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Jueves, 04 Abril 2019

Explicador: ¿Cómo funciona la contratación de la JEP?

Por Sania Salazar

Tras los escándalos recientes por contratos de funcionarios de la JEP, les explicamos cómo funciona el régimen de contratación de esa entidad.

El escándalo por la captura del fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Carlos Bermeo, y los señalamientos por la vinculación de Miguel Samper (hijo del expresidente Ernesto Samper) a la misma entidad, entre otras posibles irregularidades en contratación, levantaron sospechas sobre la transparencia con la que está funcionando la JEP.

En Colombicheck revisamos el Manual de contratación de la JEP publicado en la página web de esa entidad. En el documento se establecen los procedimientos para la contratación y las actividades para supervisar, vigilar y controlar los contratos.

Uno de los primeros asuntos que deja claro el documento es que la JEP es una entidad autónoma, que no forma parte de ninguna de las ramas del poder público y por lo tanto está sujeta a un régimen legal propio y tiene autonomía presupuestal, como quedó establecido en el Acto legislativo 01 de 2017.

En la JEP le explicaron a Colombiacheck que esa entidad es un tribunal con una estructura conformada por una parte que se encarga de lo judicial y otra paralela que se encarga de lo administrativo, responsable de garantizar la operación de la entidad.

Además, nos explicaron que la presidencia de la entidad está encargada de la parte estratégica, de vocería y de coordinación de esa magistratura, funciones distintas a las de la secretaría ejecutiva, encargada de lo administrativo. Esas funciones también están publicadas en la web de la JEP.

Esta claridad surge a raíz de señalamientos que ha recibido la presidenta de la entidad, Patricia Linares, por posible injerencia en la vinculación de personal.

¿Cómo se deciden las contrataciones?

Según el documento, hay un comité de contratación conformado por:

1. Subdirector Nacional (Director Administrativo y Financiero), o su delegado, quien lo presidirá

2. Asesor III (Subdirector Financiero)

3. Jefe Oficina Asesora Jurídica

4. Jefe Oficina de Planeación

5. Coordinador de Contratación (quién ejercerá la secretaría técnica del comité)

En la JEP explicaron que la contratación de personal se hace con base en los perfiles necesarios definidos en el manual de funciones de la entidad y que la subdirección de talento humano es la encargada de asegurarse de que las personas cumplan con los requisitos.

Recordaron además que funcionan como cualquier entidad pública y que, por transparencia, están obligados a publicar en su página web sus procesos contractuales, donde, efectivamente están los contratos adjudicados desde junio de 2018 hasta febrero de 2019.

¿Cómo puede la JEP garantizar la transparencia?

“En la administración pública la regla obligatoria es la publicidad, eso es sinónimo de transparencia. Toda entidad pública está obligada a dar cuenta de sus actuaciones publicándolas en la página web y haciendo rendiciones de cuentas semestral y anualmente. En materia de transparencia todo lo que uno pueda hacer es importante”, resaltó Hernando Herrera, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia

En la JEP recordaron que pidieron a la Procuraduría y a la Contraloría revisar los contratos que esa entidad ha suscrito. Esto ante denuncias por posibles irregularidades de esta entidad en algunos contratos.

¿Cómo se le puede hacer veeduría a la JEP?

Herrera, aseguró que, desde que la JEP empezó a funcionar, crearon el observatorio JEP visible en el que evalúan las principales decisiones adoptadas hasta ahora, cómo ha sido la ejecución y cuáles son los resultados, y publican boletines trimestrales de informes de gestión sobre diversos aspectos.

Además, Herrera le dijo a Colombiacheck que solicitaron información sobre la contratación de los fiscales de esa jurisdicción a raíz de la detención Bermeo. “Además de eso vamos a estar muy pendientes para denunciar cualquier caso de corrupción o de ineptitud”, indicó.

Herrera explicó que los ciudadanos tienen muchos mecanismos para controlar la gestión de la JEP: la revisión constante de los informes de gestión que debe expedir la entidad, utilizar el recurso del derecho de petición para verificar estándares de eficiencia, de calidad y de transparencia, acudir a los órganos de control como la Procuraduría y Contraloría en caso de conocer irregularidades, acudir a organismos de la sociedad civil como la corporación que dirige.

Indicó además, que en la entidad hicieron una evaluación previa de las hojas de vida de quienes aspiraron a los cargos de magistrados de la JEP y concluyeron que la gran mayoría de personas que quedaron en los cargos cumplen con los requisitos de idoneidad, son personas que tienen experiencia en justicia transicional.

Miércoles, 12 Abril 2017

¿Qué lenguaje es el que usamos para hablar de paz y posconflicto?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“Las Farc son terroristas”, es una frase que sin tregua repiten los uribistas y opositores al proceso de paz. Colombiacheck verificó si hay razones técnicas para denominar a las Farc como terroristas y de paso aprovechó para aclarar uno que otro término ya que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, DIH, no usamos las palabras que corresponden cuando hablamos de paz y posconflicto.

 

 

Terrorista o guerrillero, secuestrado o prisionero de guerra, conflicto armado o amenaza terrorista. En Colombia la guerra por el lenguaje no ha parado ni mucho menos entró en tregua. Lo seguro del caso es que aunque las Farc han cometido acciones terroristas tienen las características necesarias para ser denominados como un grupo armado organizado, por lo tanto, es incorrecto a la luz del Derecho Internacional Humanitario, DIH, llamarlos terroristas. La confrontación semántica se mantiene, unas palabras ya quedaron claras, otras siguen en disputa.

¿Conflicto armado o amenaza terrorista?

Es evidente que en Colombia esa discusión, desde el punto de vista legal, se cerró cuando el presidente Juan Manuel Santos aceptó que lo que ha vivido el país es un conflicto armado, dándole estatus de organización armada a las Farc y, por tal razón, pudo iniciar el proceso de paz.

Sin embargo, el reconocimiento respecto de si hay o no un conflicto armado (no internacional), está basado en los criterios sobre organización e intensidad establecidos por los tribunales internacionales, no en un reconocimiento del gobierno de tales situaciones.

 

 

Durante gran parte de la historia de Colombia se tuvo claro que el país estaba inmerso en un conflicto armado, no obstante, bajo la administración presidencial de Álvaro Uribe, se implantó otra tesis, que lo que existía era una amenaza terrorista. Eso transformó el lenguaje y trajo sus consecuencias. No en vano Pablo Neruda dijo “Todo está en la palabra… una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio”.

Esa tesis fue sembrada por el hoy senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien bajo la presidencia de Uribe fue su asesor político y quien ha sido su gran escudero.

Gaviria por medio de su libro “Sofismas del Terrorismo en Colombia” explicó por qué bajo su perspectiva lo que existía era una amenaza terrorista. Primero, aseveró que lo que existía en Colombia era una democracia legítima y no una dictadura ni un régimen opresivo. Segundo, que las guerrillas ya no luchaban por un ideal político sino que actúan como mafias vinculadas al narcotráfico. Y el tercer argumento fue que la principal víctima de las guerrillas son civiles. “No respetan las normas humanitarias”, escribió.

Con esas premisas el Estado colombiano no aceptó la existencia de un conflicto armado y por ello se aseveró que las Farc y otras guerrillas no eran grupos armados sino una amenaza terrorista. Es decir, que en ese entonces, el Gobierno nacional consideraba que no debía aplicarse las normas de Derecho Internacional Humanitario, DIH; un compendio de reglas que buscan hacer menos cruel o más humana (si el término cabe) la guerra.

En 2010 llegó Santos a la presidencia y al año siguiente categóricamente aceptó que “Hace rato hay un conflicto armado” en el país.

El primer mandatario de los colombianos manifestó ese año la presencia del conflicto armado y por tal razón, ahora Colombiacheck a partir de información pública de organizaciones como el Cicr, explica lo que define si hay o no un conflicto armado.

El artículo 8º de la Corte Penal Internacional dice: “Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos”.

Según explicó el Comité Internacional de la Cruz Roja, el DIH reconoce dos tipos de conflictos, el Conflicto Armado Internacional (CAI) y el Conflicto Armado no Internacional (Cani), este último es el que ha vivido Colombia.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, que refiere la literatura recogida por el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, la existencia de un conflicto armado se conoce por dos aspectos principales: la intensidad y la organización de las partes en conflicto.

La intensidad se basa en factores como el hecho de que el gobierno “tenga que recurrir a las fuerzas militares para combatir, la seriedad de los ataques, la existencia de enfrentamientos en el territorio y en el tiempo, la ocupación de territorio, la naturaleza de las armas empleadas y las consecuencias humanitarias”, señala la literatura del Tribunal Penal que atendió en conflicto en la antigua Yugoslavia.

Todas las anteriores características se cumplieron en Colombia: Estado combatió a través de las Fuerzas Militares a las Farc durante más de 50 años; las acciones violentas fueron frecuentes al igual que las operaciones militares y de Policía; las Farc alcanzó control territorial en algunas zonas del país y las consecuencias humanitarias son evidentes: muertos, heridos, desplazados y desaparecidos.

La otra característica, la organización de las partes en conflicto, también salta al vista. Que haya una estructura de mando, la autoridad para lanzar operaciones que involucren distintas unidades, la capacidad para reclutar y entrenar combatientes y la existencia de reglas internas, otras características que también cumplien tanto el Estado como las Farc.

Uno de los argumentos principales de José Obdulio Gaviria en su momento fue que las guerrillas ya no tenían ideales políticos porque incursionaron en el negocio del narcotráfico. Aunque esto es cierto y no queda ninguna duda, según la experiencia del Tribunal Penal para Yugoeslavia, los únicos dos criterios para definir si hay o no un conflicto armado son la intensidad y la organización: “El propósito de los grupos armados en su participación en los actos de violencia o la consecución de otros objetivos es irrelevante”.

Lo que vivió Colombia por más de 50 años con las Farc fue un conflicto armado no internacional. Las Farc y el Estado colombiano en varias ocasiones cometieron infracciones al DIH pero eso no cambia que las Farc sea un grupo armado organizado.

Las Farc, a la luz de la resolución de la ONU 1566 de 2004, han cometido actos terroristas, “cualquier acto destinado a matar o lesionar cuando su propósito sea intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización Internacional a realizar una acción o abstenerse de ella”, sin embargo, eso no les arrebata su estatus de grupo organizado que ya ha reconocido el Estado colombiano, la Unión Europea y el cual estudia desde hace un buen tiempo el Gobierno estadounidense.

Si tenemos en cuenta que lo que hubo en Colombia fue un conflicto armado no internacional es importante precisar que quienes señalan a las Farc como terroristas, no tienen sustento a la luz del DIH, para llamarlos como así.

Por ejemplo, el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, el representante Álvaro Hernán Prada, el senador Daniel Cabrales, entre otros opositores al proceso de paz que confunden a la opinión pública al usar equivocadamente esta denominación a la luz del DIH.

Sin embargo, esta distinción es algo que el ciudadano común y corriente puede no comprender con facilidad y mucho menos, incorporar a su lenguaje, por eso es importante que tanto los medios de comunicación como los personajes del poder que orientan el discurso público, hagamos estas claridades.

 

 

Si se tiene en cuenta que a las Farc se les reconoció hace un buen tiempo como un grupo armado no solo es necesario llamarlos como son, sino también replantear otros términos mal usados: los secuestrados y los prisioneros de guerra.

¿Secuestrados o prisioneros de guerra?

Ninguna de las anteriores.

 

Las Farc siempre se ha empeñado en denominar a las personas que priva de la libertad como prisioneros de guerra, un ejemplo de ello lo dio Fernando Toloza, representante de Voces de Paz (el partido de las Farc) en el Congreso. Para el grupo armado los civiles y militares que ha tenido en su poder son prisioneros de guerra y de igual manera denomina a los integrantes de su organización que están en alguna cárcel de Colombia.

Sin embargo, a la luz del lenguaje del DIH es un grueso error hablar de prisioneros de guerra porque en Colombia no hay un conflicto armado internacional, en el cual sí pueden existir prisioneros de guerra.

En el DIH no existe la noción de secuestro que aparece en la legislación penal colombiana. El DIH no prohíbe a las partes en conflicto la detención de una persona por motivos de seguridad. No obstante, el DIH prohíbe la toma de rehenes que consiste en la privación de la libertad de una persona, haciendo amenazas de matar, herir o continuar la detención con el fin de compeler a un tercero a hacer o dejar de hacer algo.

Así y de manera más detallada lo establecen comentarios respecto a los convenios de Ginebra que en los artículos 652 al 662 refieren todo el tema humanitario en cuanto a los rehenes.

Un poco técnico y extenso el lenguaje pero relevante si se tiene en cuenta que en el DIH no aparece la categoría de secuestro a diferencia de la legislación colombiana.

Al respecto, la ley de amnistía, indultos y tratamientos especiales Ley 1820 de 2017 indica para efectos de amnistiar a miembros de las Farc (en el artículo 23º), que se consideran como delitos conexos a la rebelión, la aprehensión o muerte de combatientes en el desarrollo de operaciones militares de conformidad con el DIH.