en Justicia y Paz, sin embargo, sus solicitudes siempre fueron negadas. Los motivos, al día de hoy, no son claros.

En una entrevista concedida al portal VerdadAbierta.com en 2011, Miguel Samper, para la época director de la oficina de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, afirmó que “alias ‘Martín Llanos’ no quiso participar del proceso para una desmovilización colectiva. Ahora, los exparamilitares no pueden supeditarse a Justicia y Paz, porque si realmente quieren ayudar a las víctimas en la justicia ordinaria existen mecanismos de rebaja de pena por colaboración”.

Sin embargo, para el abogado Franco no había ningún motivo para no postular a los miembros de las Acc a Justicia y Paz, y afirma que puede haber “gente poderosa detrás de que no se conozcan ciertas cosas que sucedieron en Casanare y que comprometen a poderes locales”.

Ahora que ‘Martín Llanos’, su padre y hermano están en prisión y existe un nuevo proceso de paz, la intención de los exmiembros de ‘Los Buitragueños’ de ser admitidos en un sistema de justicia transicional volvió a aparecer.

29 exparamilitares de las Acc han pedido, por medio de varias cartas dirigidas a Juan Manuel Santos, ser admitidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Afirman que pueden ser aproximadamente 100 excombatientes los que están dispuestos a aceptar los acuerdos que el Gobierno firmó con las Farc, sin someterse a una nueva negociación. Aún no han obtenido respuesta.

Para ‘Martín Llanos’ hay una evidente ventaja de acogerse a esta nueva jurisdicción, pues fue condenado a 37 años de cárcel, y, en el mejor de los casos, la JEP podría pagar solo 5 años de penas alternativas.

Pero no es el caso de todos, entonces ¿por qué los exparamilitares, si varios ya están a punto de salir de las cárceles, estarían dispuestos a someterse a otro sistema judicial?

Dice alias ‘Salomón’ que el interés radica en que la JEP permite unificar los testimonios y agruparlos en un solo expediente, mientras que en la justicia ordinaria los procesos judiciales de los exparamilitares están dispersos en diferentes fiscalías, lo que dificulta el esclarecimiento de la verdad. Además, cuenta que los exmiembros de los ‘Buitragueños’ buscan obtener los mismos beneficios que las Farc, lo que incluye formar un partido político, en este caso, de derecha.

Franco tiene otro punto de vista. Para el abogado, esta solicitud puede no ser del todo transparente y obedece, más bien, a que los exparamilitares buscan hacer de sus confesiones un negocio rentable. Es decir, cobrar sobornos para no inculpar a empresarios, ganaderos y gobernantes en temas de corrupción.

José está de acuerdo con que exmiembros de ‘Los Buitragueños’ sean aceptados en la JEP. Su voz no tiembla mientras dice: “A mí me hace más favor que ‘Martín Llanos’ me entregue así sea un hueso de mi hermano para enterrarlo, a que el Gobierno Nacional me reconozca 26 millones de pesos que es lo que pagan por una víctima”.

La desaparición forzada es la sombra de Casanare. Según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el departamento 1.024 personas fueron desaparecidas. Sin embargo, esta cifra varía en grandes cantidades con otros centros de análisis de la guerra en Colombia. Para The Human Rights Data Analysis Group, este número asciende a 2.553, más del doble, entre 1986 y 2007. Algunas ONG hablan de más de 6.000 desaparecidos.

¿Qué se sabe sobre el paradero de estas personas? No mucho. Del total de los desaparecidos solo han sido exhumados 318 restos y entregados 115. Es decir que 203 de los cuerpos recuperados no han podido ser identificados o devueltos a las familias.

La búsqueda de la verdad en Casanare no ha sido una tarea sencilla. A falta de confesiones oficiales en la justicia ordinaria, las víctimas han tenido que recurrir a mecanismos propios para conocer la verdad. Esto incluye ir a las cárceles, pedirle al exparamilitar que aclare los hechos y dé coordenadas de las fosas para ir a buscarlas ellos mismos.

En este proceso, están a merced de la voluntad del condenado, de que decida dar o no la información. La situación es más compleja aún, debido al paso del tiempo, es muy posible que el exparamilitar no recuerde los hechos sobre los que se le pregunta, lo que minimiza la posibilidad de determinar el crimen y el paradero del cuerpo.

A Lyda Quevedo las Acc le desaparecieron a su hermano, Yovanny Quevedo, el 25 de noviembre de 1999. Se lo llevaron de su casa, a tres cuadras de la estación de Policía de Aguazul, y nunca lo volvieron a ver. Ella ha tenido que impulsar por sí misma la búsqueda de los restos de su hermano. En 2009 creó la fundación Yovanny Quevedo, para ayudar a familias que, como la suya, han invertido años y recursos tratando de conocer la verdad.

El caso de Lyda da cuenta de cómo la falta de confesiones oficiales ha afectado los procesos de verdad de las víctimas de Casanare. Ella ha tenido que recorrer varias cárceles del país tratando de obtener la pista definitiva que le permita encontrar a su hermano y a tantos otros desaparecidos. Cuando su fundación logra conseguir información suficiente sobre la ubicación de fosas, ellos mismos van con pica y pala a excavar en medio de las inmensas sabanas de Casanare en busca de los que les faltan.

“Nosotros vamos al sitio, buscamos, miramos, marcamos y pasamos un reporte a la Fiscalía. Nosotros lo hacemos por iniciativa propia, por si recibimos la información y eso nos va ayudando”, cuenta Lyda.

Un trabajo similar hace Equitas, que desde 2011 adelanta la búsqueda en los municipios de Recetor y Chámeza. “Nosotros podemos irlos a buscar, pero no los podemos exhumar, desafortunadamente la Fiscalía no acepta cadena de custodia cuando tú intervienes la fosa. Lo que hacemos es marcar el sitio, proteger la fosa y llamar a la Fiscalía para que ellos vengan y exhumen”, detalla Arango. Agrega que la llegada de la Fiscalía a la zona generalmente toma, al menos, un año.

Diana Arango, directora de Equitas

Al drama que viven las víctimas al tener un familiar desaparecido se le suma el estancamiento institucional. De acuerdo con los relatos, las familias no solo han tenido que buscar a sus seres queridos por sus propios medios, sino que además deben esperar, incluso años, a que les sean devueltos para darles sepultura. Casanare no cuenta cuenta con una sede propia de la Fiscalía, las más cercanas están en Villavicencio y Santa Rosa de Viterbo, lo que complejiza mucho más los procesos judiciales.

¿En qué podría ayudar a este proceso un sistema de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz? Para Franco, la justicia ordinaria no ha sido capaz de solventar, en su totalidad, las necesidades de las víctimas en Casanare. Explica que los recursos de la Fiscalía no son suficientes para llegar a las regiones y adelantar los procesos de búsqueda de desaparecidos y que, además, al limitarse a la expedición de penas, no cuenta con mecanismos de reparación, como sí lo hace la transicional.

La esperanza es que, si los exmiembros de las Acc son aceptados en la JEP, Casanare empezará, por fin, a acercarse a un proceso de verdad y reparación.

Según Lyda, el ingreso a la JEP de ‘Llanos’ podría aportar información sobre procesos de ‘parapolítica’, pero sería muy poco lo que sus testimonios servirían a la búsqueda de los desaparecidos o al esclarecimiento de la verdad en crímenes de lesa humanidad.

Hay que recordar que en 2011 seis exalcaldes del departamentos fueron condenados por firmar el llamado ‘Pacto del Casanare’ con ‘Martín Llanos’, documento con el que se comprometían a entregar a las Acc la mitad del presupuesto municipal y el 10% del dinero de los contratos firmados por las alcaldías.

Exparamilitares de este grupo han afirmado que altos gobernantes y políticos del país estuvieron involucrados con ‘Los Buitragueños’. Durante años, han hablado, incluso, de supuestos vínculos entre Germán Vargas Lleras y ‘Martín Llanos’. En julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación al respecto, sin embargo, menos de un año después fue archivada.

Estas acusaciones salieron nuevamente a la luz pública en el debate sobre la corrupción en Colombia citado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia López. En él, Robledo pidió a la Corte reabrir la investigación a Vargas Lleras, argumentando que entre los magistrados que lo absolvieron se encuentran varios vinculados al llamado ‘Cartel de la Toga’.

Si bien aclarar los nexos entre políticos y ‘paras’ resulta fundamental para comprender el conflicto en Casanare, no es el principal motivo de quienes piden la inclusión de ‘Los Buitragueños’ a la JEP. Lo importante, tanto para Lyda como para Luz Mireya y otras víctimas, es que los paramilitares rasos, los que asesinaron, cavaron las fosas y enterraron a los desaparecidos, sean quienes ingresen.

Pero este no es el único camino para encontrar los desaparecidos, para Arango, se debe partir del fortalecimiento de la Fiscalía para agilizar los procesos de búsqueda y verdad. En este sentido, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas deben ser lo primordial en el caso de Casanare.

Sin importar el hecho de que los exmiembros de las Acc sean o no admitidos en la JEP, el Estado debe reconocer que tiene una deuda histórica con Casanare y la labor de limpiar ‘el polvo’ que impide encontrar a los desaparecidos. En el departamento se habla de una complicidad entre los ‘paras’ y la fuerza pública en las desapariciones.

En otros lugares del país se ha demostrado y documentado la participación de la fuerza pública en violaciones de derechos humanos. Tal es el caso de la masacre de Mapiripán, de la cual ‘Martín Llanos’ también aceptó responsabilidad. En el caso de Casanare, la relación entre grupos paramilitares y fuerza pública aún está por esclarecerse. En este punto, las confesiones de los ex ‘Buitragueños’ tendrían un importante rol.

Por ahora, el sentimiento de abandono en el departamento es generalizado. “Parece que Casanare no hiciera parte de Colombia”, dijeron tanto José como Lyda. Las víctimas conviven lado a lado con los victimarios. Pues, al no haberse desmovilizado, muchos de los paramilitares se quedaron en el territorio, lo que ha obligado a una reintegración forzada, sin los procesos debidos.

A Casanare se le ha obligado a reconciliarse con sus victimarios, no ha visto otra salida. Y mientras espera a que, en algún momento, el gobierno reconozca la intensidad del conflicto en su departamento, se aferra a las pocas versiones que tiene y a las llamadas telefónicas que desde la cárcel hacen los paramilitares cuando se acuerdan de alguno de sus crímenes.

“Yo quiero decirles que nosotros nunca vamos a olvidar, porque es que nuestro familiar no cogió una maleta y se fue de la casa. A nuestro familiar nos lo arrebataron de nuestro hogar, de nuestros brazos y se lo llevaron. Por tanto lo que para ustedes son unos huesos mohosos, para nosotros son la ilusión y la esperanza de cientos de años y años y años de esperar. Porque para lo que ustedes es un año con un familiar fallecido, para nosotros son cien años con un familiar desaparecido”, concluye Lyda.

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH

Viernes, 17 Mayo 2019

Explicador: ¿qué es la justicia transicional?

Por Sania Salazar

En Colombia ha habido varios procesos de de justicia transicional, pero ¿qué son y cómo funcionan?

En el Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc para que ese grupo dejara las armas y se reincorporara a la vida civil se diseñó un sistema de justicia transicional ante el cual deben comparecer los actores del conflicto para responder por sus actos, pero también para “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, como se explica en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la entidad encargada de impartir esa justicia en este caso.

La labor de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Este es el más reciente proceso de justicia transicional creado en Colombia.

¿Qué es justicia transicional?

La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión se enfrentan a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada, como explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.

El libro Justicia Transicional en Equilibrio, de la editorial de la Universidad Javeriana, recuerda que según el ICTJ, la justicia transicional busca el reconocimiento de las víctimas y promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. “La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades en proceso de transformación después de un periodo agudo de abusos de los derechos humanos”.

¿Cuáles son los objetivos de la justicia transicional?

La ICTJ recuerda que los objetivos de la justicia transicional varían en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— son constantes.

Entre los objetivos complementarios que destaca la ICTJ figuran los siguientes:

-Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.

-Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos.

-Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.

-Respetar el Estado de derecho.

-Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.

-Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación.

-Fomentar la reconciliación.

¿Qué elementos la componen?

El libro Justicia Transicional en Equilibrio señala las siguientes:

Juicios: según la publicación, representan un esfuerzo por llevar ante la justicia a aquellos que han cometido violaciones de los derechos humanos y constituyen el más emblemático de los mecanismos de justicia transicional.

Comisiones de la verdad: “buscan descubrir la verdad acerca de las violaciones cometidas en el pasado. Algunos consideran que estas verdades son fundamentales para la reconciliación y la recuperación individual y social. Además, las comisiones de la verdad hacen rendir cuentas a los responsables, aunque no en un tribunal de justicia. Al poner al descubierto en público las acciones de los responsables, las comisiones de la verdad reconocen y condenan la violencia del pasado”.

Amnistías: “declaraciones oficiales de parte del Estado según las cuales los individuos o grupos acusados o condenados por cometer violaciones de derechos humanos no serán procesados , o no seguirán siendo procesados , o bien serán indultados por sus delitos y liberados de prisión”.

Reparaciones: “El pago de reparaciones es una forma cada vez más común de justicia transicional. Las reparaciones adoptan formas individuales, colectivas y simbólicas”.

¿De dónde viene la expresión “justicia transicional”?

La acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivas.

¿Por qué en la negociación con las Farc se optó por una justicia transicional y no por el camino de la justicia ordinaria?

“La cárcel no es la única forma de sancionar personas, hay sanciones como las restricciones efectivas de la libertad”, explica Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y miembro del grupo creador del capítulo de justicia transicional del Acuerdo Final con las Farc, quien además aclara que en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, también va a haber cárcel.

“Hay dos vías, la de los que dicen la verdad y la de los que no. Entre otras lo que es verdad va a ser confrontado, con la información que va a haber de la Fiscalía para ver quién está diciendo verdad y quién no. Los que dicen verdad exhaustiva, verificable, van por un canal que no va a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad, son de cinco a ocho años en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero donde no se van a poder mover de ese sitio. Los que no dicen verdad pasan a otra autopista que se divide a su vez en dos, los que terminan diciendo verdad antes del fallo, porque todos van a tener sentencias, esto es un tribunal judicial, entonces esos van a tener sanciones hasta de ocho años, intermedia, y los que no dicen verdad y los vencieron en juicio, van a prisión hasta por 20 años”.

“La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica: no se han adoptado de una sola vez, como un modelo integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de justicia transicional se ha ido, y sigue formándose, a través de una serie de piezas (leyes y políticas) sucesivas a lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en el diseño e implementación de las anteriores”, explica el Ministerio de Justicia.

Según ese ministerio, desde el 2005 se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas  y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas.

Los procesos más recientes son el que está haciéndose con la Farc y la negociación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, proceso que según el Ministerio de Justicia, desmovilizó 31.472 combatientes.