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Viernes, 09 Noviembre 2018

¿Qué son las Águilas Negras?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En Colombiacheck hablamos con especialistas que han investigado el tema y revisamos registros en prensa para tratar de resolver algunas de las preguntas alrededor de este fantasma.

En días recientes han aparecido más panfletos amenazantes con el nombre de las Águilas Negras. Por esa razón, han vuelto a rondar preguntas su alrededor: ¿quiénes son?, ¿realmente existen?, ¿están organizadas?

Aquí están algunas de esas preguntas con sus respuestas. No obstante, al igual que en artículos anteriores, la idea es que a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué son las Águilas Negras?

Tal vez esta es la pregunta más difícil. Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), “las investigaciones no dan un campamento, unos mandos determinados, ni estructuras permanentes”, así que no se puede decir que las Águilas Negras existan, por lo menos no como estructura criminal. “Lo que existe es una marca que es utilizada por diferentes agentes para amenazar, no ser identificados y amedrentar pobladores”, dice Ávila.

Según Carlos Guevara, de la Organización Somos Colombia, las Águilas Negras “son una franquicia criminal” que está al servicio de quien quiera utilizarla.

¿Son una organización criminal?

Un informe del Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO), publicado recientemente por Colombia2020, sostiene que, en el caso de las “Águilas Negras”, no es posible hablar de una organización estructurada, o de un Grupo Armado Organizado (GAO), porque “las características de los panfletos [amenazantes que envían a sus víctimas] y la organización de los documentos” no siguen un mismo patrón. De hecho, muchas veces los logos de los panfletos no son iguales, o están mal copiados, y el lenguaje de los mensajes varía. Todo esto “permite ver una ausencia ideológica en comparación con organizaciones criminalmente estructuradas”.

¿Cuándo aparecieron?

Tampoco parece haber un consenso sobre el momento exacto en el que aparece el nombre “Águilas Negras” asociado a actividades criminales. Sin embargo, los investigadores que consultamos coincidieron en que el nombre comenzó a aparecer alrededor de las mismas fechas en las que ocurrió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es decir entre noviembre de 2003 y agosto de 2006. Registros de prensa, tanto de la época como más contemporáneos (de El Tiempo, Semana y la BBC) también coinciden en esas fechas.

Según el informe de inteligencia del CI3-CO, reseñado por Colombia 2020, el primer panfleto de las ‘Águilas Negras’ que se conoció en el país, y que lleva la imagen característica del grupo, fue el que circuló en el departamento del Magdalena en 2006.


Panfleto de las Águilas Negras
 

Según explica Guevara, en ese entonces había varios grupos con el nombre de “Águilas” de diferentes colores (rojas, doradas y negras) repartidas en distintas partes del país. De acuerdo a un artículo publicado por Semana en 2007, estos grupos estaban compuestos por miembros de las AUC que no quisieron hacer parte de la desmovilización, desmovilizados que volvieron a delinquir y personas que no estuvieron relacionadas con los paramilitares que ingresaron a la delincuencia. Eventualmente, las personas de estos grupos “se concentraron bajo la denominación de ‘Águilas Negras’”, según dice Guevara.

Sin embargo, según le dijo la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) a la BBC en 2017, todas las “Águilas” “desaparecieron entre [2006] y 2009, porque fueron desarticuladas o fueron absorbidas por otras organizaciones criminales”.

Hoy, quienes usan el nombre de “Águilas Negras” son simplemente mercenarios. “Son una herencia de toda la degradación de nuestro conflicto. Son residuos de gente especializada en ese tipo de violencia”, dice Ávila.

¿Cuál es su propósito y objetivo?

Al no ser una estructura organizada, no tienen un objetivo específico. “Tienen distintos, porque son como una especie de fantasma que infunde miedo para ganar un pulso particular o para gobernar en los territorios”, según explica el artículo de Colombia2020.

¿En qué casos es usada la ‘marca’ Águilas Negras?

Según lo hallado por el subdirector de Pares, algunos grupos criminales, como el Clan del Golfo, “se ponen el nombre de ‘Águilas Negras’ para no ser identificados” al realizar actividades delictivas. “Esto fue lo que pasó en Norte de Santander en la guerra entre Rastrojos y Urabeños o Clan del Golfo”.

También sucede que algunos sectores de la fuerza pública utilizan la marca en algunas regiones para “para amedrentar comunidades, individuos y grupos de jóvenes con comportamientos violentos”, según Pares, o impulsar una intención política específica. Según el subdirector de la fundación “tal vez Caquetá hace algunos años es el mejor ejemplo”.

Asimismo, el nombre “‘Águilas Negras’ es utilizado por particulares, mediante panfletos, para infundir miedo a diferentes comunidades”, como dice Ávila en su artículo.

Y, como lo contaron Eduardo Álvarez Vanegas* y Andrés Cajiao Vélez de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), en Razón Pública en 2017, personas que buscan mantener esquemas de protección por parte del Estado, se envían autoamenazas a nombre de las “Águilas Negras” para conservar los beneficios.

¿Dónde operan?

El informe de inteligencia del CI3-CO encontró 282 panfletos distribuidos en todo el territorio nacional desde 2006 hasta 2018. Y como casi cualquiera hace uso del nombre, “uno ve las Águilas Negras en todo el país”, agrega Guevara.

¿Cómo operan?

Las “Águilas Negras” “siempre [operan] bajo amenazas manifiestas en panfletos”, según dice el director de la Organización Somos Defensores. “No se les ha conocido incursión armada, atentado verificable”. Según Guevara, no aparecen en ninguna cuenta oficial, pues “no existen para el Estado”.

Según los registros de Somos Defensores, las “Águilas Negras” aparecen como los responsables de hasta el 60% de las amenazas que se han presentado en los últimos ocho años en el país.

Por su parte, los investigadores de la FIP identificaron al menos cuatro tipos de amenazas:

  1. Las que intentan impedir las acciones de líderes y organizaciones, que responden a las agendas que impulsan estos líderes y que buscan detener su trabajo o desplazarlos;
  2. Las de tipo contrainsurgente, en las que se amenaza a supuestos auxiliadores, milicianos y “guerrilleros encubiertos”;
  3. Las que tienen fines extorsivos, hechas por delincuentes comunes que usan el nombre “Águilas Negras” para intimidar y presionar un pago;
  4. Las de limpieza social, que están dirigidas en contra de la población LGBTI, habitantes de calle, consumidores de drogas, prostitutas, o ladrones, entre otros. Se busca amedrentar a estas personas para intentar obligarlas a irse de sus zonas.

¿Cuándo se activan?

En elecciones, cuando hay protestas y exigencias al gobierno. “Particularmente, cuando hay movimiento social”, dice Carlos Guevara.

¿Cuántos miembros tienen?

Como ya fue dicho, al no ser una estructura organizada, no es posible establecerlo.

¿Quiénes son sus objetivos?

Según un artículo de Semana publicado en 2015, “en casi 10 años, los panfletos han estado dirigidos sistemáticamente contra políticos de izquierda, líderes sociales y de restitución de tierras, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas”.

Tres años después siguen los amenazados siguen teniendo los mismos perfiles.

*Eduardo Álvarez Vanegas ya no hace parte de la FIP.

Jueves, 12 Julio 2018

Mitos y verdades de la nueva Ley de sometimiento a la justicia

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Después de la sanción de la ley que busca el sometimiento de las bandas criminales, se han difundido afirmaciones engañosas sobre los supuestos beneficios que esta otorga. Colombiacheck aclara algunas de ellas.

El lunes de esta semana el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1908 de 2018, conocida como Ley de sometimiento a la justicia, “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.”

Al día siguiente se convirtió en el tema del día de la mayoría de medios de comunicación y de muchos usuarios en las redes sociales. Tanto así que algunos de ellos, probablemente por desconocimiento, formularon preguntas e hicieron afirmaciones engañosas sobre el contenido de la ley. Particularmente, frente a los supuestos beneficios que otorga a quienes se sometan.

Colombiacheck buscó en las redes sociales cuáles son las dudas que más repetían y más impacto generaban, y habló con dos expertos para resolverlas.

La ley va a darle beneficios a los criminales.

Como su nombre lo indica, esta es una ley de sometimiento a la justicia, lo que quiere decir que solo aquellos que se entreguen y colaboren con las autoridades dando información, nombres, rutas del narcotráfico y liberando a los menores de edad que tienen en sus filas, tendrán una disminución del 50% en su condena. Y si se trata de crímenes transnacionales (de lesa humanidad, por ejemplo) obtendrán el 30%.

Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, sin embargo, explica que este recurso existe en muchas naciones. “Los Estados normales tienen las dos opciones: o reprimen, o dan sometimiento a la justicia” y afirma que el ejemplo más claro son los narcotraficantes que se entregan a las autoridades estadounidenses.

“Los narcos entregan rutas, nombres, bienes, pagan cinco años de cárcel y luego las autoridades les devuelven el 5% de la plata que ellos había entregado para que puedan sobrevivir. En algunos casos, les entregan hasta la ciudadanía estadounidense”, sostiene Ávila.

Por otro lado, Iván Cepeda, senador del Polo, en entrevista con Blu Radio aclaró que en esta nueva ley “no hay beneficios”, pues “repite exactamente lo mismo que hay en el código penal, con el principio de oportunidad”. La diferencia, es que con la nueva ley se prevé el sometimiento de grupos y no de individuos.

Pero además, en el Título II de la ley se fortalecen las medidas para la investigación y judicialización de los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), se endurecen las sanciones para algunos delitos y se castiga a quienes no hacen parte del grupo pero colaboran en actos con fines ilícitos.

La ley habla de sometimiento colectivo pero no de sometimiento individual.

Precisamente, y continuando con el punto anterior, la nueva ley de sometimiento a la justicia es un mecanismo que aplica solo para la judicialización de grupos, porque para individuos ya existe el principio de oportunidad.

Y la razón para crear un mecanismo colectivo se halla en lo ocurrido con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac. Este grupo narcoparamilitar quiso entregarse a la justicia en 2012 y para ello se concentró en una zona a la espera de las autoridades. “La Fiscalía no tenía información de nadie y a los dos días todos quedaron libres”, cuenta el subdirector de Pares, “para evitar cosas como esa es que se crea esta ley”.

Según el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la creación de esta ley era necesaria porque hoy las mayores fuerzas criminales están conformadas en grandes grupos, como el Clan del Golfo, y “estábamos ante una impotencia para judicializar de manera colectiva”, dijo a W Radio.

En la ley pueden entrar disidencias de las Farc, asesinos de líderes sociales y todas las bandas criminales.

Esto es cierto, si hacen parte de un grupo conformado por tres o más personas, que exista desde hace cierto tiempo (que tendrá que definirse cuando se reglamente la ley) y que actúe de forma concertada para cometer uno o más delitos, explicó Gil Botero.

El artículo 2 de la nueva ley, no obstante, define qué son los GAO y los GDO y explica que para establecer si un grupo puede considerarse en alguna de estas dos categorías, “será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional”. Solo después de establecida la calificación un grupo puede entrar a hacer parte del proceso judicial.

Gustavo Duncan, investigador y profesor del departamento de ciencias políticas de la Universidad de los Andes, dice que ve poco probable que en el corto plazo las disidencias de las Farc vayan a hacer parte de esta ley, “si no, se hubieran metido al proceso de paz de La Habana”.

Y para Cepeda, “lo mejor para los líderes sociales es que una organización que los amenaza se desmovilice y desaparezca”, dijo en la misma entrevista.

También podrán entrar los corruptos.

Ariel Ávila explica que la razón por la cual se da cabida para que entren los corruptos es que las organizaciones criminales tienen contactos con agentes estatales, con fuerzas militares, con políticos. “Lo que llaman la bacrimpolítica”, dice.

Como se señaló en el punto anterior, dentro de la ley pueden entrar todos los grupos criminales que sean catalogados como tales (no hay distinción alguna) y que acepten entregar toda la información de su accionar delictivo.

Es una segunda oportunidad para las disidencias de las Farc.

En parte podría serlo, porque finalmente lo que busca la ley es acabar con todas las formas de violencia y criminalidad que quedan en el país. Sin embargo, como ya se señaló, si las disidencias de las Farc no se sometieron al acuerdo, que les brindaba más garantías, es poco probable que se sometan a esta ley.

Como explicó el Ministro de Justicia en la misma entrevista, “las disidencias que no aceptaron la reincorporación dejaron de pagar cinco años para pagar 30 o 40 en el evento de que se les clasificare como GAO. No es un buen negocio el que están haciendo o un beneficio adicional que se les esté dando”.

Los grupos criminales que se sometan tendrán los mismos beneficios que les dieron a las Farc con el acuerdo de La Habana.

Esto es completamente falso. Principalmente porque los GAO no tienen un reconocimiento de estatus político como sí lo tienen las guerrillas. Pero además, porque esta ley no equivale a un proceso de paz, no contiene una amnistía generalizada, no hay temas de participación política y no se va a judicializar a través de una justicia especial de paz, según sostiene Ávila. Se trata, nuevamente, de una ley de sometimiento.

La ley le dará reconocimiento político a las Bacrim.

Nuevamente falso. La ley no contempla esto en ninguna parte. El presidente Santos publicó en su cuenta de Twitter un trino aclarándolo:

No habrá verdadero sometimiento para quienes se entreguen porque no pagarán en la cárcel sino en colonias agrícolas.

El artículo 59 de la ley habla de las “condiciones especiales de reclusión”, las cuales serán “carcelarias e intramurales en colonias penales agrícolas de que trata el artículo 28 de la ley 65 de 1993” (el código penitenciario).

En este punto es importante aclarar que, como dijo Cepeda, “las colonias no son ningún lugar de esparcimiento”. Se trata de un centro carcelario que conforme a los estándares de la privación de la libertad puede ser de máxima, mediana o mínima seguridad, aclara Ávila.

Y de acuerdo con el ministro Gil Botero, obedecen dentro del sistema de la estructura carcelaria, a unas condiciones de otra naturaleza que buscan dar oportunidades de reintegración y resocialización. “Se trata de un derecho penal que proteja la sociedad y castigue al infractor, pero que también le permita oportunidades de reintegración”, dijo.

Ávila concluye diciendo que este modelo existe en otras naciones del mundo y no tiene nada de extraño porque, finalmente, también se trata de cárceles.