En el chequeo al discurso del 20 de julio del presidente Iván Duque ya habíamos verificado las cifras del Programa Nacional para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, que había nacido de los acuerdos entre las Farc y el gobierno Santos.

De acuerdo con la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, entre agosto del año pasado y julio de este año se habían sustituido voluntariamente 9.051 hectáreas. Estas eran las hectáreas, a esa fecha, verificadas por la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, (organismo que es el operador de los programas de sustitución y el encargado de la verificación). Otras 3.693 hectáreas estaban en proceso de verificación.

En una columna, publicada en El Espectador, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Consolidación y Estabilización, aseguró el Gobierno tiene el propósito de cumplirles a las “130.000 familias comprometidas con el proceso de sustitución voluntaria de los cultivos de coca”.

El Pnis, aunque ha tenido críticas, sigue funcionando. Así lo certifica la misma ONU en su Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de 2018, que indicó que “a 31 de diciembre de 2018, 57.186 familias de las 99.097 vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), es decir el 57,71 por ciento, han recibido al menos un pago por parte del programa. La magnitud de las inversiones previstas por el PNIS guarda proporción con la intensidad de afectación por cultivos de coca, asegurando que gran parte de los recursos será destinada a los municipios en los que la problemática de cultivos ilícitos es más fuerte”.

Entre las falencias del Pnis, según un informe publicado en marzo pasado por Insightcrime, un sitio web de investigación y análisis del conflicto, “el incumplimiento del gobierno con el programa de sustitución de cultivos de coca en Colombia genera preocupaciones por el futuro de las casi 100.000 familias inscritas y vaticina un retroceso en la política de drogas del país”.

Pero otra de las falencias que resalta Insightcrime es la falta de un plan para proteger a los líderes sociales relacionadas con la sustitución, “ya que 58 líderes comunitarios vinculados al programa han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. El sitio web colombiano Verdad Abierta ha informado que 19 líderes fueron asesinados solo en 2018”.

Asimismo, un informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, publicado en abril pasado, indicó que “a medida que ha avanzado el PNIS, las brechas entre la hoja de ruta para cumplir los compromisos que el Estado adquirió con las familias, y el desempeño real del Programa de han hecho.

Como lo advirtió la FIP desde el diseño y el inicio del Programa, el Estado no cuenta con los recursos necesarios para su implementación. Además, el Pnis tiene rezagos sistemáticos en el desarrollo de sus componentes, que comprometen seriamente su sostenibilidad.

En cuanto al fondo de tierras, también creado con el Acuerdo de paz con el propósito de lograr la democratización de la tierra a favor de los campesinos sin tierra y de las comunidades rurales más vulnerables, las críticas del manifiesto leído por Márquez tienen un poco de razón, aunque no del todo.

Lo primero que hay que entender es que al fondo de tierras lo alimentan estos instrumentos administrativos: la adjudicación de baldíos de la Nación, la recuperación de tierras, el ordenamiento de zonas de reservas forestales, la adjudicación de tierras del Fondo Nacional Agrario provenientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la compra directa.

El fondo deberá reunir, a 2028, tres millones de hectáreas. Según un balance de lo implementación de los acuerdos tras dos años de implementación del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, entre los avances, a diciembre, se encuentra la creación del Fondo de Tierras mediante el Decreto Ley 902 de 2017 y más de 525.000 hectáreas transferidas al mismo; la formalización y adjudicación de 992.866 ha para campesinos, de 570,237.38 ha para comunidades indígenas y 2.573 ha para comunidades negras”.

Asimismo, el levantamiento catastral multipropósito para 23 municipios piloto y la aprobación del Documento CONPES 3951 de 2018 que autoriza un préstamo de 150 millones de dólares para la implementación del catastro multipropósito rural-urbano.

En el actual gobierno de Duque, el último balance fue entregado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, quien el 30 de agosto pasado informó que en el primer año de este gobierno se han formalizado 84.016 hectáreas de tierra en 27 departamentos del país.

Pero esas cifras y la gestión del gobierno Duque frente a los acuerdos de paz fue criticada por 20 congresistas, quienes presentaron un balance de la aplicación de estos.

Frente al tema de tierras indicaron que “en el primer año del Gobierno Duque se ha generado acceso y formalizado un total de 73.4654 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Esto representa el 8,7 por ciento de lo que deberíamos estar haciendo al año para poder cumplir con la meta establecida en el acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras”.

Por su parte, Jhenifer Mojica, abogada experta en temas agrarios y de tierras y exsubdirectora del Incoder, publicó el análisis “En tierras, mientras Duque aprende, se paraliza la política pública”, en el que asegura que la estrategia de Duque “ha sido la de echarle tierra, paradójicamente, a todo lo relacionado con el agro”.

Sin embargo, Mojica reconoce que “sí hay algo que el gobierno de Duque ha intentado avanzar en esta materia: legalizar tierras, lograr que tengan papeles de propiedad saneados y estén registradas (...) y haber avanzado en la estructuración del catastro multipropósito, es decir, en la información básica necesaria para poder adoptar y ejecutar cualquier política de tierras. Desde que se posesionó, el Gobierno Duque ha tramitado créditos ante la banca internacional por más de 100 millones de dólares, adoptó un Conpes para el catastro y ha hecho reformas mediante la ley del Plan Nacional de Desarrollo”.

Pero, agrega Mojica, “esto no es suficiente ni representa mayores avances cuando no hay interés en fomentar otros elementos del desarrollo rural integral (...) Siendo los baldíos la fuente principal del Banco de Tierras el gobierno no ha tenido la menor voluntad de recuperarlos, siendo nula la gestión. El fondo para repartir tierras y cumplir la función social del Estado está vacío y no se ven fuentes próximas para alimentarlo. Con la expedición del decreto 902 de 2017 se asignó al conocimiento de jueces inexistentes las facultades del Estado para recuperar baldíos, con lo cual, el tema quedó en veremos.

Es así como, pese a que la sustitución de cultivos y el fondo de tierras, tienen falencias no se puede decir que estos hayan quedado en el olvido.