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Viernes, 14 Septiembre 2018

Implementación de enfoque de género del acuerdo de paz, todavía en palabras

Por Sania Salazar

Casi dos años después de que el gobierno nacional firmara el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, el enfoque de género que quedó plasmado en el documento no ha pasado de los decretos a la realidad. Las entidades que han evaluado la implementación del enfoque de género coinciden en que hay dificultades para aterrizarlo en acciones concretas en los territorios. La atención de la comunidad LGBTI está todavía más quedada.

“En política sexual y reproductiva está super mal el asunto”, dice Camila Hoyos, abogada y asesora de temas de mujer y género de la UTL de la senadora del partido Farc, Victoria Sandino, sobre las mayores dificultades de la implementación de género en el proceso de reincorporación de los excombatientes.

“No hay atención diferencial para los temas de anticoncepción, para el seguimiento a los embarazos, hay dificultades con las enfermedades del aparato reproductivo. En algunos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) no hay médico ni enfermera, y en los que hay van una vez a la semana y atienden cosas generales”, detalla Hoyos.

Este es apenas un ejemplo de la dificultad de llevar a la práctica la implementación del enfoque de género incluido en el Acuerdo Final entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc que organizaciones como el Instituto Kroc han detectado al hacer una balance de la implementación en esta materia.

Hoyos asegura que la política de sustitución de cultivos ilícitos carece del enfoque de género. Dice que, por ejemplo, los acuerdos de sustitución colectiva no tienen medidas especiales para las mujeres y, según ella, eso va a generar dificultades para que las mujeres ingresen y se mantengan en esos programas. Para Hoyos se trata de falta de compromiso y de voluntad política.

Voluntad política que también menciona Borja Paladini, director del Instituto Kroc, de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, al hablar del más reciente informe de esa entidad sobre la implementación del Acuerdo

“Falta fortalecer la voluntad política, pero sobre todo, falta que a la hora del diseño de las políticas, de las leyes, de las normas, del diseño de la implementación de esas políticas no se pierda el enfoque de género, los enfoques diferenciales, a veces se pierden en la acción. Es la capacidad transformadora de esa política, de esos recursos, de ese bien que ofrece el Estado”, explica Paladini, quien además dice que se trata de un asunto de capacidad técnica y de eficacia y llama la atención sobre la importancia de que las políticas sean sensibles a las necesidades diferenciadas de la población.

El llamado de atención no es gratuito. El informe indica que de las 578 disposiciones contenidas en el Acuerdo Final, 130 tienen enfoque de género y que, de estas últimos solo el 3% se ha implementado completamente (a mayo de 2018). El 7% está en nivel intermedio. El 26% tiene un nivel mínimo y el 64% de esos compromisos no se han empezado a implementar. “Esta mirada general muestra que, si bien hay avances, aún falta mucho por implementar”, concluye el documento.

Según el informe, el 53% de las disposiciones con enfoque de género requerirán de una implementación a largo plazo, mientras que el 42% de las que no lo tienen necesitarán ese lapso, lo que, según el análisis puede explicar parcialmente el bajo nivel de implementación completa a la fecha.

El documento aclara que iniciar una disposición con enfoque de género puede depender de acciones como la inclusión de ese enfoque en una iniciativa legislativa, lo que explica los niveles relativamente altos de implementación mínima para este tipo de compromisos.

Pero para Paladini el enfoque fuerte del enfoque de género ha estado hasta el momento en el diseño de normas y programas y en la creación de instituciones. Aunque dice que en algunas de estas iniciativas se menciona el tema de género más que en otros, hay avances y sensibilidad en que ese tema es importante

“En algunos casos se observa que, aun cuando el enfoque es explícito y el compromiso es de corto o mediano plazo, su implementación no se ha priorizado”, lo que puede explicar los altos niveles de implementación no iniciada, según el estudio.

Sindy Torres, asesora del tema de mujer y género del partido Farc, calcula la implementación del enfoque de género en un 25%. Dice que no es suficiente y coincide con Paladini en que los avances significativos se han logrado en creación de institucionalidad de normas, pero resalta que faltan medidas específicas. Torres también menciona la apropiación en esa materia que ha visto en el movimiento de mujeres. “Falta, pero estamos andando, que es lo importante”, concluye.

 

Puntos álgidos


Reforma Rural

El informe llama la atención sobre la vulnerabilidad de las mujeres cabeza de familia y las realidades de las mujeres rurales, especialmente en términos de la economía del cuidado. También en la estigmatización a las mujeres involucradas en cultivos de uso ilícito.

Hace un llamado de atención sobre la participación de las mujeres en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues indica que a enero de 2018, de las 404 pre-asambleas PDET realizadas, 38.865 personas han asistido, de las cuales el 38% son mujeres.

Otro punto que se destaca es la necesidad de garantizar la seguridad, tanto de las mujeres como de las comunidades que participan en los procesos de sustitución o formalización de tierras. Por ejemplo, recuerda que “el 1 de abril, Magdalena Cruz Rojas líder comunitaria, quien encabezaba el Movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán fue asesinada en presencia de su familia”.


Reincorporación

El informe resalta como una avance importante la creación de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación, que ha trabajado en el diagnóstico de la situación de las excombatientes y en una hoja de ruta.

La participación en política de las mujeres del partido de la Farc podría ser mucho mayor. El informe indica que en la campaña cumplieron con el mínimo del 30% de participación de candidatas que establece la ley de cuotas (en las listas departamentales a Cámara), pero solo dos de las 10 curules en el Congreso pactadas en el Acuerdo las ocupan mujeres, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, ambas en el Senado y no hay ninguna en la Cámara de Representantes.

Torres explicó que el partido Farc está en el proceso de apartarse de las prácticas machistas y está cualificando sus mujeres y en general a sus cuadros políticos.

En cuanto a los proyectos productivos, que hacen parte de la reincorporación económica, el informe encontró que “a enero de 2018, de las 45 cooperativas que se han creado en las diferentes zonas (ETCR), 27% son de mujeres” y menciona que en dos proyectos aprobados durante la semana del 16 de abril de 2018 no incluyeron ni la participación de mujeres en el liderazgo del proyecto, ni una consideración del impacto del proyecto en las mujeres. Por eso la conclusión es que el principal reto es “lograr que en los proyectos aprobados se evidencie la inclusión efectiva y desarrollo del enfoque”.

Según el censo socioeconómico que realizó la Universidad Nacional sobre las Farc, el 23% de los excombatientes son mujeres. Hay que aclarar que ese no fue un censo poblacional, por lo que los 10.015 exguerrilleros a los que se les realizó la encuesta no son el total de miembros que forman parte de esa exguerrilla.


Garantías de seguridad

“En la comisión nacional de garantías de seguridad, que es un espacio en el que se toman decisiones, un espacio de diálogo político entre el Gobierno, la sociedad civil y otros actores del Estado para mirar los temas de seguridad relacionados con la implementación del Acuerdo no hay una mujer y las mujeres han pedido que esté al menos una en una comisión que está integrada por varias personas, ¿si no hay mujeres cómo podemos esperar que estén representadas las visiones de las mujeres?”, pregunta Paladini.

Los buenos ejemplos

Quizá el mejor ejemplo de la implementación del enfoque de género hasta ahora son los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, “donde las mujeres representan el 54,9% de las integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y el 45,45% de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición”.

Paladini destaca además que en la JEP no solo hay representación equitativa de hombres y mujeres, sino que además hay indígenas y afros. Para el director del Instituto Kroc, aunque todavía hay mucho por hacer en términos de género, no se puede olvidar que el Acuerdo colombiano es el que más incluye, en términos comparados, medidas afirmativas hacia las mujeres y un enfoque de género como elemento transversal.

El avance de las normas

Otro informe sobre la implementación del Enfoque de Género en los Acuerdos de Paz, realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, coincide con el informe del Instituto Kroc en varios puntos. Por ejemplo, dice que la implementación se ha quedado en la creación de normas y no ha pasado a las acciones concretas, coincide en señalar la baja participación política de las mujeres del nuevo partido Farc y en la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los PDET, entre otros aspectos.

El informe también menciona la falta de atención en materia de salud sexual y reproductiva que señala la asesora de la senadora Victoria Sandino.

Además, este informe indica que aunque hay un reconocimiento de la comunidad LGBTI en las normas expedidas, tampoco en ese caso son claras las acciones afirmativas para incluir de manera efectiva a esa población en el enfoque de género.

Para Torres, la inclusión de la población LGBTI en el enfoque de género de la implementación es prácticamente nula y es una tarea que le corresponde al nuevo Gobierno, pero en la que Farc tiene el compromiso de ayudar a impulsar las medidas necesarias porque están conscientes de que es una deuda.

Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, también habla de la dificultad para que se concreten las acciones para esta población, aunque aclara que las normas le parecen adecuadas. Para Sánchez esto se puede deber a falta de formación técnica de los funcionarios en esta materia y a falta de voluntad política. Ella asegura que todavía se está en un nivel muy alto de la planeación.

“Si uno se pone a ver los PDET, que tenían acciones concretas para involucrar a las poblaciones LGBT en las asambleas o en las discusiones a nivel local, tenían dificultades para hacer las convocatorias porque decían: no conocemos los grupos, no sabemos dónde están, no sabemos si vamos a violar su intimidad si los llamamos directamente, a ese tipo de cosas se han enfrentado”, dice Sánchez.

Paladini explica que una paz con enfoque de género es más sostenible, más transformadora y le pone más atención a la calidad de vida de las personas, a los niños, a los ancianos, le pone más atención a temas que son importantes para la vida. “Enfoque de género por justicia, por eficacia y por calidad de la paz”, sentencia.

 

Balance de las normas

El informe de Cinep y Cerac hace un balance desde la perspectiva de género de la implementación de las normas del Acuerdo Final (del 24 de noviembre de 2016 al 30 de mayo de 2018):

 

Reforma rural

Han sido expedidos 11 Decretos Ley; 3 Decretos ordinarios; y aprobados 1 Acto Legislativo y 1 Ley. De los cuales 2 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género

Ninguna de las disposiciones identificadas hace referencia directa a la población LGBTI.

 

Participación política

Se han expedido 4 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario;1 Acto Legislativo y 1 Ley Estatutaria. 2 Decretos Ley y 1 Ley estatutaria que incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Además, este último decreto dispone de medidas de participación e inclusión para la población LGBTI.

 

Fin del conflicto

Se han expedido 6 Decretos Ley, 49 Decretos ordinarios, 2 Actos Legislativos y 2 Proyectos de Ley. De los cuales: 7 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Acto Legislativo incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Incluye a la comunidad LGBTI.

 

Solución al problema de drogas ilícitas

El Gobierno ha expedido 2 Decretos Ley y 1 Decreto ordinario en relación a este punto, de los cuales 1 incorpora disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Las disposiciones con enfoque de género identificadas en el Decreto que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), priorizan la inclusión de las mujeres en el programa y promueven su participación. El Decreto no hace referencia a la población LGBTI.

 

Víctimas

Este punto el Gobierno ha expedido 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios y 3 Proyectos de Ley. De los cuales: 3 Decreto Ley; 1 Acto Legislativo y 1 Proyecto de Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

 

Implementación, verificación y refrendación

En este punto han sido aprobados 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios, 3 Actos Legislativos y 1 Proyecto de Ley. De los cuales: 1 Decreto Ley y 1 Decreto Ordinario incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

Sábado, 12 Agosto 2017

La resistencia femenina en Barrancabermeja

Por Myriam Bautista

En un espacio machista y en donde predominan los varones, las mujeres que forjaron la Organización Femenina Popular, OFP, se ganaron un sitio de privilegio en el que se dialoga y discute con ellas con respeto y admirando sus acciones. Es el mejor ejemplo de una agrupación feminista que no solo es femenina.

Nacieron como un Club de Amas de Casa, por allá en los años setenta, con la bendición y auspicio de la pastoral social de la Iglesia Católica. Sus maridos, los “verracos” santandereanos, no les armaron tropel. Con el paso de los años y ya sin la férula de los curas, muchos de los “guapos” esposos elevaron la voz al comienzo, pero por los favores recibidos para todo el núcleo familiar, la bajaron y se convirtieron en cómplices de la Organización Femenina Popular, OFP, ya que socios no pueden ser.

Organización mítica y emblemática dentro de los movimientos sociales de Colombia por haber nacido en el más importante y beligerante puerto petrolero: Barrancabermeja; por haber resistido al embate de grupos de ultraderecha, de extrema izquierda, de sectores institucionales armados y desarmados y, a la toma del paramilitarismo a finales de los años 90 y comienzos de la década del 2000.

Pero, sobre todo, por ser un grupo que reúne mujeres de estratos uno y dos, muchas de las cuales llegan sin saber leer ni escribir, sin tener ninguna idea sobre las agremiaciones y sin que la socialización haya sido una de sus competencias y, con el correr de los años, algunas se hacen liderezas, casi todas adquieren confianza en sí mismas y se vuelven referentes en su comunidad y en su familia. Pasan de la nada al todo.

Hoy, 45 años después de ese recordado 20 de julio de 1972, cuando un grueso porcentaje de sus actuales 1.600 socias, no había siquiera nacido, la totalidad de mujeres entrevistadas, una veintena, declara que su vida cambió gracias a esa Organización que les dio la posibilidad de salir de las cocinas de sus humildes viviendas, traspasar la puerta de su casa para ir a reuniones periódicas en las que siempre aprenden algo.

En donde se conocen mejor y conversan con las vecinas sobre la situación del país y de su comunidad; en las que se ríe un poquito, se sufre otro poco y siempre se canta el himno que escribieron entre todas y al que nunca le pusieron música.

Sin que medie ocasión especial este himno se entona con el ritmo que imponga la que tenga mejor voz y cante más duro. Lo que más se oye es su estribillo que dice: Compañera despierta, despierta compañera a la conquista de tus derechos. Para muchas de ellas tiene el mismo significado que la Internacional Comunista para los obreros de izquierda del mundo entero.

Se hace camino

Los sacerdotes Floresmiro López, Nel Beltrán y Eduardo Díaz, de la parroquia del Señor de los Milagros, comprometidos con la Teología de la Liberación, les propusieron a un grupo de barranqueñas, ante el deterioro de la situación económica, organizarse para aprender algún oficio que pudiera volverse fuente de ingreso para aumentar sus magros presupuestos y, cómo no, para propiciar lugares de encuentros en los que las mujeres, sobre todo casadas y con hijos, pudieran contarse sus problemas, porque carecían de un espacio físico donde compartir con sus vecinas. Ellas, por su puesto, dijeron que sí.

En Barrancabermeja, como en casi todas las poblaciones del país, la gran mayoría de mujeres tenían tres opciones de vida: ser solidarias monjas, abatidas amas de casa o prósperas prostitutas. Para saber más sobre la vida y milagros de las trabajadoras sexuales de Barranca, leer la novela “La Novia Oscura” de Laura Restrepo.

En los Clubes de Amas de Casa la gran mayoría de asociadas confesó que no optaba por ninguna de esas opciones de vida. Sabían que su apuesta era complicada, pero se la jugaron. Muchas ganaron.

El cura Floresmiro López les propuso a algunas, a finales de los años setenta, entre ellas a Yolanda Becerra (ver recuadro), transformar esos Clubes en una organización de base de las tantas que las rodeaban como la Unión Sindicables Obrera, USO, que desde el comienzo fue su espejo, pero también su hermana en tantas y tantas luchas que han librado hombro con hombro.

La USO ha sido uno de los sindicatos más combativos y aunque tiene en sus filas algunas afiliadas mujeres, el grueso de su base son los obreros de Ecopetrol. A diferencia de otras organizaciones sindicales no han tenido nunca una dirección de mujeres o un espacio similar, tal vez por ello, han visto a la OFP como una hermana de sangre a la que cuidan y quieren.

En esas estaban

La OFP centró su trabajo en ofrecerles a las mujeres de Barrancabermeja, Puerto Berrío, San Pablo, Cantagallo y otras poblaciones de Santander del Sur y del Sur de Bolívar la posibilidad de alfabetizarse, de debatir sobre el embarazo de las adolescentes, el machismo y patriarcalismo de la región y sobre la construcción de alternativas laborales diferentes a la prostitución.

Esos temas eran atractivos para decenas de jóvenes y no tan jóvenes que oían a sus liderezas embelesadas. Nadie nunca les había hablado así. Por eso fueron crecieron como la espuma del contaminado río Magdalena y tuvieron que crear en los barrios populares de Barranca y en las poblaciones a donde llegaban, Casas de la Mujer que llenaban de afiches, carteleras con frases alusivas a la situación de las mujeres en la región o de mujeres “bravas” como la comunera Manuela Beltrán.

Estas casas pronto se convirtieron en espacios de encuentro no solo para las mujeres sino para su núcleo familiar porque la mayoría llegaba con sus hijos y hasta con maridos, novios y pretendientes. En los años noventa comenzaron a darse los desplazamientos internos que obligaron a replantear el mandato de la Organización.

Crearon las ollas comunitarias que hoy recuerdan con cariño más de dos generaciones. Eran grandes recipientes en donde se cocinaban sustanciosos sancochos, que quién lo creyera, se consumían bajo los 32 grados, temperatura promedio en esa tierra caliente, sin dejar ni una sola gota.

Para muchas familias ese sancocho era la única comida del día y para todas, el momento y sitio privilegiados para contarse en confianza y sin sospechar del interlocutor, lo que había pasado en su pueblo, en su vereda, las opciones de trabajo que se les presentaban, las diligencias que se tenían que hacer para acceder a servicios de salud, a un cupo en la escuela, en fin, el único lugar seguro para conversar sobre un futuro que se vislumbraba tan azaroso e incierto como su vida.

Fueron años en los que arreció la violencia paramilitar y en Barrancabermeja, como en muchas poblaciones del país, esa presencia se hizo avasalladora.

Crearon esos hombres de negro, armados hasta los dientes, manuales de convivencia: los jóvenes no podían llevar el pelo largo, porque los rapaban; ni aretes en las orejas, porque se las cortaban. Las mujeres acusadas de lesbianas o de organizadoras de las comunidades, eran llamadas y conminadas perentoriamente para que se fueran de la ciudad.

Establecieron muchas reglas que ellos mismos no cumplían, pero que propagaban para que su poder se sintiera hasta en el ámbito familiar y social.

Se tomaron las casas, sobre todo, las del Barrio Néstor Acuña, en Barranca, construido por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc. Llegaban y les decían a los propietarios: ustedes se tienen que ir. Muchos de ellos entregaron las llaves y fueron a las notarías a pasarles las escrituras.

La OFP instauró, por este despojo, múltiples denuncias ante la Fiscalía, así como por el asesinato de varias personas y la desaparición de otras. No les creían. Las hacían llenar formularios y aportar pruebas para ellas imposible de allegar. Se convirtieron en expertas rescatadoras de los cuerpos sin vida que bajaban por el río. Y las Casas de Mujer en el lugar de refugio y acogida de muchos perseguidos.

La OFP considerada por los paramilitares como una agrupación de peligro, de extrema izquierda, fue atacada. Esperanza Amaris y Yamile Agudelo, dos liderezas sociales y Diafanol Sierra Vargas, uno de los colaboradores más asiduos, fueron asesinados. Una de las Casas de la Mujer fue destruida a punta de porra, pica y pala, por más de cuarenta hombres que no dejaron sino un pedazo de tubo, en una acción que duró más de seis horas, en una noche de ingrata recordación, en la que los vecinos rogaban que amaneciera porque estaba seguros que seguirían con sus viviendas.

A otra de las Casas de la Mujer en Barranca llegaron dos hombres que decían cumplir órdenes de El Gato y les dijeron a las mujeres que volverían en tres horas, necesitaban que se llevaran sus cosas y que les entregaran las llaves: convertirían esa casa en uno de sus comandos.

Las mujeres amenazadas lograron reunir unas veinte familias, alrededor de 80 personas, en esas dos horas que les fijaron para hacer el trasteo. Todo a punta de teléfono. Cuando llegaron los paras les dijeron que de ahí no se movían y que no les iban a entregar las llaves. Los hombres quedaron desconcertados y partieron por donde habían llegado a contarle a su jefe que las mujeres ya no estaban solas sino con todas sus familias y que no se iban a mover de ahí. No volvieron.

Iconos y símbolos

Corría el año de 1998 y estaban cerrando Barranca como si fuera una herradura. Los paras la vigilaban día y noche. Otros llegaron a Puerto Berrio. Se presentaron con la masacre del 16 de mayo. Asesinaron siete personas y desaparecieron veinticinco más.

A esta toma paramilitar, a sangre y fuego, las mujeres de las OFP respondieron con imaginación y echando mano de la simbología para esconder el miedo que se colaba por todas las rendijas de sus casas, de las de la organización y por todo su cuerpo.

Confeccionaron unas batas negras de algodón que hicieron su vestido para las marchas y manifestaciones. También las que utilizaban en los plantones que hicieron muchas veces alrededor de féretros vacíos cada vez que tenían noticia de que una compañera o un compañero había sido asesinado.

Los vecinos les daban a las mujeres de las OFP el pésame como si ellas fueran las madres, esposas, hermanas o parientes del asesinado.

Convirtieron, también, las llaves en el símbolo de la resistencia y se las colgaban alrededor del cuello o del techo de sus casas, con sus nombres, para que quedará muy claro que esos espacios eran propiedad privada y que sus dueñas eran mujeres.

Compraban a diario flores amarillas que oponían a las armas de los agresores, como la señal de su lucha por la vida, por la alegría en medio de la tragedia.

Tejían con cintas de colores cadenas de cuatro a cinco cuadras para demostrar la unidad y para conversar mientras hacían esas figuras diversas, para espantar el terror en que vivían.

Esa simbología aumentó su prestigio y, en muchos casos, impidió la desbandada que se dio en todas las organizaciones. No solo hubo éxodo de personas, porque muchas cambiaron de residencia, sino el que se dio porque las mujeres optaron por abandonar la Organización, considerando que, si se quedaban haciendo parte de ella, su vida corría más peligro. De 7.000 socias quedaron reducidas a setecientas. Hoy ya han recuperado a muchas y son 1.416 las asociadas.

De todos modos, esos años de violencia las resquebrajo al interior de la organización y en su relación con otras organizaciones. Han tenido que probar, comprobar y remarcar que fueron violentadas. Más de un centenar de razones han encontrado, para que las reconozcan como víctimas del conflicto y sujetas a reparación. Condición que para muchas organizaciones de base equivale a claudicación o a entregarse al establecimiento. Ellas acostumbradas a no rendir cuentas han seguido adelante y hoy son emuladas por algunas de las organizaciones que las atacaron.

Su gran proyecto es construir en el segundo piso de su sede principal un Museo de la Memoria para que esos años no se olviden, para que el recuerdo de las víctimas sea permanente y para que se exhiban todos esos símbolos que las hicieron resistentes y visibles, por lo que lograron salvar sus vidas.

El trabajo actual con las mujeres se enfoca en pequeñas unidades productivas, como huertas caseras en los patios de sus casas o pequeños galpones con treinta aves que ocupan ese tiempo muerto, por esas tierras hirvientes, de mujeres y hombres que tienen poquísimas fuentes de trabajo y sirve hasta para que los jóvenes se alejan de los televisores y de toda clase de malos hábitos en lugares donde la sana recreación ha sido desterrada.

No hay una sala de cine ni menos un teatro ni tampoco canchas de fútbol o basquetbol. El tedio asecha y estrecha la vida.

Histórica y resiliente directora

Yolanda Becerra es la mayor de un hogar de siete hijos. Su padre era dueño de unos chircales donde se hacen ladrillos. Con el cura Floresmiro, en la vereda los Comuneros, crearon la primera escuela del lugar. La sede fue su casa. Se la pidieron prestada por tres meses y duraron dos años.

De día de su casa solo quedaban iguales las alcobas. La sala y el comedor desaparecían para darle cabida a niñas y niños que alborotaban y aprendían. Quedo huérfana de papá siendo muy joven.

Al terminar su bachillerato en el colegio público Camilo Torres, le tocó buscar trabajo. Eduardo Díaz, otro sacerdote, la postuló, como a otras compañeras, para ocupar el cargo de secretaria en la Pastoral Social y ella fue la elegida.

En ese tejido social que se urdía entre la iglesia, los sindicatos y la parroquia se plantearon varios proyectos para ayudar a las comunidades campesinas. No duró dos años como secretaria cuando Yolanda pidió que la reemplazarán.

“Me di cuenta que no servía. No me sentía realizada. Me quedaba en la oficina, escribiendo partidas de bautizo, de defunción y actas de matrimonio, mientras todo el mundo se iba a hacer trabajo de campo. Y eso era lo que quería. Me dieron la oportunidad de entrar al área de formación de la OFP. Entré a apoyar grupos juveniles y hasta el día de hoy. No entendía mucho el papel de las mujeres en la organización. Iba a los encuentros femeninos, pero siempre con resistencia, en la medida en que fui entendiendo, mi papel fue más destacado. Me volví feminista de tanto oír y ver lo mal que la pasaban la gran mayoría de las mujeres que llegaban a la OFP”, cuenta.

En 1986, cuando se inicia el proceso de autonomía, promovida por la misma iglesia, para que la OFP se convirtiera en una agremiación independiente, el papel de Yolanda tomó fuerza y su liderazgo se consolidó.Desde esa época ha sido la Directora General, con algunos períodos de receso, aunque no muy largos. “Me di cuenta, en esa oportunidad, que la autonomía no tenía precio. Que no queríamos ser de nadie. No necesitábamos más dueños. Nos coquetearon desde diversos sectores del espectro político. A todos les dijimos que no”, enfatiza Becerra.

Vendrían años de trabajo, de crecimiento, de viajes al exterior contando su experiencia y continuando, de manera simultánea, su labor por llevar un poquito de bienestar para esas mujeres que creyeron y confiaron en ella.

Pero cuando los paramilitares coparon Barrancabermeja, vivieron problemas graves. “Fuimos las mujeres de la OFP las que hicimos más resistencia. Un compañero nos dijo en una reunión que en esos tiempos los hombres nos metíamos debajo de las naguas de las mujeres”.

Las cinco casas de la mujer se volvieron casas de acogidas, en donde se daba comida, ropa, primeros auxilios de salud. Era un ejercicio humanitario las 24 horas. Hicimos parte de una Coordinadora Departamental para hacer acompañamiento con distintas organizaciones, sindicatos, listas de acompañamiento, gracias a las que se salvaron muchas vidas.

Con lágrimas en los ojos y muy perturbada, Becerra habla sobre esa etapa. “Pasamos por la tortura, por la violación, por el destierro, las amenazas, por el desprestigio. Nos señalaron que éramos de las guerrillas. Que nosotras no hacíamos lo que decíamos. Que inflábamos el número de mujeres que atendíamos, los almuerzos que se vendían en las distintas Casas de la Mujer. Que inventábamos las denuncias, las amenazas. Nos preguntaban: ¿Por qué las persiguen? Si ustedes lo que hacían era comida. Si ustedes lo que hacían era la olla comunitaria. Demostramos que el conflicto si nos impactó porque teníamos un proyecto político social. Un proceso muy doloroso. Nos señalaban en las audiencias. Hasta nos acusaron de haber hecho trato con los paramilitares. Acusaciones similares a las que le hicieron al Padre Francisco De Roux, en su trabajo en el Magdalena Medio. En el 2007 entraron a mi apartamento y me conminaron a abandonar la zona. A los tres días estaba organizando una marcha. Entonces, cogieron a una de mis hermanas y le dijeron que si no me iba acabarían con la familia. No fui capaz de seguir. Tampoco de irme en el exilio. A lo más lejos que llegué fue a Bucaramanga. Casi todas las dirigentes nos enfermamos de cáncer. Unos más leves que otros. Nos gastamos en esta lucha todos nuestros cartuchos. La cooperación internacional comenzó a cambiar, a irse del país, acá quedaron solo dos organizaciones internacionales apoyándonos, porque con la desmovilización de los paramilitares y ahora con la firma de los acuerdos con las Farc se supone que ya no tenemos agentes violentos que nos hagan la vida difícil. Hoy sabemos que no nos equivocamos. Que esa acusación de que nos habíamos vendido a la institucionalidad, no tiene sentido. Tomamos una decisión estratégica. Somos víctimas del conflicto armado. Hemos ganado confianza de nuevo. Seguimos proyectando la organización. Así como en la resistencia las mujeres fuimos las más creíbles, hoy venimos trabajando en reconstruir la memoria de unos años duros y violentos”.

No es aventurado afirmar que, en cada ciudad de Colombia, pueblo, vereda, vive una Yolanda Becerra, que se levanta todos los días con el propósito de ayudar a su comunidad o algún miembro de ella en particular porque esa es su razón de ser, de existir. Gracias a esas mujeres valerosas es por las que sobrevive este país tan fracturado y violentado.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en Colombiacheck.