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Jueves, 12 Julio 2018

Mitos y verdades de la nueva Ley de sometimiento a la justicia

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Después de la sanción de la ley que busca el sometimiento de las bandas criminales, se han difundido afirmaciones engañosas sobre los supuestos beneficios que esta otorga. Colombiacheck aclara algunas de ellas.

El lunes de esta semana el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1908 de 2018, conocida como Ley de sometimiento a la justicia, “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.”

Al día siguiente se convirtió en el tema del día de la mayoría de medios de comunicación y de muchos usuarios en las redes sociales. Tanto así que algunos de ellos, probablemente por desconocimiento, formularon preguntas e hicieron afirmaciones engañosas sobre el contenido de la ley. Particularmente, frente a los supuestos beneficios que otorga a quienes se sometan.

Colombiacheck buscó en las redes sociales cuáles son las dudas que más repetían y más impacto generaban, y habló con dos expertos para resolverlas.

La ley va a darle beneficios a los criminales.

Como su nombre lo indica, esta es una ley de sometimiento a la justicia, lo que quiere decir que solo aquellos que se entreguen y colaboren con las autoridades dando información, nombres, rutas del narcotráfico y liberando a los menores de edad que tienen en sus filas, tendrán una disminución del 50% en su condena. Y si se trata de crímenes transnacionales (de lesa humanidad, por ejemplo) obtendrán el 30%.

Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, sin embargo, explica que este recurso existe en muchas naciones. “Los Estados normales tienen las dos opciones: o reprimen, o dan sometimiento a la justicia” y afirma que el ejemplo más claro son los narcotraficantes que se entregan a las autoridades estadounidenses.

“Los narcos entregan rutas, nombres, bienes, pagan cinco años de cárcel y luego las autoridades les devuelven el 5% de la plata que ellos había entregado para que puedan sobrevivir. En algunos casos, les entregan hasta la ciudadanía estadounidense”, sostiene Ávila.

Por otro lado, Iván Cepeda, senador del Polo, en entrevista con Blu Radio aclaró que en esta nueva ley “no hay beneficios”, pues “repite exactamente lo mismo que hay en el código penal, con el principio de oportunidad”. La diferencia, es que con la nueva ley se prevé el sometimiento de grupos y no de individuos.

Pero además, en el Título II de la ley se fortalecen las medidas para la investigación y judicialización de los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), se endurecen las sanciones para algunos delitos y se castiga a quienes no hacen parte del grupo pero colaboran en actos con fines ilícitos.

La ley habla de sometimiento colectivo pero no de sometimiento individual.

 

 

Precisamente, y continuando con el punto anterior, la nueva ley de sometimiento a la justicia es un mecanismo que aplica solo para la judicialización de grupos, porque para individuos ya existe el principio de oportunidad.

Y la razón para crear un mecanismo colectivo se halla en lo ocurrido con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac. Este grupo narcoparamilitar quiso entregarse a la justicia en 2012 y para ello se concentró en una zona a la espera de las autoridades. “La Fiscalía no tenía información de nadie y a los dos días todos quedaron libres”, cuenta el subdirector de Pares, “para evitar cosas como esa es que se crea esta ley”.

Según el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la creación de esta ley era necesaria porque hoy las mayores fuerzas criminales están conformadas en grandes grupos, como el Clan del Golfo, y “estábamos ante una impotencia para judicializar de manera colectiva”, dijo a W Radio.

En la ley pueden entrar disidencias de las Farc, asesinos de líderes sociales y todas las bandas criminales.

 

 

Esto es cierto, si hacen parte de un grupo conformado por tres o más personas, que exista desde hace cierto tiempo (que tendrá que definirse cuando se reglamente la ley) y que actúe de forma concertada para cometer uno o más delitos, explicó Gil Botero.

El artículo 2 de la nueva ley, no obstante, define qué son los GAO y los GDO y explica que para establecer si un grupo puede considerarse en alguna de estas dos categorías, “será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional”. Solo después de establecida la calificación un grupo puede entrar a hacer parte del proceso judicial.

Gustavo Duncan, investigador y profesor del departamento de ciencias políticas de la Universidad de los Andes, dice que ve poco probable que en el corto plazo las disidencias de las Farc vayan a hacer parte de esta ley, “si no, se hubieran metido al proceso de paz de La Habana”.

Y para Cepeda, “lo mejor para los líderes sociales es que una organización que los amenaza se desmovilice y desaparezca”, dijo en la misma entrevista.

También podrán entrar los corruptos.

Ariel Ávila explica que la razón por la cual se da cabida para que entren los corruptos es que las organizaciones criminales tienen contactos con agentes estatales, con fuerzas militares, con políticos. “Lo que llaman la bacrimpolítica”, dice.

Como se señaló en el punto anterior, dentro de la ley pueden entrar todos los grupos criminales que sean catalogados como tales (no hay distinción alguna) y que acepten entregar toda la información de su accionar delictivo.

Es una segunda oportunidad para las disidencias de las Farc.

En parte podría serlo, porque finalmente lo que busca la ley es acabar con todas las formas de violencia y criminalidad que quedan en el país. Sin embargo, como ya se señaló, si las disidencias de las Farc no se sometieron al acuerdo, que les brindaba más garantías, es poco probable que se sometan a esta ley.

Como explicó el Ministro de Justicia en la misma entrevista, “las disidencias que no aceptaron la reincorporación dejaron de pagar cinco años para pagar 30 o 40 en el evento de que se les clasificare como GAO. No es un buen negocio el que están haciendo o un beneficio adicional que se les esté dando”.

Los grupos criminales que se sometan tendrán los mismos beneficios que les dieron a las Farc con el acuerdo de La Habana.

Esto es completamente falso. Principalmente porque los GAO no tienen un reconocimiento de estatus político como sí lo tienen las guerrillas. Pero además, porque esta ley no equivale a un proceso de paz, no contiene una amnistía generalizada, no hay temas de participación política y no se va a judicializar a través de una justicia especial de paz, según sostiene Ávila. Se trata, nuevamente, de una ley de sometimiento.

La ley le dará reconocimiento político a las Bacrim.

Nuevamente falso. La ley no contempla esto en ninguna parte. El presidente Santos publicó en su cuenta de Twitter un trino aclarándolo:

 

 

No habrá verdadero sometimiento para quienes se entreguen porque no pagarán en la cárcel sino en colonias agrícolas.

El artículo 59 de la ley habla de las “condiciones especiales de reclusión”, las cuales serán “carcelarias e intramurales en colonias penales agrícolas de que trata el artículo 28 de la ley 65 de 1993” (el código penitenciario).

En este punto es importante aclarar que, como dijo Cepeda, “las colonias no son ningún lugar de esparcimiento”. Se trata de un centro carcelario que conforme a los estándares de la privación de la libertad puede ser de máxima, mediana o mínima seguridad, aclara Ávila.

Y de acuerdo con el ministro Gil Botero, obedecen dentro del sistema de la estructura carcelaria, a unas condiciones de otra naturaleza que buscan dar oportunidades de reintegración y resocialización. “Se trata de un derecho penal que proteja la sociedad y castigue al infractor, pero que también le permita oportunidades de reintegración”, dijo.

Ávila concluye diciendo que este modelo existe en otras naciones del mundo y no tiene nada de extraño porque, finalmente, también se trata de cárceles.

Domingo, 29 Abril 2018

Carlos Areiza sabía que lo iban a matar

Por César Molinares Dueñas

El nombre y la muerte de este delincuente ha generado controversia y agitado la campaña presidencial. Su historia se relaciona con la mafia, la política y los paramilitares en Antioquia. En esta entrevista inédita, VerdadAbierta.com y Colombiacheck.com revelan su testimonio.

Carlos Areiza sabía que lo iban a matar. Ese era uno de los motivos para ir ventilando la información que tenía como si fuera un gotero. Se medía porque creía que era su seguro de vida. Pero también usaba lo que sabía para su provecho. Cuando le concedió esta entrevista, hasta ahora inédita, a Juan Diego Restrepo y César Molinares, editores en ese momento de VerdadAbierta.com, purgaba una condena de nueve años, diez meses y un día por extorsión agravada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia.

La entrevista, realizada el 31 de octubre de 2013, no fue publicada antes porque se esperó que terminara de testificar ante la Corte Suprema de Justicia contra varios políticos implicados en el escándalo de nexos con el paramilitarismo en Antioquia. También, que hiciera llegar a VerdadAbierta.com un video en el que, según afirmaba, registraba varias reuniones del exgobernador Luis Alfredo Ramos, en su calidad de congresista, con varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos Vicente Castaño.

Dos años atrás, el 13 de diciembre de 2011, este pistolero, que se forjó bajo la sombra del empresario del transporte Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘el patrón de Bello’, había escapado de unos guardas del Inpec que lo custodiaban durante una cita médica. Dos días después regresó a la cárcel, acompañado por el congresista Iván Cepeda, a quien pidió como garante, y explicó que su fuga se produjo porque, según él, dos sicarios lo iban a asesinar. Luego de ello, siguió colaborando con la justicia, pero continuaron los devaneos sobre sus versiones ante los magistrados.

En esta entrevista, Areiza justifica la forma en la que testificó por miedo. Dice que no sólo atentaron contra su vida en varias oportunidades, sino también contra su familia. Según su versión, sicarios fueron a la casa de sus parientes para amenazarlo y a raíz de esa visita su padre, quien los atendió, enfermó y murió varios días después.

Por esas razones se quedó un año sin declarar. “Me mandaron una carta que le entregué a la Fiscalía que decía: ‘Quédese así, que así está muy bien. Así no le pasa nada’”, aseguró.

El testimonio de Areiza siempre generó controversia. Durante el juicio en la Corte Suprema contra Ramos se retractó varias veces, por lo que fue procesado y condenado por falso testimonio.

Este hombre adquirió relevancia en el expediente que se le abrió a Cepeda tras ser denunciado por el senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, ya que parte de sus confesiones fueron utilizadas como prueba en un debate en el Congreso de la República sobre parapolítica en Antioquia, realizado el 14 de septiembre de 2014. (Leer más en: Debate Cepeda-Uribe: polarización a fondo)

Al final, como un bumerán, la denuncia contra Cepeda fue desestimada por la Corte y determinó que quien debía ser investigado era Uribe Vélez, pues las pesquisas del alto tribunal, que incluyeron interceptaciones telefónicas, evidenciaron que el senador antioqueño estaría presionando, a través de viejos amigos suyos, a algunos testigos que debían comparecer al juicio de Santiago Uribe Vélez, quien es juzgado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conformación de grupos paramilitares. (Leer más en: ‘Los Doce Apóstoles’: la sombra de Santiago Uribe)

El uribismo siempre ha cuestionado el testimonio de Areiza. Una de las razones más fuertes es que sus señalamientos apuntaron contra Ramos, uno de los alfiles más importantes del Centro Democrático y quien, si no fuera por su proceso por parapolítica, se perfilaba como uno de sus más seguros candidatos a la Presidencia de la República. Y otro motivo es que su hijo, Luis Alfredo Ramos Maya, es senador por esa colectividad, lo que le imprime un alto grado de sensibilidad al tema.

Pero esos cuestionamientos quedaron en duda luego de que la Corte revelara que una ficha del Uribismo contactó a Areiza en la cárcel de Itagüí a través de Jaime Restrepo Restrepo. Se trata de un abogado, acérrimo defensor del senador y expresidente Uribe, quien admite que visitó al testigo cuatro veces, entre febrero y marzo de 2014.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Restrepo explicó que estos encuentros se dieron luego de que Areiza llamara a la sede en Bogotá de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, fortín ideológico del Uribismo, en busca de José Obdulio Gaviria.

“Me llamó Fernando Alameda, director de la Fundación, el 21 de febrero de 2014, un viernes, y me dijo que a la oficina había llamado un personaje, que se identificó como Carlos Enrique Areiza Arango, y dijo que necesitaba hablar con José Obdulio, que tenía una información muy importante y a pie juntillas dijeron que no le iban a poner a José Obdulio a hablar con él, entonces que si me podía comunicar con el hombre para ir a entrevistarme con él. Y dije que con mucho gusto”, narra Restrepo.

El primer encuentro se dio el 27 de febrero. De acuerdo con este abogado, en esas conversaciones Areiza hizo referencia a un cartel de falsos testigos del congresista Cepeda contra el Uribismo. “Y me entrega unos documentos donde él hace alusión a ese tema precisamente”, recuerda y, además, le dijo que “estaba muy arrepentido de haber declarado contra Luis Alfredo Ramos”.

Areiza luego le diría a la Corte que de esas reuniones surgieron pruebas falsas, entre ellas un documento de varias páginas que, según él, firmó en blanco, y que luego convirtieron en una supuesta carta que incriminaba al congresista Cepeda, pues en ella decía que le había ofrecido 100 millones de pesos para testificar contra Ramos, los hermanos Uribe Vélez y Gaviria.

Restrepo se defiende y asegura que el detenido sí le entregó un documento y una memoria. Al respecto, se pregunta: “¿por qué no le hacen un experticio grafológico a esos documentos que dan fe que están hechos a puño y letra de Carlos Enrique Areiza, firmados por él y con sus huellas?”.

Camino a la Corte

La explicación que dio en esta entrevista refleja una doble condición, de testigo y de extorsionista. Inicialmente aceptó que buscó a Ramos y le pidió dinero a cambio de un video que lo incriminaba con exjefes paramilitares de las Auc, pero también aprovechó ese encuentro para documentar que Ramos lo quiso callar.

Esta puede considerarse la versión inicial de Areiza sobre lo que él vio durante una reunión de la que aseguró participaron Vicente Castaño y Hugo Albeiro Quintero para entregarle “800 millones de pesos” a Ramos. El testigo también asegura que ese no fue el único encuentro de Ramos con excomandantes de las Auc.

Ramos siempre ha cuestionado y tildado de falso el testimonio de Areiza, aunque también ha reconocido que la reunión con 'Ernesto Báez' sí se dió, pero como parte del proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia por parte del gobierno de Uribe Vélez, justo cuando se discutía la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se juzgaría a los desmovilizados de las Auc que dejaron sus armas bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

Pero, ¿cómo llegó Areiza a la Corte? La frustración de no poder obtener nada a cambio por las pruebas y un atentado que le hicieron cuando se dirigía a Urabá lo llevaron a buscar ayuda para que le allanaran el camino a las autoridades en Bogotá para exponerles lo que con tanto celo guardó y que, al parecer, en últimas le costó la vida.

En la entrevista Areiza da un dato revelador: después de que se reúnen Ramos y los jefes paramilitares, recurrió al entonces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria para que le hiciera puente con la Fiscalía General para denunciar la financiación que le estaban dando al entonces candidato a la gobernación de Antioquia.

Según dijo, contactó al mandatario departamental porque creyó que era la única persona en Antioquia a la que “Albeiro no le podía llegar”, refiriéndose a que no tenía vínculos con ilegales. Gaviria entonces delegó esa gestión en su secretario de Gobierno, Jorge Mejía, quien confirmó esta versión a VerdadAbierta.com.

Tras esa reunión es que Areiza empieza a declarar ante fiscales delegados por la Corte Suprema y aseguró en esta entrevista que la fiscal Martha Luz Hurtado fue quien le filtró a Ramos sus declaraciones ante la justicia.

“Llevaba este señor dos, tres meses de posesionado, cuando el escándalo de la revista Semana... que les habían filtrado una información de que se habían reunido (Ramos) con paramilitares, entonces todos los fiscales delegados ante la Corte presentaron la renuncia. La única a la que le aceptaron fue a esta señora Martha Luz Hurtado. Y resulta que nosotros investigando nos dimos cuenta de que yo apenas terminé de hablar con esta señora ella comenzó a contarle todo a Luis Alfredo Ramos”, dijo.

Areiza también aseguró que en una reunión en el Urabá antioqueño los jefes paramilitares le ordenaron seguir al entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien fungía como investigador principal de la parapolítica en su calidad de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Para aquellos años se había desatado una persecución contra Velásquez con la que se pretendía socavar su autoridad y evitar que continuara afectando a congresistas y excongresistas que tuvieron nexos con las Auc. No obstante, Areiza dijo que aprovechó la oportunidad para acercarse a él y empezar a colaborar con la justicia. (Leer más en: El gran complot)

Sus otras historias

Areiza, como él mismo cuenta, tenía otras historias, más allá de lo que había dicho contra Ramos; de acuerdo a lo narrado en esta entrevista, conocía a fondo la relación entre las bandas que controlaban Bello, sus nexos con paramilitares, sectores de la fuerza pública, políticos antioqueños y el narcotráfico. Y, asimismo, la forma en la que a través de la empresa Bellanita de Transportes se hacía el puente entre unos y otros.

Fue justo en la calles de este municipio, considerado uno de los más peligrosos de Antioquia y del país, donde fue asesinado Areiza el pasado 14 de abril, un testigo al que la Corte Suprema de Justicia había solicitado proteger, pero como él mismo lo reconoció en esta entrevista, sabía que tarde o temprano lo iban a asesinar por todo lo que sabía.