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Viernes, 14 Septiembre 2018

Implementación de enfoque de género del acuerdo de paz, todavía en palabras

Por Sania Salazar

Casi dos años después de que el gobierno nacional firmara el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, el enfoque de género que quedó plasmado en el documento no ha pasado de los decretos a la realidad. Las entidades que han evaluado la implementación del enfoque de género coinciden en que hay dificultades para aterrizarlo en acciones concretas en los territorios. La atención de la comunidad LGBTI está todavía más quedada.

“En política sexual y reproductiva está super mal el asunto”, dice Camila Hoyos, abogada y asesora de temas de mujer y género de la UTL de la senadora del partido Farc, Victoria Sandino, sobre las mayores dificultades de la implementación de género en el proceso de reincorporación de los excombatientes.

“No hay atención diferencial para los temas de anticoncepción, para el seguimiento a los embarazos, hay dificultades con las enfermedades del aparato reproductivo. En algunos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) no hay médico ni enfermera, y en los que hay van una vez a la semana y atienden cosas generales”, detalla Hoyos.

Este es apenas un ejemplo de la dificultad de llevar a la práctica la implementación del enfoque de género incluido en el Acuerdo Final entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc que organizaciones como el Instituto Kroc han detectado al hacer una balance de la implementación en esta materia.

Hoyos asegura que la política de sustitución de cultivos ilícitos carece del enfoque de género. Dice que, por ejemplo, los acuerdos de sustitución colectiva no tienen medidas especiales para las mujeres y, según ella, eso va a generar dificultades para que las mujeres ingresen y se mantengan en esos programas. Para Hoyos se trata de falta de compromiso y de voluntad política.

Voluntad política que también menciona Borja Paladini, director del Instituto Kroc, de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, al hablar del más reciente informe de esa entidad sobre la implementación del Acuerdo

“Falta fortalecer la voluntad política, pero sobre todo, falta que a la hora del diseño de las políticas, de las leyes, de las normas, del diseño de la implementación de esas políticas no se pierda el enfoque de género, los enfoques diferenciales, a veces se pierden en la acción. Es la capacidad transformadora de esa política, de esos recursos, de ese bien que ofrece el Estado”, explica Paladini, quien además dice que se trata de un asunto de capacidad técnica y de eficacia y llama la atención sobre la importancia de que las políticas sean sensibles a las necesidades diferenciadas de la población.

El llamado de atención no es gratuito. El informe indica que de las 578 disposiciones contenidas en el Acuerdo Final, 130 tienen enfoque de género y que, de estas últimos solo el 3% se ha implementado completamente (a mayo de 2018). El 7% está en nivel intermedio. El 26% tiene un nivel mínimo y el 64% de esos compromisos no se han empezado a implementar. “Esta mirada general muestra que, si bien hay avances, aún falta mucho por implementar”, concluye el documento.

Según el informe, el 53% de las disposiciones con enfoque de género requerirán de una implementación a largo plazo, mientras que el 42% de las que no lo tienen necesitarán ese lapso, lo que, según el análisis puede explicar parcialmente el bajo nivel de implementación completa a la fecha.

El documento aclara que iniciar una disposición con enfoque de género puede depender de acciones como la inclusión de ese enfoque en una iniciativa legislativa, lo que explica los niveles relativamente altos de implementación mínima para este tipo de compromisos.

Pero para Paladini el enfoque fuerte del enfoque de género ha estado hasta el momento en el diseño de normas y programas y en la creación de instituciones. Aunque dice que en algunas de estas iniciativas se menciona el tema de género más que en otros, hay avances y sensibilidad en que ese tema es importante

“En algunos casos se observa que, aun cuando el enfoque es explícito y el compromiso es de corto o mediano plazo, su implementación no se ha priorizado”, lo que puede explicar los altos niveles de implementación no iniciada, según el estudio.

Sindy Torres, asesora del tema de mujer y género del partido Farc, calcula la implementación del enfoque de género en un 25%. Dice que no es suficiente y coincide con Paladini en que los avances significativos se han logrado en creación de institucionalidad de normas, pero resalta que faltan medidas específicas. Torres también menciona la apropiación en esa materia que ha visto en el movimiento de mujeres. “Falta, pero estamos andando, que es lo importante”, concluye.

 

Puntos álgidos


Reforma Rural

El informe llama la atención sobre la vulnerabilidad de las mujeres cabeza de familia y las realidades de las mujeres rurales, especialmente en términos de la economía del cuidado. También en la estigmatización a las mujeres involucradas en cultivos de uso ilícito.

Hace un llamado de atención sobre la participación de las mujeres en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues indica que a enero de 2018, de las 404 pre-asambleas PDET realizadas, 38.865 personas han asistido, de las cuales el 38% son mujeres.

Otro punto que se destaca es la necesidad de garantizar la seguridad, tanto de las mujeres como de las comunidades que participan en los procesos de sustitución o formalización de tierras. Por ejemplo, recuerda que “el 1 de abril, Magdalena Cruz Rojas líder comunitaria, quien encabezaba el Movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán fue asesinada en presencia de su familia”.


Reincorporación

El informe resalta como una avance importante la creación de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación, que ha trabajado en el diagnóstico de la situación de las excombatientes y en una hoja de ruta.

La participación en política de las mujeres del partido de la Farc podría ser mucho mayor. El informe indica que en la campaña cumplieron con el mínimo del 30% de participación de candidatas que establece la ley de cuotas (en las listas departamentales a Cámara), pero solo dos de las 10 curules en el Congreso pactadas en el Acuerdo las ocupan mujeres, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, ambas en el Senado y no hay ninguna en la Cámara de Representantes.

Torres explicó que el partido Farc está en el proceso de apartarse de las prácticas machistas y está cualificando sus mujeres y en general a sus cuadros políticos.

En cuanto a los proyectos productivos, que hacen parte de la reincorporación económica, el informe encontró que “a enero de 2018, de las 45 cooperativas que se han creado en las diferentes zonas (ETCR), 27% son de mujeres” y menciona que en dos proyectos aprobados durante la semana del 16 de abril de 2018 no incluyeron ni la participación de mujeres en el liderazgo del proyecto, ni una consideración del impacto del proyecto en las mujeres. Por eso la conclusión es que el principal reto es “lograr que en los proyectos aprobados se evidencie la inclusión efectiva y desarrollo del enfoque”.

Según el censo socioeconómico que realizó la Universidad Nacional sobre las Farc, el 23% de los excombatientes son mujeres. Hay que aclarar que ese no fue un censo poblacional, por lo que los 10.015 exguerrilleros a los que se les realizó la encuesta no son el total de miembros que forman parte de esa exguerrilla.


Garantías de seguridad

“En la comisión nacional de garantías de seguridad, que es un espacio en el que se toman decisiones, un espacio de diálogo político entre el Gobierno, la sociedad civil y otros actores del Estado para mirar los temas de seguridad relacionados con la implementación del Acuerdo no hay una mujer y las mujeres han pedido que esté al menos una en una comisión que está integrada por varias personas, ¿si no hay mujeres cómo podemos esperar que estén representadas las visiones de las mujeres?”, pregunta Paladini.

Los buenos ejemplos

Quizá el mejor ejemplo de la implementación del enfoque de género hasta ahora son los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, “donde las mujeres representan el 54,9% de las integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y el 45,45% de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición”.

Paladini destaca además que en la JEP no solo hay representación equitativa de hombres y mujeres, sino que además hay indígenas y afros. Para el director del Instituto Kroc, aunque todavía hay mucho por hacer en términos de género, no se puede olvidar que el Acuerdo colombiano es el que más incluye, en términos comparados, medidas afirmativas hacia las mujeres y un enfoque de género como elemento transversal.

El avance de las normas

Otro informe sobre la implementación del Enfoque de Género en los Acuerdos de Paz, realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, coincide con el informe del Instituto Kroc en varios puntos. Por ejemplo, dice que la implementación se ha quedado en la creación de normas y no ha pasado a las acciones concretas, coincide en señalar la baja participación política de las mujeres del nuevo partido Farc y en la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los PDET, entre otros aspectos.

El informe también menciona la falta de atención en materia de salud sexual y reproductiva que señala la asesora de la senadora Victoria Sandino.

Además, este informe indica que aunque hay un reconocimiento de la comunidad LGBTI en las normas expedidas, tampoco en ese caso son claras las acciones afirmativas para incluir de manera efectiva a esa población en el enfoque de género.

Para Torres, la inclusión de la población LGBTI en el enfoque de género de la implementación es prácticamente nula y es una tarea que le corresponde al nuevo Gobierno, pero en la que Farc tiene el compromiso de ayudar a impulsar las medidas necesarias porque están conscientes de que es una deuda.

Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, también habla de la dificultad para que se concreten las acciones para esta población, aunque aclara que las normas le parecen adecuadas. Para Sánchez esto se puede deber a falta de formación técnica de los funcionarios en esta materia y a falta de voluntad política. Ella asegura que todavía se está en un nivel muy alto de la planeación.

“Si uno se pone a ver los PDET, que tenían acciones concretas para involucrar a las poblaciones LGBT en las asambleas o en las discusiones a nivel local, tenían dificultades para hacer las convocatorias porque decían: no conocemos los grupos, no sabemos dónde están, no sabemos si vamos a violar su intimidad si los llamamos directamente, a ese tipo de cosas se han enfrentado”, dice Sánchez.

Paladini explica que una paz con enfoque de género es más sostenible, más transformadora y le pone más atención a la calidad de vida de las personas, a los niños, a los ancianos, le pone más atención a temas que son importantes para la vida. “Enfoque de género por justicia, por eficacia y por calidad de la paz”, sentencia.

 

Balance de las normas

El informe de Cinep y Cerac hace un balance desde la perspectiva de género de la implementación de las normas del Acuerdo Final (del 24 de noviembre de 2016 al 30 de mayo de 2018):

 

Reforma rural

Han sido expedidos 11 Decretos Ley; 3 Decretos ordinarios; y aprobados 1 Acto Legislativo y 1 Ley. De los cuales 2 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género

Ninguna de las disposiciones identificadas hace referencia directa a la población LGBTI.

 

Participación política

Se han expedido 4 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario;1 Acto Legislativo y 1 Ley Estatutaria. 2 Decretos Ley y 1 Ley estatutaria que incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Además, este último decreto dispone de medidas de participación e inclusión para la población LGBTI.

 

Fin del conflicto

Se han expedido 6 Decretos Ley, 49 Decretos ordinarios, 2 Actos Legislativos y 2 Proyectos de Ley. De los cuales: 7 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Acto Legislativo incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Incluye a la comunidad LGBTI.

 

Solución al problema de drogas ilícitas

El Gobierno ha expedido 2 Decretos Ley y 1 Decreto ordinario en relación a este punto, de los cuales 1 incorpora disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Las disposiciones con enfoque de género identificadas en el Decreto que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), priorizan la inclusión de las mujeres en el programa y promueven su participación. El Decreto no hace referencia a la población LGBTI.

 

Víctimas

Este punto el Gobierno ha expedido 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios y 3 Proyectos de Ley. De los cuales: 3 Decreto Ley; 1 Acto Legislativo y 1 Proyecto de Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

 

Implementación, verificación y refrendación

En este punto han sido aprobados 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios, 3 Actos Legislativos y 1 Proyecto de Ley. De los cuales: 1 Decreto Ley y 1 Decreto Ordinario incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.