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Jueves, 12 Julio 2018

Mitos y verdades de la nueva Ley de sometimiento a la justicia

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Después de la sanción de la ley que busca el sometimiento de las bandas criminales, se han difundido afirmaciones engañosas sobre los supuestos beneficios que esta otorga. Colombiacheck aclara algunas de ellas.

El lunes de esta semana el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1908 de 2018, conocida como Ley de sometimiento a la justicia, “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.”

Al día siguiente se convirtió en el tema del día de la mayoría de medios de comunicación y de muchos usuarios en las redes sociales. Tanto así que algunos de ellos, probablemente por desconocimiento, formularon preguntas e hicieron afirmaciones engañosas sobre el contenido de la ley. Particularmente, frente a los supuestos beneficios que otorga a quienes se sometan.

Colombiacheck buscó en las redes sociales cuáles son las dudas que más repetían y más impacto generaban, y habló con dos expertos para resolverlas.

La ley va a darle beneficios a los criminales.

Como su nombre lo indica, esta es una ley de sometimiento a la justicia, lo que quiere decir que solo aquellos que se entreguen y colaboren con las autoridades dando información, nombres, rutas del narcotráfico y liberando a los menores de edad que tienen en sus filas, tendrán una disminución del 50% en su condena. Y si se trata de crímenes transnacionales (de lesa humanidad, por ejemplo) obtendrán el 30%.

Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, sin embargo, explica que este recurso existe en muchas naciones. “Los Estados normales tienen las dos opciones: o reprimen, o dan sometimiento a la justicia” y afirma que el ejemplo más claro son los narcotraficantes que se entregan a las autoridades estadounidenses.

“Los narcos entregan rutas, nombres, bienes, pagan cinco años de cárcel y luego las autoridades les devuelven el 5% de la plata que ellos había entregado para que puedan sobrevivir. En algunos casos, les entregan hasta la ciudadanía estadounidense”, sostiene Ávila.

Por otro lado, Iván Cepeda, senador del Polo, en entrevista con Blu Radio aclaró que en esta nueva ley “no hay beneficios”, pues “repite exactamente lo mismo que hay en el código penal, con el principio de oportunidad”. La diferencia, es que con la nueva ley se prevé el sometimiento de grupos y no de individuos.

Pero además, en el Título II de la ley se fortalecen las medidas para la investigación y judicialización de los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), se endurecen las sanciones para algunos delitos y se castiga a quienes no hacen parte del grupo pero colaboran en actos con fines ilícitos.

La ley habla de sometimiento colectivo pero no de sometimiento individual.

 

 

Precisamente, y continuando con el punto anterior, la nueva ley de sometimiento a la justicia es un mecanismo que aplica solo para la judicialización de grupos, porque para individuos ya existe el principio de oportunidad.

Y la razón para crear un mecanismo colectivo se halla en lo ocurrido con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac. Este grupo narcoparamilitar quiso entregarse a la justicia en 2012 y para ello se concentró en una zona a la espera de las autoridades. “La Fiscalía no tenía información de nadie y a los dos días todos quedaron libres”, cuenta el subdirector de Pares, “para evitar cosas como esa es que se crea esta ley”.

Según el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la creación de esta ley era necesaria porque hoy las mayores fuerzas criminales están conformadas en grandes grupos, como el Clan del Golfo, y “estábamos ante una impotencia para judicializar de manera colectiva”, dijo a W Radio.

En la ley pueden entrar disidencias de las Farc, asesinos de líderes sociales y todas las bandas criminales.

 

 

Esto es cierto, si hacen parte de un grupo conformado por tres o más personas, que exista desde hace cierto tiempo (que tendrá que definirse cuando se reglamente la ley) y que actúe de forma concertada para cometer uno o más delitos, explicó Gil Botero.

El artículo 2 de la nueva ley, no obstante, define qué son los GAO y los GDO y explica que para establecer si un grupo puede considerarse en alguna de estas dos categorías, “será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional”. Solo después de establecida la calificación un grupo puede entrar a hacer parte del proceso judicial.

Gustavo Duncan, investigador y profesor del departamento de ciencias políticas de la Universidad de los Andes, dice que ve poco probable que en el corto plazo las disidencias de las Farc vayan a hacer parte de esta ley, “si no, se hubieran metido al proceso de paz de La Habana”.

Y para Cepeda, “lo mejor para los líderes sociales es que una organización que los amenaza se desmovilice y desaparezca”, dijo en la misma entrevista.

También podrán entrar los corruptos.

Ariel Ávila explica que la razón por la cual se da cabida para que entren los corruptos es que las organizaciones criminales tienen contactos con agentes estatales, con fuerzas militares, con políticos. “Lo que llaman la bacrimpolítica”, dice.

Como se señaló en el punto anterior, dentro de la ley pueden entrar todos los grupos criminales que sean catalogados como tales (no hay distinción alguna) y que acepten entregar toda la información de su accionar delictivo.

Es una segunda oportunidad para las disidencias de las Farc.

En parte podría serlo, porque finalmente lo que busca la ley es acabar con todas las formas de violencia y criminalidad que quedan en el país. Sin embargo, como ya se señaló, si las disidencias de las Farc no se sometieron al acuerdo, que les brindaba más garantías, es poco probable que se sometan a esta ley.

Como explicó el Ministro de Justicia en la misma entrevista, “las disidencias que no aceptaron la reincorporación dejaron de pagar cinco años para pagar 30 o 40 en el evento de que se les clasificare como GAO. No es un buen negocio el que están haciendo o un beneficio adicional que se les esté dando”.

Los grupos criminales que se sometan tendrán los mismos beneficios que les dieron a las Farc con el acuerdo de La Habana.

Esto es completamente falso. Principalmente porque los GAO no tienen un reconocimiento de estatus político como sí lo tienen las guerrillas. Pero además, porque esta ley no equivale a un proceso de paz, no contiene una amnistía generalizada, no hay temas de participación política y no se va a judicializar a través de una justicia especial de paz, según sostiene Ávila. Se trata, nuevamente, de una ley de sometimiento.

La ley le dará reconocimiento político a las Bacrim.

Nuevamente falso. La ley no contempla esto en ninguna parte. El presidente Santos publicó en su cuenta de Twitter un trino aclarándolo:

 

 

No habrá verdadero sometimiento para quienes se entreguen porque no pagarán en la cárcel sino en colonias agrícolas.

El artículo 59 de la ley habla de las “condiciones especiales de reclusión”, las cuales serán “carcelarias e intramurales en colonias penales agrícolas de que trata el artículo 28 de la ley 65 de 1993” (el código penitenciario).

En este punto es importante aclarar que, como dijo Cepeda, “las colonias no son ningún lugar de esparcimiento”. Se trata de un centro carcelario que conforme a los estándares de la privación de la libertad puede ser de máxima, mediana o mínima seguridad, aclara Ávila.

Y de acuerdo con el ministro Gil Botero, obedecen dentro del sistema de la estructura carcelaria, a unas condiciones de otra naturaleza que buscan dar oportunidades de reintegración y resocialización. “Se trata de un derecho penal que proteja la sociedad y castigue al infractor, pero que también le permita oportunidades de reintegración”, dijo.

Ávila concluye diciendo que este modelo existe en otras naciones del mundo y no tiene nada de extraño porque, finalmente, también se trata de cárceles.

Sábado, 28 Octubre 2017

Justicia transicional, el difícil camino para encontrar verdad y reconciliación

Por Colombiacheck

Colombiacheck presenta las cinco mejores historias del curso CdR/Lab Justicia Transicional “Claves para entender y cubrir la justicia especial para la paz”, realizado por Consejo de Redacción.

Después de más de 50 años de conflicto, en el que ha habido múltiples actores armados ilegales, son innumerables las violaciones a los derechos humanos cometidas, muchos los hechos por esclarecer y, según las cifras más recientes, 8.554.639 víctimas reconocidas por la Unidad para las Víctimas, que hay que reparar.

No es pequeño el reto que tiene la Justicia transicional en Colombia. El próximo desafío de esa justicia será encarar a los máximos responsables de los peores crímenes cometidos por las Farc, lograr que cuenten la mayor verdad posible, imponerles sanciones que incluyan reparación a las víctimas y así, allanar el camino de reconciliación y paz que busca el país.

Además, no caer en errores de otros procesos de justicia transicional, como la Ley Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares, pero en el que hay víctimas que todavía reclaman verdad. También lograr que otros grupos que todavía están en armas las entreguen y cuenten la verdad.

¿Qué papel jugará la justicia indígena? ¿Cómo se asegurará la justicia de que está condenando a verdaderos culpables y no a ciudadanos a los que han tildado de victimarios sin serlo? ¿Cómo asegurar una restitución de tierras que garantice la subsistencia de las víctimas? ¿Cómo garantizar las condiciones para que los excombatientes vivan dignamente y no vuelvan a delinquir? ¿Cómo lograr que los victimarios ayuden a esclarecer la suerte de los desaparecidos?

Esos son los temas que aborda este especial periodístico de cinco historias, realizadas por seis estudiantes que terminaron el curso virtual CdR/Lab Justicia Transicional “Claves para entender y cubrir la justicia especial para la paz”, quienes recibieron asesoría editorial de Tatiana Navarrete y María Clara Calle, periodistas del medio Verdad Abierta.

La capacitación CdR/Lab Justicia Transicional y las historias de este especial se realizaron gracias al apoyo del Servicio Civil para la Paz de la AGEH y de la DW Akademie.

Nota: Aunque Colombiacheck tiene como política editorial identificar debidamente a las fuentes a las que les atribuye la información, en algunos de estos artículos se omiten o se cambian los verdaderos nombres por razones exclusivas de seguridad de los protagonistas de las historias.

Casanare: a la sombra de los desaparecidos

Durante casi tres décadas, las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, delinquieron en Casanare, Meta, Boyacá e, incluso en zonas cercanas a Bogotá como Soacha y Sumapaz, dejando miles de víctimas y crímenes de lesa humanidad a su paso.

Guerrilleros emberás: entre la justicia indígena y la JEP

Los indígenas de Pueblo Rico, en Risaralda, recibirán a exguerrilleros de las Farc, pero antes tendrán que resolver la tensión entre su justicia y la que crea el acuerdo de paz. Además, ya tienen una experiencia que no ha funcionado como debería.

Tierras productivas, el reto para las víctimas restituidas en el Valle

10 familias a las que les despojaron sus tierras en medio del conflicto intentan rehacer sus vidas en un predio a 15 minutos de la zona urbana de Cali. Ya tienen la tierra, pero les falta el agua potable y ayuda para que sus proyectos productivos sean sostenibles.

De inocentes a victimarios, el reto de no condenar a las personas equivocadas

Una decisión judicial o el señalamiento de un grupo armado puede catalogar a una persona como victimaria sin serlo, como lo muestran las historias de Camila y Patricia.

Ciudadela Bolonia: un experimento de reintegración en Bogotá azotado por la violencia

Víctimas, antiguos miembros de las guerrillas, los paramilitares y el Ejército habitan un aislado conjunto residencial de Usme, en medio del microtráfico, los grupos armados y una convivencia cada vez más álgida.