‘Magistrados de la corte reciben sobornos a través de sus familiares’, es el titular con el que este portal web hace eco de algunos de los trinos de la cuenta @DenunciaJulio y en los que se acusa a dos de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de haber recibido contratos del Estado, a través de terceras personas, durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

Cabe recordar que fue esta sala la que el pasado 4 de agosto de 2020 decidió enviar a  detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal, que en este momento está en la justicia ordinaria a cargo de la Juez 30 de Bogotá y que decidió el pasado sábado 10 de octubre dejarlo en libertad, mientras el proceso sigue en su contra.

La nota publicada en Oiga noticias, un portal del que ya hemos verificado varias desinformaciones, se menciona a los magistrados Héctor Javier Alarcón Granobles y Marco Antonio Rueda Soto.

También encontramos que esta página de Facebook replica la misma información, acudiendo a la igual fuente e incluso copia, sin modificaciones, los enunciados y fotos de los mencionados trinos. 

En Colombiacheck nos dimos a la tarea de verificar estas publicaciones y encontramos que sus afirmaciones son falsas, así como las que contiene la única fuente a la que acude que es la mencionada cuenta de Twitter.

Los contratos y su relación con los magistrados

El jurista Héctor Javier Alarcón Granobles fue elegido como magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 17 de septiembre de 2018, tal como lo registró una nota del diario El Tiempo que se titula ¿Quiénes son los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

Alarcón Granobles es hoy el presidente de la Sala de Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en donde se decidió la detención domiciliaria, el 4 de agosto pasado, del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, caso que posteriormente pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación con la renuncia de Uribe al Senado.

De acuerdo con el mencionado portal, el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles “uno de los Magistrados que dio casa por cárcel al presidente Uribe recibió contrato de Santos a través de su hermana Alba Lucero” y a continuación enlaza este trino de la cuenta @DenunciaJulio. 

En el trino se anexan dos pantallazos de contratos en los que figura Alba Lucero Alarcón Granobles como representante legal. Uno de ellos es un contrato en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Norte de Santander. En el trino se agrega un pantallazo del SECOP con el resumen del contrato,  en el año 2012, es decir, 6 años antes de que su hermano fuera elegido miembro de la CSJ. 

El contrato No. 258 del ICBF tenía como objeto: “Prestar el servicio de exámenes médicos post- ocupacionales y pre-ocupacionales de optometría, audiometría, espirometría, a los servidores públicos de planta, provisionales y supernumerarios y a las personas que ingresen en el 2012 a laborar en el Icbf”, así está registrado en el documento almacenado en la plataforma de contratación Secop.

La contratación se hizo con la empresa Alarcón Prevenir Salud Ocupacional, cuya representante legal, al momento del proceso era Alba Lucero Alarcón. El monto del contrato fue  de $11.628.000. De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación emitido por la Cámara de Comercio de Cúcuta dicha empresa fue registrada el 23 de julio de 1999, es decir, 13 años antes de ganar el contrato en cuestión y entre sus socios capitalistas no figura el magistrado Alarcón Grannobles.

La noticia del mencionado portal publica otro contrato que le fue otorgado a la misma empresa por el SENA en el año 2013 en un proceso de mínima cuantía, en el que participaron 5 proponentes, por un valor de 19.800.000 que al final, y de acuerdo con este documento que reposa en el Secop fue de $11.731.000. 

El contrato que fue celebrado el 21 de noviembre de 2013 y tiene como fecha de inicio el 25 de noviembre de 2013, tenía como objeto: “Contratar la realización de exámenes periódicos ocupacionales paraclínicos con el fin de la actualización de historias clínicas ocupacionales y desarrollar los programas de vigilancia epidemiológica que corresponde al subprograma de medicina preventiva y del trabajo, cumpliendo con la normatividad vigente en salud ocupacional”.

Este contrato fue celebrado 5 años antes de que el magistrado Alarcón Grannobles fuera elegido como tal.

En relación con esta denuncia particular de la cuenta de Twitter @DenunciaJulio, queda claro que en este caso los contratos de la empresa de la hermana del magistrado nada tienen que ver con la labor que él desempeña, además fueron otorgados en momentos en que el jurista no era magistrado de la CSJ,  por lo que lo que se pretende hacer ver como un soborno, realmente solo busca confundir a los lectores.

Así lo explica el abogado, especialista en Derecho procesal penal, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, Carlos Hernán Escobar, quien asegura que “si el contrato con el que se dice intentaron cometer cohecho es antes de ser elegido como magistrado y, segundo, es antes de la asignación del caso por reparto, estaríamos frente a un caso de delito imposible”.

De acuerdo con la abogada, especialista en Derecho Administrativo y ex secretaria Jurídica de la Alcaldía de Cali, María Ximena Román, “el cohecho es un delito que sólo se tipifica para los funcionarios públicos. Los jueces y los magistrados lo son. Este consiste en retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales a cambio de algo. La pena se hace extensiva a quien le haga el ofrecimiento al servidor para que desvíe su conducta” explicó.

Así lo consigna el Código Penal colombiano o Ley 599 de 2000 en los artículos 405 al 407 del capítulo 3 del Título XV, en los que se tipifica el delito de cohecho propio, impropio y cohecho por dar u ofrecer.

El hermano médico de Ecopetrol

Caso similar es el del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, a quien en la misma publicación señalan como “otro de los magistrados que persigue al presidente Uribe, recibió a través de su hermano Jorge Gregorio, un contratico de Santos por $ 627.033.846”.

El magistrado Rueda Soto, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga,  fue elegido como miembro de la Sala Especial de Instrucción de la CSJ el 30 de octubre de 2018. 

Este magistrado además tiene en su haber un largo desempeño como juez de carrera, ha sido:  juez promiscuo municipal, juez de Instrucción Criminal, juez de Orden Público, juez Regional, magistrado del desaparecido Tribunal Nacional, abogado auxiliar y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación, y magistrado por concurso de méritos de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Sin embargo, pudimos comprobar que no fue un contrato el que recibió el hermano del magistrado Rueda Soto, sino que la publicación engañosamente suma y lo hace mal, el monto de cuatro diferentes contratos que le fueron otorgados a lo largo de seis años. Dicho contratos suman $437.294.966  y no los $627 millones que asegura la dudosa denuncia y que aquí explicamos en detalle:

Los contratos que este trino de la cuenta @DenunciaJulio pretende vincular con el magistrado y sus actuaciones en el caso contra Álvaro Uribe Vélez, son realmente de su hermano Jorge Gregorio Rueda Soto, quien es médico y ejerce en Bucaramanga, Santander.

Dicho contratos fueron realizados entre el médico Jorge Gregorio Rueda Soto y Ecopetrol y son cuatro los que esta ‘denuncia’ pretende vincular con un soborno de parte del gobierno de Juan Manuel Santos, sin embargo, encontramos que uno de estos contratos fue firmado en octubre de 2018, cuando ya Iván Duque llevaba dos meses en la Presidencia.

Dicho contrato el número 3017886  se firmó el 29 de octubre de 2018 y tiene acta de inicio el 1 de noviembre de 2018, por un monto de $94.715.401 y una duración de 1081 días (poco menos de 3 años). El objeto del mismo es “servicios integrales de salud especializada”, y de acuerdo con la duración, el mismo sigue vigente.

Los otros tres contratos tienen objetos similares, es decir, la prestación de servicios de medicina a los empleados de Ecopetrol en el departamento de Santander. De hecho el médico Jorge Gregorio Rueda Soto figura en la red de prestadores de Ecopetrol. 

El contrato No. 5218951 firmado el 24 de octubre de 2014 por un periodo de 517 días y por lo que se terminó el 1 de abril de 2016 y se liquidó el 16 de julio de 2016. El monto de este contrato, para la “Prestación integral de los servicios de salud en la especialidad médica de medicina general”, fue de $185.588.700 y ocurrió dos años antes de que el magistrado Rueda Soto fuera nombrado como tal en la Sala de Instrucción Especial.

Cabe señalar además que estos contratos de prestación de servicios se hacen siguiendo el Manual de Contratación de Ecopetrol,que a su vez se rige por las normas del derecho privado, pues es una entidad de carácter mixto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1118 de 2006.

Por otra parte, el contrato 5227300 por un monto de $78.865.285 fue celebrado el 30 de marzo de 2016 por un período de 210 días, este en particular tuvo auditoría externa por un costo de $1.634.787. Y también fue firmado dos años y siete meses antes de que el magistrado Rueda Soto llegara a ese cargo en la CSJ.

Otro de los contratos que señala la denuncia del trino en cuestión es del año 2017, este es el No. 3006058 que también tenía como objeto la: “prestación la atención integral de los servicios en medicina general que se encuentra debidamente habilitados ante la autoridad competente a los beneficiarios de Ecopetrol”. Fue firmado el 2 de mayo de 2017, terminado el 28 de octubre de 2017 y liquidado el 18 de enero de 2018.

De nuevo, una contratación que fue hecha más de un año antes de la elección del magistrado Rueda Soto en la Sala de Instrucción Especial.

“En estos caso en particular las conductas no se tipificarían en ninguna de las modalidades de cohecho, porque cuando se suscribieron los contratos, los magistrados no estaban en la posibilidad de saber que iban a estar ocupando esos cargos; que iban a estar en sala de instrucción, cuáles procesos iban a conocer y mucho menos que tendrían que decidir sobre la privación de la libertad del imputado en este proceso en particular. Por lo tanto, tampoco se configura conducta delictiva alguna de su parte con la decisión, desde el punto de vista de ser hermanos de contratistas del estado”, dijo María Ximena Román.

Así queda claro que las contrataciones del médico Rueda Soto y los de la hermana del magistrado Alarcón Granobles, Alba Lucero, se hicieron para prestar sus servicios en los ámbitos de su profesión a diferentes entidades del Estado, pero que nada tienen que ver con sus hermanos magistrados, que ni siquiera ostentaban ese cargo en el momento de la firma de ninguno de los contratos objeto de este chequeo.