Pasar al contenido principal
Martes, 29 Enero 2019

Explicador: ¿Qué es un líder social?

Por Sania Salazar y Luisa Fernanda Gómez

Entender quién es un líder social es fundamental para comprender por qué no hay cifras unificadas al respecto y por qué sus asesinatos nos deben importar.

El asesinato de líderes sociales no para en Colombia y mientras los riesgos son inminentes para ellos, en el país se debate sobre el concepto de líder social, luego de que el alto consejero presidencial de derechos humanos y asuntos internacionales, Francisco Barbosa Delgado, aseguró que el Gobierno saliente no entregó cifras de 2010 hacia atrás sobre esos asesinatos. “Encontramos que esa categoría o esa figura de líder social como tal no existía”, dijo en una entrevista con RCN Radio.

A raíz de la discusión, Colombiacheck consultó varias organizaciones que monitorean estos asesinatos para saber qué es un líder social y qué importancia tiene el concepto a la hora de investigar los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia y determinar los autores materiales e intelectuales.

Hasta el pasado 11 de enero, cuando la Fiscalía General de la Nación presentó cifras al respecto, se contaban 238 líderes asesinados desde 2016.

La exconsejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, le explicó a Colombiacheck que en el gobierno anterior se basaron en el concepto de defensor de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas para definir qué es un líder social, por lo que ambos términos son equiparables.

¿Qué es un líder social?

Según Naciones Unidas, la expresión “defensor de derechos humanos” se usa para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos, y agrega que se les conoce sobre todo por lo que hacen. Según la ONU, la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades.

El Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, SIADDHH, retoma la definición de Naciones Unidas y dice, además, que “un defensor o defensora de derechos humanos es en sí mismo un líder en la sociedad civil en cualquiera de sus ámbitos geográficos (nacional, regional o local), lo que significa que no pertenece a ninguna institución del Estado”.

Por otro lado, en la Fundación Paz y Reconciliación no toman el concepto de Naciones Unidas, sino que a través de la experiencia y la recopilación de fuentes (incluida la ONU) han construido su propia definición. “Se trata de personas que tienen vocación de transformación social; que movilizan apoyos políticos y ciudadanos”, de acuerdo con Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política.

“Son ciudadanos, es el poder ciudadano lo que hay allí”. Así resume Luis Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, el concepto de líder social y defensor de derechos humanos.

¿Qué hacen los defensores de derechos humanos?

“Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”, explica la ONU, que además indica que los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación.

Los defensores de derechos humanos o líderes sociales también defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, de los indígenas, los niños, y de minorías sociales.

¿Quién puede ser defensor de derechos humanos?

Según las Naciones Unidas, cualquier persona o grupo de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo, hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. “Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado”.

¿Qué importancia tienen los líderes sociales para sus comunidades en Colombia?

Paula Gaviria explica que el asesinato de líderes sociales impacta fuertemente la cohesión que ellos logran de la comunidad en torno a propósitos comunes en un mundo que es cada vez más individualista.

“Cuando matan un líder o lo amenazan es como si estuvieran amenazando a toda una comunidad, están afectando los sueños de una comunidad, su esperanza, el futuro de una comunidad que está representada en esa persona que está soñando con un futuro diferente. Ahí hay cierto heroísmo y cuando asesinan un líder se afecta el alma de una comunidad”, asegura Gaviria.

“Acentuaría la gravedad de los asesinatos de líderes pertenecientes a comunidades étnicas porque hay unas tradiciones y un tema cultural  que se transmite por generaciones que cuando se pierde a un líder Awá o Embera o de un consejo comunitario se está perdiendo una manera de saber hacer las cosas, una manera de transmitir el conocimiento, de transmitir una manera de ver el mundo, de cuidar la tierra, de cuidarse como comunidad que se pueden demorar décadas o siglos volviéndose a dar. Ahí hay un peso mayor”, resalta Gaviria.

¿Qué importancia tienen las diferencias en el concepto de líder social a la hora de investigar los asesinatos?

Bastante, según Jiménez, “pues hay organizaciones que han tenido un conteo mayor al de Pares y el concepto varía en las cifras”.

Para Gaviria tiene importancia cuando el ente investigador, sea el que sea, no se guía como criterio principal de investigación por el liderazgo social de la víctima, pues si se se basan en primera instancia en otras hipótesis relacionadas con las circunstancias de los hechos  probablemente no llegue nunca a encontrar el verdadero motivo del asesinato.

Sin embargo, advierte el investigador, “el gobierno ha querido hacer ver que no hay cifras claras, concretas. Pero el problema no es cuántos líderes sociales son, sino qué se está haciendo (desde el gobierno) para que no los maten. Para dar garantías del ejercicio y que el liderazgo y la protesta social sean un derecho garantizado en el país”.

¿Por qué las cifras de líderes sociales asesinados varían entre organizaciones?

Como cada organización, e incluso el Gobierno Nacional, utilizan una definición y una metodología distintas de recopilación de datos, como explicaba Jiménez, el número de líderes sociales asesinados varía para cada conteo.

Para el Gobierno, desde la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta la publicación en julio de 2018 de nuestro artículo #NosEstánMatando: Los orígenes de las cifras de líderes sociales asesinados, los líderes asesinados eran 178.

El conteo de Pares, desde la misma fecha, hasta el viernes 25 de enero de 2019, va en “212 asesinados con ocasión de sus actividades de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, según confirma Jiménez.

Sin embargo, la cifra oficial, en la que se apoya la Fiscalía General de la Nación, está basada en la verificación que hace la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y según el último informe del Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado el 26 de diceimbre del año pasado, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, “se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total”.

Pero también hay que tener el cuenta la fecha en que se parte para hacer el conteo. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, había reportado 311 líderes asesinados, contando desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018.

Sábado, 12 Agosto 2017

Las mujeres de la Universidad de Córdoba: miedo, verdad y resiliencia

Por Renata Cabrales Cueto

El conflicto armado y social colombiano dejó como saldo muertos inocentes y desplazados. En su mayoría, mujeres. Pero además instaló el miedo en las víctimas directas o compañeras de líderes sociales y sindicalistas, que fueron hostigadas por parte de grupos paramilitares en la Universidad de Córdoba.

Cinco mujeres son dueñas de la siguiente historia. Esculcan en los recuerdos que las han marcado, que cambiaron sus vidas y las de sus familiares. Muchas veces no quieren contar o cuentan poco. Lo hacen como si sacaran un objeto valioso de un viajo baúl y le quitasen el polvo. Despacio, con paciencia, deteniendo el tiempo adrede para que sea menos doloroso sacarlo a la luz.

La cacería de brujas de la cual fueron víctimas estudiantes, docentes, sindicalistas de la Universidad de Córdoba, también las afectó a ellas y aunque menos intensa en estos momentos, todavía no termina.

Todo comenzó con la persecución contra profesores y sindicalistas en el departamento de Córdoba en los años 90, la cual se enquistó después en la Universidad de Córdoba.

Se dice que la represión en el alma mater se registró con fuerza con la llamada toma paramilitar de Salvatore Mancuso, quien hacía parte de las Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) junto a Carlos Castaño, quien fue líder de la organización.

Pero según testimonios de víctimas que hicieron parte del sindicato de trabajadores, como René Cabrales, quien fue su presidente por un largo periodo en la década del noventa: “La represión comienza a principios de los años ochenta, con el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, el decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978. El Estatuto es la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al ‘enemigo interno’, lo que condujo a los militares a catalogar a cualquier opositor del Estado como una amenaza para la nación”.

Ruby Cueto, Ilva Santos, Gloria Padilla, Vilma Salcedo, Elvira Sánchez (nombre cambiado por petición de la entrevistada), todas cordobesas, narran sus historias con palabras lentas, rebuscando los recuerdos menos dolorosos para que las lágrimas no interrumpan sus relatos.

La exiliada

Ruby Cueto, compañera sentimental de René Cabrales, con quien tiene dos hijas, dos hijos y seis nietos, fue víctima de la persecución paramilitar y estatal cuando él fue presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba. Su primera nieta, Alejandra Camargo Cabrales, de tan solo dos años y ocho meses de edad, fue asesinada en un atentado terrorista dirigido a su abuelo René, perpetrado por hombres del comandante paramilitar Salvatore Mancuso el 10 de junio de 1996.

Después del cruel atentado, Ruby y su familia tuvieron que trasladarse a Bogotá. Fueron víctimas del hostigamiento de la ultraderecha y el paramilitarismo, por lo que engrosaron las filas de los siete millones de desplazados forzados por motivos del conflicto interno.

Después de varios años en Bogotá, en una situación casi estable con su familia, René Cabrales siguió siendo objeto de amenazas y persecuciones debido a su militancia en el Partido Comunista y a su condición de defensor de derechos humanos. Tuvo que pedir asilo político para proteger su vida y la de su compañera Ruby. Ambos salieron del país dejando atrás a todos y todo. Hoy viven en Suiza, un un país frío y desconocido.

Desde el otro lado del océano, con nostalgia y mucha tristeza por los estragos que la guerra causó en ella y en su familia, de la cual se encuentra alejada hace doce años, Ruby cuenta: “Siempre tuve miedo por lo que pudiera pasarnos pues sin mi ayuda hubiese sido muy difícil para él sacar a los muchachos adelante. Tuve miedo siempre de que algo le pasara a mi familia y pasó lo peor, lo peor que le puede pasar a una madre o a una abuela como yo: perder a su única nieta. El miedo lo sentí desde antes de que comenzara la cacería de brujas, pues él militaba en el Partido Comunista. Así, cuando ingresó a trabajar en la universidad, ya tenía ocho años de militancia y había hecho parte de la comisión de finanzas del zonal de Córdoba. Además, era un militante muy comprometido con las actividades de agitación y propaganda y, así mismo, la difusión del Semanario Voz, como también de los eventos políticos que se llevaban a cabo en nuestro pueblo: las campañas electorales en las cuales participaba el partido desde los tiempos de la UNO (Unión Nacional de Oposición). Cuando él entró a trabajar a la universidad, ya muchas personas conocían su compromiso político, pues en ese entonces (1978) el partido tenía cierta influencia entre el profesorado y la parte administrativa, y como ya se sabe, todo lo que oliera izquierda era perseguido por el Estado. A mi esposo lo alcanzó esa persecución”.

La sindicalista

Ilva Santos, de 62 años, es la esposa de Joaquín Soto, quien fue miembro de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores y candidato a la rectoría de la Universidad de Córdoba.

Ilva empezó a trabajar como secretaria en la Universidad de Córdoba en 1977 y estuvo en el cargo por cuatro años más. Posteriormente, laboró para el Sindicato de Trabajadores de la Unicórdoba. Y fue allí cuando empezó su sufrimiento debido al hostigamiento que ella y su compañero padecieron por el ejercicio del sindicalismo. A Ilva la expulsaron de la institución de educación superior. No pasaría mucho tiempo para que expulsaran a Joaquín Soto. Ambos se quedaron sin trabajo. Hoy, de alguna manera, soporta una vida más estable y se dedica a las labores del hogar. Ruega que con la paz sus hijos y nietos puedan gozar de un país más justo.

“Cuando recién empecé a trabajar en la Universidad, en los años setenta, estaba embarazada de mi segunda hija. Uno de esos días se metió la Policía a la universidad y tiraron gases lacrimógenos. La gente se les enfrentó, ellos tiraban piedras, la Policía gases. No me acuerdo por qué fue la pugna, pero sí recuerdo que se enfrentaron estudiantes, trabajadores y la Policía. Sentí miedo por la niña, me estaba ahogando, me auxiliaron”, recuerda Santos.

“Joaquín fue un dirigente sindical que siempre estuvo al frente de defender los derechos de los trabajadores y por eso lo persiguieron. Un día, la Policía lo capturó y se lo llevó al batallón, lo maltrataron. Difícil no recordarlo. Todo ocurrió en esa época de los años 80. Un día lo cogieron junto con varias personas de la Universidad de Córdoba. Se los llevaron a todos y los volvieron a maltratar. A una parte la llevaron al batallón y a otra parte no se sabe a dónde. Yo fui hasta allá, me metí al batallón en un descuido de los guardias y empecé a buscar a Joaquín de celda en celda, hasta que lo encontré en la última. Lo habían golpeado. Él era sindicalista, por eso lo tenían fichado”, denuncia.

Joaquín se tuvo que ir para otra ciudad por un tiempo. Se fue a Bogotá, a Pasto también. Cuando salí de la Universidad de Córdoba empecé a trabajar en la Alcaldía y en el Colegio Nacional. Siempre conté con el apoyo de mi familia y de mis hermanas para atender a mis hijos mientras estaba sola. Sentía mucho miedo de que a él le pasara algo. Los compañeros me daban apoyo. Yo estaba pendiente de mis hijos. Todo ese tiempo que estuve sola lo único que hice fue trabajar”, rememora Santos con dolor.

“Fueron momentos de miedo. Ahora, gracias a Dios, estamos unidos y seguimos trabajando por nuestros hijos y nietos, luchamos por que se dé la paz, para que este país sea mejor, más libre”, concluye la sindicalista.

La estudiante

Vilma Salcedo, 45 años. Se resiste a olvidar. Su capacidad de resiliencia la demuestra como vocera de paz enseñando la que para ella es la verdadera historia del país a los estudiantes de un colegio distrital del municipio de Soacha. Tiene dos hijas por quienes trabaja duro cada día. Es activista política y precursora de paz.

Ella trata de recordar con cierta dificultad lo que padeció siendo una estudiante de la Universidad de Córdoba durante los años noventa, época en que se acentúa la persecución a los sindicalistas y al movimiento estudiantil:

“En los años 90 varios compañeros del movimiento estudiantil fueron desaparecidos por los paramilitares, algunos se fueron del país, entre esos mis compañeros de la Juventud Comunista Colombiana, Juco. Estudié Ciencias Sociales en la universidad entre 1990 y 1995. Éramos un grupo como de doce estudiantes, hacíamos manifestaciones en defensa de la educación de calidad y del bienestar universitario. Pedíamos autonomía y respeto de la dirección de la universidad frente a la gestión de los recursos”, recuerda Salcedo.

“Infortunadamente después de que se consolidó el movimiento estudiantil en la Universidad comenzaron la persecución y los asesinatos. No recuerdo los nombres de todos ellos porque uno de los efectos de ese momento tan doloroso para mí ha sido la perdida de la memoria. Yo no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo los rostros de los muchachos y algunas anécdotas con ellos, pues salíamos como Juco a eventos nacionales. Estuvimos en un encuentro nacional de las Juventudes Comunistas de Colombia, en el año 1994. Éramos muy unidos, jóvenes muy estudiosos, con mucho talento”, describe.

“Toda esa persecución ha dejado huellas que cambiaron mi vida y tienen que ver con el miedo, la sensación de incertidumbre y de temor a que todo se repita. Me da miedo el riesgo de lo que significa la vida alrededor del activismo político, las amenazas que entonces se ciernen sobre las familias. Esas son las cosas que hoy en día me bloquean mucho y me generan mucha ansiedad”, confiesa la vocera.

“En 1996, cuando me fui a vivir con mi compañero de entonces, Alaín Cabrales, hijo de René Cabrales presidente del sindicato de trabajadores de la universidad, presencié el atentado que le hicieron en su casa. Yo estaba embarazada de mi hija Isabel. Durante el tiroteo, me escondí en el patio. Recé por mi hija y por Alejandra, la sobrina de Alaín, quien no sobrevivió. Mi hija nació casi un mes después y siempre sentí que Alejandra la cuidaba desde el cielo”, concluye Salcedo.

La trabajadora

Gloria Padilla, de 50 años, es la compañera sentimental de Antonio Flórez, quien fue presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba, a finales de los años 90.

Gloria comenzó a trabajar en la Universidad de Córdoba el mismo año que Flórez ejerce como presidente del sindicato. Comienzan a salir juntos, se enamoran, pero los siguen, los hostigan. Por eso se encontraban en secreto en diferentes rincones del país, donde nadie los conociera y así podían amarse con libertad, lejos del hostigamiento y las amenazas de las cuales era víctima Florez por su labor de sindicalista. Finalmente, se casaron, tuvieron tres hijos y, en este momento, a pesar de todo lo que ha ocurrido, sigue trabajando en el Departamento de Enfermería de la universidad, con el fin de sacar a sus hijos adelante.

“Todos mis compañeros de trabajo, los que estábamos en esa época, no podíamos ni hablar. Estábamos, como dice la canción de Shakira, “ciega, sorda y muda”. O sea, todo era dedicado nada más al trabajo, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Nadie se atrevía a hablar con nadie, no se podía hablar de lo sucedido, de lo que estaba pasando. El caso de Antonio, de mi compañero, nunca se podía mencionar porque todo lo relacionaban con que éramos informantes porque de él decían que era de la guerrilla. En el momento en que salió de la universidad, todos empezaron como a hundirlo más y a no decir que el problema era con los paramilitares. ¿Por qué lo querían sacar de ahí? Pues porque era el presidente del sindicato de los trabajadores. Eso fue durante los años 98, 99 y 2000, cuando yo llegué a trabajar a la universidad. Él puso denuncias ante la Fiscalía, pero nunca le han respondido”, cuenta Padilla.

“Comencé a trabajar en el 98 en la época en que más perseguían a los dirigentes sindicales. Ahí fue cuando conocí a Antonio y comenzamos a tener una relación. Incluso, a nosotros nos tomaban fotos. Yo tenía fotos regadas que me había encontrado por allá en un poste en La Castellana, o sea, me tenían identificada. Un fotógrafo me dijo: “Mira, acá encontré estas fotos que le montaron a Antonio”, o sea nos las tomaban y nos tenían como vigilados. Ahora estamos juntos con nuestros hijos, seguimos trabajando y a ellos les hablamos de la paz”, explica.

La docente

Según el testimonio de la docente de Enfermería, Elvira Sánchez (nombre cambiado por petición de la fuente), de 53 años, las mujeres de la Universidad de Córdoba aún son presas del miedo debido al hostigamiento paramilitar que dentro de la institución continúa.

Lo primero que nos solicitan es cambiar su nombre, pues aún tiene miedo de ser señalada y de los riesgos que pueda correr su hijo de 12 años. Elvira comenzó a trabajar en 1981 y es de planta desde 1991. Aún teme salir en familia. Si salen a comer un helado, advierte, debe ser rápido y ni siquiera pueden sentarse a disfrutar la noche en la terraza de su casa.

“Entré a protección por mi propia cuenta, por los procesos que se estaban llevando en el sindicato en ese momento. Eran unas investigaciones internas del sindicato sobre el manejo de presupuesto. Trabajamos sobre ese punto y a mí me ponen en protección. El sindicato presentía que había problemas en la contratación y se estaban haciendo estudios. Nosotros, es decir el sindicato, empezamos a hacer investigaciones”, señala Sánchez explicando la génesis de sus problemas.

“Vinieron del Ministerio del Interior, identificaron en qué actividades estaba cada uno de nosotros, nos investigaron, nos hicieron análisis de riesgo, y yo quedé en alto riesgo, entonces me ofrecieron que tuviera escolta, vigilancia, para proteger la intimidad de mi familia”, recuerda.

“No acepté tener escolta y como no tenía modo de cambiar la ruta de entrada a la casa, yo tenía que entrar siempre por el frente, me pusieron protección policial, mañana, tarde, noche, de venida a la universidad, de ida, de regreso. En Navidad, en Año Nuevo, todo el día a toda hora. Todavía tengo ese sistema de protección. Manteniéndome con normas de autoprotección, cuidando mucho de mí. En mi casa nosotros no nos sentamos en la puerta. Me pusieron protección desde el 2014”, aclara.

“Cuando entré a la universidad lo primero que hice fue afiliarme al sindicato y lo segundo que hice fue pertenecer a la junta directiva. Estuve en un viaje al que nos llevaron obligados allá a Santa Fe de Ralito, el lugar de mando de los paramilitares. Mancuso quería mostrarse, parecía un ‘Tarzán’, pues se golpeaba el pecho y decía: Voy a salvar la universidad de los guerrilleros, porque en la universidad se pagan rescates dentro de las aulas de clase, ustedes necesitan de mí”, dice bajando la voz.

“Estuvimos en Santa Fe de Ralito, salimos a las seis de la mañana y regresamos a las once de la noche a Montería. Estuvimos allí, recibíamos visitas. Una vez que estuvieron aquí, ellos hicieron una reunión dentro de la biblioteca de la Universidad de Córdoba. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando, no era que lo presentíamos, sino que nosotros sabíamos lo que pasaba, querían tomarse la universidad. Ahora sigo enseñando enfermería, veo por mi hijo y ruego que con los acuerdos de paz esta persecución llegue a su final”, concluye Sánchez.

El miedo que sembró la toma paramilitar

En los años noventa se recrudece la persecución con el nacimiento de las Accu, (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). René Cabrales, compañero sentimental de Ruby Cueto, había sido bien recibido en el ámbito sindical. A los pocos meses de haber firmado su contrato de trabajo pidió afiliación al sindicato y un año después hacía parte de la junta directiva.

Comenzó su carrera sindical y, así mismo, empezaron también a activarse los grupos paramilitares, quienes iniciaron la más terrible persecución contra las organizaciones de izquierda, materializada en amenazas, allanamientos a sedes sindicales y sociales, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos a defensores de derechos humanos y de los trabajadores.

Así fueron cayendo miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica, miembros de organizaciones político-sindicales, campesinas e indígenas en todo Córdoba.

En el sepelio de Rafael Duque Perea, en abril de 1987, circuló un volante firmado por el grupo paramilitar Ojo por Ojo, en donde aparecían amenazados varios miembros de sindicatos y partidos de izquierda, acusados de guerrilleros.

Tras el asesinato del profesor Francisco Dumar, asume Cabrales el cargo de fiscal de la Federación Sindical Unitaria de Trabajadores de Córdoba (FESTRACOR-CUT): “Entonces me propuse seguir impulsando el proceso unitario que habían iniciado con las demás corrientes al interior de la federación. Acordamos realizar el congreso que dio vida a la CUT seccional Córdoba el 30 de abril de 1991 y en el cual fui elegido presidente, cargo que ocupé hasta abril de 1996, poco antes del atentado del que fui objeto junto con mi familia”, cuenta Cabrales.

En la década del noventa, con la implementación de la ley de educación superior, empezaron a llegar recursos importantes y entonces aumenta el clientelismo.

Mediante dicha ley, estudiantes y trabajadores podían elegir el cuerpo administrativo, pero en 1987 se envía un documento a la Procuraduría General de la Nación, firmado por sindicatos, trabajadores, Aspu y UP, denunciando toda la persecución, allanamientos ilegales, hostigamientos a estudiantes y la corrupción administrativa y el manejo de la politiquería para hacer contratos al personal universitario.

Los trabajadores exigieron y lograron que fueran ellos quienes pudieran elegir a las autoridades directivas de la universidad. Entonces, el primer rector elegido bajo ese decreto, en 1994, fue Ángel Villadiego Hernández.

En aquel tiempo comenzó una campaña de desprestigio y señalamiento contra la comunidad universitaria que desembocó en la eliminación física de muchos de sus miembros y el desplazamiento forzado de otros. El primer asesinato fue el de Julio Cuervo, profesor de Veterinaria. En el 2000 secuestraron a 37 estudiantes.

La toma paramilitar de la Universidad de Córdoba implicaba que Salvatore Mancuso era el que daba órdenes y seleccionaba al personal administrativo y directivo. De ahí resulta el “plan limpieza” y el terrible caso del asesinato de Hugo Iguarán Cotes, candidato a la dirección de la universidad en el 2000.

Para Ruby Cueto, la intensificación del conflicto fue el detonante de los dolores acumulados.

Después de tanta persecución de parte de los paramilitares (su primera amenaza la recibió en 1989 y la Central Unitaria de Trabajadores lo envió a Cuba por tres meses a estudiar en la escuela sindical de la CTC, Central Trabajadora de Cuba) y de mucha confianza de parte nuestra, pasó lo inevitable: “Las amenazas se materializan en un atentado terrorista en nuestra casa familiar, el 10 de junio de 1996, dejando como saldo la muerte de nuestra inocente nieta, Alejandra Camargo Cabrales. Con su partida, permanece el dolor en nuestros corazones y los recuerdos que prefieren permanecer dormidos, así como también la desintegración del núcleo familiar, debido al ineludible asilo”, narra Cueto.

Las protagonistas de estas historias no solo hablan de hechos de victimización, sino que además demuestran cómo han resistido todas esas luchas y cómo ha sido su capacidad de resiliencia luego de haber sobrevivido a los estragos del conflicto armado, político y social del país.

No solo cuentan el sufrimiento. Creen en el nuevo momento de la paz. El miedo, el dolor, la incertidumbre, la resistencia y la resiliencia son piezas claves en sus relatos.

“A pesar de la distancia, me he dedicado a trabajar, ayudo económicamente a mis nietas cuando lo necesitan. Me gusta que estén bien y ruego que esta guerra acabe, que pronto haya paz, para por fin poder reencontrarnos”, dice Cueto desde el exilio.

Estas mujeres, en medio de unos acuerdos de paz, tratan de reconstruir los relatos que le faltan a la historia del país. Sus memorias rotas por el miedo que aún sienten por hechos del pasado, indefectiblemente las convierten en protagonistas del presente.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en el Semanario Voz.