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Miércoles, 02 Octubre 2019

Explicador: ¿Qué pueden prometer los candidatos para estas elecciones regionales?

Por José Felipe Sarmiento

Ojo con las propuestas que se salen de las funciones de cada cargo y del margen de maniobra que le da la Nación a cada ente territorial. No crea en falsas ilusiones.

Hay candidatos a elecciones locales que prometen multiplicar el presupuesto de sus municipios o departamentos, hacer (por fin) costosas obras aplazadas por décadas e incluso expedir normas que contradicen la Constitución. Estas propuestas de campaña exceden las funciones de los cargos a los que aspiran y, como mínimo, requieren de difíciles gestiones ante el Gobierno Nacional y el Congreso para tener alguna posibilidad de hacerse realidad.

En este explicador, Colombiacheck recuerda qué es lo que sí pueden hacer los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles que serán elegidos el próximo 27 de octubre y qué límites tienen para cumplir con algunos de esos difíciles compromisos. La Misión de Observación Electoral (MOE) tiene una cartilla donde explica qué es lo que realmente le compete a cada cargo.

Además, hay que tener en cuenta que los entes territoriales están clasificados en categorías que determinan su grado de autonomía frente a la Nación, según el tamaño de su población, sus recursos propios y sus gastos de funcionamiento; como lo confirma el constitucionalista Ricardo Zuluaga Gil, experto en la organización político-administrativa de Colombia.

“En teoría, Colombia es un Estado descentralizado. Pero la capacidad de maniobra real de los departamentos y municipios es muy poca”, explica. La razón es que hay muchos límites creados por leyes o reglamentaciones del orden nacional, que las regiones no pueden violar, pues estarían incurriendo en corrupción. La desviación de esos recursos con destinación específica se llama peculado por aplicación oficial diferente en el Código Penal y tiene mayores penas cuando afecta el presupuesto de la seguridad social.

¿Qué puede prometer un aspirante a gobernador?

Los gobernadores son los representantes legales de cada departamento, sus máximas autoridades administrativas y los agentes del Presidente en materia económica y de orden público para sus jurisdicciones. Así lo establece el artículo 305 de la Constitución.

Este también les da otras atribuciones: presentar proyectos a las asambleas y hacer cumplir las ordenanzas aprobadas por ellas (aunque también las pueden objetar), nombrar a los funcionarios de sus gabinetes, crear o eliminar cargos con sus respectivos salarios, conseguir recursos y ejecutarlos.

Zuluaga Gil afirma que las diferencias prácticas entre categorías departamentales son menos que entre las municipales. Esto se debe, según el académico, a que “cuando un ciudadano necesita algo, casi siempre dirige su petición al nivel nacional o al local, no al regional”, pues los primeros tienen más funciones.

El experto reconoce, no obstante, algunas gobernaciones “fuertes” gracias a los ingresos de sus licoreras, la presencia de municipios más ricos o su ubicación estratégica: Antioquia, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Risaralda. En consecuencia, los candidatos a encabezar estos departamentos tienen mayor facilidad para prometer obras o programas independientes a los que ofrece la Nación.

¿Qué puede prometer un aspirante a diputado?

Los diputados son quienes integran las asambleas departamentales y, por tanto, quienes hacen las ordenanzas. En términos más sencillos, podría decirse que son una versión a escala del Congreso de la República: pueden proponer y expedir normas en múltiples temas, aprobar o rechazar las que proponga el gobernador (entre ellas el presupuesto anual), crear tributos departamentales, darle ciertas autorizaciones a la Gobernación y hacerle control político.

Al menos así está definido en el artículo 300 de la Constitución. Pero, de nuevo, aquí aplica la salvedad de Zuluaga sobre el verdadero poder de los departamentos frente a los municipios y la Nación, así como lo referente a la fortaleza de los casos particulares ya mencionados en comparación con los demás. Por tanto, en la mayoría de los casos, los asambleístas “están casi solo para aprobarle el presupuesto al gobernador”.

Fuera de esto, reconoce que “lo más relevante [que pueden hacer] es vigilancia y control político a la administración” y la elección del contralor departamental.

¿Qué puede prometer un aspirante a alcalde?

Las competencias de los alcaldes están en el artículo 315 de la Constitución. Son similares a las de los gobernadores a nivel departamental. Son los jefes de la Policía, pueden presentar proyectos de acuerdo, deben sancionar y garantizar el cumplimiento de los que el respectivo Concejo apruebe, administran los cargos de su gabinete y los recursos de la administración.

Sin embargo, “los municipios tienen más funciones que los departamentos y en muchos casos son más ricos”, dice Zuluaga Gil, porque se encargan de manera más directa de aspectos como la salud, la educación o la seguridad. Por ejemplo, el presupuesto aprobado para Medellín en 2019 supera en casi un billón de pesos al de Antioquia. Para la misma vigencia, Cali fijó 3,5 billones y el Valle del Cauca, 2 billones; 57 por ciento más para la ciudad que para el departamento al que pertenece.

Por eso los aspirantes a algunas alcaldías pueden prometer más cosas, aunque no es así en todos los casos. “Hay municipios en Colombia que dependen en un 90 por ciento de las transferencias de la Nación que están reguladas por ley”, señala el constitucionalista. De modo que tiene más posibilidades de cumplir promesas novedosas quien quiere liderar un pueblo de categoría especial o 1, mientras que esto es casi imposible para los de la 6, que es la más baja.

¿Qué puede prometer un aspirante a concejal?

La relación entre los integrantes de los concejos municipales o distritales y los alcaldes es similar a la de las asambleas con los gobernadores. La ventaja que tienen también es la fuerza de las administraciones locales en comparación con las regionales. Para Zuluaga, “los concejales son los que tienen mayor interacción con la comunidad” y por eso también tienen más poder en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

Como en el caso de los alcaldes, esto también depende mucho de la categoría del municipio (los distritos tienen más independencia). Incluso su capacidad de hacer control político está ligada al tamaño de la población, pues la moción de censura contra secretarios de despacho solo es posible en capitales departamentales o donde hay más de 25.000 habitantes; en los demás se pueden hacer observaciones que no implican el retiro del funcionario.

Los proyectos de acuerdo que se prometan también deben tener en cuenta la realidad de recursos del municipio y su grado de autonomía frente a la Nación.

Otras de sus atribuciones importantes, en las que pueden actuar con algo de libertad, son las de regular el uso del suelo o elegir al personero municipal.

¿Qué puede prometer un aspirante a edil?

Los ediles conforman las juntas administradoras locales (JAL) de las comunas, los corregimientos y las localidades. Se trata de organismos sobre todo de vigilancia y acompañamiento en la administración de recursos, en especial para obras y servicios, como lo establecen la Constitución y la ley que regula el funcionamiento de los municipios.

El decreto reglamentario sobre el Distrito Capital les da algunas más en Bogotá. Para Zuluaga, esto y el presupuesto mucho más grande que manejan en esta ciudad les permite “presionar un poco” para la inversión en proyectos más específicos.

En el resto del país, en cambio, considera que “no pueden prometer ninguna fórmula concreta” porque su función no pasa de la recomendación de inversiones sin muchos dientes para que sean tenidas en cuenta por las administraciones y los concejos.

En resumen, Zuluaga plantea que los candidatos a estas elecciones “deben ser muy creativos” para prometer algo nuevo sin salirse de los límites constitucionales, legales y prácticos que tendrían en caso de quedar elegidos. Cada ciudadano deberá evaluar, teniendo en cuenta estos factores, si le quieren pintar pajaritos en el aire o si de verdad le van a cumplir.

Miércoles, 22 Agosto 2018

El promesómetro de Iván Duque: tres promesas de campaña que, a dos semanas de gobierno, se están enredando

Por Carlos González

Fracking, impuestos y consulta anticorrupción, tres promesas de campaña que se le están complicando a Iván Duque.

Con un nuevo gobierno recién instalado, en Colombiacheck vamos a comenzar a hacerle seguimiento a algunas de las promesas que el nuevo presidente Iván Duque hizo en campaña. Hoy comenzamos por tres que se le están embolatando.

Meses previos a ser elegido presidente, Duque les dijo a los colombianos que no iba a haber fracking en el país, pronunció la famosa frase “menos impuestos, mejores salarios” y, decididamente, dijo que su partido iba a apoyar la consulta anticorrupción impulsada por la senadora Claudia López. Todas esas frases de campaña han quedado en el aire.

En primer lugar, su ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo en entrevista con El Espectador que quería convencer al presidente Duque de permitir la explotación de petróleo a través de la fractura hidráulica (método también conocido como “fracking”) de una manera “responsable y segura”.

El principal argumento de la funcionaria es que con el fracking se van a elevar las reservas de gas de 11 a 30 años, mientras que las de petróleo van a pasar de siete a 15 años, lo cual tendría un impacto positivo para la economía del país.

Si Duque acepta esta propuesta, sin embargo, estaría faltando a su promesa electoral. En abril, durante un evento de campaña en Bucaramanga, el entonces candidato dijo que “en Colombia no se hará fracking”.

Duque, además, dijo que "tenemos unos ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso he dicho que en Colombia no se hará fracking afectando algunos de sus elementos".

La propuesta de la ministra de minas, además, iría en contra de la tendencia mundial, pues el fracking es una técnica que ha sido prohibida en varios países como Francia o España.

En Francia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional manifestó que “se pretende evitar los riesgos que este proceso de exploración y explotación de hidrocarburos pueda ocasionar en el entorno”.

Por otra parte, un artículo de The New York Times de 2011 encontró que en los 240 yacimientos que existen en los estados de Pennsylvania y West Virginia que fueron estudiados había residuos de agua con elementos radioactivos.

Pero para Duque, la tentación del fracking no será fácil de evadir en una economía que se ha ralentizado en los últimos años. Según Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Acipet, más 30.000 millones de dólares de inversión extranjera podrían llega al país para trabajar en proyectos de fracking..

Según información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de crudo del país a mayo llegaron a 1.782 millones de barriles, y hay 40 bloques de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.

Con esto, se incrementarían las reservas hasta los 10.000 millones de barriles, además de extender las provisiones de 7 a 15 años, manifestó la ministra Suárez.

El cambio de opinión en este tema podría venir pronto. Actualmente, la ANH está estudiando una solicitud de la empresa energética ConocoPhillips para operar un campo con fracking en el departamento del Cesar.

Pero los retos del nuevo gobierno de Duque no terminan ahí. El ahora estrenó su eslogan de campaña “menos impuestos, mejores salarios” cuando inscribió su candidatura en marzo. Incluso, el nuevo presidente y su mentor, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, fueron al Congreso varias veces con carteles que incluían estas frases.

Sin embargo, en una de sus primeras declaraciones en el cargo, el nuevo ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, pidió que se estudiara la posibilidad de que las personas con ingresos mensuales de 1,95 millones empezaran a declarar renta.

Para el Duque de hace dos años, en medio de la discusión de la reforma tributaria de 2016, subir los impuestos a la clase media era desacelerar la economía.

Duque, incluso, dijo que la economía no se recuperaba con impuestos, sino con austeridad.

Por otra parte, Iván Duque se ha distanciado de algunos de sus copartidarios del Centro Democrático respecto a su posición sobre la consulta anticorrupción que los colombianos podrán votar este domingo.

En abril, durante la campaña presidencial, congresistas del Centro Democrático como Uribe y Paloma Valencia le dieron su apoyo a la consulta y se comprometieron a hacer campaña por el “sí”, con la condición de que se hiciera después de la elección presidencial.

Después de ser elegido presidente, Duque reafirmó su apoyo a la consulta. Pero el día de su posesión anunció que presentaría varios proyectos de ley sobre temas de corrupción similares a los tratados por la consulta.

Ese mismo día, Noticias Uno reveló un video de una reunión privada del Centro Democrática en la que Uribe, entre otras cosas, dijo que “menos mal que el presidente no se metió con eso de la consulta anticorrupción”.

Un día después, Uribe dijo en el Congreso que no apoyaba la consulta anticorrupción y que prefería apoyar los proyectos presentados por Duque.

Y, aunque Duque confirmó esta semana que seguía apoyando la consulta, su partido sigue menospreciándola. Sin ese apoyo que el Centro Democrático había prometido durante la campaña, la consulta la tendrá más difícil para conseguir los más de 12 millones de votos necesarios para ser aprobada.