Pasar al contenido principal
Sábado, 28 Octubre 2017

Casanare: a la sombra de los desaparecidos

Por Carol Sánchez

Durante casi tres décadas, las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, delinquieron en Casanare, Meta, Boyacá e, incluso en zonas cercanas a Bogotá como Soacha y Sumapaz, dejando miles de víctimas y crímenes de lesa humanidad a su paso. Recorra este especial multimedia y entérese de cómo van los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de Casanare.

La historia de la violencia en Casanare parece estar cubierta por el polvo y las cenizas que han dejado años de conflicto armado en la región. Bajo las tierras de estas sabanas hay cientos de historias que reposan en restos de cuerpos sin encontrar: lo que queda de los desaparecidos que, durante años, los familiares de las víctimas han buscado con insistencia.

“Si sigue molestando, aliste 11 cajones más el suyo”, le dijeron a Norida Pinto cuando empezó la búsqueda de Andrés Barrera, uno de sus 12 hijos, desaparecido por ‘Los Buitragueños’ el 16 de abril de 2004 en el puente del Río Cusiana. Trece años atrás, en 1991, el Frente 45 de las Farc se había llevado también a su esposo, Jaime Barrera, sin dejar ningún rastro de su paradero.

Norida murió en 2007 a causa de la pena moral por no poder enterrar ni a Andrés ni a Jaime, según cuenta José Barrera, otro de sus hijos y líder de la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare.

En ese departamento los grupos armados se habían dividido el territorio. “De la mitad hacia el norte había presencia de las guerrillas de las Farc y Eln. La otra mitad, lo que colinda con Boyacá y Arauca, era paramilitar”, afirma Diana Arango, directora de Equitas, organización científica y forense al servicio de la investigación de violación de derechos humanos del país.

En 2004, el año en que se llevaron a Andrés, el departamento vivía uno de los picos más altos de violencia. Según el Registro Único de Víctimas, 9.890 personas fueron afectadas por el conflicto en Casanare durante ese año. El escalamiento de la violencia comenzó en 2002 por una guerra entre dos grupos paramilitares: ‘Los Buitragueños’ y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Se trató de una cruenta guerra por el control del territorio. “Uno no hacía lo que quería sino lo que lo dejaban hacer. Usted iba a la morgue y encontraba hasta seis muertos en un día”, cuenta José.

La historia de esta guerra se remonta a finales de la década de los 70, cuando Héctor Buitrago padre, alias ‘Tripas’, conformó un grupo paramilitar denominado las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). Tiempo después las ACC quedaron a cargo de Héctor Buitrago hijo, alias ‘Martín Llanos’, y Nelson Buitrago, alias ‘Caballo’, por lo que este grupo armado empezó a ser conocido como ‘Los Buitragueños’.

En 1997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño le ofrecieron a ‘Martín Llanos’ dinero a cambio de que su grupo pasara a ser una ‘franquicia’ de las recién creadas AUC, con el objetivo de controlar las rutas de narcotráfico que manejaban ‘Los Buitrageños’. “Eso generó la guerra, porque la posición de las AUC era ‘si no nos vende, se lo quitamos por la fuerza’”, según Carlos Guzmán Daza, alias ‘Salomón’, exintegrante del área política de las Acc. ‘Llanos’ no aceptó la propuesta.

Ante la negativa, los Castaño vendieron el Bloque Centauros al narcotraficante Miguel Arroyave y le ordenaron tomarse el Casanare en 2002. Así inició la guerra por el control de los municipios que ‘Los Buitragueños’ ocupaban: Aguazul, Maní, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza. Según el portal VerdadAbierta.com, entre 2002 y 2004, a causa de los enfrentamientos entre estos dos grupos paramilitares, en Casanare hubo más de 2.000 muertes de combatientes.

 

Para ese entonces había toque de queda en Tauramena, Maní y Aguazul, a las seis de la tarde todo el mundo tenía que estar en su casa, a riesgo de ser declarado objetivo militar por las Acc. Cuentan en esta región que aquellos pueblos eran como pueblos fantasma, que había noches en que de repente se iba la luz y luego se empezaban a escuchar disparos. Era la señal de que encontrarían un muerto.

“Unos paramilitares tenían una casa al lado de nosotros y prácticamente no podíamos dormir por la zozobra. Carros llegaban por las noches, yo digo que con gente que llevaban para matar, porque uno escuchaba los gritos. Al otro día uno pasaba y encontraba la sangre ahí en la calle”, recuerda Luz Mireya, desplazada por las Farc de la vereda Lagunitas en 1993 y hermana de Joel Caballero, desaparecido por las Acc, en Tauramena, 10 años más tarde. En la zona de influencia de ‘Los Buitragueños’ la mayoría de las familias tiene una historia de desaparición forzada por contar.

Ulianov Franco, quien hasta el año pasado fue el director y abogado de Familiares Colombia, ONG que impulsa la búsqueda de desaparecidos, cree que El Banco del Oso, una vereda de Tauramena, podría ser “la fosa común más grande del país”. El abogado presume que allí hay centenares de cuerpos de jóvenes que los paramilitares reclutaban en Soacha y Ciudad Bolívar, desaparecidos de Cundinamarca y Bogotá enterrados en Casanare.

El desmovilizado de las Acc, ‘Salomón’, dice que no sabe de estadísticas, pero que según lo que le han contado sobre esa guerra, en las sabanas de Casanare puede haber más de 3000 muertos. “No eran más que jóvenes reclutados de otras regiones del país”, dice.

Para el 2005, los índices de violencia empezaron a disminuir en Casanare. El Bloque Centauros de las Auc derrotó a las Acc y algunos de sus miembros se acogieron al proceso de desmovilización de Justicia y Paz.

‘Llanos’ y el resto de ‘Los Buitragueños’ que sobrevivieron no quisieron desmovilizarse. Argumentaron que era “un proceso para narcotraficantes” y que, si no les permitían formar un partido político, seguirían con las armas. En realidad, para ese momento, los pocos que quedaban en esa organización habían escapado hacía varios municipios del Llano y Venezuela, en un intento por controlar las pocas rutas del narcotráfico que les quedaban.

Las consecuencias de que ‘Los Buitrageños’ no se hubiesen acogido a Justicia y Paz se tradujeron en falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Si bien las audiencias de Justicia y Paz no aportaron una verdad completa, para las personas que fueron victimizadas por los bloques que no se desmovilizaron las posibilidades de encontrar a sus familiares han sido mucho más limitadas”, explica Arango.

Luego del desmantelamiento de las Acc, varios de los miembros del grupo paramilitar que fueron capturados y sentenciados por la justicia ordinaria pidieron ser admitidos en Justicia y Paz, sin embargo, sus solicitudes siempre fueron negadas. Los motivos, al día de hoy, no son claros.

En una entrevista concedida al portal VerdadAbierta.com en 2011, Miguel Samper, para la época director de la oficina de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, afirmó que “alias ‘Martín Llanos’ no quiso participar del proceso para una desmovilización colectiva. Ahora, los exparamilitares no pueden supeditarse a Justicia y Paz, porque si realmente quieren ayudar a las víctimas en la justicia ordinaria existen mecanismos de rebaja de pena por colaboración”.

Sin embargo, para el abogado Franco no había ningún motivo para no postular a los miembros de las Acc a Justicia y Paz, y afirma que puede haber “gente poderosa detrás de que no se conozcan ciertas cosas que sucedieron en Casanare y que comprometen a poderes locales”.

Ahora que ‘Martín Llanos’, su padre y hermano están en prisión y existe un nuevo proceso de paz, la intención de los exmiembros de ‘Los Buitragueños’ de ser admitidos en un sistema de justicia transicional volvió a aparecer.

29 exparamilitares de las Acc han pedido, por medio de varias cartas dirigidas a Juan Manuel Santos, ser admitidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Afirman que pueden ser aproximadamente 100 excombatientes los que están dispuestos a aceptar los acuerdos que el Gobierno firmó con las Farc, sin someterse a una nueva negociación. Aún no han obtenido respuesta.

Para ‘Martín Llanos’ hay una evidente ventaja de acogerse a esta nueva jurisdicción, pues fue condenado a 37 años de cárcel, y, en el mejor de los casos, la JEP podría pagar solo 5 años de penas alternativas.

Pero no es el caso de todos, entonces ¿por qué los exparamilitares, si varios ya están a punto de salir de las cárceles, estarían dispuestos a someterse a otro sistema judicial?

Dice alias ‘Salomón’ que el interés radica en que la JEP permite unificar los testimonios y agruparlos en un solo expediente, mientras que en la justicia ordinaria los procesos judiciales de los exparamilitares están dispersos en diferentes fiscalías, lo que dificulta el esclarecimiento de la verdad. Además, cuenta que los exmiembros de los ‘Buitragueños’ buscan obtener los mismos beneficios que las Farc, lo que incluye formar un partido político, en este caso, de derecha.

Franco tiene otro punto de vista. Para el abogado, esta solicitud puede no ser del todo transparente y obedece, más bien, a que los exparamilitares buscan hacer de sus confesiones un negocio rentable. Es decir, cobrar sobornos para no inculpar a empresarios, ganaderos y gobernantes en temas de corrupción.

José está de acuerdo con que exmiembros de ‘Los Buitragueños’ sean aceptados en la JEP. Su voz no tiembla mientras dice: “A mí me hace más favor que ‘Martín Llanos’ me entregue así sea un hueso de mi hermano para enterrarlo, a que el Gobierno Nacional me reconozca 26 millones de pesos que es lo que pagan por una víctima”.

La desaparición forzada es la sombra de Casanare. Según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el departamento 1.024 personas fueron desaparecidas. Sin embargo, esta cifra varía en grandes cantidades con otros centros de análisis de la guerra en Colombia. Para The Human Rights Data Analysis Group, este número asciende a 2.553, más del doble, entre 1986 y 2007. Algunas ONG hablan de más de 6.000 desaparecidos.

¿Qué se sabe sobre el paradero de estas personas? No mucho. Del total de los desaparecidos solo han sido exhumados 318 restos y entregados 115. Es decir que 203 de los cuerpos recuperados no han podido ser identificados o devueltos a las familias.

La búsqueda de la verdad en Casanare no ha sido una tarea sencilla. A falta de confesiones oficiales en la justicia ordinaria, las víctimas han tenido que recurrir a mecanismos propios para conocer la verdad. Esto incluye ir a las cárceles, pedirle al exparamilitar que aclare los hechos y dé coordenadas de las fosas para ir a buscarlas ellos mismos.

En este proceso, están a merced de la voluntad del condenado, de que decida dar o no la información. La situación es más compleja aún, debido al paso del tiempo, es muy posible que el exparamilitar no recuerde los hechos sobre los que se le pregunta, lo que minimiza la posibilidad de determinar el crimen y el paradero del cuerpo.

A Lyda Quevedo las Acc le desaparecieron a su hermano, Yovanny Quevedo, el 25 de noviembre de 1999. Se lo llevaron de su casa, a tres cuadras de la estación de Policía de Aguazul, y nunca lo volvieron a ver. Ella ha tenido que impulsar por sí misma la búsqueda de los restos de su hermano. En 2009 creó la fundación Yovanny Quevedo, para ayudar a familias que, como la suya, han invertido años y recursos tratando de conocer la verdad.

El caso de Lyda da cuenta de cómo la falta de confesiones oficiales ha afectado los procesos de verdad de las víctimas de Casanare. Ella ha tenido que recorrer varias cárceles del país tratando de obtener la pista definitiva que le permita encontrar a su hermano y a tantos otros desaparecidos. Cuando su fundación logra conseguir información suficiente sobre la ubicación de fosas, ellos mismos van con pica y pala a excavar en medio de las inmensas sabanas de Casanare en busca de los que les faltan.

“Nosotros vamos al sitio, buscamos, miramos, marcamos y pasamos un reporte a la Fiscalía. Nosotros lo hacemos por iniciativa propia, por si recibimos la información y eso nos va ayudando”, cuenta Lyda.

Un trabajo similar hace Equitas, que desde 2011 adelanta la búsqueda en los municipios de Recetor y Chámeza. “Nosotros podemos irlos a buscar, pero no los podemos exhumar, desafortunadamente la Fiscalía no acepta cadena de custodia cuando tú intervienes la fosa. Lo que hacemos es marcar el sitio, proteger la fosa y llamar a la Fiscalía para que ellos vengan y exhumen”, detalla Arango. Agrega que la llegada de la Fiscalía a la zona generalmente toma, al menos, un año.

Diana Arango, directora de Equitas

Al drama que viven las víctimas al tener un familiar desaparecido se le suma el estancamiento institucional. De acuerdo con los relatos, las familias no solo han tenido que buscar a sus seres queridos por sus propios medios, sino que además deben esperar, incluso años, a que les sean devueltos para darles sepultura. Casanare no cuenta cuenta con una sede propia de la Fiscalía, las más cercanas están en Villavicencio y Santa Rosa de Viterbo, lo que complejiza mucho más los procesos judiciales.

¿En qué podría ayudar a este proceso un sistema de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz? Para Franco, la justicia ordinaria no ha sido capaz de solventar, en su totalidad, las necesidades de las víctimas en Casanare. Explica que los recursos de la Fiscalía no son suficientes para llegar a las regiones y adelantar los procesos de búsqueda de desaparecidos y que, además, al limitarse a la expedición de penas, no cuenta con mecanismos de reparación, como sí lo hace la transicional.

La esperanza es que, si los exmiembros de las Acc son aceptados en la JEP, Casanare empezará, por fin, a acercarse a un proceso de verdad y reparación.

Según Lyda, el ingreso a la JEP de ‘Llanos’ podría aportar información sobre procesos de ‘parapolítica’, pero sería muy poco lo que sus testimonios servirían a la búsqueda de los desaparecidos o al esclarecimiento de la verdad en crímenes de lesa humanidad.

Hay que recordar que en 2011 seis exalcaldes del departamentos fueron condenados por firmar el llamado ‘Pacto del Casanare’ con ‘Martín Llanos’, documento con el que se comprometían a entregar a las Acc la mitad del presupuesto municipal y el 10% del dinero de los contratos firmados por las alcaldías.

Exparamilitares de este grupo han afirmado que altos gobernantes y políticos del país estuvieron involucrados con ‘Los Buitragueños’. Durante años, han hablado, incluso, de supuestos vínculos entre Germán Vargas Lleras y ‘Martín Llanos’. En julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación al respecto, sin embargo, menos de un año después fue archivada.

Estas acusaciones salieron nuevamente a la luz pública en el debate sobre la corrupción en Colombia citado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia López. En él, Robledo pidió a la Corte reabrir la investigación a Vargas Lleras, argumentando que entre los magistrados que lo absolvieron se encuentran varios vinculados al llamado ‘Cartel de la Toga’.

Si bien aclarar los nexos entre políticos y ‘paras’ resulta fundamental para comprender el conflicto en Casanare, no es el principal motivo de quienes piden la inclusión de ‘Los Buitragueños’ a la JEP. Lo importante, tanto para Lyda como para Luz Mireya y otras víctimas, es que los paramilitares rasos, los que asesinaron, cavaron las fosas y enterraron a los desaparecidos, sean quienes ingresen.

Pero este no es el único camino para encontrar los desaparecidos, para Arango, se debe partir del fortalecimiento de la Fiscalía para agilizar los procesos de búsqueda y verdad. En este sentido, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas deben ser lo primordial en el caso de Casanare.

Sin importar el hecho de que los exmiembros de las Acc sean o no admitidos en la JEP, el Estado debe reconocer que tiene una deuda histórica con Casanare y la labor de limpiar ‘el polvo’ que impide encontrar a los desaparecidos. En el departamento se habla de una complicidad entre los ‘paras’ y la fuerza pública en las desapariciones.

En otros lugares del país se ha demostrado y documentado la participación de la fuerza pública en violaciones de derechos humanos. Tal es el caso de la masacre de Mapiripán, de la cual ‘Martín Llanos’ también aceptó responsabilidad. En el caso de Casanare, la relación entre grupos paramilitares y fuerza pública aún está por esclarecerse. En este punto, las confesiones de los ex ‘Buitragueños’ tendrían un importante rol.

Por ahora, el sentimiento de abandono en el departamento es generalizado. “Parece que Casanare no hiciera parte de Colombia”, dijeron tanto José como Lyda. Las víctimas conviven lado a lado con los victimarios. Pues, al no haberse desmovilizado, muchos de los paramilitares se quedaron en el territorio, lo que ha obligado a una reintegración forzada, sin los procesos debidos.

A Casanare se le ha obligado a reconciliarse con sus victimarios, no ha visto otra salida. Y mientras espera a que, en algún momento, el gobierno reconozca la intensidad del conflicto en su departamento, se aferra a las pocas versiones que tiene y a las llamadas telefónicas que desde la cárcel hacen los paramilitares cuando se acuerdan de alguno de sus crímenes.

“Yo quiero decirles que nosotros nunca vamos a olvidar, porque es que nuestro familiar no cogió una maleta y se fue de la casa. A nuestro familiar nos lo arrebataron de nuestro hogar, de nuestros brazos y se lo llevaron. Por tanto lo que para ustedes son unos huesos mohosos, para nosotros son la ilusión y la esperanza de cientos de años y años y años de esperar. Porque para lo que ustedes es un año con un familiar fallecido, para nosotros son cien años con un familiar desaparecido”, concluye Lyda.

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH

Jueves, 01 Noviembre 2018

El caso de David Char evidencia que reparar a las víctimas es una tarea compleja

Por Sania Salazar

Con ayuda de dos expertos, Colombiacheck analizó el proyecto de reparación a las víctimas que presentó uno de los terceros que pretenden ser aceptados en la JEP. A la propuesta le falta ser más específica para ser viable.

Preso en la cárcel La Picota, el exsenador de Cambio Radical David Char Navas espera a que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le abra las puertas. Entre los requisitos que debe cumplir está reparar a las víctimas, pero a la propuesta de proyecto productivo que presentó le falta ser más específica en sus objetivos y alcances para ser viable, según expertos que evaluaron el documento.

Char Navas, acusado de vínculos con paramilitares, es uno de los 33 terceros implicados en el conflicto armado que han manifestado interés en acogerse a la JEP. Aunque inicialmente la comparecencia de estas personas era obligatoria (pues, si no acudían por su cuenta, la JEP podía llamarlas), la Corte Constitucional finalmente dejó que este proceso fuera voluntario. Ahora los terceros podrán ser requeridos por la justicia ordinaria si no se presentan a la justicia transicional.

Pero, para que lo acepten en la JEP, Char, como los demás terceros que quieran acogerse, debe comprometerse a aportar verdad, reparación y a garantizar la no repetición.

Colombiacheck conoció el documento de 91 páginas en el que Char Navas propone como reparación la creación de una cooperativa para cultivo y comercialización de maíz tierno y ají en Repelón. Este es un municipio del Atlántico que fue afectado por incursiones del Frente José Pablo Díaz adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al que Char le habría ayudado con dinero y armas.

El exsenador argumenta en el documento que el proyecto productivo es “una manera de reparar a las víctimas cuya actividad económica se vio afectada en el marco del conflicto armado” y propone aportar el dinero para su creación, así como asesorar y acompañar integralmente el proceso “hasta el momento en el que la Cooperativa alcance su estabilización en la fase productivo y operacional”. Luego la idea es entregar el control de la Cooperativa a sus asociados. Además, se propone que la JEP haga parte de la “Junta de Vigilancia” para seleccionar a las familias que participarán en el proyecto y para hacer interventoría de la ejecución de los recursos y del cumplimiento de la reparación.

El documento indica que “el alcance total del proyecto tendrá un costo de 251 millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad de estos recursos será destinada a la construcción del centro educativo”, pues el proyecto también incluye la construcción de una escuela que proyecta atender a 80 niños de la zona.

En el proyecto de Char Navas aporta el contexto socioeconómico de Repelón, así como los antecedentes de la violencia paramilitar en esa localidad e incluye un estudio general de los mercados de maíz y ají en Colombia y el mundo. Además, deja claro que pretende que el desarrollo de la misma se base en el diálogo con las víctimas destinatarias del mismo y de manera mancomunada con ellas.

Colombiacheck le pidió a dos expertos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas que revisaran el proyecto, quienes concluyeron que la propuesta es muy general y no explica con suficiente detalle aspectos relevantes como el monto específico de la inversión, la manera en la que se garantizará la comercialización de los productos y cuántas personas trabajarán en la cooperativa, cuáles serán sus roles, de dónde se obtendrá el dinero para el pago de nómina y por cuánto tiempo se les vinculará al proyecto. También encontraron falencias al calcular el margen de ganancia de la venta de los productos.

El proyecto tampoco especifica en qué terrenos se desarrollará, a pesar de que en el Auto de la Sección de Apelación de la JEP, que pide a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del mismo organismo evaluar la entrada de Char Navas a esa jurisdicción, dice que el exsenador manifestó su voluntad de entregar “bienes inmuebles (predios), así como la asistencia técnica a uno o varios grupos de víctimas para el diseño y ejecución de proyectos productivos y de emprendimiento en el Departamento de Atlántico”.

Los aspectos que hay que mejorar

Los docentes del Departamento de Producción Agropecuaria de la Universidad de Caldas, señalaron las siguientes falencias:

-Se dice que la cooperativa será constituida con aporte del gestor (Char Navas), pero no se menciona ni se dice claramente cuánto dinero aportará, ni en qué porcentaje y si este es en efectivo.

-Un punto muy importante es la comercialización de los productos. No se tiene un contrato cierto o una oferta de compra por parte de los almacenes de cadena o de las industrias de la región en donde se comprometan a comprar los productos que vende la cooperativa, con estándares de calidad exigidos por la industria, pero también de forma preferencial, por ser víctimas de conflicto en la región. Este aspecto debe estar resuelto desde la etapa inicial del proyecto.

–Se estiman utilidades del 50% en el mercadeo de maíz en mazorca y ají, lo cual es un cálculo sobreestimado.

-No se menciona cuál va a ser el mecanismo de riego de los cultivos, aspecto importante para asegurar las cosechas.

-En el proyecto se dice que el ají tiene grandes oportunidades de comercialización como producto procesado, pero no dice cómo se realizará ese procesamiento.

-No se menciona con suficiente detalle la inversión en el cultivo de ají en cuanto a insumos y en cuanto a las actividades en las que se necesitará mano de obra.

Un vocero del equipo de defensa de Char Navas le explicó Colombiacheck que los abogados lo asesoraron en el diseño de la propuesta, pues no tenían directrices de la JEP al respecto y resaltó que, por ser un asunto nuevo tanto para esa jurisdicción, como para la defensa, esperan las observaciones de la JEP sobre la iniciativa. También están a la expectativa de que el exsenador Char Navas sea llamado a aportar la verdad a la que se comprometió. “Debe proveer más información, en términos materiales y sustantivos, de la ya previamente consignada en los expedientes que son adelantados en su contra en la jurisdicción penal ordinaria”, precisa el Auto de la Sección de Apelación de la JEP.

Colombiacheck solicitó formular preguntas a Char Navas, pero nos dijeron que, como está privado de la libertad, no se va a pronunciar.

El caso de Char en la JEP

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le imputó al exsenador el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autor por la presunta alianza que articuló con el frente José Pablo Díaz y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Char Navas estaba a punto de acogerse a sentencia anticipada y de aceptar su responsabilidad en los delitos que se le atribuían cuando manifestó su intención de someterse voluntariamente a la JEP en su doble calidad de tercero civil y de agente estatal no integrante de la Fuerza Pública.

Luego de recibir una negativa para aceptarlo en la JEP, debido a que se consideró que su caso no tenía relación directa ni indirecta con el conflicto armado, y de que su defensa apeló la decisión, Char Navas espera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evalúe si los compromisos que está dispuesto a asumir “son concretos, claros y programados” para admitirlo en esa jurisdicción.