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Viernes, 28 Octubre 2016

Estos son los municipios más afectados por el conflicto

Por Miriam Forero

Colombiacheck pone a disposición de su audiencia una herramienta que visualiza los datos de víctimas que se han registrado como tales, en cada uno de los 1.102 municipios del país por cada uno de los doce tipos de delito que maneja el Registro Único de Víctimas.

Las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia desde 1985 superan el número de habitantes de Antioquia e igualan al de Bogotá. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas, el conteo, a septiembre de 2016, llega a 7.936.566 personas afectadas por la violencia guerrillera o paramilitar de los últimos 31 años.

Si se suman las víctimas de la delincuencia organizada -es decir, las llamadas Bacrim o Grupos Armados Organizados (GAO), que no se consideran parte del conflicto, pero que también generan mucha victimización con sus acciones-, la cifra llega a 8.2 millones.

En su segunda entrega de datos abiertos, Colombiacheck depuró, organizó y analizó la información del Registro Único de Víctimas, para elaborar un mapa* en el que los usuarios pueden ver cuántas víctimas produjo cada suceso -secuestros, desplazamientos, homicidios, desapariciones, agresiones sexuales, etc.- en cada municipio del país, entre 1985 y 2016.

De este modo, los datos muestran que los municipios con más personas afectadas por cada tipo de acción dentro del conflicto están en Córdoba, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca, Arauca y Nariño. El siguiente gráfico muestra los rankings de los cinco municipios con mayor número de personas afectadas, según cada delito:

 

 

De 12 delitos que reconoce la ley como formas de victimización, Medellín (Antioquia) se encuentra en nueve escalafones. Policarpa (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca) aparecen en cuatro de esos rankings de hechos victimizantes.

En el ámbito nacional, el desplazamiento es el delito que más hogares ha tocado, con casi siete millones de desarraigados. Le siguen el homicidio, que ha generado 267.633 fallecidos por el conflicto, más 713.846 familiares enlutados; y la amenaza, por la cual se han registrado 321.505 víctimas.

Los datos muestran un repunte en el año 2000, en plena negociación del gobierno de Andrés Pastrana con las Farc, en lo que se llamó “zona de distensión” en San Vicente del Caguán. El número de víctimas por hechos ocurridos ese año llegó a 613.000, cifra que duplicó la del año anterior. Los afectados continuaron aumentando hasta el pico máximo, que se dio en 2002, cuando los flagelados por el conflicto fueron 834.000. Sólo hasta 2009 empezó un descenso, con promedios de 200.000 afectados por el conflicto cada año y en 2015 los registrados bajaron hasta las 150.000 víctimas.

Por el contrario, las víctimas de bandas criminales han ido aumentando considerablemente desde 2010, momento en el que llegaron a ser 35.000, y en esa cifra se mantuvo el reporte del año pasado.

Para ver el detalle de cada municipio, los invitamos a navegar el siguiente mapa:

Nota: el mapa incluye tanto a víctimas del conflicto armado como a las de Bacrim. Por razones técnicas, las víctimas de sucesos ocurridos antes de 1985 quedaron registradas con fecha 1984.

¿Cómo se construye la base de datos?

El registro que maneja la Unidad para las Víctimas, con el fin de reunir la información de quienes han sido víctimas del conflicto y de las bandas criminales, surgió en 2012 con la Ley 1448 del año anterior, la misma por la que se creó la Unidad.

El primer insumo fue el Sipod, el Sistema de Información de Población Desplazada, que hasta aquel momento manejaba Acción Social y que se alimentaba por un mecanismo menos completo que el actual. Hoy en día, la ley incluye 12 tipos de delito por los que las víctimas del conflicto pueden solicitar atención y reparación.

Para esto, deben dirigirse al ministerio público de su zona -personerías y defensorías del pueblo- donde hay funcionarios capacitados por la Unidad para las Víctimas para tomar las declaraciones de los afectados y diligenciar los formularios correspondientes, sea en formato físico o digital.

Luego empieza un proceso de validación de la información que según le explicaron a Colombiacheck, Nelly Moreno y Juan Carlos Ricaurte de la oficina de planeación de la Unidad de Víctimas, involucra alrededor de 33 cruces con más de 400 bases de datos de distinta índole para confirmar aspectos como número de identificación, nombre, ubicación, fechas, tipo de eventos declarados, etc.

Según el resultado de esta verificación la persona puede ser incluida o no en el Registro de Víctimas y debe ser informada máximo 60 días después de su solicitud. Pero, de acuerdo con lo que narra Moreno, hay casos en los que las defensorías prefieren acumular varias solicitudes para después hacerlas llegar a la Unidad; esto hace que el proceso de verificación empiece tarde y por ende se retrase la respuesta.

De hecho, una de esas resoluciones negativas casi lleva a la cárcel a la anterior directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, por una tutela que interpuso la persona que se declaró víctima de desplazamiento.

Existe, además, una depuración de los datos agrupados, en la que se diferencian las personas que pueden recibir atención y reparación -en la actualidad, 6.277.107 por el conflicto y 224.108 por las Bacrim-, de las que no porque están desaparecidas, fallecieron o han sido imposibles de localizar por inconsistencias en la información reportada.

En el sitio web del Registro Único de Víctimas se puede consultar la información consolidada, que se actualiza cada mes. Estos datos son la base del trabajo que realizan las 51 entidades -32 de ellas públicas- que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas, donde éstas reciben atención inmediata, prevención, asistencia humanitaria y reparación.

“Colombia tiene el programa de reparación con más alto puntaje en el mundo porque reconoce un mayor número de daños, los criterios de selección de las víctimas son muy amplios, las formas de reparación son variadas e identifica diferentes beneficios de acuerdo al tipo de víctima”, reportó Semana, según lo que halló en un informe de la Universidad de Harvard que evaluó el programa. La auditoría encontró también retos enormes en términos de los esfuerzos que tendrá que hacer el país para lograr atender y reparar a todas las víctimas que pretende cobijar.

Descargue aquí las cifras actualizadas de víctimas del conflicto.


*Procesamiento de datos y mapa: Esteban Ponce de León

Martes, 29 Enero 2019

Explicador: ¿Qué es un líder social?

Por Sania Salazar y Luisa Fernanda Gómez

Entender quién es un líder social es fundamental para comprender por qué no hay cifras unificadas al respecto y por qué sus asesinatos nos deben importar.

El asesinato de líderes sociales no para en Colombia y mientras los riesgos son inminentes para ellos, en el país se debate sobre el concepto de líder social, luego de que el alto consejero presidencial de derechos humanos y asuntos internacionales, Francisco Barbosa Delgado, aseguró que el Gobierno saliente no entregó cifras de 2010 hacia atrás sobre esos asesinatos. “Encontramos que esa categoría o esa figura de líder social como tal no existía”, dijo en una entrevista con RCN Radio.

A raíz de la discusión, Colombiacheck consultó varias organizaciones que monitorean estos asesinatos para saber qué es un líder social y qué importancia tiene el concepto a la hora de investigar los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia y determinar los autores materiales e intelectuales.

Hasta el pasado 11 de enero, cuando la Fiscalía General de la Nación presentó cifras al respecto, se contaban 238 líderes asesinados desde 2016.

La exconsejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, le explicó a Colombiacheck que en el gobierno anterior se basaron en el concepto de defensor de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas para definir qué es un líder social, por lo que ambos términos son equiparables.

¿Qué es un líder social?

Según Naciones Unidas, la expresión “defensor de derechos humanos” se usa para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos, y agrega que se les conoce sobre todo por lo que hacen. Según la ONU, la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades.

El Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, SIADDHH, retoma la definición de Naciones Unidas y dice, además, que “un defensor o defensora de derechos humanos es en sí mismo un líder en la sociedad civil en cualquiera de sus ámbitos geográficos (nacional, regional o local), lo que significa que no pertenece a ninguna institución del Estado”.

Por otro lado, en la Fundación Paz y Reconciliación no toman el concepto de Naciones Unidas, sino que a través de la experiencia y la recopilación de fuentes (incluida la ONU) han construido su propia definición. “Se trata de personas que tienen vocación de transformación social; que movilizan apoyos políticos y ciudadanos”, de acuerdo con Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política.

“Son ciudadanos, es el poder ciudadano lo que hay allí”. Así resume Luis Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, el concepto de líder social y defensor de derechos humanos.

¿Qué hacen los defensores de derechos humanos?

“Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”, explica la ONU, que además indica que los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación.

Los defensores de derechos humanos o líderes sociales también defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, de los indígenas, los niños, y de minorías sociales.

¿Quién puede ser defensor de derechos humanos?

Según las Naciones Unidas, cualquier persona o grupo de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo, hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. “Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado”.

¿Qué importancia tienen los líderes sociales para sus comunidades en Colombia?

Paula Gaviria explica que el asesinato de líderes sociales impacta fuertemente la cohesión que ellos logran de la comunidad en torno a propósitos comunes en un mundo que es cada vez más individualista.

“Cuando matan un líder o lo amenazan es como si estuvieran amenazando a toda una comunidad, están afectando los sueños de una comunidad, su esperanza, el futuro de una comunidad que está representada en esa persona que está soñando con un futuro diferente. Ahí hay cierto heroísmo y cuando asesinan un líder se afecta el alma de una comunidad”, asegura Gaviria.

“Acentuaría la gravedad de los asesinatos de líderes pertenecientes a comunidades étnicas porque hay unas tradiciones y un tema cultural  que se transmite por generaciones que cuando se pierde a un líder Awá o Embera o de un consejo comunitario se está perdiendo una manera de saber hacer las cosas, una manera de transmitir el conocimiento, de transmitir una manera de ver el mundo, de cuidar la tierra, de cuidarse como comunidad que se pueden demorar décadas o siglos volviéndose a dar. Ahí hay un peso mayor”, resalta Gaviria.

¿Qué importancia tienen las diferencias en el concepto de líder social a la hora de investigar los asesinatos?

Bastante, según Jiménez, “pues hay organizaciones que han tenido un conteo mayor al de Pares y el concepto varía en las cifras”.

Para Gaviria tiene importancia cuando el ente investigador, sea el que sea, no se guía como criterio principal de investigación por el liderazgo social de la víctima, pues si se se basan en primera instancia en otras hipótesis relacionadas con las circunstancias de los hechos  probablemente no llegue nunca a encontrar el verdadero motivo del asesinato.

Sin embargo, advierte el investigador, “el gobierno ha querido hacer ver que no hay cifras claras, concretas. Pero el problema no es cuántos líderes sociales son, sino qué se está haciendo (desde el gobierno) para que no los maten. Para dar garantías del ejercicio y que el liderazgo y la protesta social sean un derecho garantizado en el país”.

¿Por qué las cifras de líderes sociales asesinados varían entre organizaciones?

Como cada organización, e incluso el Gobierno Nacional, utilizan una definición y una metodología distintas de recopilación de datos, como explicaba Jiménez, el número de líderes sociales asesinados varía para cada conteo.

Para el Gobierno, desde la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta la publicación en julio de 2018 de nuestro artículo #NosEstánMatando: Los orígenes de las cifras de líderes sociales asesinados, los líderes asesinados eran 178.

El conteo de Pares, desde la misma fecha, hasta el viernes 25 de enero de 2019, va en “212 asesinados con ocasión de sus actividades de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, según confirma Jiménez.

Sin embargo, la cifra oficial, en la que se apoya la Fiscalía General de la Nación, está basada en la verificación que hace la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y según el último informe del Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado el 26 de diceimbre del año pasado, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, “se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total”.

Pero también hay que tener el cuenta la fecha en que se parte para hacer el conteo. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, había reportado 311 líderes asesinados, contando desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018.