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Jueves, 24 Mayo 2018

¿Qué necesita Fajardo para construir 10 mil aulas?

Por Sofía Pérez

El candidato, que le apuesta a la educación, prometió reducir a la mitad el déficit de infraestructura educativa en Colombia en tan solo cuatro años. Analizamos qué tan viable es la propuesta.

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa – PNIE, estableció como meta para el segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos la construcción de 30.369 aulas de clase con el propósito de reducir el déficit de infraestructura educativa nacional en un 60%. Según el Informe de Gestión 2017 del Ministerio de Educación, hasta el año pasado se lograron 18.447 aulas entregadas y en ejecución, y se proyecta que para el final del mandato sean construidas otras 6.682, lo que dejará el déficit en 26.000 aulas para el candidato que se posesione en el próximo 7 de agosto, si es que quiere cubrir la totalidad de aulas necesarias para alcanzar el 100% de la jornada única.

Como parte de su programa de gobierno, el candidato por Coalición Colombia, Sergio Fajardo, cuya campaña se fundamenta en la educación como motor de transformación para el país, ha propuesto reducir este déficit a cerca de la mitad con la construcción y adecuación de 10.000 aulas para el año 2022.

 

 

Consultamos con varios expertos para saber si será posible cumplir esta propuesta y si el resultado podría mantenerse en el tiempo.

Financiación

La propuesta no tiene aún un presupuesto fijo, ni se han llevado a cabo los estudios de costo oficiales, pues este proceso se haría solo una vez Fajardo fuera elegido presidente. Sin embargo, de acuerdo con su equipo programático, el dinero se obtendría de los recursos actuales del FFIE (Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa), complementado con un aumento al presupuesto actual de educación, pero el monto exacto va a depender del estado de los proyectos que entregue el gobierno saliente.

Al realizar un estimado, teniendo en cuenta los precios y normativas para construir en 2018, según el arquitecto Carlos Lacoste, experto en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien trabaja con la misma en arquitectura institucional, el proyecto costaría alrededor de unos 6 billones de pesos en total. Este valor tiene en cuenta los costos de mantenimiento: contratación inicial de maestros, energía, conectividad y agua potable.

Por otro lado, en el Conpes 3831 de 2015, el costo por aula construida es de 146,6 millones de pesos, lo que representa un total para la meta de Fajardo de 1,5 billones de pesos, sin incluir la compra de los lotes, pues el cálculo se realizó teniendo en cuenta los costos presentados en proyectos para los últimos cinco años e incluye baterías sanitarias, laboratorios, circulaciones e interventoría, entre otros; pero no el costo del lote.

Para financiar su propuesta educativa, Fajardo ha hablado de aumentar el gasto del gobierno para educación en un 10% anual, lo que, según él, representaría ingresos anuales cercanos a los 4 billones de pesos. De acuerdo con el Boletín Nº.151 del Ministerio de Hacienda Nacional, el presupuesto total para educación en 2018 se fijó en 35,4 billones de pesos, por lo que el 10% del aumento para el primer año sería de 3,4 billones de pesos, un valor cercano al que el candidato pregona.

Adicionalmente, de acuerdo con Jheyson Leandro Martínez, quien ha formado parte su equipo como director de medios durante los últimos diez años, gran parte del dinero que se destinará a la infraestructura educativa, se obtendrá con la disminución de la corrupción, que representa una pérdida anual de 50 billones de pesos; el problema de esta promesa es que la recuperación de esas arcas y la lucha contra la corrupción tardan años en dar frutos tangibles. El resto se obtendría por medio de alianzas público privadas y convenios internacionales.

Si se ponen en contexto estos valores, no son descabellados. La ejecución del presupuesto de inversión para infraestructura educativa en el país, de acuerdo con los informes de ejecución acumulados del Ministerio de Hacienda Nacional, ha sido de 5,47 billones de pesos para el periodo de 2015 a lo que va transcurrido de 2018. Es decir, los 6 billones que le costarían las obras a Fajardo no están tan alejados del presupuesto que se maneja actualmente para infraestructura de educación.

Así mismo, según expertos de la Subdirección de Acceso del Ministerio de Educación Nacional (MEN) consultados por Colombiacheck, si se revisan los históricos del Ministerio, en los que se han llegado a construir cerca de 5.000 y 6.000 aulas en periodos de 4 años, y casi 10.000 con el Plan Nacional de Infraestructura, la propuesta es técnicamente viable. De hecho, Santos lleva más de 18 mil intervenidas en los últimos tres años.

En cuanto al porcentaje de aulas a construir, versus el porcentaje a adecuar, el equipo programático de Fajardo aseguró que este dependerá de la situación que reciban del gobierno actual, “sobre todo en términos de cuántas aulas de las cerca de 30.000 que se comprometieron entregarán y qué recursos futuros ya están comprometidos en la construcción de las aulas”

El proyecto a largo plazo

Otro aspecto preocupante de esta propuesta, es el mantenimiento a largo plazo de las aulas. De nada sirve invertir dinero en 10.000 salones, si en cuatro años que llegue un nuevo presidente no se les hace mantenimiento. Esta es la situación que viven actualmente los 80 Parques Educativos que prometió construir Fajardo en Antioquia y que ha sido un proyecto referente para su campaña presidencial.

De acuerdo con información otorgada por Omar Arango Jiménez, fiscal de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), al diario El Mundo de Medellín, solo 22 de estos están funcionando bien. Algunos, como el Parque Biblioteca España, presentan fallas en la estructura y otros están cerrados o fuera de funcionamiento.

Ante esta preocupación, Martínez responde que Fajardo no tiene forma de garantizar el mantenimiento de estas aulas; depende del gobernador de cada departamento, y no del presidente, destinar una parte de su presupuesto anual al mantenimiento de los proyectos. No obstante, según su equipo programático, trabajará con las alcaldías y gobernaciones para crear un sistema de información actualizado que identifique el déficit real de aulas.

Otra solución sería convertir el proyecto en política pública. Sin embargo, hasta el momento, no se ha planteado esta propuesta dentro de la campaña. Además, para que un proyecto se convierta en política pública tiene que tener un interés general. Según Adriana Ramírez, doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca, para conseguir el mantenimiento de las aulas, Fajardo necesitaría un instrumento político (una ley) que vaya más allá de un periodo gubernamental, de tal manera que la sostenibilidad de ese proyecto no dependa del siguiente gobierno y su partido.

Por otro lado, según los técnicos consultados en el MEN, Fajardo tendría que garantizar la sostenibilidad del proyecto, por medio de estudios previos que confirmen la demanda de las aulas, antes de ejecutarlo. Es decir, tendría que demostrar que existen niños reales que necesitan las aulas. Una vez demostrado esto, por cada niño atendido, el Ministerio gira un recurso para poder sostener el proyecto en términos de pago de servicios públicos, nómina de maestros, vigilancia, aseo y alimentación escolar, entre otros.

 

* Sofía Pérez: Estudiante de periodismo de la Universidad Eafit de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Miércoles, 07 Marzo 2018

Los obstáculos a los que se enfrenta la bancada de mujeres

Por Camila Osorio

La rama legislativa colombiana sigue sin cumplir las cuotas mínimas de participación de las mujeres. Estas elecciones no son la excepción. La agenda de género tampoco ha estado dentro de sus prioridades. Análisis.

El saliente Congreso que se renueva el próximo 11 de marzo sigue en deuda con la inclusión de las mujeres en la política. También con una agenda de equidad. De 268 parlamentarios electos en el 2014, tan solo el 20% fueron mujeres, lejos de cumplir con el 30% al que aspira la ley de Cuotas que rige en el país desde el 2000.

A esta falta de participación de las mujeres, se suma que de las 56 congresistas, al menos 14 no buscarán su reelección para el período 2018-2022. Entre las más conocidas están Claudia López (Alianza Verde) y Viviane Morales (antes partido Liberal, ahora por el partido Somos), que decidieron lanzarse a la vicepresidencia y presidencia, respectivamente, y Thania Vega (Centro Democrático), quien cedió su postulación a su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, absuelto por la Corte Suprema por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia.

Esta investigación revisó lo que hizo el saliente Congreso para tramitar leyes e iniciativas que le dieran un vuelco a la discriminación contra las mujeres y les garantizara un mayor acceso a la política y a cargos públicos. De igual forma, verificó e identificó el rol que tuvieron las congresistas en los debates más álgidos que vivió el país en los últimos cuatro años.

También se revisaron las listas de aspirantes al nuevo Congreso para constatar si los partidos políticos cumplieron con la ley de Cuotas. Este es el resultado.

Las listas, al límite

El panorama de participación de las mujeres en el próximo Congreso no es alentador. Como ha sido la costumbre, la mayoría de partidos tratan de cumplir con el mínimo de cuotas en sus listas, pero no son una prioridad.

Según datos de la Misión de Observación Electoral -MOE- publicados en El Tiempo, de los 2.730 candidatos inscritos, 943 son mujeres, lo que representa un 34.5%. Pero solo el MIRA y el Partido de La U, sobrepasan ese porcentaje cuando se analiza su lista a Senado, mientras que el resto tienen en sus listas el 30% obligatorio de mujeres (Polo, Centro Democrático, Alianza Verde, Farc, Partido Liberal y Conservador).

En su lista al Senado, el partido de La U incluyó mujeres en un 50%, aunque la mayoría de ellas no son cabeza de lista (a excepción de la senadora Maritza Martínez). La lista del MIRA, que ha sido reconocido en elecciones pasadas como el partido más incluyente, este año tiene el 60% de mujeres.

Pocos consensos

Ser mujer no garantiza que se trabaje en una agenda género ni en conjunto con la bancada de mujeres. Al revisar el trabajo de las congresistas en los últimos cuatro años se evidencia que llegaron con propuestas radicalmente distintas y hubo pocos proyectos que lograron unirse. Sin embargo, en lo que sí coinciden es en la necesidad de una mayor participación política para ellas.

La bancada de mujeres defendió de forma conjunta tres propuestas que podrían facilitar el acceso a cargos políticos. La más importante exigía a los partidos que aumentaran el número de mujeres en sus listas: 40% para las elecciones de 2022 y 50% para las de 2026.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, que apoya a la bancada con proyectos de ley relacionados con el tema de género, afirma que, en el papel, todos los congresistas se comprometieron con esta agenda, pero a la hora de las votaciones la realidad fue otra. “Ningún hombre fue capaz de decir no a la paridad, pero luego se ausentaron en la votación”, agregó.

El proyecto arrancó en el Senado con el apoyo de todas las congresistas y logró ser aprobado en primer debate. “Pero en el momento de las votaciones, a algunos hombres les costó apoyarla,” dijo la representante por el Partido Liberal, Clara Rojas.

La iniciativa tuvo otro traspiés cuando se sumó al debate de la reforma política, que terminó hundiéndose en la última legislatura. “Las mujeres del Centro Democrático se oponían a toda la reforma del Gobierno, entonces no votaron,” añadió Rojas.

La bancada de mujeres también apoyó un proyecto para que fueran obligatorias las comisiones especiales para la mujer en concejos y asambleas (aún no aprobado); otro que proponía crear un Ministerio para la Mujer (archivado) y, apoyó la iniciativa para crear la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, aunque el Gobierno se demoró en nombrar a una directora, como lo denunció entonces la senadora Claudia López en audiencias públicas.

Viviane Morales, la polarizadora

A la falta de equidad de género en el poder político, se suma que la bancada de mujeres sufrió de la misma polarización que vive el país por cuenta del proceso de paz con las FARC. En especial, por dos hechos políticos: la campaña por el NO al plebiscito para el acuerdo de paz y la llamada ideología de género, fundamental para que los colombianos no refrendaran el primer acuerdo que firmó la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el centro del debate estuvo la senadora por el partido Liberal, Viviane Morales. Ella fue la creadora del proyecto para realizar un referendo que buscaba impedir la adopción de niños a las parejas homosexuales y a madres solteras. El proyecto, que finalmente se hundió, no sólo dividió al país sino también al grupo de congresistas.

“Morales fue de las mujeres que lideró la iniciativa de Ley de Cuotas al Congreso hace muchos años,” dijo Angélica Bernal, profesora de Ciencia Política en la Universidad Tadeo Lozano. “Incluso cuando llegó a la Fiscalía, fue celebrada por ser la primera mujer”. Las organizaciones de mujeres también celebraron sus esfuerzos por investigar crímenes sexuales; así como cuando, en 2011, se opuso a lo que se denominó “populismo punitivo” en el proyecto de la senadora Gilma Jiménez, que proponía cadena perpetua a violadores de niños. “Era vista como una política progresista, hasta que llegó el referendo de adopción,” dijo Bernal.

Esta propuesta no sólo dividió a la bancada de mujeres, sino que alejó a las organizaciones de mujeres que trabajan con las congresistas y que han sido fundamentales para crear proyectos a favor de la equidad de género. “Indudablemente, sus posiciones sobre las parejas del mismo sexo y la ideología de género alejaron a las activistas,” dijo Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres.

El proyecto logró llegar a la Cámara para su tercer debate, pero finalmente se hundió cuando la representante Angélica Lozano logró el apoyo de sus colegas. “Por muchos meses hice sondeos a la posición de cada uno en mi comisión y fortalecí mi relación con ellos discutiendo otros proyectos. En esto funciona mucho el colegaje”, dijo Lozano.

Todo este debate dejó al descubierto las distintas posiciones de género en la bancada de parlamentarias y en el Congreso. Cuando se trata de temas LGBTI, “hubo muy poca iniciativa,” dijo Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Sánchez calificó el Congreso como un espacio que “no es seguro” para este tipo de iniciativas que confrontan al país conservador con las minorías.

“En el Congreso, si se trata de iniciativas sobre mujeres que no reten la idea de familia tradicional de papá y mamá, se pueden pasar. Pero si lo enfrentan, no pasa. El Congreso es conservador y dogmático,” dijo la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo.

Una agenda tradicional

Otros proyectos que fueron presentados al Congreso y que proponían mejorar las condiciones y derechos de las madres colombianas consiguieron más fácilmente el apoyo de la mayoría de las bancadas.

La senadora Clara Rojas, del Partido Liberal, logró que se aprobara la creación de salas amigas para las mujeres lactantes en entidades privadas y públicas. Ahora quiere que se apruebe otra iniciativa que refuerce los derechos de las mujeres durante el parto.

“Espero que ayude a las mujeres en zonas apartadas que rechazan la medicina como la conocemos nosotros, y puedan ser acompañadas por parteras si lo desean. Eso ayuda a que las mujeres accedan al sistema”, explicó Rojas. “Yo tuve mi hijo en la selva y por eso soy sensible a este tema”, agregó.

El Congreso también aprobó la iniciativa para aumentar cuatro semanas la licencia de maternidad, presentada por la representante del CD, Tatiana Cabello, y un proyecto que establece nuevos lineamientos laborales para las madres comunitarias que trabajan con el ICBF, presentado por el MIRA, pero que fue objetado por la Presidencia.

Otras propuestas que tuvieron apoyo tienen que ver con los derechos económicos de las mujeres. El congresista Mauricio Lizcano y el partido de La U impulsaron la reducción del número de semanas a cotizar para que las mujeres se pensionen más rápido (luego objetado por Presidencia argumentando una falta de sostenibilidad financiera), y las representantes del Partido Verde Angélica Lozano y Ángela María Robledo lograron que se aprobara el proyecto que reconoce el derecho de las trabajadoras domésticas a una prima de servicios.

El partido MIRA, por su parte, propuso prohibir las pruebas de embarazo como requisito para una entrevista laboral, y estabilidad laboral para las mujeres embarazadas con contratos de prestación de servicios. Y, la senadora de La U, Maritza Martínez, logró evitar que en la reforma tributaria se grabaran las toallas higiénicas y tampones con un 19 por ciento (quedó en 5 por ciento). “Todas las mujeres de la bancada me acompañaron,” aseguró Martínez.

Más populismo punitivo y menos política educativa

La senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien llegó al Senado en 2010 con una de las mayores votaciones que ha tenido una mujer, contaba con el apoyo de miles de personas que respaldaron su propuesta de hacer un referendo para imponer cadena perpetua a violadores de niños.

Jiménez no logró que se aprobara su iniciativa (falleció en 2013) pero dejó en el Congreso lo que se conoce como ´populismo punitivo´, el cual privilegia el castigo sobre otras formas de prevención del delito. Este enfoque sigue ganando adeptos cuando se trata de violencia sexual, incluyendo en la bancada actual de mujeres.

La senadora de La U, Maritza Martínez, por ejemplo, propuso la castración química para los violadores de menores. “Presenté ese proyecto escéptica, pero fue aprobado en la Comisión Primera de Senado rápidamente,” contó. Otro proyecto de su autoría, que buscaba imponer sanciones no penales a padres que no cumplan a tiempo con las cuotas alimentarias, avanzó pero con mayor lentitud.

Los ejemplos de proyectos que privilegian la mano dura son múltiples. Desde el partido Conservador, la senadora Nadya Blel propuso inhabilitar políticamente a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores. Un proyecto que impulsó el MIRA aumentó las penas a aquellos que atacan a las mujeres con ácido. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, intentó que se prohibiera la maternidad subrogada con fines de lucro. Y, finalmente, desde el Partido Liberal, la representante Clara Rojas buscó penalizar a los hombres que pagan por prostitución.

En el tema de violencia sexual, que es un problema recurrente que enfrentan las mujeres, las soluciones son difíciles de aplicar y por eso no es fácil conseguir un apoyo diferente al de la línea dura. Pero más penas no implica, necesariamente, menos crímenes, coinciden los expertos en seguridad, sobre todo si no hay institucionalidad que haga cumplir nuevas normas.

La bancada de mujeres que llegue al Congreso este año traerá caras conocidas y otras nuevas. Pero tanto las primíparas como las que repitan, ya sea que busquen más poder político o repensar el rol de la mujer en la sociedad colombiana, se encontrarán con un muro.

* Camila Osorio: Politóloga, periodista y miembro del equipo editorial de la revista The New Yorker.