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Sábado, 28 Octubre 2017

Tierras productivas, el reto para las víctimas restituidas en el Valle

Por Cristhian Barragán

10 familias a las que les despojaron sus tierras en medio del conflicto intentan rehacer sus vidas en un predio a 15 minutos de la zona urbana de Cali. Ya tienen la tierra, pero les falta el agua potable y ayuda para que sus proyectos productivos sean sostenibles.

Cuando Miguel* llegó en octubre de 2013 al predio que le dio la Unidad de Restitución de Tierras recuerda que “era un peladero, donde no había nada”. Tenía sentimientos encontrados: satisfacción por tener de nuevo la tierra para vivir y trabajar y nostalgia de tener que empezar desde cero.

Él, su esposa y sus tres hijos llegaron junto a nueve familias más de diferentes rincones del Valle del Cauca a un predio de 14 hectáreas en el corregimiento El Hormiguero, a 11 kilómetros de la zona urbana de Cali. La familia de Miguel fue una de las primeras en instalarse hace cuatro años y las demás fueron llegando después. No solo los une su pasado, sino la tierra que hoy comparten y trabajan.

Estas 10 familias tienen en común que un juez de tierras reconoció que fueron despojadas de sus predios, pero ninguna pudo recuperar sus tierras originales, pues en algunas zonas no había condiciones de seguridad para retornar y, en otras, el predio se encontraba en zona de reserva forestal. Entonces se les entregó en compensación un predio que estaba en extinción de dominio.

Según Sandra Paola Niño, directora de la Unidad para la Restitución de Tierras (URT) del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, las familias escogieron su nuevo predio luego que la entidad les mostrara distintas opciones de terrenos en el Valle del Cauca con características similares a las que perdieron.

En este caso los jueces de restitución ordenaron, entre otras cosas, que se garantizara el acceso al agua a estas familias y la construcción de viviendas. Sin embargo, luego de casi 4 años de proferida la primera sentencia, ningún predio cuenta con el servicio de agua potable y solo a cinco familias el Banco Agrario les construyó casas con servicio de luz - aunque no tienen registro en curaduría urbana para legalizar la vivienda-. Las otras cinco familias han construido casas improvisadas con recursos propios o no habitan actualmente en sus predios.

Bajo ese panorama no ha sido fácil conseguir que las tierras sean productivas y les den lo suficiente para vivir como aseguran lo hacían antes de ser víctimas. Una historia que se repite entre las familias víctimas de despojo y abandono a causa del conflicto armado y es uno de los principales retos de la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que hace parte de los mecanismos de justicia transicional que creó la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas para garantizar a las familias una reparación integral y no solo una restitución y formalización de la tierra.

Pero Miguel tiene claro que, aunque ha recibido ofertas, no va a vender su tierra: “nuestra mentalidad debe ser quedarnos aquí y trabajar en nuestros proyectos productivos”. Agrega que es lo único que le puede dejar como herencia a sus hijos.

Según cifras de la URT, hasta el 31 de julio del 2017 en el Valle del Cauca a 450 familias les han restituido con cerca de 8 mil hectáreas. “Aún hay 90 solicitudes pendientes en Cali y esperamos resolverlas finalizando el 2017 o antes; en su mayoría en zonas rurales, aunque también hay predios urbanos”, indicó Sandra Niño.

1) Camuro, raza de ovino de origen africano o más conocido como oveja de tierra caliente. 2) Miguel preparando la tierra que está en proceso de convertirse en abono orgánico. 3) Cosecha de diferentes tipos de ajíes para prepararlos en conserva. 4) Huerta a medio metro de altura para evitar que las inundaciones dañen la cosecha. Fotos: Cristhian Barragán

Con tierra, pero sin agua

Miguel no olvida las palabras del abogado de la URT cuando le entregaron su predio: “esa tierra es suya, usted verá si la deja perder”. Por eso, pocos meses después de que le entregaron sus dos hectáreas, no lo dudó en irse a vivir a un establo improvisado de 4 por 3 metros que construyó en el predio.

Duró casi un año y medio viviendo en un terreno que se inundaba cada vez que llovía, con la esperanza de brindarle a su familia de nuevo un hogar estable. Durante ese tiempo, acondicionó poco a poco el predio y finalmente en junio de 2015, con apoyo de la Tercera Brigada del Ejército, adecuaron los terrenos y limpiaron las acequias, los drenajes y el canal de riego, para evitar que lo afectara de nuevo la ola invernal.

Ahora vive con su familia en una construcción sencilla en obra gris de alrededor de 35 mts2, construida por el Banco Agrario. Iniciaron también sus proyectos productivos para garantizar su seguridad alimentaria, pero también con la idea de obtener ganancias.

Como no cuentan con agua potable, han tenido que hacer un pozo de poco menos de 7 metros y con una pequeña bomba eléctrica extraer el agua que usan para labores agropecuarias y para el aseo. El agua para consumo personal la suministra Emcali cada dos días con cuatro tanques de agua medianos que suman 1.500 litros.

En la última audiencia de seguimiento post-fallo del 23 de junio del 2017, el juez Fander Lein Muñoz Cruz, del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, instó a la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle del Cauca a “presentar informes mensuales de los avances de la construcción e instalación del acueducto de múltiples usos”, sin embargo, el contrato, que se firmó el 29 de marzo del 2017 y que se suponía tendría una duración de 6 meses, en la actualidad está temporalmente suspendido.

Según Guido Briceño Méndez, ingeniero de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del departamento, las demoras se deben a que en julio pasado el municipio recuperó la certificación en agua potable y saneamiento que le otorga la Superintendencia de Servicios Públicos y ahora la competencia para realizar la obra es de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali, Uaespm.

El Gerente de la Uaespm, Rubén Olarte Reyes, asegura que está esperando respuesta de la URT, pues parte de los predios donde se hizo el estudio para el acueducto fueron entregados a una nueva familia compensada, lo que impide continuar con la obra.

1) Mercado orgánico, un espacio que organiza el Dagma para mostrar los productos de las familias que viven en zonas rurales de la ciudad. Foto: cortesía Dagma. 2) Empacando los productos que llevarán al mercado orgánico en la Plazoleta Jairo Varela. 3) Productos en conserva listos para ser comercializados como los ajíes y el adobo para carnes. Fotos 2-3: Cristhian Barragán

En busca de proyectos productivos sostenibles

Este nuevo predio es muy distinto a la finca de 13.7 hectáreas que Miguel tuvo que abandonar en 1999 por amenazas de las Farc. Recuerda con nostalgia y orgullo que en su anterior predio, que era de clima frío, sembraba mora de castilla, lulo, tomate de árbol y tenía ganado.

En este nuevo predio tiene, en cambio, seis plantas de papaya y más allá un galpón para 15 gallinas ponedoras y de engorde; al frente un comedor al aire libre y el fogón de leña; a la izquierda, a unos 10 metros, construyeron la huerta donde han sembrado tomates baby cherry, tomates cherry, cebolla larga, cilantro y varias clases de ajíes; a un lado de la huerta hay cuatro camuros, una raza de ovinos de origen africano, y en la parte de atrás de la casa están pastando siete reses. Además, producen abono orgánico y tienen un proyecto de lombricultura.


Esto lo construyó gracias al incentivo de 40 salarios mínimos que la ley ordena se entregue en tres fases durante dos años para desarrollar un proyecto productivo.

Reconoce, sin embargo, que llegar a ese punto no ha sido fácil, “Los procesos en el campo toman tiempo, hay que volver a domesticar la tierra y nosotros ya no tenemos la misma fuerza de antes para sembrar”. Agrega que luego de dos años de iniciar con su proyecto apenas están viendo ingresos ocasionales de su trabajo.

Y eso pasa con el resto de las familias, pues según dicen, el problema es que aún no han logrado hacerlos sostenibles. El primer obstáculo es la comercialización de los productos, pues no cuentan con los medios para costear el transporte. Aunque sus predios se encuentran a tan solo 11 kilómetros de la zona urbana de Cali, para sacar los productos tienen que recorrer a pie durante 20 minutos una carretera destapada hasta llegar a la Avenida Cali – Jamundí, donde pueden abordar un bus intermunicipal que los lleva hasta la terminal o esperar el alimentador del MIO que puede tardar entre 20 y 40 minutos en pasar.

A esto se suma que el terreno es propenso a inundarse cada vez que llueve, debido a que tiene reservas de agua subterránea que alimentan al Río Cauca. Por tercer año consecutivo, en el mes de mayo, la ola invernal causó inundaciones que dañaron gran parte de sus cosechas.

La situación es preocupante, pues esta es su única fuente de ingreso y pasados los primeros dos años del proceso de restitución se terminan beneficios de la ley como la exoneración de pago de servicios públicos e impuesto predial. Miguel ha tenido que pagar el servicio de luz, que les cuesta alrededor de 60 mil pesos mensuales y el impuesto predial del año pasado, que le llegó por más de un millón y medio por ser un sector categoría 7. Impuesto que aún no ha podido pagar.

“Las víctimas restituidas reciben una asesoría técnica de la URT para sus proyectos productivos y de hecho hacemos un acompañamiento aún después de dos años que según los términos se cumple el proceso legal, porque entendemos que lo necesitan”, asegura la directora de la URT del Valle del Cauca. Agrega que también se han ofrecido cursos en el SENA sobre formulación y planeación de proyectos, asociatividad, huertas caseras, bioseguridad y poda a frutales.

Según datos de la URT, a las familias de este predio se les han entregado cerca de 224 millones de pesos para nueve proyectos productivos de avicultura, pecuarios, frutales y ganaderos. En el departamento se han entregado más de 5 mil millones de pesos.

1) y 2) Miguel cosecha en su huerta tomates cherry, baby cherry, cilantro, cebolla larga, ajíes, entre otros. 3) El proyecto productivo cuenta con tres reses y cuatro terneros los cuales pastan en el mismo predio. 4) Las gallinas de engorde y ponedoras son parte de la producción propia de alimentos. Fotos: Cristhian Barragán

De acuerdo con las familias, la URT les ha cumplido con la entrega de las tierras y con el acompañamiento técnico y profesional, pero no han recibido el mismo apoyo de las entidades del municipio y del departamento para sus proyectos productivos, especialmente en la búsqueda de articular proyectos con la empresa privada que menciona la ley de víctimas en su artículo 33 sobre la “participación de la sociedad y la empresa privada”.

Estas familias han trabajado la tierra toda su vida y ahora esperan que su predio sea igual o más productivo que antes. Consideran que los recursos que les entregaron para proyectos productivos son un “capital semilla,” pero requieren más inversión para realmente lograr ser sostenibles.

Proyectos productivos Valle del Cauca:

(Haz clic en cada árbol para ver más detalles)

Asociarse es el camino

En busca de fortalecer sus proyectos productivos, los campesinos restituidos decidieron este año unirse y crear la “Asociación Productores Orgánicos Víctimas Compensadas por Restitución de Tierras”, Asprovicort. Con esto lograron desde hace tres meses participar en su primer y por ahora único espacio de comercialización de sus productos denominado “Mercado Orgánico”, actividad que adelanta el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, cada 15 días en la Plazoleta Jairo Varela.

Las familias se unen cada quince días para llevar a este espacio productos como huevos, ajíes en conserva, ajo en polvo, tomate cherry y baby cherry, papaya, dulce de papaya verde, tomate, adobo para carnes, abono orgánico y diferentes productos que puedan transportar y conservar fácilmente.

Por medio de este espacio, que consideran una oportunidad de socializar con la comunidad, han tenido contacto con restaurantes como Platillos Voladores, ubicado en el Barrio Granada, que de vez en cuando les compra sus productos y también reciben en ocasiones el apoyo de otras organizaciones como la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, y la Escuela de Carabineros.

Estas familias coinciden en afirmar que “asociarse es el camino para ser más fuertes como comunidad” y para seguir fortaleciendo sus proyectos productivos, porque saben que es la única forma de garantizar su sostenibilidad. Esperan también en un futuro próximo poder ofrecerle a la ciudad “un espacio donde cualquier visitante encuentre una gran variedad de productos orgánicos”, como un mensaje de esperanza y reconciliación.

*Se reserva el nombre a petición de la víctima

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH

Sábado, 12 Agosto 2017

Comadreando se resiste la violencia en Buenaventura

Por Tatiana Navarrete

Paso a paso y sin hacer mucha bulla, las mujeres del puerto han creado una red de confianza para desenterrar las violencias que pasan inadvertidas a los ojos de las autoridades.

Son las nueve de la mañana y el calor húmedo se hace cada vez más intenso en el puerto de Buenaventura. Faltan dos horas para el estreno de la obra de teatro de la ‘Red Mariposas’ y las comadres no paran de reír. Cada carcajada es más fuerte que la otra.

“Mija, déjate de risas que tú tienes el papel de la violada”, grita la mujer que está a cargo del ensayo. Pero las risas continúan.

La dramatización de una violación por parte de hombres de un grupo armado será la excusa para explicar la ruta de atención. La pieza teatral resume lo que las denunciantes viven en Buenaventura: amenazas de las bandas, vecinos que culpan a la víctima –por cómo estaba vestida– y funcionarios que desacreditan las denuncias.

Aunque todas han vivido la violencia en carne propia, es la primera vez que actúan y están nerviosas. Los diálogos se les olvidan y las risas se les escapan. Esa misma risa que se ha convertido en su terapia.

“Aunque esto es pan de cada día en Buenaventura, ustedes saben que cuentan con ‘las Mariposas’. Acuérdense que no están pidiendo favores, están reclamando sus derechos”, concluye la narradora de la obra ante un auditorio de por lo menos 30 mujeres.

La obra es solo una más de las decenas de actividades que la ‘Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro’ se ha ingeniado para extenderse con cautela por Buenaventura. En algunos barrios se han hecho famosas por sus comadreos, como le llaman a las reuniones de mujeres.

En estos ‘las Mariposas’ buscan a jovenes y adultas para contarles qué es el autocuidado, cómo hacerse un examen de seno y cómo usar las plantas medicinales para tratar enfermedades. Pero cuando van ganando confianza comienzan a hablar de la violencia física, psicológica y económica que se vive en el Puerto. Asesoran sobre las rutas legales y les prestan apoyo psico-espirtual a quienes hayan sido maltratadas.

Los comadreos son además un intento por destruir la falsa creencia que la violencia debe quedarse de puertas para adentro. Por eso, las han llamado sapas, desocupadas, destruye hogares y hasta pervertidas. Insultos que no se toman a la ligera, no en Buenaventura.

Pues cada paso tiene que ser analizado con detalle, porque no a todos los jefes de las bandas les gusta su trabajo y hay barrios a los que les han impedido la entrada. “Las cosas están prendidas bajo el agua y acá todo el mundo tiene su padrino, sino es de un grupo, es de la Policía”, cuenta a VerdadAbierta.com una mujer que ha trabajado activamente durante diez años en los barrios del puerto. “Yo creo que, si nos visibilizáramos mucho, no existiríamos”.

Y es que Buenaventura no ha sentido la calma de un proceso de paz que se implementa con las Farc, ni los diálogos que lentamente avanzan con el ELN. En el puerto mandan las bandas que nacieron luego de una fallida desmovilización paramilitar: ‘La empresa’ y ‘El Clan del Golfo’ (también llamados ‘Gaitanistas’ o ‘Urabeños’) se dividen los barrios.

“En ese momento el territorio le pertenece a los paramilitares. A los que no permiten hacer reuniones sin autorización, a los que no dejan entrar a los barrios a ciertas horas. Es que si una persona es desconocida la desaparecen”, explicó la líder.

A esto se suman las decenas de desplazados que siguen llegando desde la zona rural de Buenaventura y del vecino departamento del Chocó, donde el ELN y los ‘Gaitanistas’ se enfrentan para quedarse con los territorios que han dejado las Farc. (Ver: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)

A finales de 2016 se organizó un torneo de futbol entre los grupos, o los ‘del cuento’ –como los llaman todos en Buenaventura–, donde se rumora que las bandas pactaron el desmonte de algunas fronteras invisibles. Desde otras regiones estaban llegando nuevos miembros a las bandas y, como no conocían los barrios, muchos fueron asesinados por equivocarse de cuadra.

Sin embargo, esta tregua no tuvo un efecto sobre los maltratos que a diario viven las mujeres.

Armas que controlan las vidas y los cuerpos

Para develar dichas violencias, entre octubre y noviembre de 2016 la red ‘Mariposas’ aplicó una encuesta, en conjunto con la Casa de la Mujer. Los resultados, que aún no son públicos, son desoladores.

“Al comienzo todas nos decían: ‘No, a mí nunca me ha pasado nada’”, recuerda una de las encuestadoras, “pero cuando se daban cuenta de que nosotras también sabemos lo que es vivir con miedo, que también nos han matado a nuestros hijos y esposos, que también nos han golpeado, ahí nos hicimos comadres”.

Todo comienza cuando son menores. En algunos colegios del puerto se han descubierto redes de prostitución. Donde los mismos niños son contratados como proxenetas, “son pelados de 12 años que les dicen “necesitamos unas niñas así y así”, entonces comienzan con gastarles en el recreo e invitarlas a cine”, explica otra de las encuestadoras. “Son niñas, pero también niños, a los que convencen con un nuevo celular o con un pantalón de tal marca”. El dinero recolectado va directo a las arcas de las bandas.

Otra situación viven las mujeres –sobretodo menores– que son “elegidas” por el jefe ‘del cuento’. Este es uno de los mayores temores de las madres, pues como si se tratara de un supermercado, el delincuente escoge a una mujer para obligarla a ser su pareja. “Es como si esa niña le perteneciera, entonces las tienen vigiladas”, cuenta una líder de Buenaventura que en su adolescencia vivió esa tragedia. “Me tuve que encerrar casi un año en mi casa, porque el señor no me permitía ni salir del barrio, incluso si iba con mi mamá. Me salvé solo porque lo mataron”, detalla.

Hoy estas mujeres tienen ‘campaneros’ que las persiguen y mantienen a los jefes ‘del cuento’ al tanto de sus movimientos, lo que hace imposible que ellas se acerquen a la Fiscalía a poner cualquier tipo de denuncia. “Solo pueden ir del colegio a la casa y de la casa al colegio”, relata una líder comunal.

Las parejas de los jefes de las bandas –sean obligadas o no– sufren todo tipo de violencia que no se denuncia. ‘Las Mariposas’ encontraron casos aterradores: una mujer a la que su esposo le quemó el pecho por usar escote, otra a la que su marido agarró del pelo y arrastró por todo el barrio, unas que han sido obligadas a realizarse operaciones estéticas en contra de su voluntad y varias mujeres que deben a pagarle la mitad del sueldo a su pareja.

“Hay un control real de la vida y de los cuerpos de las mujeres”, concluye una de las líderes de la Red Mariposas, “pueden planificar solo cuando les digan. Si quedan en embarazo sin autorización, las obligan a abortar”. Hay casos también de menores teniendo varios hijos, porque su novio “no sabe cuánto va a durar y quiere que lo recuerden”.

Cansadas de esta situación, decenas de adolescentes han tenido que salir de Buenaventura hacia Cali o Bogotá. Incluso algunas han huido a otros países como Chile o Ecuador. Sin embargo, varias han muerto asesinadas antes de lograr su huida. Es tal el peligro para ellas, que la casa de acogida que la ‘red Mariposas’ creó para ayudarlas, ni siquiera tiene letreros y pocos conocen su dirección.

Los resultados de esta encuesta son entonces una herramienta para contrarrestar la versión de algunas autoridades, como la Fiscalía, que ha dicho que la violencia contra las mujeres es sobretodo intrafamiliar.

“Este ejercicio nos mostró que las cosas no son tan simples. Que la violencia cometida por grupos no es denunciada, que a veces los mismos familiares son del grupo o son protegidos por los grupos”, dice una de las coordinadoras de la Red. Sus resultados serán presentados el 12 de septiembre en la Mesa Intersectorial de violencia contra las mujeres, integrada por autoridades locales y nacionales.

La violencia que sigue silenciada

Si en el casco urbano llueve, en la zona rural no descampa. La diferencia es que en algunas comunidades la verdad está más enterrada. “Falta mucho por trabajar. A las mujeres de mi resguardo, por lo menos, los maridos no las dejan salir porque dicen que la mujer se va a la ciudad a prostituirse y coger otros vicios, a muchas les prohíben salir, pero algunas desobedecemos”, cuenta una de las pocas mujeres indígenas que hace parte de la red.

Esta líder de su resguardo se ha atrevido a hablar en público sobre relaciones sexuales, algo que no está bien visto; ha cuestionado los matrimonios de niñas de 10 y 12 años y ha llamado por su nombre lo que denominan una “borrachera”, una violación que ocurre cuando las mujeres que han tomado alcohol están inconscientes. “Los maridos me dicen que quiero destruir las familias, pero las mujeres me escuchan”.

Por eso, la red está haciendo todo lo posible por seguir extendiéndose a la zona rural. Durante más de un año conversaron con varios resguardos para que permitieran la capacitación de quince mujeres indígenas que puedan convertirse también en líderes de su comunidad.

La situación más compleja la viven en este momento los pueblos ribereños del San Juan en zona rural de Buenaventura y en el sur del Chocó. Las comunidades indígenas y afro que allí habitan han sido testigos de la expansión de los ‘Gaitanistas’ y las disputas con el ELN por tener el control de los territorios como lo ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo en sus informes del Sistema de Alertas Tempranas: hay comunidades confinadas por la instalación de minas antipersonales, menores vulnerables al reclutamiento forzado y desplazamientos masivos por miedo. (Ver: Informe del SAT)

De acuerdo con el Registro Único de la Unidad de Víctimas, entre 2016 y lo que va de 2017 se han registrado más de 21.000 personas desplazadas en el Valle del Cauca y Chocó.

En algunas comunidades el desplazamiento ha sido masivo. Así sucedió en el Consejo Comunitario de Cabecera, de la zona rural de Buenaventura, cuyos habitantes salieron al casco urbano del puerto después de que el ELN entrara a la vecina comunidad de Carrá y asesinara a cinco jóvenes de una misma familia el pasado 25 de marzo.

Las 38 familias de la comunidad llevan cuatro meses viviendo en el coliseo de Buenaventura esperando que las cosas se calmen para poder retornar. En toda la mitad del coliseo, casi detrás de la cesta de baloncesto, está pegado un mapa que dibujaron de su pueblo, en compañía de varias organizaciones gubernamentales. Justo en la orilla del río San Juan dibujaron un aviso que dicen “ruta para violencia sexual”.

“Es que ese río se volvió la maldad, por ahí nos llegaron todos los males”, dice una de las mujeres del Consejo Comunitario mientras mira el mapa. Prefiere no dar detalles: “Nosotras nos cuidamos mucho entre todas, pero esa gente llegó haciendo de todo”.

Aunque es difícil aún medir el impacto de esta violencia, los primeros hallazgos confirman que las mujeres siguen siendo usadas como ‘botín de guerra’. “Allá había una muchacha que se ennovió con alguien de los paramilitares y la obligaron a salir, luego mataron a otras que eran novias de los guerrilleros. Eso pasa por igual si es con el ELN, con los paramilitares o con el Ejército”, dijo una de las líderes de Cabecera a VerdadAbierta.com

El más reciente informe de Human Rights Watch, encontró el caso de niñas de 12 años que han sido presionadas para convertirse en las parejas de los ‘Gaitanistas’. (Ver informe)

Este es el escenario al que se enfrentan las líderes sociales que a diario luchan en contra de discriminación y la violencia contra las mujeres. En este contexto viven y no están dispuestas a detenerse. Como lo resume una de las coordinadoras: “Acá pasan tantas cosas, pero nosotras, sin hacer mucha bulla, seguiremos extendiendo nuestras alas de Mariposa”.

* Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación fue publicada originalmente en Verdad Abierta.
***Los nombres de las personas y de los barrios no han sido revelados para no exponer a las ‘Las Mariposas’, ni a las víctimas que decidieron hacer pública su historia.